El “Plan Nacional de Desarrollo: K’atun Nuestra Guatemala 2032” es un plan a largo plazo que considera el concepto de equidad como el principal pilar del desarrollo futuro del país. El plan, que tiene cinco ejes prioritarios, está fuertemente relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 (hambre cero), el ODS 10 (reducción de las desigualdades) y el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles) (ECLAC, 2018).
El primer eje, “Riqueza para todos y todas”, se centra en medidas para impulsar el desarrollo económico del país con el fin de promover el bienestar económico y social de la población. Ello incluye promover la diversificación productiva y la transformación de la economía; mantener la estabilidad económica; aumentar la creación de empleo decente y de calidad, y aumentar el acceso igualitario al crédito con énfasis en las zonas rurales, la juventud, las mujeres y las micro, pequeñas y medianas empresas.
El segundo eje se centra en el bienestar y la sostenibilidad mediante la promoción de políticas públicas adaptadas a los grupos socioeconómicos y étnicos específicos para enfrentar la desigualdad. Entre otros aspectos, esto incluye políticas para garantizar el acceso a la protección social universal y así alcanzar un Índice de Desarrollo Humano de 0.7 para 2032; garantizar la seguridad alimentaria; reducir la mortalidad materna, infantil y de la niñez al fortalecer la gestión de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades, con atención especial a los grupos indígenas, y garantizar a la población entre 0 y 18 años el acceso a todos los niveles del sistema educativo.
El eje “Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo” establece cuatro criterios fundamentales: el Estado de derecho; el principio de legalidad en la administración pública de la ley; la coordinación y la separación de los poderes del Estado, y la garantía y el respeto de los derechos humanos. Prevé políticas para un proceso de reforma constitucional y el rediseño de la estructura institucional, la modernización del Código Tributario Municipal, la instauración de políticas públicas para la inclusión digital y la realización de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA).
En términos de capacidades de financiación pública, los ingresos fiscales totales de Guatemala fueron de 12.6% del PIB en 2016 (en comparación con 22.7% en ALC y 34.3% en la OCDE). El país puso en marcha la facturación electrónica en 2007 y ahora está cambiando del antiguo marco FACE a un nuevo sistema llamado FEL. La facturación electrónica es obligatoria en Guatemala desde 2013 para todos los contribuyentes especiales. En 2017, Guatemala ratificó también la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Sin embargo, aún no se ha suscrito al Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes para el Intercambio de Informes País por País y del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre el Intercambio Automático de Información relativa a cuentas financieras para combatir la defraudación fiscal.
La política internacional de cooperación no reembolsable de Guatemala armoniza con el Plan Nacional de Desarrollo. Cuenta con diez prioridades en los ámbitos de pobreza, seguridad social, salud, educación, seguridad alimentaria, empleo, recursos sociales, política fiscal, instituciones y gestión territorial. Los sectores clave de cooperación internacional del país son los de asuntos económicos, los servicios públicos generales, y el orden público y la seguridad de los ciudadanos. De la cooperación internacional no reembolsable entregada entre 2008 y 2014, 82.59% fue proporcionada por 34 socios de cooperación, como Canadá (4.72%), la Unión Europea (13.19%), Alemania (6.20%), el Banco Interamericano de Desarrollo (3.79%), Japón (6.77%), España (5.64%), Suecia (5.51%), China Taipéi (4.42%), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (9.60%) y Estados Unidos (34.64%).
