La infraestructura pública es un bien común que puede aprovecharse para múltiples beneficios, como el crecimiento verde, incluyente y sostenido; la productividad y la competitividad y mayor igualdad a través de un mejor acceso a los servicios públicos. En los esfuerzos de la recuperación económica post-COVID, los países de la OCDE se respaldan fuertemente en las inversiones en infraestructura. De hecho, como se destaca en el informe de la OCDE Panorama de las Administraciones Públicas 2021, aunque la información más reciente fue recopilada en medio de la pandemia en enero de 2021, 21 países de la OCDE (70% de los 30 países analizados) ya habían adoptado un paquete de estímulo o recuperación económica. De estos, más de tres cuartos consideraban que la infraestructura tendría un papel clave en la recuperación. Por ejemplo, en Chile, Costa Rica, Eslovenia, Hungría, Irlanda y Nueva Zelanda, 30% o más de los paquetes de estímulo económico fueron destinados a inversiones en infraestructura.
El COVID-19 ha tenido un impacto significativo en las perspectivas de crecimiento de México. Se estima que la economía crecerá al 2.5% en 2023, después de haber llegado a un crecimiento de 5.9% en 2021. Las perspectivas de crecimiento en el mediano plazo se han debilitado y el crecimiento en las últimas dos décadas ha sido bajo (Estudio Económico de la OCDE sobre México 2022). Junto con lo anterior, el Centro Global de Infraestructura del G20 estima que la brecha de infraestructura de México es mucho mayor que la de otros países latinoamericanos o la de países de tamaño y grado de desarrollo similares. En este contexto, la infraestructura se convierte en una herramienta poderosa para fortalecer el crecimiento y revertir los efectos negativos de la pandemia. Sin embargo, la buena gobernanza de la infraestructura es elemental para asegurar que los proyectos se ejecuten en tiempo, de acuerdo con el presupuesto, con la calidad requerida y logrando una buena relación calidad-precio.
Las entidades de fiscalización superior (EFS) están idealmente posicionadas para asegurar la integridad, la eficiencia y la relación calidad-precio de las inversiones en infraestructura. En reconocimiento de lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) invitó a la OCDE a compartir experiencias de otros países que ayudarían a la ASF a ampliar su alcance en las auditorías de obra pública, incluyendo el fortalecimiento de la gobernanza de la infraestructura para maximizar el éxito de las inversiones en esta materia.
Este informe describe buenas prácticas de las EFS de otros países de la OCDE, como la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido (UK National Audit Office, NAO), y de América Latina, como el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU). Evalúa diferentes consideraciones estratégicas para la nueva unidad de auditoría de infraestructura, por establecerse como parte de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero (AECF), incluyendo sus objetivos y recursos. Finalmente, el informe analiza las prácticas de auditoría de infraestructura en el contexto de emergencias.
El involucramiento de la ASF en la gobernanza de la infraestructura abre una oportunidad de evaluación objetiva e independiente para ayudar a asegurar el éxito de mega proyectos e inversiones, así como de las políticas públicas desplegadas para asegurar la integridad en la gestión de infraestructura. Además, la ASF podría contribuir a mejorar la relación calidad-precio, la resiliencia y la preparación ante emergencias, considerando que México está altamente expuesto a riesgos relacionados con, por ejemplo, desastres naturales.
Bajo la dirección y supervisión de Elsa Pilichowski, Directora de Gobernanza Pública de la OCDE (GOV), János Bertók, Director Adjunto de Gobernanza Pública, y Julio Bacio Terracino, Jefe de la División de Integridad en el Sector Público (PSI), este estudio fue coordinado y redactado por Jacobo Pastor García Villarreal, Especialista Senior de PSI, con importantes contribuciones de Gavin Ugale. La asistencia editorial y de diseño fue proporcionada por Meral Gedik. Charles Victor y Aman Johal proporcionaron asistencia administrativa.
Este informe da continuidad a una colaboración de casi una década entre la OCDE y la ASF. La OCDE expresa su gratitud a la ASF por la fructífera cooperación y por su liderazgo. En particular, la OCDE agradece a David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación; Eber Betanzos, Titular de la Unidad Técnica; y Claudia María Bazúa, Auditora Especial de Cumplimiento Financiero, así como a sus equipos. Soo Jung Koh Yoo, Directora de Relaciones Multilaterales de la Unidad Técnica de la ASF, fungió como punto de contacto para el proyecto.
La OCDE también agradece a los pares expertos que participaron en un taller sobre auditoría de la gobernanza de la infraestructura, organizado conjuntamente con la ASF, el cual tuvo lugar del 2 al 4 de junio de 2021, principalmente a Suzana Pramanik, Capacidad de Inicio de Proyectos, Líder Internacional, y Karineh Grigorian, Administradora Comercial, Unidad de Asuntos Internacionales, Autoridad de Infraestructura y Proyectos, Reino Unido; Jemma Dunne, Administradora, Centro para la Ejecución de Mega Proyectos, Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido (NAO); André Delgado, Auditor; Rafael C. Di Bello y Víctor Hugo M. Ribeiro, Departamento de Operaciones Especiales en Infraestructura, Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU).
La Embajadora Sybel Galván, Representante Permanente de México ante la OCDE, también apoyó a la OCDE en este proyecto. El Centro de la OCDE para México y América Latina, bajo el liderazgo de Mario López, y el personal a cargo de publicaciones, destacadamente Alejandro Camacho, coordinaron el proceso editorial de la versión en español.
El informe fue revisado por el Grupo de Trabajo de la OCDE de Altos Funcionarios de Integridad (OECD Working Party of Senior Public Integrity Officials, SPIO) el 13 de abril de 2022 y aprobado por el Comité de Gobernanza Pública (Public Governance Committee, PGC) el 13 de mayo de 2022. Fue preparado para su publicación por el Secretariado de la OCDE.