Si bien las leyes y regulaciones de integridad pública a menudo están bien redactadas, en muchos países de América Latina y el Caribe (ALC), como en otras regiones, existe una brecha de implementación, la cual es se define como una diferencia entre los requisitos de la política de jure y su cumplimiento de facto. Sin embargo, el impacto solo se logra si las leyes y regulaciones en el papel conducen a un cambio real en las prácticas y el comportamiento.
Muchos factores pueden explicar la brecha de implementación. Identificar y comprenderlos es clave para superar los desafíos pendientes. Entre ellos, dos son cruciales. Primero, una implementación efectiva puede verse frustrada debido a la falta de una clara responsabilidad institucional en materia de integridad pública dentro de los organismos del estado. Asimismo, alcanzar el nivel subnacional puede ser difícil si los gobiernos locales no tienen entidades o unidades dedicadas a políticas de integridad. Segundo, la implementación de las mismas puede verse obstaculizada debido a la falta de incentivos para incluir objetivos de integridad pública en los planes estratégicos y operativos de las organizaciones a nivel central o en las políticas públicas de los gobiernos subnacionales.
Aunque la integridad es, en última instancia, responsabilidad de todas las personas dentro de una organización, unos “actores de integridad” dedicados en las entidades públicas podrían desempeñar un papel clave en superar la brecha de implementación. La experiencia internacional muestra el valor de tener un servidor público o una unidad dedicada y especializada que sea responsable y responda sobre la implementación, coordinación y promoción interna de las normas y políticas de integridad. No obstante, aunque tienen el potencial de convertirse en impulsores de la implementación, la mera existencia de tales actores dedicados a la integridad no garantiza cerrar la brecha de implementación, ya que su impacto potencial depende de manera crucial de su mandato, responsabilidades y de los recursos disponibles. Según el Cuestionario de la OCDE sobre Integridad Pública en América Latina 2018, el 78% de los países en ALC ya cuentan con tales unidades de integridad dedicadas o funcionarios públicos a nivel ministerial en el gobierno central. En el momento de la recopilación de datos, Argentina y Chile ya estaban en el proceso de tener unidades o personas dedicadas al respecto.
Si bien la integridad es una preocupación en todos los niveles de gobierno, las oportunidades para ciertos tipos de corrupción pueden ser más pronunciadas a nivel subnacional. Las responsabilidades de los gobiernos subnacionales para la prestación de una gran parte de servicios, como educación, salud, seguridad/justicia, gestión de residuos, servicios públicos, concesión de licencias y permisos, aumenta la frecuencia y cercanía de las interacciones entre las autoridades gubernamentales y los ciudadanos y las empresas, lo que aumenta los riesgos de corrupción. Al mismo tiempo, alcanzar efectivamente el nivel subnacional y garantizar la implementación de políticas nacionales en todos los niveles de gobierno es un desafío. En América Latina, actualmente existen actores dedicados a la integridad que podrían promover la implementación local de políticas de integridad en solo un poco menos de la mitad de los países encuestados.
Finalmente, pasar de una “cultura de casos” ad hoc y reactiva a una “cultura de integridad” más proactiva centrada en la prevención sistémica, requiere visión e información, así como planificación estratégica y operativa. Las estrategias que comprometen al gobierno a obtener resultados concretos, ambiciosos pero factibles pueden ser un mensaje para los ciudadanos y los funcionarios para enfatizar que la promoción de la integridad se toma en serio. La existencia de planes estratégicos es además esencial para permitir un monitoreo y evaluación efectivos de la implementación de las políticas de integridad. El Cuestionario de la OCDE sobre Integridad Pública en América Latina 2018 muestra que ocho países latinoamericanos tenían una estrategia a nivel nacional; Argentina estaba en el proceso de desarrollar una que fue adoptada después de la recolección de datos. Es más probable que tales estrategias sean efectivas cuando deben operacionalizarse a niveles organizacionales y llegar a todos los niveles de gobierno. De los 8 países que cuentan con una estrategia, 6 países requieren que ésta se incorpore a los procesos de planificación organizacional, mientras que solo 5 países requieren una aplicación a nivel subnacional.
