Para llevar a cabo sus funciones principales (por ejemplo, proporcionar bienes y servicios individuales y colectivos a la población), los gobiernos gastan sus recursos de varias maneras: haciendo transferencias (por ejemplo, subsidios y beneficios sociales), comprando bienes y servicios (por ejemplo, vacunas para hospitales), pagando a sus empleados y realizando inversiones, entre otros. El desglose de gastos por transacción económica permite analizar las prioridades y compromisos del gobierno, así como su margen de maniobra para modificar la asignación de fondos públicos.
En 2017, los países de ALC (con datos disponibles) gastaron el 29,7% en beneficios sociales (por ejemplo, pensiones, transferencias monetarias condicionadas). Esto representa un aumento de 9,2 p.p. desde 2007. En comparación, los países de la OCDE gastaron 40,9% en esta transacción, con un aumento comparativamente menor (4,1 p.p.) desde 2007. La remuneración de los empleados es segunda en relevancia tanto en ALC como en los países de la OCDE, aunque con una participación mayor en aquella (26%) que en esta (22,8%). Sin embargo, su porción ha disminuido 1,3 p.p. desde 2007 en ALC. En esta región, el ingreso por propiedad (principalmente pagos de la deuda) representaron el 15,3% de los gastos en 2017. Los países de la OCDE gastaron alrededor de la mitad: 6,5% en promedio. Las tendencias también divergen: en ALC crecieron 0,8 p.p. desde 2007 y estos países disminuyeron 1,4 p.p. en el mismo período. Por lo tanto, la proporción dedicada a estos gastos continúa siendo significativamente mayor que la de los países de la OCDE, que acumularon deuda en la última década.
Existen grandes variaciones en la región: Brasil -el país de mayor gasto entre los de ALC con datos disponibles-, gastó 36,7% en beneficios sociales y 18,7% en subsidios, muy por encima del promedio. Paraguay (42,3%), El Salvador (40,4%) y Honduras (40,3%), gastaron más que el promedio en la remuneración de los empleados. Por el contrario, los beneficios sociales en Honduras representaron solo el 1,4% de los gastos, los ingresos por propiedad representaron el 3,1% en Chile y Colombia gastó el 18,7% en la compensación de los empleados.
En promedio, en ALC, los subsidios (por ejemplo, al combustible o a la electricidad) ascendieron al 1,6% de los gastos en 2017, por debajo del 3,4% en 2007, y por lo tanto, gastan relativamente menos que los países de la OCDE (2,0%). Chile redujo la participación de esta transacción del 22,2% en 2007 al 4,9% en 2017 y aumentó la participación de subvenciones y otros gastos del 5,9% al 25,7%. Esto refleja un cambio en el sistema de transferencias, que entre otras cosas, refleja la gratuidad de la educación desde 2016 mediante la cual se busca favorecer el ingreso de estudiantes en situación de vulnerabilidad y de tal modo, hacerla más igualitaria (OECD, 2018).
En 2017, el gasto de inversión representó el 4,6% de los gastos del gobierno en ALC, lo que implica una reducción de -2,7 p.p. desde 2007, y los países de la OCDE gastaron 7,7% en esta transacción. Perú invirtió cuatro veces el promedio de ALC (18,5%) y Paraguay, 15,8%; fueron los únicos en aumentar tal proporción en la región (3,4 p.p. y 3,2 p.p. respectivamente). Brasil asignó la mitad de la participación regional, y la mayor reducción se observó en Colombia: -5,1 p.p. desde 2007 (ver sección 2.9)
Al analizar los gastos del gobierno como porcentaje del PIB, en 2017 los países de ALC gastaron el 10,2% en beneficios sociales, en comparación con 16,5% en los de la OCDE. Brasil gastó más que el promedio de la OCDE (17,6% del PIB) en esta transacción. Honduras gastó solo el 0,4% del PIB en beneficios sociales, la participación más pequeña entre los países de ALC. La remuneración de los empleados ascendió, en promedio, al 8,9% del PIB en ALC, una proporción similar a la OCDE (9,2%). Brasil (13,3%), Honduras (10,5%) y Paraguay (10,3%) fueron los que más gastaron en esta categoría.
