El Consejo Nuevo León y la administración pública estatal desempeñan una función central en la planeación. De conformidad con la Ley de Planeación Estratégica, el Consejo es un órgano consultivo con responsabilidades de planeación de largo plazo, así como de su monitoreo y evaluación. Sin embargo, de manera progresiva, el Consejo expandió sus acciones hacia la formulación, diseño e implementación de políticas públicas. Por otra parte, el centro de gobierno (CdG) de la administración pública carece de recursos y mecanismos destinados a la coordinación y monitoreo de la ejecución del Plan Estratégico. Esta situación generó superposiciones entre la administración pública estatal y el Consejo, y que este último se alejara de su función principal de planeación de largo plazo.

Nuevo León debería considerar aclarar las responsabilidades respectivas del Consejo y del CdG en materia de planeación estratégica, monitoreo y evaluación. En primer lugar, esto implicará fortalecer el papel que el CdG desempeña en la incorporación de los objetivos de largo plazo del Plan Estratégico en el Plan Estatal de Desarrollo, así como en la coordinación de su implementación y monitoreo. En segundo lugar, el Consejo debe fortalecer su responsabilidad en la evaluación del Plan Estratégico y desempeñar funciones consultivas, y no de implementación y monitoreo.

El Plan Estratégico 2015-2030 “Nuevo León Mañana” es el primer instrumento integrado de planeación de largo plazo diseñado en conjunto por el Gobierno y la sociedad civil en el seno de un gobierno subnacional mexicano. Esta se ha percibido como una iniciativa importante para el estado. Sin embargo, la metodología no dejó suficiente espacio para priorizar mejor los objetivos de políticas de largo plazo. Por consiguiente, se considera que el documento es demasiado complejo. No hay un marco metodológico claro para articular los elementos del Plan Estratégico con los objetivos de otros instrumentos de planeación, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Estatal de Desarrollo o el presupuesto estatal.

Es recomendable que el Consejo considere los siguientes factores al revisar el Plan Estratégico. En primer lugar, podría simplificarlo y reducir el número de áreas prioritarias, con el fin de reorientarlo en torno a los objetivos de impacto y de resultados. En segundo lugar, este estudio podría sugerir una metodología que aclare de qué manera el Plan Estatal de Desarrollo contribuye a los objetivos del Plan Estratégico y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en general. Asimismo, es preciso armonizar más los objetivos del Plan Estratégico con el presupuesto estatal.

La Ley de Planeación Estratégica no distingue entre monitoreo y evaluación, dos prácticas distintas pero complementarias. Si bien la ley establece que los resultados del Plan Estratégico deben evaluarse anualmente, no brinda orientación sobre cuándo ni cómo monitorear y evaluar.

Esto genera superposiciones y brechas en los mandatos del Consejo y la administración pública estatal, lo cual genera una complejidad innecesaria y falta de incentivos para colaborar en el ejercicio de monitoreo. A Nuevo León le resultaría más beneficioso tener mayor claridad al asignar la función de monitoreo a la administración pública estatal. Para mejorar la calidad general del monitoreo, el Consejo también deberá robustecer los indicadores del Plan Estratégico y aclarar cómo se alinean con cada objetivo. Asimismo, se requiere contar con mecanismos explícitos de aseguramiento y control de la calidad, como el desarrollo de directrices para la recopilación de datos. Además, es importante incrementar las competencias y los recursos de monitoreo de la administración pública estatal. Por último, es posible elevar la comunicación de los resultados del monitoreo a los ciudadanos a través de la plataforma Avanza Nuevo León e incorporarlos en la toma de decisiones mediante la gestión del desempeño y la elaboración de presupuestos.

Nuevo León ha mostrado un claro interés en utilizar la evaluación de políticas. El estado incorporó la evaluación en los instrumentos legales en todo el gobierno, y las secretarías realizan evaluaciones como parte de su sistema de gestión del desempeño. Sin embargo, se carece de orientación a nivel macro sobre cuándo y quién lleva a cabo la evaluación del Plan Estratégico. Los mecanismos de aseguramiento y control de la calidad de las evaluaciones aún son incipientes. El Consejo no cuenta con las competencias técnicas requeridas para realizar evaluaciones internas en esta etapa. A pesar de los importantes avances registrados en la evaluación de programas presupuestarios y recursos del Gobierno Federal, el uso de la evaluación sigue siendo un reto en Nuevo León.

Con el fin de sentar las bases de un sistema sólido de evaluación para el Plan Estratégico, el Consejo podría considerar desarrollar un marco de política de evaluación, coordinado con el programa de evaluación de la Secretaría de Finanzas, que especifique qué programas y políticas se van a evaluar, quiénes los evaluarán y qué recursos serán necesarios. El Consejo puede promover la credibilidad de sus evaluaciones al desarrollar mecanismos para asegurar su calidad, como lineamientos o revisiones realizadas por pares. Fomentar el uso de la evaluación implicará fortalecer la participación de los actores interesados, elaborar una estrategia de comunicación para propiciar el uso de los resultados de la evaluación y debatir sobre ellos al más alto nivel político o incorporarlos en el ciclo presupuestario.

La formulación de políticas públicas basadas en evidencia es un elemento decisivo en el establecimiento de una buena gobernanza pública para lograr objetivos sociales amplios, como los establecidos en el Plan Estratégico 2015-2030. Justificar el uso de recursos públicos con evidencia precisa cobra cada vez mayor importancia, por lo que al tomar decisiones es fundamental consultar múltiples fuentes. El Gobierno de Nuevo León, al igual que muchos gobiernos nacionales y subnacionales, creó un órgano asesor en política pública, el Consejo, para apoyar la formulación de políticas con la mejor evidencia posible.

Sin embargo, las actividades del Consejo en todas las etapas del ciclo de políticas han provocado divergencias entre el Consejo y la administración pública estatal, lo que disminuyó la pertinencia y el impacto de sus recomendaciones. También puede percibirse que el sector privado está sobrerrepresentado en la composición del Consejo, en tanto que los ciudadanos y los expertos parecen tener una voz limitada. En consecuencia, parte del reto para el Consejo será ampliar sus capacidades y competencias técnicas, así como luchar por una mayor inclusión, asegurar que sus miembros sean neutrales y representen la diversidad socioeconómica de la comunidad de Nuevo León. Para la administración pública estatal también será provechoso establecer unidades estratégicas que faciliten el uso eficaz de la evidencia en la formulación de políticas públicas.