Influir en la formulación de políticas públicas es una parte fundamental de un sistema democrático sólido. Los grupos de interés, incluidos los cabilderos, pueden aportar información muy necesaria al debate de políticas. Sin embargo, en ausencia de regulaciones, también pueden capturar la formulación de políticas. De hecho, los intereses poderosos pueden usar su riqueza, poder o ventajas para inclinar la balanza a su favor a expensas del interés público. En América Latina, en promedio, casi el 75% de los ciudadanos perciben que unos pocos grupos poderosos gobiernan sus países para su propio beneficio (Latinobarómetro, 2017).
Cabildear a funcionarios públicos o financiar las campañas electorales de los candidatos y partidos políticos son las formas más comunes de ejercer un acceso desigual en el proceso de toma de decisiones. En América Latina y el Caribe, aunque existe una creciente conciencia y esfuerzos para abordar los efectos distorsivos de estas prácticas, los desafíos y las brechas persisten.
El Índice de Calidad de las Regulaciones contra la Influencia Indebida, basado en el Cuestionario de la OCDE de 2018 sobre Integridad Pública en América Latina, mide la existencia y el alcance de las regulaciones de cabildeo/lobby, la transparencia efectiva de la búsqueda de influencias y la regulación sobre conflicto de intereses. El promedio regional para 2018 es de 4,08 sobre un máximo de 9,00 puntos, siendo 0 la calidad de regulación más baja posible y 9 la más alta. Argentina (7,50), Chile (7,40) y México (7,00) tienen los puntajes más altos, mientras que Paraguay actualmente tiene 0,00.
Siete países no tienen una regulación específica sobre la influencia de grupos de interés, como las empresas. Solo Chile, Colombia y México tienen un registro de cabilderos/lobistas, y de estos, Colombia no impone sanciones por incumplimiento. El puntaje promedio en las regulaciones de cabildeo/lobby es 0,89 sobre 3 puntos, con seis países (Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay) obteniendo un puntaje de 0,00.
Con respecto a la transparencia de la búsqueda de influencia, los países de ALC obtienen un promedio de 1,27 sobre 3. Solo cuatro países (Argentina, Chile, México y Perú) requieren que las agendas de los funcionarios públicos sean públicas, y cinco países (Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú) requieren revelar los nombres de los miembros de los órganos consultivos permanentes. Argentina es el único país que obtiene el puntaje máximo (3,00) en este indicador.
La regulación sobre conflicto de intereses es el indicador en el que los países de ALC obtienen el puntaje más alto: 1,92 sobre 3. Argentina y México obtuvieron el puntaje máximo, seguidos por Colombia y Perú. Ecuador, Guatemala y Paraguay no tienen regulaciones para cargos políticos (por ejemplo, miembros del gabinete, miembros de cuerpos legislativos) ni les imponen períodos de enfriamiento, también conocidos como regulaciones relativas a “puertas giratorias”.
Con respecto al financiamiento político, la tendencia general es hacia la introducción de más reglamentaciones sobre financiamiento político, y la región, en realidad, está fuertemente regulada. Sin embargo, los datos del Cuestionario muestran el amplio uso de prácticas informales que no están cubiertas por las regulaciones actuales. Por ejemplo, si bien la mayoría de los países de la región prohíben las donaciones anónimas y los partidos políticos deben revelar la identidad de los donantes, las contribuciones en efectivo están permitidas en el 92% ellos y la distribución de regalos en el 33%. A veces, las contribuciones en efectivo se utilizan para eludir las regulaciones formales, debido a las complicaciones asociadas con el monitoreo de tales transacciones. Solo el 67% de los países tienen requisitos para declarar las contribuciones en línea, y el 33% requiere que dichos datos se publiquen dentro de los 30 días posteriores a la campaña.
