La idea de que todos son iguales ante la ley es una piedra angular de los sistemas democráticos. A partir de la década de 1980, la región de ALC experimentó una larga y profunda ola de democratización. Desde entonces, consolidar y fortalecer los valores democráticos ha sido uno de los principales desafíos para la región con diversos grados de éxito en los diferentes países. El estado de derecho o imperio de la ley se refiere a la idea de que las mismas reglas, procedimientos y principios se aplican a todas las personas y organizaciones, incluido al propio gobierno. En la práctica, el concepto está consagrado en leyes, códigos y procedimientos que garantizan un trato justo por parte de las instituciones y un acceso igualitario a la justicia. A su vez, su aplicación se basa en la previsibilidad, confiabilidad y rendición de cuentas esperadas del sistema juridico. En sí mismo, el estado de derecho es un concepto multidimensional que abarca diversos elementos como los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, la ausencia de corrupción y el gobierno abierto. La mayoría de estos elementos también se reconocen como componentes clave de la buena gobernanza, cruciales para mantener la paz y el orden, lograr el desarrollo económico y garantizar la provisión efectiva de bienes y servicios públicos.
El World Justice Project (WJP) presenta uno de los enfoques más sistemáticos para conceptualizar y medir el estado de derecho en todo el mundo. Según su metodología, los sistemas que defienden el estado de derecho comprenden cuatro principios universales: 1) el gobierno y los actores privados son responsables ante la ley; 2) las leyes son claras, publicitadas, estables y justas; se aplican de manera uniforme; y protegen los derechos fundamentales, incluida la seguridad de las personas, los derechos contractuales y de propiedad, y ciertos derechos humanos fundamentales; 3) los procesos mediante los cuales se promulgan, administran y hacen cumplir las leyes son accesibles, justos y eficientes; 4) la justicia se aplica oportunamente por representantes y entes neutrales competentes, éticos e independientes que son accesibles, tienen recursos adecuados y reflejan la composición de las comunidades a las que sirven (WJP, 2019). El WJP evalúa el estado de derecho a través de ocho factores que buscan medir diferentes aspectos del concepto. Aquí se presentan los resultados de dos de estos factores: restricciones a los poderes del gobierno y protección de los derechos fundamentales. Los puntajes de los factores oscilan entre 0 y 1, donde 1 significa el puntaje más alto posible y 0 el más bajo.
El factor que mide las restricciones sobre los poderes del gobierno captura “hasta qué punto los que gobiernan están obligados por la ley. Comprende los medios, tanto constitucionales como institucionales, a través de los cuales los poderes del gobierno y sus funcionarios y agentes están limitados y son responsables ante la ley. También incluye controles no gubernamentales sobre el poder del gobierno, como la prensa libre e independiente.” (WJP, 2019). El promedio de LAC para este factor es de 0,52 en comparación con 0,76 en los países de la OCDE. Costa Rica (0,78), Uruguay (0,74) y Chile (0,72) tienen los valores más altos, mientras que Bolivia (0,36), Nicaragua (0,27) y Venezuela (0,18) reportaron los más bajos. Entre 2015 y 2019, el puntaje de este componente se mantuvo estable en ALC; sin embargo, hay una cierta variación entre países, el mayor aumento en este componente se produjo en Argentina (0,14 puntos) que podría explicarse por varios aspectos, como una ley que extiende los beneficios a los denunciantes y una mayor percepción general de la independencia institucional entre las ramas de poder. A su vez, el deterioro más importante ocurrió en Nicaragua (0,07).
La medida para la protección de los derechos fundamentales incluye información sobre la aplicación efectiva de la ley y el debido proceso, así como la adhesión y el respeto a una gama de derechos humanos y laborales básicos establecidos por el derecho internacional. De manera similar al factor anterior, el promedio es más bajo para ALC (0,57) que para los países de la OCDE (0,76). Los países de ALC con los puntajes más altos son Costa Rica (0,77), Uruguay (0,76) y Barbados (0,74), mientras que los más bajos se reportan para Honduras (0,40), Nicaragua (0,39) y Venezuela (0,33). Este factor disminuyó ligeramente en ALC de 0,59 en 2015 a 0,57 en 2019, los únicos dos países donde se realizaron mejoras fueron Argentina (0,04) y Perú (0,02). En términos generales, existe una fuerte correlación positiva entre los dos factores (a saber, poderes gubernamentales limitados y derechos fundamentales) que apuntan al hecho de que los países que han establecido controles y equilibrios en el poder del gobierno también garantizan derechos básicos.
