El objetivo principal de la contratación pública es la entrega correcta y oportuna de bienes y servicios, protegiendo a su vez el uso de los recursos públicos contra los riesgos de desperdicio, mal uso y corrupción. Además, los gobiernos reconocen cada vez más su potencial para lograr objetivos de política complementarios (a saber, sociales, ambientales y económicos).
Por ejemplo, los objetivos sociales podrían incluir, promover la participación de empresas propiedad de mujeres o de otros grupos social o económicamente vulnerables en las oportunidades de contratación pública. En el caso de los objetivos que persiguen una dimensión económica, la atención se centra a menudo en reducir las barreras para que las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) participen en los procesos de contratación pública. Facilitar su acceso a las licitaciones, aumenta el número de empresas participantes y podría dar lugar a precios más bajos debido a una mayor competencia, al mismo tiempo que crea oportunidades de empleo especialmente porque las PYMEs concentran un gran porcentaje del empleo en la región (Ferraro y Rojo, 2018). Adicionalmente, la contratación pública puede utilizarse como una herramienta para apoyar políticas de protección ambiental y desarrollo ambientalmente sostenible.
En ALC, el objetivo estratégico más ampliamente perseguido es la participación de las PYME a. Alrededor de dos tercios de los países de ALC indicaron que apoyan a tales empresas a través de diversas políticas y estrategias tanto a nivel central como a nivel de entidades contratantes. Los enfoques más utilizados en ALC incluyen proveer capacitación y talleres, y tener una unidad específica especializada en PYMEs –cada caso fue reportado por el 75% de los países de ALC. Además, el 60% de los países de ALC que respondieron indicaron tener políticas específicas o disposiciones legislativas para promover la participación de las PYME en la contratación pública. Mientras que los países de la OCDE a menudo promovieron la participación de las PYMEs mediante la división de contratos en lotes (70% de los países) y la emisión de documentación y orientación dirigida a las mismas (67%).
Solo una cuarta parte de los países de ALC informaron tener políticas para promover la participación de empresas propiedad de mujeres. Entre estos, Chile y la República Dominicana, han hecho grandes avances y son reconocidos como pioneros en esta área. También se observan algunos avances en otros países; por ejemplo, los datos de 2018 muestran que, en comparación con 2015 (período de encuesta anterior), Honduras adoptó una estrategia destinada a aumentar la participación de este tipo de empresas.
El 55% de los países de ALC, incluidos Brasil, Costa Rica, El Salvador y Paraguay, han desarrollado estrategias para promover la compras y contrataciones verdes y así contribuir a salvaguardar el medio ambiente y a combatir el calentamiento global. Paraguay implementó recientemente un criterio de sostenibilidad obligatorio para la adquisición de papelería y equipos informáticos a través de acuerdos marco. En comparación con 2015, algunas entidades contratantes en Guatemala han desarrollado una política interna para apoyar la compra verde. Sin embargo, el uso del precio más bajo como criterio de adjudicación exclusivo dificulta el uso estratégico de la contratación pública en muchos países de la región de ALC. De hecho, muchas autoridades adjudicatorias en países de la OCDE –el 93% de los cuales tienen políticas de compras verdes en el nivel central, en comparación con el 40% en ALC–, destacaron este problema como uno de los principales desafíos relacionados con la implementación de dichas políticas.
