Este capítulo analiza las acciones tendientes a cultivar el compromiso de los ciudadanos con la integridad pública y reducir la tolerancia a las violaciones de las normas de integridad. Además, ofrece recomendaciones para mitigar posibles efectos negativos de estas acciones a través del fortalecimiento de la base de evidencia y del diseño de una estrategia de comunicaciones adaptada al contexto ecuatoriano. El capítulo también ofrece recomendaciones para fortalecer actuales esfuerzos en educación de niños y jóvenes ecuatorianos en materia de integridad y ciudadanía en las escuelas y universidades.
Promoviendo la Integridad Pública en la Sociedad Ecuatoriana
Hacia un Sistema Nacional de Integridad
Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública
3. Cultivando el compromiso de los ciudadanos con la integridad pública en Ecuador
Resumen
3.1. Introducción
Las personas desempeñan un papel clave en la promoción de una cultura de integridad en la sociedad en su conjunto (OCDE, 2020[1]). En sus diferentes interacciones con el sector público, las personas tienen la responsabilidad compartida de garantizar el respeto de las normas, principios y valores éticos de la sociedad. Esta responsabilidad se refleja de varias formas: a través del respeto a las normas que rigen sus interacciones con los servidores públicos y el acceso a los recursos públicos, no participando en esquemas fraudulentos para acceder a beneficios sociales, pagando impuestos, y denunciando la corrupción y el fraude siempre que los encuentren.
Para cultivar el compromiso de la sociedad con la integridad pública y reducir la tolerancia a las violaciones éticas, los gobiernos pueden implementar diferentes acciones. Por ejemplo, pueden adelantar actividades de concientización sobre los costos de la corrupción y los beneficios de la integridad pública, establecer nuevas normas sociales y estándares de comportamiento para las personas, generar conciencia entre los ciudadanos sobre sus responsabilidades con la integridad pública, educar a los niños y jóvenes acerca de su rol en la protección de la integridad y equiparlos con las capacidades para resistir a las faltas de integridad (OCDE, 2020[1]).
3.2. Generando conciencia en la sociedad ecuatoriana acerca de los beneficios de la integridad pública y las responsabilidades ciudadanas en la promoción de la integridad
Las actividades de concientización son uno de los principales mecanismos mediante los cuales los gobiernos pueden aumentar la comprensión de los ciudadanos sobre las cuestiones de integridad pública (OCDE, 2020[1]). Sin embargo, sensibilizar sobre la integridad y los esfuerzos anticorrupción no consiste en educar sobre la existencia de corrupción, algo que la ciudadanía conoce bien, sino en educar sobre cómo romper el círculo vicioso que permite e incentiva las faltas de integridad en la sociedad. Para esto, es necesario que el órgano encargado de las comunicaciones en esta materia tenga un conocimiento claro sobre qué comunicar. Esto requiere entender cuáles son los principales desafíos relativos a la integridad y la lucha contra la corrupción haciendo uso de evidencia en lugar de meras impresiones, así como diseñar una estrategia de comunicación adecuada.
3.2.1. La Secretaría de Política Pública Anticorrupción podría tomar la iniciativa para fortalecer la base de evidencia sobre los desafíos relativos a la integridad y la lucha contra la corrupción en la sociedad ecuatoriana
A manera de contexto y como primera aproximación para entender los desafíos de Ecuador para cultivar el compromiso de los ciudadanos con la integridad pública, la evidencia sugiere que en el país existe una alta tolerancia a las violaciones “cotidianas” de integridad. En efecto, el rechazo a las faltas de integridad en Ecuador es bajo, en comparación con el rechazo promedio de los países de la OCDE. En tres de los cuatro casos de conductas no éticas analizados —a saber, reclamar beneficios del gobierno a los que no se tiene derecho, evitar el pago de una tarifa de transporte público, y aceptar un soborno en el curso de su deber, el rechazo de los ciudadanos ecuatorianos es menor que el rechazo promedio de los países de la OCDE (Figura 3.1). Además, el 44% de los ecuatorianos manifestó estar de acuerdo en tolerar cierto nivel de corrupción siempre y cuando se resuelvan los problemas del país, valor superior al promedio de los países de la región1 correspondiente al 40% de los encuestados (Corporación Latinobarómetro, 2018[6]).
Figura 3.1. Rechazo a las faltas de integridad en Ecuador
Porcentaje de encuestados que declararon que “nunca es justificable” actuar de la siguiente manera
Nota: El promedio de la OCDE incluye a Alemania, Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Estados Unidos, Grecia, Japón, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, y Turquía.
Fuente: Encuesta Mundial de Valores (World Values Survey), Séptima ola (2017-2022), (The World Bank, 2017[4]).
Esta realidad se complementa con una baja intención de denunciar conductas indebidas. En efecto, el 47% de los ecuatorianos manifestó estar de acuerdo con que “cuando se sabe de algo corrupto es mejor quedarse callado” (Corporación Latinobarómetro, 2018[6]). Además, Ecuador presenta el menor porcentaje de la región de América Latina de personas en acuerdo con la afirmación “si no denuncio un acto de corrupción del que tengo conocimiento, me transformo en cómplice”: así, solo el 58% de los ecuatorianos piensa que no denunciar un acto de corrupción del que se tiene conocimiento convierte a una persona en cómplice, en comparación con el promedio regional2 de 74% (Corporación Latinobarómetro, 2018[6]).
Adicionalmente, existe una brecha de confianza importante entre los ciudadanos ecuatorianos y las instituciones públicas. Como se observa en la Figura 3.2, existe un alto nivel de desconfianza de los ciudadanos hacia las principales instituciones públicas —a saber, partidos políticos, Gobierno, Presidente, Congreso, Institución Electoral, Poder Judicial, y Policía. En todos los casos, los niveles de confianza en Ecuador son inferiores al promedio de la región de América Latina. Los bajos niveles de confianza en las instituciones públicas pueden ser un factor de riesgo para el clientelismo y otras formas de corrupción, especialmente si se combinan con niveles deficientes —percibidos o reales— de acceso a y uso de los servicios públicos.
Figura 3.2. Porcentaje de ecuatorianos que expresaron “mucha confianza “o “algo de confianza” en las principales instituciones públicas
Note: El promedio de América Latina incluye información de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Los altos niveles de desconfianza también están presenten ente los mismos ciudadanos ecuatorianos. En efecto, la confianza interpersonal en 2020 para Ecuador se ubica en 9%, valor inferior al promedio de la región3 ubicado en 12% (Corporación Latinobarómetro, 2021[5]), lo que se convierte en una barrera importante para la acción colectiva. Considerando que América Latina es la región del mundo con mayor desconfianza interpersonal (Corporación Latinobarómetro, 2021[5]), los bajos niveles de confianza en Ecuador, incluso inferiores al promedio regional, demuestran los grandes retos que existen en esta materia.
