Cuando los datos del gobierno están disponibles, generan una mayor interacción entre los gobiernos y los ciudadanos y permiten oportunidades de co-creación con otros actores interesados, como académicos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales. En este sentido, marcos de políticas sólidos son clave para garantizar la disponibilidad de datos y la integración en los modelos de entrega de los sectores público, privado y social.
El Principio 1 de la Carta Internacional de Datos Abiertos es “abiertos por defecto”, lo que significa que los datos del gobierno deben ser públicos a menos que su publicación entre en conflicto con otros principios. Tres cuartas partes de los países de ALC evaluados en el Índice OURdata tienen una lista de razones legítimas que restringen la divulgación pública de datos gubernamentales por defecto. Por ejemplo, en Chile, los datos no deben de ser publicados si hacerlo afecta los derechos de las personas (por ej. su privacidad) o si su difusión compromete la seguridad o el interés nacional, entre otras razones. Además, la mayoría de los países tienen requisitos formales para garantizar que la información se publique como datos abiertos debido a leyes de transparencia/anticorrupción.
El Principio 2 (“oportunos y comprehensivos”) se refiere al involucramiento de los ciudadanos en el desarrollo de planes de datos abiertos. En los países de ALC, las formas más comunes en la que esto sucede son las reuniones públicas físicas (56%) y las consultas formales (50%); las reuniones públicas virtuales son menos populares (25% de los países). Con respecto a los actores interesados, el 31% de los países consultó con organizaciones de la sociedad civil cinco veces o más desde 2017 (en comparación con el 34% de los países de la OCDE), la misma proporción que con los funcionarios públicos. En comparación, el 53% de los países de la OCDE consultó con estos 5 o más veces. El 19% los países de ALC consultó con la academia, los ciudadanos, los periodistas y organizaciones del sector privado cinco veces o más (cada uno) desde 2017. Alrededor de un tercio de la OCDE consultó con estas últimas cinco veces o más.
Para implementar los compromisos suscritos bajo estos principios, los datos deben divulgarse en formatos que los usuarios puedan analizar fácilmente. La gran mayoría de los países de ALC (81%) los publican en formato tabular, mientras que la mitad de los países también publican mapas.
El Pilar 1 del índice OURdata (Disponibilidad de datos) mide el desempeño de los países en los temas de política mencionados anteriormente. Los países de ALC obtienen un puntaje promedio de 0,41, en comparación con 0,59 para los países de la OCDE. México (0,79), Colombia (0,78), Brasil (0,69) y Argentina (0,51) tienen los puntajes más altos en la región, como resultado de sus agendas progresivas de datos abiertos.
En promedio, los países de ALC se desempeñan mejor en contenido de la política de “abiertos por defecto” (.17) que en participación de los actores interesados (0,14) y en implementación (0,10), una tendencia similar a la OCDE. Este también es el caso de algunos países, como, por ejemplo, Colombia, que obtuvo la puntuación máxima en el primero (0,33) y obtuvo una puntuación de 0,21 en el tercero. Las Bahamas obtuvieron un puntaje de 0,11 en contenido, lo que muestra algunos esfuerzos para establecer una política de datos abiertos por defecto, aunque todavía se implemente (obtuvo 0,00 en los otros dos subindicadores). Esta evidencia apunta a la necesidad de invertir más recursos en la participación del usuario desde las primeras etapas del proceso político. Por ejemplo, para identificar la demanda de datos que puede conducir a una mayor reutilización en las últimas etapas.
Algunos países (Brasil y México) obtuvieron una puntuación más alta en participación de actores interesados que en los otros dos subindicadores. Guatemala tuvo uno de los puntajes más altos en tal subindicador, lo que representa alrededor del doble de su puntaje en contenido (0,14) y más del triple que en implementación (0,07).
