El sólido marco de políticas macroeconómicas de Colombia, que incluye reglas fiscales, un robusto marco regulatorio financiero, un exitoso régimen de metas de inflación impulsado por un banco central independiente y un tipo de cambio flexible, ha garantizado la estabilidad económica y ha permitido al país triplicar su PIB per cápita desde la década de 1990. Durante el mismo período, las tasas de pobreza disminuyeron y surgió una creciente clase media, junto con notables mejoras en varios indicadores sociales, como un mejor acceso a la educación y la atención en salud. Además, la firma del acuerdo de paz en 2016 representa un avance significativo hacia el logro del progreso social y económico.
Tras una sólida recuperación de la pandemia de COVID-19, que impulsó el PIB por encima de su potencial en 2022, la actividad económica comenzó a desacelerarse en 2023 debido a las políticas macroeconómicas restrictivas y a la ralentización del crecimiento mundial. La debilidad del crecimiento económico se ha visto exacerbada por una fuerte desaceleración de la inversión. El crecimiento económico seguirá siendo moderado, del 1,8 % en 2024, antes de repuntar hasta el 2,8 % en 2025. Se espera que la inversión privada se mantenga en niveles moderados. La inflación seguirá bajando y se proyecta que converja a la meta hacia el final de 2025.
A pesar de los avances económicos y sociales de las últimas décadas, es necesario abordar importantes obstáculos estructurales para acelerar el crecimiento del ingreso per cápita y hacer frente a las desigualdades regionales y sociales arraigadas. Reducir la inflación e impulsar la inversión son prioridades a corto plazo, pero las soluciones a largo plazo requieren abordar problemas arraigados. El PIB per cápita ocupa el lugar más bajo entre los países de la OCDE (Gráfico 1.1). Persisten las disparidades regionales debido a la desigualdad en el acceso a la infraestructura, la financiación, la educación, la educación y las oportunidades del mercado laboral, exacerbada por la larga historia de conflictos que afectaron especialmente a las regiones remotas y marginadas. La limitada capacidad estatal a nivel subnacional y la débil coordinación intergubernamental obstaculizan la prestación de servicios públicos e infraestructura de calidad. Las disparidades en el acceso a una educación de calidad contribuyen a los bajos resultados de aprendizaje (Gráfico 1.2). Las disparidades de género en el mercado laboral están arraigadas, afectando especialmente a las mujeres de origen étnico y a las que tienen niveles más bajos de educación. Con un 56% de la fuerza laboral, la informalidad ha disminuido en la última década, pero sigue siendo obstinadamente alta, lo que lleva a una baja cobertura de protección social, alta pobreza, baja productividad y bajo recaudo tributario. El cambio climático y la transición verde global plantean riesgos significativos para Colombia debido a la alta exposición del país a los desastres relacionados con el clima y su fuerte dependencia de las exportaciones de petróleo y carbón. A pesar de que Colombia tenga emisiones de carbono relativamente bajas y una matriz energética limpia (Gráfico 1.3), se requieren inversiones significativas para aumentar la participación de las energías renovables, garantizar la seguridad energética y lograr la neutralidad de carbono. Estos esfuerzos deben alinearse con la diversificación de las exportaciones para mitigar los riesgos de manera efectiva.
A pesar de estos desafíos, Colombia presenta numerosas oportunidades de crecimiento y desarrollo social. Su ubicación geográfica estratégica, que une los océanos Pacífico y Atlántico, junto con abundantes recursos naturales, ofrece vías para la inversión en medio de los cambiantes patrones del comercio mundial. Una población relativamente joven capaz de impulsar la innovación y el progreso económico a través de la educación y el desarrollo de habilidades, la diversidad de los centros económicos y las principales ciudades, y el patrimonio cultural presentan oportunidades atractivas para la diversificación de sus actividades económicas. Además, la rica biodiversidad de Colombia, sus abundantes minerales críticos y su importante potencial para las energías renovables la posicionan favorablemente para la transición verde global. La implementación del acuerdo de paz presenta una oportunidad para atraer inversiones y reorientar los recursos destinados al conflicto hacia iniciativas de desarrollo, permitiendo la integración de comunidades previamente marginadas en la economía formal.
La ambiciosa agenda de reformas del Gobierno tiene como objetivo aumentar la equidad, mejorar el nivel de vida y garantizar la justicia social. Sus prioridades incluyen la promoción de la convergencia regional, una ambiciosa transición energética y una transformación productiva de la economía. Es probable que todas estas reformas den forma al futuro de la sociedad y la economía en los próximos años. En el Congreso se está debatiendo una reforma laboral para mejorar las condiciones de los trabajadores, y la reforma pensional ha sido promulgada como ley en 2024. Las reformas basadas en evidencia son la única manera de superar desafíos arraigados y deben preservar lo que ha funcionado bien en el pasado, como las sólidas y bien gestionadas instituciones macroeconómicas. Garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales y que las reformas se financien de manera sostenible y mantengan la sostenibilidad de la deuda es esencial, ya que esto ha sido fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo social en las últimas décadas.