Finalmente, la opinión ciudadana sobre la efectividad de las reformas anticorrupción implementadas por el gobierno es baja. En efecto, la más reciente encuesta Latinobarómetro muestra que solo el 28% de los ecuatorianos indicó que “mucho” o “algo” se ha progresado en reducir la corrupción en las instituciones del Estado durante los dos años anteriores a que se realizara la encuesta (Corporación Latinobarómetro, 2021[5]). En la misma línea, el informe Barómetro de la Corrupción Ecuador 2022 reveló que solo una de cada cuatro personas, un 23% de los encuestados, considera que el gobierno actual está cumpliendo sus promesas en materia anticorrupción (Fundación Cuidadanía y Desarrollo y Transparencia Internacional, 2023[3]).
Todo lo anterior sugiere que, para implementar un enfoque de integridad pública en la sociedad ecuatoriana en su conjunto, es necesario desafiar las creencias generalizadas que justifican las violaciones de integridad y desincentivan la denuncia de los actos de corrupción, aumentar los bajos niveles de confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, y contrarrestar la baja percepción de la eficacia de las acciones del gobierno en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, aunque los anteriores puedan ser puntos de partida interesantes para el diseño de una estrategia de comunicación, se requiere información adicional que permita llevar a cabo una evaluación más detallada e integral de los desafíos a la integridad en el contexto de un país. Esto es especialmente relevante en un país como Ecuador, donde existe una gran diversidad en términos culturales, étnicos y geográficos, lo que puede generar una alta heterogeneidad en términos de percepciones sobre corrupción, niveles de confianza en las instituciones públicas, tolerancia a las violaciones de integridad, entre otros, y una necesidad de comunicar diferencialmente.
En este sentido, la SPPA podría tomar la iniciativa en el fortalecimiento de la base de evidencia sobre los principales desafíos relativos a la integridad y la lucha contra la corrupción, distinguiendo, siempre y cuando sea posible y relevante, las particularidades de las diferentes “comunidades” que conforman la sociedad ecuatoriana. Para esto, la SPPA podría considerar fortalecer la cooperación con universidades, centros de investigación e investigadores académicos, quienes podrían investigar aspectos relevantes para informar la formulación de campañas de concientización y de políticas de integridad. Además, considerando los bajos niveles generales de confianza en las instituciones públicas, el contar con un socio del medio académico puede servir como resguardo de la independencia y solidez metodológica de la investigación (ver también la Sección 3.3).
De igual forma, las experiencias y las opiniones de los ciudadanos pueden también servir de guía para identificar desafíos —por ejemplo, con respecto al acceso y utilización de ciertos servicios públicos— y avanzar hacia la integridad. Existen diferentes formas de recoger información relevante que puede ser utilizada para fortalecer la integridad, como invitar a los usuarios de servicios públicos a responder una breve encuesta anónima de satisfacción en la que indiquen no solo la calidad del servicio público recibido, sino también cómo percibieron la integridad de la institución o del servidor público con quien interactuaron. En Ecuador, actualmente se está implementando una iniciativa que busca reducir prácticas de micro-corrupción y fomentar la transparencia e integridad al interior de una entidad pública piloto a través de una intervención pública con enfoque conductual. Diferentes instituciones incluidas la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), la Defensoría del Pueblo, la SPPA, el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), la Fundación Datalat y OpenlabEc, FLACSO Ecuador y ÉPICO, se encuentran trabajando en conjunto con Thinkia, un Laboratorio Ciudadano, en el desarrollo de este proyecto. La iniciativa consiste en encuestas anónimas de satisfacción de los servicios públicos que brinda la SENESCYT en un grupo de intervención y un grupo de control, los cuales serán sometidos a diferentes tratamientos a efectos de evaluar su impacto, definir oportunidades de mejora en la provisión de los servicios públicos, e identificar riesgos de corrupción a ser mitigados.
Además, la digitalización de las interacciones entre ciudadanos y el sector público genera una variedad de oportunidades para incorporar preguntas cortas en los procedimientos administrativos que luego pueden usarse también para evaluar el impacto de las políticas de integridad. De igual forma, se pueden utilizar medios físicos como un póster o una pantalla ubicada directamente en la oficina pública, para que los ciudadanos dejen sus comentarios. Estos mecanismos de recolección de información relevante no solo permiten reunir datos sobre la calidad y riesgos de corrupción en servicios públicos determinados, sino que también podrían ayudar a construir confianza en las instituciones públicas, al demostrar que están abiertas al diálogo y al mejoramiento continuo.
3.2.2. La Secretaría de Política Pública Anticorrupción podría diseñar una estrategia de comunicación que englobe, dé coherencia y garantice la continuidad e impacto deseado de las acciones de concientización a la ciudadanía
Además de fortalecer la base de evidencia para entender los principales desafíos en materia de integridad pública, también es necesario diseñar campañas de concientización informadas en esta evidencia y dirigidas no solo a desafiar las normas sociales existentes, sino también a comunicar las nuevas normas sociales esperadas (Bicchieri, 2016[19]). En esta línea y consciente de la importancia de promover una cultura de integridad pública en toda la sociedad ecuatoriana, la SPPA incluyó en el plan de acción de la ENA una serie de acciones tendientes a comunicar el rol y responsabilidades de los ciudadanos con la integridad pública. Ejemplos de estas iniciativas son: fomentar campañas de sensibilización en torno a la prevención y lucha contra la corrupción, promover los canales de denuncia de posibles actos de corrupción, difundir información relacionada con la corrupción e implementar módulos de capacitación en temáticas relacionadas a la prevención de la corrupción para la ciudadanía (Secretaría de Política Pública Anticorrupción, 2022[11]).
Sin embargo, con el fin de garantizar que estas acciones efectivamente desafían la corrupción y generan nuevas reglas de integridad en la sociedad en el largo plazo, es necesario contar con una estrategia en comunicaciones que englobe, de coherencia y garantice la continuidad e impacto esperado de las diferentes acciones. Además, es necesario considerar que hablar de corrupción y los costos relacionados con este fenómeno puede traer consecuencias indeseadas que podrían mitigarse a través del ejercicio de diseño de una estrategia en comunicaciones. En efecto, en contextos en que la corrupción está muy presente en el debate público y los medios de comunicación, como es el caso de Ecuador, las campañas que buscan concientizar sobre la corrupción podrían tener un efecto contraproducente incrementando la ya de por sí alta percepción sobre la existencia de la corrupción y confirmando la impresión de que se trata de una situación generalizada. Así mismo, varias investigaciones han mostrado que el comportamiento poco ético es contagioso y que una comunicación centrada en la corrupción puede resultar en un efecto de “profecía de auto cumplimiento”, en la medida en que la percepción de que la corrupción es una práctica usual puede llevar a racionalizar y justificar el propio comportamiento poco ético (Ajzenman, 2021[20]; Bicchieri and Xiao, 2009[21]; Corbacho et al., 2016[22]; Gino, Ayal and Ariely, 2009[23]; Robert and Arnab, 2013[24]). Tales riesgos relacionados con errores de comunicación pueden mitigarse diseñando cuidadosamente una estrategia de comunicación.
