Un sistema efectivo de declaraciones patrimoniales y de intereses puede respaldar la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas. Dependiendo de su diseño, los formularios de declaraciones se pueden utilizar para identificar, gestionar y sancionar un conflicto de interés al determinar, por ejemplo, si la decisión de un servidor público ha sido comprometida por un interés privado. Del mismo modo, los formularios de declaración pueden diseñarse para detectar enriquecimiento ilícito, aunque la información se puede recopilar para ambos fines (de Michele y Dassen, 2018). Además, al hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses, el gobierno muestra su compromiso con la transparencia y permite la rendición de cuentas al someterse al escrutinio público. La evidencia empírica comparativa ha demostrado el efecto positivo que un sistema de declaraciones puede tener en la capacidad de controlar la corrupción (Vargas y Schlutz, 2016).
Es necesario verificar la exactitud de las declaraciones de los funcionarios públicos para garantizar que resulten útiles para detectar conflictos de interés y/o enriquecimiento ilícito. Si los funcionarios públicos perciben que no se verifican, el sistema de declaraciones probablemente será percibido como trámite de escasa importancia, socavando la confianza de los ciudadanos en el compromiso del gobierno con el sistema de integridad (OCDE, 2017).
La mayoría de los países latinoamericanos verifican la declaración con otras bases de datos, excepto Uruguay. Los registros comerciales, de vehículos, las declaraciones patrimoniales y de intereses anteriores y los catastros son las bases más utilizadas. Seis países también realizan verificaciones cruzadas con registros civiles y otros seis comparan con datos de cuentas bancarias. Otras fuentes, como las declaraciones de impuestos, las bases de datos públicas extranjeras y los datos de las Unidades de Inteligencia Financiera son menos comunes. La triangulación automática fortalece el proceso de verificación, ya que permite analizar una mayor cantidad de declaraciones. Solo Argentina, Chile y Perú realizan triangulaciones de este tipo, y solo el segundo lo hace con más de una base de datos.
La robustez del sistema de declaraciones patrimoniales y de intereses depende de la definición de quién debe declarar y el tipo de información requerida, la cual debe de basarse en un enfoque que contemple distintos riesgos y el objetivo general del sistema. Esta robustez también depende de que se divulgue al público la mayor cantidad de datos posible (excepto los confidenciales, como la información de la cuenta bancaria), de que se proporcione una verificación efectiva y mecanismos de sanción y de que se cuente con mecanismos de seguimiento y orientación para gestionar conflictos de interés (si es el objetivo del sistema), entre otros.
De acuerdo a los resultados del Índice de Robustez del Sistema de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, los países latinoamericanos obtienen un puntaje promedio de 0,60 sobre 1,00 puntos, en una escala en la que el puntaje máximo representa un sistema altamente robusto. Existen grandes variaciones, con Argentina (0,81), México (0,78) y Chile (0,77) obteniendo puntajes altos y Honduras y Paraguay obteniendo 0,43 cada uno. En los primeros tres, las declaraciones se hacen públicas, se verifican las inconsistencias internas y se triangulan con otras bases de datos. También tienen orientación sobre cómo manejar situaciones de conflicto de intereses. Por el contrario, en Honduras, las declaraciones no son públicas y la información solo se presenta en papel, lo que inhibe su procesamiento y verificación. Del mismo modo, en Paraguay las declaraciones no son públicas y se presentan solo al comienzo y al final del nombramiento, lo que dificulta la detección de cambios ilícitos en la riqueza o conflictos de intereses.
