La OMS estima que 214 millones de mujeres en edad reproductiva en los países en vías de desarrollo que desean evitar el embarazo no utilizan un método anticonceptivo moderno (OMS, 2018[1]). El ODS correspondiente a los servicios de salud reproductiva tiene como objetivo proporcionar acceso universal para 2030, e integrar la salud reproductiva y sexual en las agendas, estrategias y programas nacionales. La agenda global para la salud y derechos sexuales y reproductivos está vinculado a la igualdad de género y al bienestar de la mujer, y afecta la salud de los recién nacidos, niños, adolescentes y las madres, así como a sus roles en la configuración del futuro desarrollo económico y la sostenibilidad del medio ambiente (Starrs et al., 2018[2]). La planificación familiar es un componente clave de todo paquete esencial de salud reproductiva y sexual, y es una de las intervenciones de salud pública más costo-efectivas, que contribuye a reducir en gran manera la mortalidad y la morbilidad materno-infantil (UNFPA, 2018[3]).
La salud reproductiva implica tener una vida sexual responsable, satisfactoria y segura, junto con la libertad de tomar decisiones sobre la reproducción. Esto implica el acceso a métodos de regulación de la fertilidad y a una atención sanitaria adecuada durante el embarazo y el parto, proporcionando a los padres la mejor oportunidad de tener un bebé sano, feliz y próspero cuando estén preparados para iniciar o ampliar una familia. Las mujeres que tienen acceso a la anticoncepción pueden protegerse de los embarazos no deseados y algunos métodos también sirven de protección contra las enfermedades de transmisión sexual (por ejemplo, el uso de condones). El espaciamiento de los nacimientos también puede tener beneficios positivos tanto para la salud reproductiva de la madre como para la salud y el bienestar general del niño, mucho más allá del período del embarazo y el nacimiento.
La prevalencia del uso de anticonceptivos varía ampliamente en la región de LAC. En Costa Rica, Colombia, Nicaragua y Brasil, más de tres cuartas partes de las mujeres casadas o en unión libre en edad reproductiva reportan haber usado algún método anticonceptivo (Figura 4.1). Sin embargo, tanto Haití como Guyana informan que menos del 35% de las mujeres casadas o en unión libre en edad reproductiva utilizan algún método anticonceptivo. En cuanto a los métodos anticonceptivos modernos, en países como Haití, Guyana, Trinidad y Tobago, Bolivia, Surinam, Belice y Guatemala, se observa que menos del 50% de las mujeres los utilizan.
En ocho países LAC con información, la satisfacción de la demanda de planificación familiar en general reporta índices más altos entre las mujeres que viven en zonas urbanas, con mayores ingresos y niveles de educación (Figura 4.2). Estas diferencias son más evidentes en Haití y Guatemala, con un acceso entre seis a más de 20% menor en los grupos menos privilegiados. Algunos países como Paraguay reportan diferencias menos significativas con un acceso homogéneo en las tres categorías. En la mayoría de los casos en que tanto las mujeres con mayores privilegios sociales como las que tienen menos privilegios reportan un alto acceso a la planificación familiar (más del 80-85%), las tasas tienden a ser similares entre ambos grupos. Esto respalda el hecho de que la amplia disponibilidad de servicios de planificación familiar contribuye no sólo a un mayor acceso sino también a reducir las desigualdades sociales en la utilización de dichos servicios.
Los países de LAC pueden continuar mejorando la información y los servicios de salud sexual y reproductiva, los que deben ser accesibles y asequibles para todas las personas. Las intervenciones modernas de planificación familiar pueden incorporarse aún más en el conjunto de servicios esenciales para proporcionar una cobertura universal, prestando especial atención a las personas más pobres y vulnerables. Además, los países también deben tomar medidas más allá del sector salud para cambiar las normas sociales, leyes y políticas, defender los derechos humanos y promover la igualdad de género. (Starrs et al., 2018[2]; OMS, 2018[1]).