En Ecuador, la SPPA elaboró el Plan Estratégico de Comunicación 2023, solicitado y aprobado por la SEGCOM. Este plan tiene como objetivo general “contribuir a generar una cultura de integridad pública a través de la promoción de mecanismos de prevención de corrupción, la corresponsabilidad ciudadana y el cumplimiento de la Estrategia Nacional Anticorrupción”. Dentro de sus objetivos específicos están el de dar a conocer los 9 ejes de acción de la ENA que ejecuta la SPPA, sensibilizar y fortalecer capacidades de la ciudadanía y funcionarios públicos en materia de ética, transparencia e integridad, e informar sobre las herramientas y mecanismos de prevención de la corrupción que genera la SPPA.
Si bien este Plan Estratégico de Comunicación 2023 contiene acciones comunicacionales en las que se identifican algunos elementos clave de las campanas de comunicación - como el problema que se busca abordar, indicadores, público objetivo, canal de difusión, entre otros, el plan se podría fortalecer con una mirada estrategia en el mediano plazo y objetivos específicos más amplios. Por ejemplo, el plazo de ejecución del plan es de una vigencia (2023) cuando podría cubrir un plazo similar al del plan de acción de la ENA. Con respecto a los objetivos específicos, éstos se centran en comunicar sobre las acciones, mecanismos y herramientas de la SPPA en lugar de informar acerca de las acciones, mecanismos y herramientas que integran el sistema de integridad en su conjunto.
En este sentido, la SPPA podría considerar desarrollar una estrategia de comunicación a mediano plazo que identifique una serie de campañas de concientización y el plazo adecuado para cada una con miras a generar conciencia sobre la integridad pública y la lucha contra la corrupción. Con el fin de garantizar que esta estrategia responde a criterios técnicos y reconociendo que las políticas en el ámbito de integridad y anticorrupción son sensibles y de alta relevancia política, resulta relevante el fortalecimiento de la autonomía administrativa y organizacional de la SPPA abordada en la Sección 1.2.1, en particular lo relativo a la definición de su estrategia de comunicación. Sin embargo, esta independencia no impide la colaboración y coordinación con otras entidades relevantes. Por ejemplo, para desarrollar la estrategia en comunicaciones, la SPPA podría trabajar de manera coordinada con otras entidades del sector público con experiencia en materia de comunicación y trabajo con la ciudadanía —por ejemplo, la SEGCOM y las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, garantizando la autonomía de la SPPA para diseñar las campañas de concientización con base en criterios técnicos e información.
La estrategia de comunicación podría incorporar las acciones previstas en la ENA, así como otras acciones pertinentes derivadas del análisis del contexto ecuatoriano y los desafíos en materia de integridad. Para cada una de las acciones incluidas en la estrategia en comunicaciones se deberían identificar los siguientes elementos:
Resultados esperados (por ejemplo, actitudes o comportamientos a cambiar, habilidades a desarrollar, etc.)
Público/audiencia destinatario de la campaña
Mensajes claves (recordando los posibles efectos no deseados resaltados anteriormente)
Canales de comunicación (por ejemplo, televisión, sitios web, medios sociales, medios gráficos)
Mecanismos de evaluación (por ejemplo, encuestas de opinión pública, análisis de sitios web, participación en eventos, cantidad de denuncias presentadas, etc.)
De igual forma, la SPPA podría apalancarse en iniciativas de concientización ya existentes desarrolladas por otros actores relevantes en Ecuador, estableciendo alianzas con diferentes actores del sector privado y la sociedad civil (Cuadro 3.1).
Cuadro 3.1. Ejemplos de campañas de comunicación y concientización implementadas por el sector privado y organizaciones de la sociedad civil en Ecuador
En Ecuador, el sector privado y las OSC han tenido una importante labor en la promoción de la integridad pública en la sociedad en su conjunto. Algunos ejemplos de campañas de comunicación y concientización implementadas por el sector privado y OSC se presentan a continuación:
Campaña ‘Honestidad Criolla’
El 9 de diciembre de 2019, la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), a través de la Comisión de Integridad y Anticorrupción, lanzó la campaña “Honestidad Criolla”, con el propósito de promover un cambio cultural en la sociedad ecuatoriana y prevenir actos de corrupción. La campaña, que incluye un video en YouTube, buscar llegar con un mensaje positivo a los ecuatorianos, promover un cambio de conducta en la ciudadanía y dejar de normalizar actos que son incorrectos, como pequeños actos de corrupción y malas acciones. El video presenta ciudadanos que, teniendo la opción de actuar en contravía de la integridad —por ejemplo, comprando películas piratas, plagiando publicaciones o aceptando sobornos, deciden actuar de forma honesta y contribuir al cambio.
Además, durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, la ICC, con apoyo de la SEGCOM, elaboró un nuevo video en el marco de esta campaña con el fin de mostrar lo que significa la “Honestidad Criolla” en el marco de la vacunación contra el COVID-19, un área de alto riesgo a la corrupción.
Campaña ¡Yo si soy víctima de la corrupción!
En 2022, la Fundación Lucha contra la Corrupción inició la implementación de la campaña ¡Yo si soy víctima de la corrupción!, con el apoyo de empresas privadas, cooperación internacional, organizaciones estudiantiles y jóvenes. Esta campaña tenía como propósito desarrollar la conciencia colectiva respecto a varios temas: impulsar el compromiso de la ciudadanía con la lucha anticorrupción; potenciar el involucramiento de la juventud —particularmente los estudiantes— en la lucha anticorrupción; y desarrollar —en términos constructivos— el papel de las redes sociales como un mecanismo de transmisión de las reivindicaciones sociales hacia instancias políticas.
A través de diferentes medios —redes sociales, alianza estratégica con la Fundación Unión Estudiantil y medios tradicionales—, se convocó a los jóvenes ecuatorianos entre 16 y 18 años a expresar en videos, que debían ser publicados en TikTok o Twitter, sus reflexiones uno o varios de los siguientes temas:
Por qué la ciudadanía sí es víctima de la corrupción, no únicamente el Estado.
Por qué la Asamblea Nacional debe declarar que la ciudadanía sí es víctima de la corrupción.
Cuál es el rol de la ciudadanía en la lucha anticorrupción.
Incentivar a la Asamblea Nacional a tramitar el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para Aclarar la Figura del Ciudadano como Acusador Particular en los Delitos Relacionados con Corrupción.
El 15 de agosto de 2022 se llevó a cabo una premiación para los ganadores del concurso en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional.
Fuente: Entrevistas durante la misión de recolección de información, (Cámara de Comercio de Quito, 2019[25]) y https://www.youtube.com/watch?v=vdhyXNH0dxA&t=98s.
