Como en la mayoría de los países de la OCDE, en México un título de educación superior mejora los resultados en el mercado laboral en comparación con niveles educativos más bajos: quienes obtienen mayor grado participan más en dicho mercado, disfrutan de mejores resultados en materia de empleo y reciben salarios considerablemente superiores. No obstante, las condiciones laborales han empeorado en la última década y los trabajadores jóvenes con estudios superiores enfrentan dos problemas persistentes y de gran importancia que indican un uso ineficiente de sus competencias: la informalidad y la sobrecalificación. Los resultados en el mercado de trabajo varían en gran medida según el género, la edad, los campos de estudio y entre los 32 estados mexicanos.
En México, la educación superior se debe alinear mejor con las necesidades cambiantes de la economía. Casi la mitad de los empleadores alertan por una falta de competencias en su sector y consideran que la educación y formación de los solicitantes de empleo no es adecuada para sus necesidades. Mejorar la relevancia y los resultados de ese nivel formativo requiere de una visión estratégica, un enfoque común para todo el gobierno y el involucramiento de todo el sistema de educación superior. Cabe mencionar que se han hecho avances prometedores en esta dirección por medio del Comité Nacional de Productividad interministerial y el reciente marco nacional de competencias.
En México, la educación superior cuenta con 13 subsistemas, que difieren considerablemente en sus estructuras de gobernanza, en sus sistemas de financiamiento y en la influencia gubernamental. Existen políticas públicas e iniciativas institucionales para mejorar la relevancia y los resultados en el mercado laboral, pero carecen de un marco cohesionador y de mecanismos eficaces en la evaluación de su impacto. La información sobre el nivel educativo superior y el mercado laboral se debe desarrollar y coordinar mejor. En definitiva, todo ello dificulta la gestión y orientación del sistema de educación superior.
Pese a que no hay datos representativos para evaluar las competencias de los egresados en México, algunos signos sugieren niveles insuficientes de competencias, tanto transversales, como de disciplinas específicas. Incrementar la calidad de la educación superior ha sido una prioridad de las políticas públicas desde hace mucho tiempo, pero los resultados son desiguales. El sistema de aseguramiento de la calidad es voluntario, complejo, fragmentado y costoso, además de carecer de transparencia y coherencia. Por otra parte, un número desconocido de programas de instituciones privadas operan fuera de dicho sistema. Los criterios relacionados con la relevancia en el mercado laboral no se integran en esos mecanismos de aseguramiento de la calidad de las instituciones ni se aplican concienzudamente en los mecanismos de dicho aseguramiento en los programas. Actualmente, menos de la mitad de los estudiantes de licenciatura están matriculados en programas que han sido evaluados o acreditados externamente.
No existe una cultura sólida de aseguramiento de la calidad dentro de los centros de educación superior, a excepción de algunas instituciones líderes. El financiamiento focalizado, que es el principal instrumento de políticas de México para incrementar la calidad, solo llega a las instituciones públicas de ese nivel, que acogen a 70% de los estudiantes, pero representan menos de un tercio de las 3 762 instituciones del país. Ningún financiamiento se dedica en exclusiva a incrementar la relevancia y los resultados de la educación superior en el mercado laboral, aunque varios programas de financiamiento focalizado sí tienen en cuenta estos criterios. La eficacia de este tipo de financiamiento se ve reducida por la fragmentación de los programas, el solapamiento y la falta de claridad de los objetivos, y la complejidad de los procedimientos de aplicación. Asimismo, es habitual que las instituciones dediquen ese financiamiento a cubrir costos básicos.
El actual sistema de educación superior es complejo, pero carece de diversidad en términos de campos y niveles de estudios. Más de un tercio de los alumnos están matriculados en administración de empresas y derecho, mientras que nueve de cada diez estudian en programas de licenciatura. Los empleadores piden más diversidad, pero la falta de información dificulta que los estudiantes tomen decisiones informadas. En ausencia de un financiamiento basado en fórmulas diseñadas en función de los diferentes campos y niveles de estudios, las instituciones tienden a ofrecer programas cuya oferta implica un menor coste y un mayor potencial de atraer un número elevado de alumnos. Por otra parte, los cambios en la economía también exigen programas interdisciplinarios, pero actualmente estos son muy difíciles de acreditar.
Los estudiantes necesitan mayores y mejores apoyos para tener éxito en sus estudios y desarrollar las competencias que necesitan en sus futuros empleos. Pese a que existen casos de buenas prácticas en algunos subsistemas, en general no se tiene clara consciencia del papel fundamental de una educación de calidad ni se reconoce su importancia. Por otro lado, la docencia en las instituciones se basa en gran medida en clases magistrales. Por tanto, es escasa la presencia de métodos innovadores más interactivos que involucren a los estudiantes en diferentes aspectos, al tiempo que las iniciativas de internacionalización se encuentran en fases tempranas de desarrollo.
Se ha incrementado la proporción de personal académico permanente que cuenta con posgrados, pero la de profesores de asignatura es muy alta y no son frecuentes las iniciativas de formación en métodos de enseñanza para el desarrollo profesional del personal. El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) realiza una evaluación efectiva del personal académico, tanto de instituciones públicas, como privadas, en términos de calidad de la investigación, transferencia de conocimiento y tecnología y contribución a la educación. Sin embargo, la calidad y el impacto de esta ni se fomentan ni se reconocen ni se gratifican.
No existe tradición de vincularse con empleadores y otros agentes sociales para garantizar que la prestación de los programas satisface las necesidades del mercado laboral, si bien hay excepciones en los subsistemas tecnológicos y en determinadas instituciones líderes. Por otra parte, el aprendizaje basado en el trabajo tiene presencia en diversos grados según el subsistema y el campo de estudio e incluye prácticas profesionales, el servicio social y los programas de formación dual y de posgrado con la industria. El servicio social, concebido para permitir a los estudiantes contribuir a la sociedad, es un mecanismo potencialmente potente para que cada estudiante de licenciatura desarrolle competencias transversales. Sin embargo, la legislación es confusa, fragmentaria y contradictoria. Además, muchas instituciones carecen de recursos para organizar con eficacia el aprendizaje basado en el trabajo y la vinculación con los empleadores.
El actual sistema impide en gran medida tanto contar con modalidades alternativas de acceso y acreditación dentro el sistema de educación superior, así como a opciones de interrelacionar carreras o programas dentro de la misma. De igual manera, el aprendizaje a lo largo de la vida está poco desarrollado y el nivel educativo superior carece de la flexibilidad necesaria para que los estudiantes lo abandonen temporalmente y reingresen en él en una fase posterior de su vida, ya sea para completar o para continuar sus estudios en un grado más avanzado. Sin embargo, la educación a distancia y en línea puede contribuir a resolver estos problemas.
El emprendimiento de alta tecnología podría impulsar la economía mexicana y ayudar a responder a las necesidades sociales. Crece el interés de los estudiantes al respecto, pero todavía no existe una cultura sólida del emprendimiento ni mecanismos de apoyo en la educación superior, pese a algunas excepciones notables.
La diversidad regional de México tiene un potencial de gran riqueza. En este sentido, mantener una distribución geográfica equilibrada de las instituciones de educación superior ha sido una de las prioridades de las políticas públicas y ha mejorado el acceso. No obstante, la ausencia de un mecanismo de planificación eficaz ha generado tensiones alrededor de la asignación de financiamiento y la capacidad de respuesta de la educación superior ante las necesidades regionales y locales.
