Los efectos diarios de las regulaciones se pueden sentir en todas partes: proporcionando un lugar seguro de trabajo para los ciudadanos, ayudando a proteger el medio ambiente y estableciendo requisitos para los negocios. Sin embargo, las regulaciones mal diseñadas o administradas pueden presentar riesgos para los ciudadanos, exacerbar los efectos ambientales y reducir la inversión privada. Peor aún, las reglas diseñadas de manera inapropiada pueden no lograr sus objetivos y dar lugar a una falta de confianza en las instituciones y en los gobiernos en general.
Los gobiernos de países de la OCDE han adoptado ampliamente políticas regulatorias para garantizar la calidad de sus regulaciones (OCDE, 2018). La política regulatoria se refiere al conjunto de reglas, procedimientos e instituciones introducidos por los gobiernos con el propósito expreso de desarrollar, administrar y revisar las regulaciones. Los elementos centrales de la política regulatoria son el uso de evidencia y el involucramiento de los actores interesados para mejorar estas tres etapas.
Los países de América Latina y el Caribe (ALC) están prestando cada vez más atención a la calidad de sus regulaciones. Desde 2015, varios países de ALC, tanto miembros como no miembros de la OCDE, han introducido o reformado sus bases legales para promover mejor la calidad regulatoria. En este sentido, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú y República Dominicana han adoptado nuevos documentos que detallan los principios de sus políticas regulatorias. Asimismo, Chile introdujo nuevas medidas para mejorar la calidad regulatoria, y México fortaleció el marco legal existente sobre política regulatoria mediante la adopción de una nueva Ley General de Mejora Regulatoria y estableciendo que las autoridades públicas de todos los niveles de gobierno tienen la obligación de adoptar políticas de mejora regulatoria. Además, todos los países encuestados en la región, excepto Brasil, Chile y Perú, han asignado a un ministro específico u oficial de alto nivel la responsabilidad de reforma regulatoria para garantizar un apoyo político continuo.
Sin embargo, el alcance de las políticas regulatorias es aún limitado en muchos países de ALC. La reducción de las cargas administrativas y la simplificación de las regulaciones han sido razones sólidas para que los gobiernos adopten políticas e inviertan en capacidades para mejorar su calidad de las regulaciones. Esto se puede observar, por ejemplo, en Argentina, Perú y República Dominicana. Pocos países han ido más allá de este enfoque y han adoptado una perspectiva más amplia para la calidad regulatoria, abarcando su desarrollo, cumplimiento y evaluación. México sigue siendo una excepción en la región con respecto a la profundidad y el alcance de los requisitos para utilizar herramientas de política regulatoria.
A pesar de las reformas recientes, el marco institucional para la política regulatoria en los países de ALC requiere de un mayor desarrollo. Invertir en funciones apropiadas y capacidad suficiente para la supervisión es esencial para garantizar la aplicación coherente en la práctica de la política regulatoria. Junto con los esfuerzos recientes de reforma, países como Argentina, Ecuador y El Salvador reformaron sus arreglos institucionales o establecieron nuevos organismos responsables de la promoción de políticas regulatorias. Las funciones de estos organismos varían desde la coordinación de la política en toda la administración, hasta la supervisión de los programas de simplificación administrativa o garantizar la calidad legal de las regulaciones. Sin embargo, en comparación con los países de la OCDE, es menos frecuente en los países de ALC encontrar mecanismos efectivos de supervisión, como la posibilidad de evaluar la calidad del análisis de impacto regulatorio (AIR) o revisar si los reguladores toman en cuenta los comentarios provistos durante las consultas. La adopción de estos mecanismos sigue siendo un desafío clave en todos los países de ALC.