Con respecto al contenido (mensajes) de las campañas de concientización, éstas podrían iniciar por posicionar el concepto de “integridad pública”. La integridad pública es más que una elección racional contra la corrupción. La integridad pública consiste en alentar un comportamiento en aras del interés público por encima del comportamiento autocomplaciente como prácticas corruptas y carentes de ética, pasando de un enfoque centrado en disuadir y hacer cumplir, a uno que promueve decisiones basadas en valores en el sector público y en la sociedad en su conjunto (OCDE, 2018[26]).
Además, considerando el alto nivel de tolerancia a las violaciones de la integridad y la baja intención de denunciar conductas indebidas en Ecuador, las campañas de sensibilización podrían construirse sobre dos pilares complementarios. En primer lugar, con el objetivo de promover la corresponsabilidad de la ciudadanía para defender la integridad pública, las campañas podrían resaltar los costos que la falta de integridad genera para la economía y la sociedad en general (factor de éxito “generar responsabilidad comunitaria” en la Tabla 3.1). En este sentido, las campañas de concientización podrían cuestionar cualquier justificación a comportamientos pocos éticos y crear un vínculo entre la integridad individual y el beneficio público más amplio. En segundo lugar, con el objetivo de aumentar el sentido de agencia de los ciudadanos hacia la integridad pública, las campañas podrían incentivar la acción ofreciendo alternativas tangibles para que los ciudadanos defiendan la integridad pública, incluida la denuncia de comportamientos corruptos (factor de éxito “aumentar el sentido de agencia” de la Tabla 3.1).
Tabla 3.1. Factores de éxito de campañas de cambio de comportamiento
Fuente: Adaptado de (Mann, 2011[27]).
Además, considerando la baja confianza ciudadana en las instituciones públicas, las campañas de concientización también se podrían utilizar para generar confianza en los ciudadanos y fortalecer su participación y apoyo en las iniciativas de integridad pública en curso. Esto podría lograrse yendo más allá de la comunicación sobre los esfuerzos del gobierno para prevenir la corrupción y en su lugar centrándose en demostrar que el cambio es posible a través de historias de éxito de cambios de comportamiento efectivos en la administración pública y en la sociedad.
3.3. Fortaleciendo la educación en materia de integridad pública y ciudadanía en las escuelas y universidades ecuatorianas
La construcción de una cultura de integridad en la sociedad comienza necesariamente con la educación de los más jóvenes (OCDE, 2018[28]). La educación sobre integridad pública ayuda a que los niños y jóvenes desarrollen los conocimientos y habilidades necesarios para resistir la corrupción y desafiar las normas sociales que permiten que la corrupción prospere. Además, la educación sobre integridad pública puede generar nuevas normas sociales y conocimientos comunes sobre las conductas esperadas para prevenir la corrupción, lo que contribuye a formar ciudadanos que desde edades tempranas son conscientes de su rol y responsabilidad en la promoción de la integridad. Por ejemplo, la evidencia ha demostrado que los programas de educación cívica pueden aumentar la probabilidad de que los jóvenes rechacen gobiernos autoritarios, prácticas corruptas y excusas para infringir la ley (Ainley et al., 2011[29]).
3.3.1. El Ministerio de Educación podría establecer un grupo de trabajo de múltiples actores con responsabilidades para fortalecer los actuales esfuerzos en educación para la integridad en el marco del proceso de reforma del currículo nacional vigente
En Ecuador, el actual currículo nacional aborda elementos de educación para la integridad pública en todos los niveles de la Educación General Básica y del Bachillerato General Unificado, específicamente en el área de Ciencias Sociales, bajo el bloque curricular “la convivencia”. El bloque “la convivencia” se define como la
“…valoración de la convivencia social (familiar, escolar, vecinal, comunitaria, etc.) como condición indispensable (…); introducción al proceso de “alfabetización política” de los estudiantes, a través del aprendizaje de los derechos y responsabilidades, las desigualdades sociales, las formas de organización social y la convivencia armónica con los seres humanos y la naturaleza; desarrollo del proceso de “alfabetización política” de los estudiantes, a través de la comprensión y apreciación de la ciudadanía, los derechos y responsabilidades, la democracia, el rol social del Estado, la diversidad cultural, la comunicación y la interculturalidad. En el bachillerato este bloque profundiza la formación cívica de los estudiantes, a través del análisis crítico de la democracia, sus orígenes, fundamentos y limitaciones (…)” (Ministerio de Educación, 2016, p. 157[30]).
Este bloque, incluye contenidos conceptuales relativos a la integridad pública, en virtud de la edad de los estudiantes, como valores comunes de la sociedad, derechos y deberes ciudadanos, democracia y estado, entre otros (Figura 3.3). Particularmente, en el Bachillerato “este bloque profundiza la formación cívica de los estudiantes, a través del análisis crítico de la democracia, sus orígenes, fundamentos y limitaciones, así como de las opciones creativas de organización social y política que se plantean frente a ella, que se fundamenta en una concepción filosófica acerca de la organización social y política” (Ministerio de Educación, 2016, p. 154[30]). Además, de acuerdo con el plan de estudios obligatorio, se ha establecido una carga horaria específica para la asignatura en mención, de modo que sea factible abordar los contenidos curriculares establecidos.
Figura 3.3. Mapa de contenidos conceptuales del bloque curricular “la convivencia”
Nota: El sistema educativo ecuatoriano se compone de 1) Educación inicial: niños entre 3 y 5 años; 2) Educación General Básica: niños entre 5 y 15 años e incluye cuatro subniveles Básica preparatoria: primer grado de primaria, Básica elemental: segundo a cuarto grado de primaria, Básica media: quinto a octavo grado, y Básica superior: octavo a décimo grado; 3) Bachillerato General Unificado: jóvenes entre 16 y 19 años, últimos tres años de educación obligatoria.
Fuente: (Ministerio de Educación, 2016[30]).
Sin embargo, actualmente existe una alta heterogeneidad en la forma en la que se enseña este bloque en las diversas escuelas del país, en términos de forma —intensidad horaria, a veces como materia a veces como un tema transversal del currículo— y también de contenido Además, discusiones con actores relevantes del Ecuador llevadas a cabo durante la semana de recolección de información revelaron que existe una deficiencia en términos de educación cívica en la sociedad ecuatoriana —por ejemplo, conocimiento sobre los derechos y deberes de los ciudadanos— y que falta conocimiento general sobre la estructura del estado ecuatoriano y las funciones de las diferentes instituciones públicas con responsabilidades asociadas a la integridad pública y anticorrupción —por ejemplo, cuál(es) es(son) la(s) institución(es) pública(s) responsable(s) por investigar y sancionar los delitos de corrupción y otras faltas de integridad.
