Ecuador está diseñando e implementado una serie de acciones para promover un enfoque de integridad pública que abarque a toda la sociedad. Por ejemplo, la Estrategia Nacional Anticorrupción incluye dos líneas estratégicas enfocadas en generar una mayor conciencia sobre las responsabilidades del sector privado y de la sociedad civil en la promoción de la integridad pública. El plan de acción 2022-2025 de la Estrategia elaborado por la Secretaría de Política Pública Anticorrupción incluye el diseño e implementación de campañas de concientización y módulos de capacitación dirigidos a la ciudadanía, y la implementación de un programa de incentivos a las prácticas anticorrupción de las empresas, entre otros. Además, el Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha Contra la Corrupción 2019-2023 de la Función de Transparencia y Control Social incluye acciones dirigidas a fortalecer la participación ciudadana y la cooperación con el sector privado para la prevención de la corrupción.
Los esfuerzos para promover una cultura de integridad en toda la sociedad involucran a varias instituciones del sector público. Estos esfuerzos son liderados por la Secretaría de Política Pública Anticorrupción en la Función Ejecutiva y por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la Función de Transparencia y Control Social, jugando también roles relevantes el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, entre otros. Considerando esto, existen oportunidades para fortalecer la coordinación interinstitucional entre los actores públicos con responsabilidades en el sistema de integridad pública. Recientemente, la Secretaría de Políticas Públicas Anticorrupción comenzó a trabajar más estrechamente con instituciones públicas relevantes -por ejemplo, con el Ministerio de Educación para incluir conceptos clave de integridad pública en el nuevo currículo nacional. Sin embargo, para lograr un mayor alcance e impacto, esta cooperación podría desarrollarse de forma más consistente.
Además, aunque los ciudadanos y otras partes interesadas relevantes participaron en el desarrollo de políticas públicas de integridad, aún hay espacio para promover un diálogo y un compromiso más significativos. Si bien el Gobierno de Ecuador utilizó insumos generados durante un proceso de consulta pública para el diseño de la Estrategia Nacional Anticorrupción, no se proporcionó la retroalimentación necesaria para crear una relación bidireccional entre el gobierno y las partes interesadas. Un mejor uso de canales y mecanismos de participación alternativos podría haber fomentado la colaboración de las partes interesadas durante todas las fases del ciclo de política.
Adicionalmente, existen lagunas de información sobre las prácticas de integridad y los riesgos de corrupción en la sociedad, la academia y el sector privado que dificultan al gobierno la identificación de los principales retos en materia de integridad en el conjunto de la sociedad y el diseño de iniciativas adecuadas para abordarlos. Contar con evidencia actualizada, confiable y recopilada regularmente es fundamental no solo para desarrollar iniciativas que respondan a los desafíos reales y a las particularidades del contexto de un país, sino también para medir el progreso e impacto de dichas iniciativas y modificar aquellas que no estén logrando los resultados esperados.
