El Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) es una herramienta esencial para mejorar la calidad de la toma de decisiones del gobierno. Es una forma de identificar y evaluar los efectos potenciales, positivos y negativos, que las regulaciones futuras puedan tener sobre el medio ambiente, la sociedad y la economía en general. Éste debería comparar formas alternativas de abordar problemas de política pública y resaltar la opción que se espera que brinde el mayor beneficio neto a la sociedad. Además de contribuir a que las intervenciones gubernamentales estén basadas en evidencia, el AIR brinda la oportunidad de mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en los procesos de formulación de políticas y toma de decisiones. Su uso continúa desarrollándose en los países de la OCDE y todos sus miembros han adoptado alguna forma de AIR.
Aunque se encuentran en etapas iniciales, los países de ALC están avanzando hacia la adopción del AIR. Desde 2015, varias economías de la región han dado pasos importantes hacia su implementación. Chile, Colombia, Ecuador y El Salvador han establecido, por primera vez, obligaciones de llevar a cabo AIR para al menos algunas regulaciones subordinadas. Brasil y Costa Rica han actualizado las guías metodológicas sobre el uso del AIR, tales análisis, y en Perú algunas agencias reguladoras han desarrollado nuevas.
Con excepción de México, los esfuerzos de los países para implementar el AIR se limitan a sectores particulares o tipos específicos de regulaciones subordinadas. Por ejemplo, Colombia lo convirtió en un componente obligatorio para el desarrollo de reglamentación técnica a través del Decreto Presidencial 1595. Asimismo, desde el 2018, en Ecuador se requiere para la creación de un trámite o procedimiento administrativo, según lo establece el Decreto Ejecutivo No. 372. En otros países, como Brasil y Perú, el AIR se lleva a cabo para apoyar la formulación de intervenciones regulatorias por parte de agencias reguladoras específicas, pero aún no es una práctica consistente en toda la administración. En el futuro, será importante ampliar aún más su adopción en muchos países de la región.
Si bien se han realizado algunas mejoras, el control de calidad del AIR sigue siendo débil en toda la región. Exigir simplemente que las administraciones realicen análisis de alta calidad no es suficiente para garantizar que esto suceda en la práctica. El establecimiento de mecanismos de control de calidad provee incentivos a los funcionarios públicos para que utilicen mejor y de manera más consistente este análisis. Algunos países, al introducir el AIR como requisito, han establecido un organismo responsable de revisar su calidad. En El Salvador, por ejemplo, la Ley de Mejora Regulatoria asignó al Organismo de Mejora Regulatoria la responsabilidad de hacerlo de acuerdo con los estándares establecidos en la Ley. Aun así, solo una minoría de países de ALC ha establecido dicha función. En aquellos donde existe tal organismo de supervisión, éste suele ubicarse cerca del centro del gobierno o en el ministerio de economía, como se establece en la Recomendación de la OCDE sobre Política y Gobernanza Regulatoria.
Siguiendo buenas prácticas regulatorias de algunos países de la OCDE, en la mayoría de los países de ALC que realizan AIR, estos se publican en línea, aunque no siempre de modo sistemático. En los casos en que los AIR se someten a consulta, esto suele hacerse en una etapa posterior del proceso, una vez redactada la regulación. En México, por ejemplo, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER, anteriormente COFEMER) publica todos los proyectos de regulaciones y AIR en línea para consultas públicas. Es mucho menos común en los países de ALC que se realicen consultas como parte del AIR en una etapa temprana, antes de que se tome una decisión sobre si se debe regular.