Como consecuencia de estas y otras debilidades del actual sistema de educación, el Ministerio de Educación decidió reformar el currículo nacional vigente durante el año 2023, mediante un proceso participativo que busca identificar e incluir visiones de los distintos sectores y territorios ecuatorianos. En ese sentido, con el fin de aportar a la reflexión sobre el proceso de transformación educativa, el Ministerio de Educación ha llevado a cabo encuentros con la comunidad, lo que ha permitido obtener insumos importantes para fortalecer el diseño de la política pública en educación y compartir visiones sobre la transformación educativa, transformación curricular y el aprendizaje basado en competencias. Los aportes y reflexiones sobre estos encuentros serán sistematizados en un documento de conocimiento público durante el segundo semestre de 2023.
Considerando lo anterior, esta reforma resulta ser la oportunidad perfecta para incorporar la educación para la integridad pública a través del plan de estudios ecuatoriano introduciendo, por ejemplo, un curso de educación cívica que incorpore de forma explícita módulos sobre integridad pública adaptados a las edades de los estudiantes de los distintos niveles de la Educación General Básica y del Bachillerato General Unificado, y desarrollar lineamientos y actividades de capacitación dirigidas a los docentes con el propósito de apoyar la formación de los niños y jóvenes en integridad pública. A este respecto, es importante señalar que ya se han hecho acercamientos entre el Ministerio de Educación y la SPPA, con el fin de asegurar la participación de la SPPA en el proceso de reforma curricular e incluir en el nuevo currículo elementos clave para la educación en integridad pública y cívica.
Son muchos los beneficios de incorporar la educación para la integridad pública a través del plan de estudios. Por ejemplo, proporciona un enfoque sólido a la educación para la integridad pública y asegura una cobertura integral para todos los estudiantes a lo largo y ancho del territorio nacional (OCDE, 2018[28]). También, permite la búsqueda de complementariedades entre diferentes materias, reduciendo así el riesgo de sobrecarga y repetición del currículo (OCDE, 2018[28]). Si bien este puede ser un proceso dispendioso, es fundamental aprovechar la reforma del currículo nacional vigente para hacer frente a las deficiencias identificadas en términos de educación cívica y para la integridad pública, fortaleciendo así la formación en esta materia desde la infancia.
Dada la naturaleza interdisciplinaria que este trabajo exige y considerando que la aceptación de por parte de las principales partes interesadas es necesaria para que la educación para la integridad pública sea efectiva, el Ministerio de Educación podría considerar establecer un grupo de trabajo de múltiples actores que garantice que el nuevo currículo refleje buenas prácticas y conocimientos relevantes sobre integridad. El grupo de trabajo podría incluir representantes del Ministerio de Educación, la SPPA y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como educadores, universidades, asociaciones de padres de familia y/o grupos de estudiantes y organizaciones de la sociedad civil. Incluso se podría invitar a personas/organizaciones que tengan experiencia en el diseño de currículos y que puedan brindar retroalimentación pedagógica sobre los materiales producidos. Países como Eslovaquia podrían servir como inspiración para Ecuador al momento de diseñar mecanismos de cooperación con múltiples actores para asegurar la inclusión de la integridad en el currículo (Cuadro 3.2).
Cuadro 3.2. Cooperación de múltiples actores relevantes para integrar la integridad en el currículo
Eslovaquia
En febrero de 2023, el Ministerio de Educación, Ciencia, Investigación y Deporte de la República Eslovaca, en cooperación con el Instituto Nacional de Educación y Juventud, lanzó una consulta pública sobre los estándares educativos del nuevo programa educativo estatal —los estándares educativos son un complemento del programa educativo estatal, el cual define los objetivos específicos de la educación y la formación, el perfil de quienes lo completan, el currículo marco, etc., que se integrarán en todas las áreas educativas. La consulta estuvo abierta a maestros, expertos en educación, padres y otros miembros interesados del público en general. Un informe de la consulta pública con estadísticas y tipo de comentarios recibidos se encuentra publicado en: https://vzdelavanie21.sk/sprav-konzultacia-standardy/ .
Además, como parte del proceso de preparación e implementación de los cambios, el Instituto Nacional de Educación y Juventud creó comités centrales de asignaturas para la educación primaria y secundaria, los cuales fueron gestionados y coordinados por el Grupo Principal de Coordinación. También se estableció un Comité Asesor de Alumnos para permitir a los alumnos reaccionar a los cambios.
Una vez aprobados el nuevo programa educativo estatal y los estándares actualizados, se llevará a cabo un piloto en las escuelas que manifiesten su interés de participar en la implementación gradual del nuevo programa educativo estatal en 2023/2024. En ese sentido, a partir de septiembre de 2023, las primeras 30 escuelas primarias enseñarán a sus alumnos de primer grado según al nuevo plan de estudios. La implementación a nivel nacional será obligatoria para las escuelas primarias en el año escolar 2026/2027.
Una vez conformado el grupo de trabajo, éste podría ser encargado con la responsabilidad de fortalecer los esfuerzos en educación para la integridad en el marco del proceso de modificación del currículo nacional vigente. Para esto, el grupo de trabajo podría proporcionar retroalimentación sobre los materiales propuestos por el Ministerio de Educación y/o hacer parte activa del diseño de los nuevos resultados de aprendizaje, los planes de lecciones y demás material de orientación para las escuelas. Los resultados del aprendizaje del curso de educación cívica, en particular los módulos sobre integridad pública podrían basarse en buenas prácticas internacionales e inspirarse en los resultados del aprendizaje de educación para la integridad de la OCDE (Tabla 3.2).
Tabla 3.2. Resultados de aprendizaje sugeridos por la OCDE para la educación sobre integridad pública
Fuente: (OCDE, 2018[28])
Por su parte, el material de orientación para las escuelas podría basarse en los resultados del aprendizaje e incorporar métodos activos y participativos como juegos de resolución de problemas y simulaciones en clase, juegos de rol y debates en pequeños grupos que permitan involucrar a los estudiantes de una manera práctica. En efecto, la evidencia experiencial ha demostrado que los estudiantes que participan en actividades prácticas relacionadas con la integridad no solo desarrollan el conocimiento y las habilidades para hacer que los servidores públicos rindan cuentas, sino que también muestran una mayor disposición a contribuir a los esfuerzos de integridad en sus comunidades (OCDE, 2018[28]). Además, las buenas prácticas internacionales también sugieren que se lleve a cabo la adaptación de los materiales de orientación a la situación local y la realización de proyectos comunitarios, por ejemplo, una visita a una oficina del gobierno local para supervisar los registros de informes o la preparación de una solicitud de acceso a la información como una forma para motivar a los estudiantes a aplicar sus conocimientos y habilidades de una forma práctica (OCDE, 2018[28]).
3.3.2. El grupo de trabajo de múltiples actores podría ser encargado de desarrollar material de orientación y capacitaciones para educadores en materia de educación para la integridad
Para facilitar de manera efectiva el aprendizaje sobre integridad pública en el aula, los educadores requieren de habilidades, conocimiento y la confianza para abordar problemas sociales contemporáneos como la corrupción, dilemas éticos y faltas de integridad. Por lo tanto, la orientación y capacitación de los educadores debe ser un componente central de cualquier esfuerzo por educar para la integridad pública (OCDE, 2018[28]).
