Los países promulgan regulaciones para lograr objetivos específicos; sin embargo, incluso cuando las regulaciones son cuidadosamente evaluadas, sus efectos no siempre se pueden predecir con precisión debido a que las preferencias, la sociedad y la tecnología cambian rápidamente. Por lo tanto, es necesario verificar si las regulaciones existentes logran sus objetivos; evaluar si éstos siguen siendo relevantes; si se han materializado consecuencias adversas o no deseadas; y si existen alternativas para abordar mejor los problemas que la regulación estaba destinada a corregir. No obstante, en ALC la revisión de las regulaciones existentes se centra, principalmente, en la identificación de cargas administrativas y no precisamente en saber si se cumplieron sus objetivos.
Solo Brasil, Chile, Colombia y México han realizado revisiones para evaluar tal aspecto, aunque no es una práctica sistemática. Además, México requiere que todas las regulaciones subordinadas que generan costos de cumplimiento sean evaluadas cada cinco años, para ver si aún están logrando sus objetivos. Asimismo, El Salvador requiere la evaluación de todas las regulaciones subordinadas al menos 10 años después de su promulgación y de todas las regulaciones con más de siete años en 2018, para verificar si aún sirven al propósito por el cual fueron creadas. Teniendo en cuenta la importancia de las evaluaciones ex post y su escaso uso, los países de ALC podrían mejorar la inversión en la implementación sistemática y consistente de tales evaluaciones para incrementar su alcance, más allá del análisis de las cargas administrativas y que juzguen si se han logrado los objetivos de las regulaciones.
Los países pueden usar una variedad de enfoques para controlar y organizar su acervo regulatorio, incluyendo revisiones programadas o ad hoc y hacerlas parte de procesos de gestión recurrentes. La mayoría de los países de la OCDE utilizan estos enfoques para evaluar leyes primarias o regulaciones subordinadas, siendo las cláusulas de revisión y terminación las más comunes. Por el contrario, solo algunos países de ALC los utilizan, y los enfoques más comunes son la consolidación legal, la codificación y las cláusulas de revisión. A pesar de su existencia, ha habido pocas mejoras en este rubro y estos enfoques siguen siendo poco utilizados.
Los países de ALC han centrado sus esfuerzos en la simplificación administrativa y en los últimos cuatro años han realizado reformas para mejorar sus trámites y procedimientos administrativos. Principalmente evalúan si las regulaciones que crean tales procedimientos y/o costos de cumplimiento pueden simplificarse o eliminarse. Por ejemplo, México estableció el programa Simplifica para medir el costo económico de los trámites, a fin de reducir la carga regulatoria a nivel nacional. República Dominicana lanzó. Como parte de la iniciativa RD+ Simple, la República Dominicana lanzó un sitio web para que los ciudadanos informen sobre regulaciones o trámites que son onerosos y que pueden simplificarse. Argentina tiene un sitio web similar, donde los ciudadanos pueden reportar procedimientos excesivos y también ha digitalizado un número considerable de sus trámites a través de “Trámites a Distancia”, como una forma de simplificación, donde los ciudadanos pueden remitir información a las autoridades gubernamentales, así como recibirla, a través de herramientas digitales, evitando la duplicidad de requisitos y procesos.
Solo la mitad de los países encuestados emprendieron procesos de simplificación administrativa a nivel regional o municipal, con escaso progreso desde la última encuesta. Las regulaciones interactúan entre sí y las diferencias de calidad entre las regulaciones pueden crear efectos adversos. No es suficiente evaluar las regulaciones de forma aislada o en un solo nivel de gobierno. Por lo tanto, los países de ALC deben apoyar los programas de evaluación a nivel subnacional y mejorar la coordinación de las evaluaciones ex post entre los niveles nacional, regional y municipal.
