La inversión eficiente en infraestructura pública es crucial para el desarrollo de los países. De hecho, la evidencia empírica sugiere que reasignar el gasto público hacia este tipo de inversión, puede aumentar las tasas de crecimiento a largo plazo (Fournier 2016). Aún así, la misma debe basarse en la evaluación objetiva de las brechas de capacidad económica, las necesidades de desarrollo de infraestructura y las prioridades sectoriales/sociales, así como la evaluación prudente de sus costos y beneficios. En general, los gobiernos de ALC preparan planes de desarrollo a nivel nacional y subnacional que incluyen inversiones sustanciales para la construcción, renovación y mantenimiento de la infraestructura pública. La provisión de hospitales, sistemas de tratamiento de agua, escuelas, viviendas públicas, entre otras obras, permite a los gobiernos ofrecer servicios públicos claves para los ciudadanos y crear oportunidades económicas, al tiempo que garantizan la inclusión social y la sostenibilidad ambiental.
La forma en que se contratan obras y equipamientos es fundamental para garantizar que la infraestructura sea eficiente en términos de costos y sustentabilidad. En esta etapa, es crucial seguir principios clave como transparencia, competencia, integridad y eficiencia. La adquisición en proyectos de inversión pública plantea desafíos que son mucho más complejos que los involucrados en la adquisición de servicios o bienes estándar. Por ejemplo, un proyecto de infraestructura de gran envergadura puede requerir múltiples adjudicaciones de contratos ya sea para el diseño, la construcción o para la supervisión técnica y la suepervisión. En tales situaciones en particular, el desarrollo de políticas sobre una base ad-hoc dificulta la aplicación de una metodología consistente en la elección de modos de diseño y ejecución de proyectos de infraestructura.
La mayoría de los países de ALC (60%), como Brasil, Costa Rica y Ecuador han establecido entidades dedicadas a desarrollar políticas para proyectos de infraestructura dentro del gobierno central. Otro 20% de los países de la región desarrollan políticas para proyectos de infraestructura sobre una base ad-hoc. En comparación, solo el 39% de los países de la OCDE tiene una unidad de este tipo en el gobierno central, mientras que el 54% no cuenta con este tipo de configuración institucional permanente.
Otra característica de la región de ALC es la cobertura de las leyes y reglamentos de contratación pública. Estos marcos legales se aplican completamente a proyectos de infraestructura en el 60% de los países encuestados y parcialmente en el otro 40%. Los marcos regulatorios y legales podrían ayudar a enfrentar los riesgos de ineficiencia y corrupción que a menudo están asociados con la adquisición de grandes proyectos de infraestructura debido a su complejidad (como se mencionó anteriormente). Sin embargo, la existencia de instrumentos legales no es suficiente para evitar que sean capturados por intereses particulares, lo que conlleva a la necesidad de salvaguardas institucionales adicionales y reforzadas. Los marcos nacionales y la orientación sobre la realización de infraestructura podrían ser herramientas efectivas para mitigar aún más los riesgos y el posible oportunismo político. Se podría proporcionar orientación específica adicionalmente dependiendo de los modos de desarrollo específicos o en función de ciertos umbrales.