En Ecuador, el Ministerio de Educación ha identificado como uno de los principales desafíos para la implementación exitosa de la educación para la integridad pública la formación y capacitación docente, es decir, generar capacidades y habilidades en los educadores que les permitan implementar estrategias y buenas prácticas edu-comunicacionales con miras a generar destrezas para fomentar la integridad y prevenir la corrupción en niños y adolescentes. En ese sentido, aunque el currículo nacional vigente aborda elementos de educación para la integridad pública, los docentes no cuentan con las habilidades ni herramientas pedagógicas adecuadas para fomentar el aprendizaje y puesta en práctica de estos elementos por parte de niños y adolescentes.
Consciente de lo anterior, en el marco del proceso reforma del currículo nacional vigente previsto por el Ministerio de Educación se tiene programada la elaboración de una guía metodología para docentes y de un curso de capacitación por medios digitales. Sin embargo, es necesario tener en cuenta las particularidades de la educación para la integridad pública y la necesidad de fortalecer no solo los conocimientos sino también las habilidades asociadas a la integridad, así como la confianza de los docentes para abordar problemas sociales contemporáneos como la corrupción. En ese sentido, resulta fundamental la elaboración de material de orientación y capacitaciones para docentes adicionales, específicamente en materia de educación para la integridad.
Considerando todo lo anterior, el grupo de trabajo de múltiples actores podría también ser encargado de desarrollar material de orientación y capacitaciones para educadores en materia de educación para la integridad. Al hacerlo, es importante considerar que la capacitación para los educadores puede tomar muchas formas, desde cursos asociados a los programas generales de capacitación para maestros —en el caso de Ecuador, programas dentro del Plan Nacional de Formación Permanente de los docentes, hasta cursos virtuales, seminarios y kits de recursos específicos. Además, la capacitación debe garantizar no solo que los educadores tengan los conocimientos adecuados para enseñar sobre integridad pública y la lucha contra la corrupción, sino también debe apuntar a desarrollar capacidades que permitan a los educadores fomentar un entorno de confianza y de apertura —de tal forma que los estudiantes puedan abrirse sobre sus puntos de vista e inquietudes sobre valores, así como manejar conversaciones difíciles y delicadas sobre cuestiones éticas y morales que puedan surgir en el aula de clases (OCDE, 2018[28]).
Adicionalmente, las capacitaciones pueden ser complementadas con guías y materiales de orientación sobre cómo impartir la clase de forma dinámica y atrayente para los estudiantes, cómo comunicar conceptos clave efectivamente y cómo promover diálogos respetuosos y abiertos dentro del aula de clase. Para desarrollar estas directrices, el grupo de trabajo podría aprovechar las buenas prácticas de una variedad de países resumidas por la OCDE en su informe sobre Educación para la Integridad (OCDE, 2018[28]).
3.3.3. La Secretaría de Política Pública Anticorrupción y el Ministerio de Educación podrían asociarse con organizaciones de la sociedad civil y del sector público para desarrollar actividades extracurriculares que fomenten la educación sobre la integridad pública
Las actividades pedagógicas extracurriculares sobre integridad pública permiten profundizar en conceptos de integridad, valores, ética y ciudadanía a través de técnicas de enseñanza interactiva y adaptando el contenido a escuelas, regiones geográficas y contextos determinados. Sin embargo, para que estas actividades permitan alcanzar los resultados esperados, es importante identificar y hacer uso de sinergias en el plan de estudios existente (OCDE, 2018[28]).
En Ecuador, el Ministerio de Educación viene promoviendo actividades extracurriculares en materia de integridad pública y lucha contra la corrupción en escuelas a nivel nacional. En efecto, desde el 2019, el Ministerio de Educación se unió a la campaña “Honestidad Criolla” promovida por la ICC a través de la Comisión de Integridad y Anticorrupción, y en el marco de dicha campaña ha promovido la participación de las escuelas en el concurso Crecer Honesto y en los conversatorios estudiantiles interzonales sobre honestidad criolla. Una breve descripción de las dos actividades se encuentra a continuación:
Crecer Honesto: Este concurso tiene como objetivo promover en niños y adolescentes los valores de honestidad, integridad, responsabilidad, respeto y solidaridad a través de diferentes expresiones artísticas —pintura, canto, danza, poesía y/o cuentos, o sketch en video.
Conversatorios estudiantiles interzonales sobre honestidad criolla: Estos conversatorios tienen como propósito fomentar el debate y la reflexión sobre la honestidad y su importancia en el marco del desarrollo de niños y adolescentes, además de aportar en la deconstrucción de la idea de la “viveza criolla” como una característica de la sociedad ecuatoriana y proponer estrategias que promocionen la honestidad criolla. Los conversatorios giran alrededor de preguntas generadoras de acuerdo con las siguientes temáticas: viveza criolla, corrupción, empatía, causales.
Adicionalmente, con el fin de ofrecer alternativas pedagógicas y lúdicas después de la jornada académica para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad —por ejemplo, a situaciones de abandono o al reclutamiento por parte de organizaciones criminales, el Ministerio de Educación se encuentra diseñando un plan de jornada extendida para ser implementado como piloto en algunas instituciones educativas del país.
Teniendo en cuenta los actuales esfuerzos, la SPPA y el Ministerio de Educación podrían cooperar y asociarse con OSC y el sector público para diseñar e implementar actividades extracurriculares que fomenten la educación sobre la integridad pública, incluyendo en el marco del plan de jornada extendida que se encuentra en elaboración por parte del Ministerio de Educación. Esto, considerando que en Ecuador ya existen interesantes iniciativas en materia de formación en integridad pública y ciudadanía implementadas por el sector privado y las OSC con buenos resultados (Cuadro 3.3).
Cuadro 3.3. Ejemplo de iniciativa de formación en integridad pública: Proyecto IntegrArte
IntegrArte es un proyecto implementado por la Fundación Esquel, con el apoyo del programa Ecuador SinCero de la Cooperación Alemana GIZ. Este proyecto tiene como objetivo promover una cultura de integridad, prevención de la corrupción y cuidado del medio ambiente, a partir de acciones ciudadanas innovadoras, que potencien los valores éticos y democráticos en los adolescentes y jóvenes de Quito y Galápagos. Esto, a través de:
Fortalecimiento de capacidades de adolescentes y jóvenes, para el empoderamiento y la incidencia en acciones que promuevan la integridad, la prevención de la corrupción y el cuidado del medio ambiente.
Sensibilización a la ciudadanía.
Construcción de herramientas e insumos pedagógicos desarrollados para la promoción de los temas priorizados por el proyecto, en las instituciones educativas.
Fortalecimiento de colectivo de adolescentes y jóvenes que generen incidencia en los temas priorizados por el proyecto.
