El papel de las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) se ha expandido gradualmente más allá del control fiscal tradicional. En particular, las EFS pueden proporcionar evidencia crítica sobre lo que funciona y lo que no en la gobernanza pública y así informar y promover mejoras sustanciales en la gestión pública, al mismo tiempo respondiendo a la crisis de confianza por la que atraviesan muchos países y en contextos socioeconómicos cada vez más complejos.
En Colombia, una reforma constitucional aprobada en 2019 otorgó a la Contraloría General de la República (CGR) una función de control preventivo y concomitante que permite identificar riesgos y señales de alerta mientras se ejecutan proyectos y presupuestos. Con este nuevo mandato, la CGR puede tomar medidas en tiempo real y emitir “advertencias” y “alertas” a los gestores públicos que les permitan tomar acciones correctivas, abordar el fraude y la corrupción y así cumplir con las expectativas de la ciudadanía.
Asegurar la implementación efectiva de la función de control preventivo y concomitante es crucial para su éxito. Este informe revisa la reforma y los esfuerzos de la CGR. También, identifica oportunidades de mejora y explora el potencial para construir un sistema de control moderno y resistente que responda a los desafíos presentes y futuros.