Los contratos del sector extractivo duraderos están anclados en una relación comercial y en una asociación operativa transparente y constructiva a largo plazo entre los gobiernos receptores, los inversionistas y las comunidades, con el fin de cumplir los objetivos acordados, de acuerdo con expectativas realistas y compartidas que se gestionan a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
6. La negociación y la firma de los contratos del sector extractivo son solo el punto de partida de una relación a largo plazo entre gobiernos receptores e inversionistas, que requerirá de un compromiso mutuo, de transparencia y de responsabilización, así como de la definición clara de las respectivas funciones y responsabilidades para alcanzar los objetivos comunes. Al inicio de su relación, gobiernos, inversionistas y las comunidades pueden pueden tener entendimientos y expectativas asumidas por los demás que no están necesariamente bien informadas o alineadas; en cambio, la confianza, el respeto mutuo y la comprensión de las expectativas son de máxima importancia. Mientras que a los inversionistas les preocupa la viabilidad del contrato a largo plazo, las ganancias y el retorno de la inversión, para compensar los riesgos afrontados y las aportaciones hechas, a los gobiernos receptores les preocupa que se cumplan los objetivos de desarrollo nacional más amplios y asegurarse una parte justa de los beneficios derivados del desarrollo de sus recursos. Es también responsabilidad del gobierno receptor que se protejan los intereses de la comunidad. Las comunidades esperan que se vele por sus intereses y que se compartan los beneficios con la comunidad local, con oportunidades de desarrollo socioeconómico (puestos de trabajo, acceso a infraestructura, oportunidades de negocio y desarrollo de la comunidad). El gobierno receptor tiene la función de integrar, como considere oportuno, los objetivos de desarrollo socioeconómico locales y la agenda más amplia de planes y políticas de desarrollo nacional y regional.
7. Si las expectativas de las comunidades locales y del gobierno receptor sobre los beneficios de desarrollo fiscales, sociales y económicos de un proyecto son demasiado altas o poco realistas, es preciso abordarlo y se debe buscar la alineación. Entender y gestionar las expectativas adquiere una particular importancia durante la fase de exploración de un proyecto porque: a) durante la fase inicial y la negociación del contrato (a veces, incluso, antes), pueden crearse muchas expectativas, con razón o no, y b) las actividades de exploración no siempre se traducen en descubrimientos y producción comercial. Los gobiernos receptores y los inversionistas tienen la responsabilidad compartida de comunicar claramente, junto con las cuestiones económicas y comerciales, los beneficios potenciales que se pueden lograr siendo realistas, sus contingencias y su sostenibilidad, o no, a lo largo del ciclo de vida del proyecto, así como las posibles repercusiones para las comunidades afectadas.
8. No cumplir las expectativas o no hablar sobre ellas puede provocar situaciones de decepción, frustración o incluso ira. Para evitarlo, los gobiernos receptores y los inversionistas deben: a) marcarse expectativas realistas, identificando los problemas específicos del contexto que puedan surgir en diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto, y b) crear las condiciones propicias, incluso mediante el establecimiento por parte del gobierno receptor de un entorno legal y reglamentario adecuado, para que haya una comunicación abierta y eficaz, consultas y procesos participativos con las partes interesadas que ayuden a gestionar las expectativas generalizadas, lograr el entendimiento y allanar el camino hacia resultados mutuamente beneficiosos (véase el Principio rector VI).
9. El involucramiento de la comunidad es crucial para asegurar la durabilidad a largo plazo del contrato. El compromiso eficaz y los procesos de consulta constructivos pueden ayudar a generar un clima de confianza en las comunidades locales y los pueblos indígenas, cimientos esenciales para el entendimiento y las expectativas realistas. Puede ayudar a identificar posibles discrepancias; promover el entendimiento ante diferentes posiciones, intereses y necesidades; aclarar y gestionar las expectativas; evitar conflictos y controversias; superar la desconfianza, y fortalecer la colaboración. En particular, antes de la negociación, y durante el proceso, es fundamental mantener una buena comunicación con la comunidad, y gobiernos e inversionistas deben compartir la información sobre las preocupaciones de la comunidad (por ejemplo, la ubicación del emplazamiento que implique el reasentamiento de las comunidades locales, especialmente si hay pueblos indígenas afectados, o que implique impactos ambientales o complicaciones en términos de salud y seguridad) y sobre los intereses que vayan surgiendo tras los primeros esfuerzos de compromiso (mediante estudios de exploración, viabilidad o debida diligencia). Todo ello es fundamental para diseñar planes eficaces de compromiso con la comunidad a lo largo del ciclo de vida del contrato.
10. La obtención de la “licencia social” y su mantenimiento durante el ciclo de vida del proyecto requiere que los inversionistas se pongan de acuerdo con los gobiernos receptores y las comunidades involucradas en un proceso de consulta y compromiso adaptado a las características y a los intereses de dichas comunidades. Por ejemplo, cuando los pueblos indígenas o las comunidades locales se ven afectadas, las normas internacionales y/o nacionales aplicables pueden exigir, en determinadas circunstancias, trabajar y obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) cuanto antes, durante la planificación del proyecto, antes del comienzo o la autorización de las actividades sobre las que se pide el consentimiento. En las negociaciones y los términos del contrato, debe preverse, pues, el tiempo necesario para poner en marcha un proceso de consulta y participación eficaz. Este tipo de planes de compromiso, desarrollados de conformidad con las normas nacionales y/o internacionales aplicables, pueden ayudar a comprender las prioridades de muchas de las cuestiones esenciales del desarrollo económico y social, aclarar de manera realista los logros posibles, incluida la identificación realista de oportunidades para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos, y para asegurar un resultado coherente que la comunidad pueda apoyar.
11. Conforme a las normas internacionales y/o nacionales aplicables, el contrato debe ofrecer un mecanismo que garantice la participación significativa en el proceso de las comunidades interesadas, de modo que su punto de vista y sus preocupaciones puedan tenerse en cuenta e integrarse adecuadamente en la planificación y la toma de decisiones, en particular con respecto a los proyectos que puedan afectarles de forma significativa. Si las comunidades no apoyan el proyecto, su viabilidad económica puede verse comprometida, así como el riesgo para la reputación de las empresas e industrias afectadas.