Como parte de los resultados de este proyecto, se logró la capacitación de 50 jóvenes universitarios a nivel nacional en temas de integridad, transparencia y cuidado del medioambiente, mediante el programa de Formador de Formadores, y se alcanzó a 170 estudiantes de 1ero y 2do de bachillerato en el marco del Programa de Participación Estudiantil en Quito y Galápagos.
Fuente: Programa Ecuador SinCero de la GIZ y https://www.esquel.org.ec/es/home-integrarte.html.
De igual forma, la SPPA y el Ministerio de Educación podrían considerar crear alianzas con otras entidades públicas para fortalecer las actividades de formación extracurricular, como es el caso del reciente Convenio Interinstitucional suscrito entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Ministerio de Educación con miras a impulsar procesos de educación, formación y capacitación en temas relacionados con los ámbitos de transparencia, integridad, ética, lucha contra la corrupción, participación ciudadana y control social e implementar y fortalecer mecanismos de fomento de la transparencia, participación ciudadana, control social y lucha contra la corrupción en el Sistema Nacional de Educación. Ejemplos de actividades pedagógicas extracurriculares diseñadas e implementadas en Brasil por la Contraloría General de la Unión (CGU) —en ocasiones en cooperación con OSC y otras entidades públicas relevantes— pueden servir como inspiración para Ecuador (Cuadro 3.4).
Cuadro 3.4. Iniciativas de la CGU para fomentar la alfabetización en integridad pública de los estudiantes brasileros
“Uno por todos y todos por uno! Por la ética y la ciudadanía” (Um por todos e todos por um! Pela ética e cidadania): Iniciativa dirigida a estudiantes de primaria (entre 6 y 10 años) con el fin de educar a las futuras generaciones de ciudadanos en temas relacionados con la ética, la ciudadanía, la participación social, entre otros. Fue desarrollada en 2008 por la CGU en colaboración con el Instituto Maurício de Sousa y más recientemente también con el Ministerio de Educación. El programa está estructurado en torno a famosos personajes de historietas brasileras, promueve contenidos adaptados a la edad de los estudiantes y utiliza diferentes medios para apoyar, de forma didáctica, el proceso de aprendizaje de los estudiantes, incluyendo revistas, cuentos, videos de animación, historietas, etc.
Clase de la Ciudadanía (Turma da Cidadania): Iniciativa destinada a fomentar el desarrollo de una cultura ética y cívica en estudiantes de los dos primeros años de escuela secundaria inferior (entre 10 y 12 años). Esta iniciativa incluye material didáctico-pedagógico (cómics y videos animados) que presenta varias situaciones que retratan la realidad cotidiana de muchos niños y destaca la relevancia de temas como ciudadanía, democracia, ética, combate al matoneo escolar (bullying), participación social y combate a la corrupción.
Juego de la Ciudadanía (Game da Cidadania): Videojuego que expone a jóvenes entre 11 y 17 años a situaciones en las que se ponen a prueba sus habilidades éticas y ciudadanas, con el fin de desarrollar una conciencia crítica de los pequeños actos de corrupción que a menudo pasan inadvertidos. Permite a los usuarios crear sus propios videos sobre los temas discutidos y competir por diferentes premios.
Concurso de Diseño y de Redacción (Concurso de Desenho e Redação): Competencia que invita a estudiantes entre 6 y 17 años a sostener discusiones en temas como ética, ciudadanía y control social (los temas específicos cambian cada año). Permite a los participantes competir en diferentes categorías (diseño y redacción en el caso de estudiantes y sus profesores de acuerdo con el nivel de educación, y planes de movilización, en el caso de las escuelas) y competir por premios.
3.3.4. Las universidades de Ecuador podrían considerar la integración de cursos sobre integridad pública y anticorrupción en los programas de pregrado y postgrado
Además de las escuelas, los estudiantes universitarios, los investigadores y las instituciones de educación superior también desempeñan un papel clave en la generación y difusión de conocimientos sobre integridad pública. Como futuros empleados, los estudiantes de educación superior necesitan de conocimiento y habilidades para cumplir con los requisitos y estándares esperados en materia de integridad, así como para poder enfrentar los desafíos de integridad que puedan encontrar en su futuro lugar de trabajo. De hecho, la educación superior brinda una buena oportunidad para consolidar los conocimientos y habilidades en materia de integridad, ética y lucha contra la corrupción por ser la etapa previa antes de ingresar a la fuerza laboral (Munro and Kirya, 2020[31]). Además, ayuda a garantizar que las instituciones que capacitan a los futuros líderes promueven los valores y conductas necesarias para combatir la corrupción como parte de sus programas educativos es fundamental para construir un grupo de servidores públicos y empleados privados íntegros (Munro and Kirya, 2020[31]).
En este sentido, las universidades de Ecuador podrían considerar desarrollar e integrar cursos sobre integridad pública y anticorrupción en los programas de pregrado y postgrado con el fin de fortalecer la educación para la integridad pública antes que los estudiantes universitarios comiencen su vida laboral. Dada la naturaleza autónoma de las instituciones de educación superior en Ecuador, la SENESCYT no tiene jurisdicción sobre los programas de pregrado y postgrado. Por lo tanto, la inclusión de contenidos sobre integridad pública y lucha contra la corrupción en los programas de pregrado y postgrado resulta ser responsabilidad de cada universidad.
Sin embargo, para fortalecer el abordaje de las temáticas de integridad pública y anticorrupción en los estudiantes universitarios y fomentar un grado mínimo de homogeneidad en materia de formación para la integridad pública, la SENESCYT y el Consejo de Educación Superior podrían considerar emitir lineamientos y recomendaciones generales dirigidas a las universidades ecuatorianas que puedan guiar el desarrollo e integración de los conceptos antes mencionados en los programas de pregrado y postgrado por parte de las universidades. Esto, considerando que la SENESCYT y el Consejo de Educación Superior tienen atribuciones relativas al fortalecimiento del sistema de ecuación superior. En particular, la SENESCYT tiene como misión “ejercer la rectoría de la política pública en materia de educación superior, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales…” (Gobierno de Ecuador, 2020[32]) y el Consejo de Educación Superior “tiene como su razón de ser planificar, regular y coordinar el Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana; para así garantizar a toda la ciudadanía una Educación Superior de calidad que contribuya al crecimiento del país” (Consejo de Educación Superior, n.d.[33]), al tiempo que respetando la autonomía universitaria.
La evidencia ha demostrado que la integración de la integridad pública en los planes de estudios universitarios expone a los estudiantes a una serie de cuestiones y dilemas éticos, ayudado a mejorar su sensibilidad ética, un componente crítico para desencadenar el proceso de toma de decisiones éticas (Martinov-Bennie and Mladenovic, 2015[34]). Aunque el contenido de estos cursos debería ser adaptado a las necesidades y riesgos específicos de las diferentes profesiones/carreras, como un primer paso hacia la educación sobre integridad pública para los estudiantes universitarios, las universidades podrían desarrollar módulos como parte de los cursos generales de inducción. De esta forma se garantizaría una cobertura mínima en materia de educación para la integridad para todos los estudiantes universitarios. Un ejemplo de este enfoque es el curso de inducción de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAEN (Cuadro 3.5). Además, las universidades podrían considerar en desarrollo de los cursos generales de inducción la inclusión de técnicas de aprendizaje experiencial y de inmersión (Christensen et al., 2007[35]), con el fin de dar a los estudiantes la oportunidad de experimentar y practicar con diferentes consideraciones y dilemas éticos, fortaleciendo el proceso de aprendizaje y preparándolos para afrontar posibles situaciones futuras que puedan encontrar en el trabajo.
