Crear igualdad de participación y oportunidades para las mujeres contribuye a una fuerza laboral más representativa y diversa, y, de hecho, en muchos países se espera que el sector público sea un empleador modelo, liderando el camino y estableciendo estándares para la implementación de la igualdad de género y promoción de la diversidad. Una fuerza laboral pública que refleje la diversidad de la sociedad probablemente generará mejores resultados; por ejemplo, una fuerza laboral diversa está mejor posicionada para comprender y atender las necesidades de los diversos segmentos de la población.
El sector público generalmente emplea a más mujeres, especialmente en puestos de cuidado (por ejemplo, enfermería, enseñanza) y puede ofrecer mejores condiciones para quienes necesitan combinar obligaciones laborales y familiares que el sector privado. En 2018, en promedio, el 51,0% de los empleados del sector público eran mujeres en ALC, en comparación con el 60,2% en los países de la OCDE. La proporción se mantuvo estable a lo largo del tiempo: en 2011, la proporción de mujeres en el empleo público fue en promedio del 50,7% en ALC y del 59,2% en los países de la OCDE. Jamaica, el país con la mayor proporción de mujeres en este sector (60,3%), tiene una diferencia de 19 puntos porcentuales (p.p.) con Belice, el país con la participación más pequeña en ALC (41,2%).
La evidencia reciente ha demostrado que las mujeres en ALC trabajan más horas que los hombres, pero es menos probable que les paguen porque pasan más tiempo produciendo bienes y servicios para el consumo familiar (por ejemplo, alimentos, cuidado) (Bando, 2018). Al respecto, en 2018, las mujeres representaron en promedio el 41,0% de la fuerza laboral total en ALC, mientras que el promedio en los países de la OCDE fue del 45,8%. De nuevo, hay 20 p.p. de brecha entre Barbados, el país con la tasa más alta (53,4%) y Guatemala (33,6%), el país con la proporción más baja de mujeres en el empleo total.
Si bien la representación equitativa de las mujeres en el empleo del sector público se ha logrado (e incluso superado) en algunos países de ALC, este no es el caso en los puestos de liderazgo. Los datos disponibles –referidos al 1 de enero de 2019–, muestran que la mayoría de los países de ALC están lejos de lograr la igualdad de género en puestos ministeriales a nivel federal/central del gobierno. En 2019, en promedio en ALC, el 27,4% de los puestos ministeriales fueron ocupados por mujeres, lo que es alrededor de 4 p.p. menos que el promedio de la OCDE (31,2%). Sin embargo, las posiciones ministeriales cambian con frecuencia en ALC.
Para 2019, Nicaragua (55,6%), Colombia (52,9%) y Costa Rica (51,9%) lograron la paridad de género en puestos ministeriales. En el otro extremo del espectro, en Belice no hay ministras. Muchos países de ALC han aumentado sustancialmente la proporción de ministras entre 2012 y 2019, como en Uruguay (35,8 p.p.), Costa Rica (23 p.p.), El Salvador (22 p.p.), México (21 p.p.) y Colombia (20 p.p.). En otros países, la representación de mujeres en puestos ministeriales disminuyó sustancialmente, a saber, Bolivia (31 p.p.), Brasil y Ecuador (18 p.p. cada uno). Para comprender plenamente la participación de las mujeres en todos los niveles del empleo público, se requerirían datos sobre la representación de las mujeres en los puestos de alto nivel, ya que la evidencia en los países de la OCDE muestra que tienden a estar subrepresentadas en los puestos de alto nivel.