Aprovechar las oportunidades y desbloquear el potencial de Colombia para un crecimiento económico sostenible y el desarrollo social requiere importantes reformas e inversión, tanto pública como privada. La tasa de inversión ha disminuido desde el final del auge de las materias primas en 2015 y se ha convertido en una de las más bajas entre los países de la OCDE Gráfico 1.1), a pesar de las necesidades apremiantes en educación, infraestructura, innovación, transición verde, servicios públicos, desarrollo rural e iniciativas de consolidación de la paz. Resolver la incertidumbre sobre la aplicación y financiación de las reformas y fomentar un entorno favorable a la inversión son prioridades para un crecimiento sólido a corto plazo, pero también para acelerar la convergencia de los ingresos a los países más avanzados y lograr la transición energética. Impulsar la productividad en todas las regiones mejoraría los ingresos, especialmente de los colombianos que se han quedado atrás, y reduciría las desigualdades territoriales. Para ello se requieren reformas que creen un entorno empresarial atractivo, fomenten la innovación, diversifiquen las exportaciones y fortalezcan la capacidad estatal y el Estado de Derecho en todos los territorios. La reducción de las brechas de género en el mercado laboral, la mejora del acceso a una educación de alta calidad, la reducción de la informalidad y la ampliación de la cobertura de la protección social aumentarían el crecimiento potencial, empoderarían a todos los ciudadanos para aprovechar las oportunidades económicas y promoverían una distribución más justa de los ingresos y las oportunidades. La adaptación y mitigación de los riesgos del cambio climático mejoraría la resiliencia y permitiría a Colombia diversificar su estructura productiva e impulsar la productividad. Para satisfacer las crecientes demandas de gasto público e inversión, incluida la ambiciosa agenda de reformas sociales, es necesario mejorar la eficiencia del gasto e impulsar los ingresos tributarios con una reforma tributaria integral y gradual que garantice la sostenibilidad de la deuda pública.
El presente Estudio contiene un examen exhaustivo de la evolución macroeconómica reciente y los desafíos en materia de política económica en el Capítulo 2, seguido de una evaluación en profundidad de las estrategias para aumentar la productividad de todas las regiones en el Capítulo 3. En el Capítulo 4 se profundiza en las posibles vías para reducir las desigualdades y la pobreza, mientras que en el Capítulo 5 se examinan las prioridades para facilitar la transición verde y lograr la descarbonización. Los principales mensajes del Estudio son:
La política monetaria debe continuar un ciclo de flexibilización gradual, prudente y basado en datos para garantizar un retorno gradual de la inflación a la meta. En el corto plazo, el Gobierno debería implementar la consolidación fiscal planificada y adherirse a la regla fiscal para garantizar la convergencia de la deuda con su ancla. Responder a las necesidades de gasto para avanzar en las reformas sociales, la transición verde y cerrar las brechas de infraestructura, manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad de la deuda, requiere aumentar los ingresos tributarios y la eficiencia del gasto.
Las brechas regionales en productividad y niveles de vida pueden disminuir al reducir el costo de hacer negocios, mejorar la interconectividad del transporte portuario, fluvial, ferroviario y terrestre y fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales. Un fortalecimiento de la gobernanza, la transparencia y la mitigación de la incertidumbre impulsarían la inversión privada y el crecimiento potencial. El Sistema General de Participaciones puede fortalecerse mediante mejores mecanismos de igualación fiscal, una mayor generación de ingresos directos de las entidades territoriales y mejores mecanismos de coordinación intergubernamental.
Fortalecer la calidad de la educación y facilitar la participación de las mujeres en el mercado laboral ayudaría a seguir reduciendo las desigualdades, al tiempo que reforzaría el potencial de crecimiento de Colombia. La implementación de una estrategia integral para reducir la informalidad mediante la mejora de las habilidades, el fortalecimiento de la aplicación de las leyes laborales y tributarias, la reducción de las cargas fiscales y regulatorias de las empresas y la reducción de las contribuciones a la seguridad social para los trabajadores de bajos ingresos impulsaría el crecimiento potencial, mejoraría la recaudación de impuestos y brindaría mejores oportunidades de empleo.
Se necesitan grandes inversiones para adaptarse y mitigar el impacto del cambio climático. Se necesitan mayores esfuerzos para fortalecer las políticas de adaptación, combatir la deforestación, un marco regulatorio estable para la inversión en energía renovable y señales de precios más ambiciosas para la reducción de emisiones de carbono para llevar a Colombia hacia las emisiones netas cero para 2050, lo que requiere de significativa inversión privada.