Cuadro 3.5. Curso de inducción de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAEN
A inicios de 2022, la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAEN desarrolló y puso en práctica un curso de inducción en ética e integridad pública dirigido a todos los estudiantes matriculados en la Escuela de Gobierno y Administración Pública. El curso se ofrece dos veces por año, al inicio de cada semestre académico, tiene una duración de 2 horas y es de carácter voluntario. Sin embargo, se busca ampliar su cobertura a todos los estudiantes del IAEN y hacerlo de carácter obligatorio.
Otras universidades ya se han mostrado interesadas en el curso de inducción sobre ética e integridad pública diseñado por la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAEN y han iniciado acercamientos para abalizar la posibilidad de adaptarlo en sus propias instituciones.
Fuente: Entrevistas durante la misión de recolección de información.
Adicionalmente, las universidades de Ecuador podrían considerar desarrollar e implementar cursos más especializados, seminarios y talleres en áreas adyacentes a la integridad pública para promover en sus estudiantes valores, capacidades y habilidades que fortalezcan su responsabilidad con la integridad pública. Estos cursos, seminarios y talleres pueden ser dirigidos a toda la comunidad académica o a estudiantes de determinadas carreras, dependiendo de su contenido y propósito. Para esto, las universidades ecuatorianas podrían considerar establecer alianzas con otros centros educativos y con OSC con experiencia en estos temas. Un ejemplo de curso que podría ser implementado por las universidades como parte de las temáticas adyacentes a la integridad pública es el curso DesenreDatos (Cuadro 3.6).
Cuadro 3.6. Promoción de la cultura de datos abiertos y transparencia en estudiantes universitarios
DesenreDatos es un proyecto de sensibilización y capacitación sobre periodismo, transparencia y datos abiertos en Ecuador implementado por la DW Akademie, que forma parte del Programa Ecuador SinCero de la Cooperación Técnica Alemana GIZ, y financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. El propósito de este proyecto es contribuir con los avances de la sociedad ecuatoriana hacia la transparencia y la lucha contra la corrupción.
El proyecto DesenreDatos desarrolló un proceso de formación virtual de 4 semanas para periodistas, integrantes de OSC y funcionarios del Estado que trabajan con datos públicos, con el fin de suministrar herramientas para aprender, dialogar y acompañar en el análisis, visualización y publicación de datos públicos. Para el desarrollo del proceso de formación se contó con la participación de 68 personas pertenecientes a los sectores periodismo, OSC y Estado, el cual cuenta con diferentes módulos, a saber:
Gobierno abierto y marco legal ecuatoriano
Búsqueda, análisis y visualización de datos para periodistas
Presentación de información a la ciudadana para OSC y funcionarios públicos
Género y datos
Además, se llevó a cabo el Festival DesenreDatos, cuyo principal objetivo era promover la cultura de datos abiertos y transparencia en estudiantes universitarios. Como parte de este festival se llevaron a cabo charlas magistrales, una feria de proyectos y un hackathon (reto de visualización).
Fuente: https://www.desenredatos.com/.
3.3.5. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación podría considerar hacer un levantamiento de la información relacionada con investigación en materia de integridad pública y lucha contra la corrupción
En desarrollo de la misión de recolección de información se identificó que actualmente no existe información completa y confiable sobre investigaciones en curso en materia de integridad pública y lucha contra la corrupción ni un inventario con información sobre los grupos de investigación, investigadores y académicos con experiencia en esta área. Esta información es el punto de partida de cualquier iniciativa que busque el fortalecimiento de la cooperación entre las entidades públicas y universidades, centros de investigación e investigadores académicos con miras a fortalecer la base de evidencia para la toma de decisiones en materia de integridad y lucha contra la corrupción.
En efecto, considerando la baja confianza ciudadana en las instituciones públicas, la investigación académica independiente puede ser una forma de fortalecer los procesos de levantamiento de información sobre los desafíos relativos a la integridad y lucha contra la corrupción en la sociedad ecuatoriana (también ver Sección 3.2) y demostrar que los esfuerzos del Estado por promover una cultura de integridad y lucha contra la corrupción son reales. Sin embargo, es necesario garantizar la independencia académica de quienes cooperen con el Estado así como su idoneidad para llevar a cabo esta importante tarea.
En este sentido, la SENESCYT podría considerar llevar a cabo un levantamiento de la información relacionada con investigación en curso, con énfasis a investigación en materia de integridad pública y lucha contra la corrupción —incluyendo quién investiga y sobre qué. Esto, como un primer paso para promover y fortalecer la investigación académica e independiente en materia de integridad pública y lucha contra la corrupción. Para llevar a cabo el levantamiento de este inventario, la SENESCYT podría considerar el ejemplo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCTI) de Colombia (Cuadro 3.7).
Cuadro 3.7. Plataforma SCIENTI de Colombia
En Colombia, el MINCTI cuenta con la plataforma ScienTI, La plataforma ScienTI es la red internacional de fuentes de información y conocimiento para la gestión en ciencia, tecnología e innovación. Colecciona sistemáticamente el conocimiento, la experiencia y la producción científica de todas las personas, grupos e instituciones que trabajan en actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.
Los módulos más importantes de la Red ScienTI son:
CvLAC: aplicativo donde se registran las hojas de vida de las personas registradas en la plataforma ScienTI. El MINCTI los puede reconocer como investigadores (si cumplen requisitos) o tipificar su currículo como integrantes de un grupo de investigación.
GrupLAC: aplicativo en línea para el diligenciamiento y actualización de la información de los grupos de investigación de Ciencia, Tecnología e Innovación.
InstituLAC: aplicativo cuya finalidad es construir una base informática completa y organizada, en donde se pueda registrar la información de las instituciones a las cuales están vinculados los grupos, los investigadores y las revistas.
Además, como parte de los servicios de consulta que ofrece la plataforma se tiene la herramienta “Ciencia y Tecnología para Todos”, utilizada para la consulta de información en las bases de datos que recogen toda la información sobre currículos de investigadores (CvLAC) y hojas de vida de grupos de investigación (GrupLAC) colombianos, y la herramienta “la Ciencia en cifras”.
Fuente: https://minciencias.gov.co/scienti.
Notas
← 1. El promedio regional incluye información de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
← 2. El promedio regional incluye información de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
← 3. El promedio regional sobre confianza interpersonal incluye información de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.