El Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030 (PEN 2030) es una guía hacia un Estado con un alto desarrollo humano, económico, social y tecnológico articulado a lo largo de los cuatro principios transversales de igualdad de oportunidades, interculturalidad, sostenibilidad ambiental y descentralización. Los cinco principales objetivos también muestran fuertes vínculos con todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial con el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y con el ODS 9 (industria, innovación e infraestructura) (ECLAC, 2018). Al mismo tiempo, el PEN 2030 armoniza con el Plan Estratégico de Gobierno (PEG) 2015-2019.
El objetivo “Crecer más y mejor” agrupa políticas públicas que promueven el crecimiento económico por medio del desarrollo de capacidades; la creación de empleo decente, y el aumento de la competitividad y el dinamismo de los sectores estratégicos a nivel nacional. La promoción de una industrialización inclusiva y sostenible, el aumento del ingreso por hora de los trabajadores y la ampliación de la cobertura de los programas de protección social son algunas de las políticas propuestas para reducir la desigualdad y mejorar la productividad.
Los objetivos de “Democracia, institucionalidad y gobernanza” y de “Alianzas estratégicas para el desarrollo” se orientan a la modernización de la justicia, la implantación de procesos transparentes, la rendición de cuentas en todo el aparato estatal y el establecimiento de criterios precisos para la asignación de recursos y la evaluación de la gestión. El proceso de modernización de las instituciones públicas guía a cada uno de los actores para combatir la corrupción, la violencia, el delito y la discriminación.
El objetivo “Buena vida para todos” se centra en políticas públicas para erradicar la pobreza en todas sus formas. Apunta a garantizar la reducción del hambre y promover la seguridad alimentaria, con el apoyo de los pequeños y medianos productores. De igual forma, incluye políticas orientadas al bienestar y la vida saludable, y al establecimiento de sistemas de salud que garanticen intervenciones y servicios esenciales de calidad. También promueve la transformación del modelo curricular para lograr una educación inclusiva, pertinente, equitativa y de calidad. Por otra parte, Panamá adoptó en 2017 un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) basado en datos de la Encuesta de Propósitos Múltiples (EPM). El IPM consiste en 17 indicadores agrupados en cinco dimensiones: educación; vivienda, servicios básicos y acceso a Internet; ambiente, entorno y saneamiento; empleo; y salud.
En términos de capacidades de financiación pública, los ingresos fiscales totales de Panamá equivalieron a 16.6% del PIB en 2016 (en comparación con 22.7% en ALC y 34.3% en la OCDE). El país inició un programa piloto de facturación electrónica en 2018. Panamá es también signatario del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre el Intercambio Automático de Información Relativa a Cuentas Financieras para combatir la defraudación fiscal.
En 2015 se creó el Viceministerio de Asuntos Multilaterales y Cooperación, en el seno del Ministerio de Relaciones Exteriores, para encargarse de gestionar fondos de cooperación internacional. Panamá participa en la economía de la cooperación como donante y como beneficiario. El país se beneficia del programa de cooperación existente entre la Unión Europea y América Central, en vigor desde 2007. El “Plan Panamá Coopera 2030” establece las prioridades de cooperación de este país, centradas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Algunos objetivos clave son el desarrollo económico sostenible, la inclusión social, la paridad de género y la mejora de los servicios e instituciones gubernamentales. Panamá y México tienen un programa de cooperación bilateral enfocado en frenar y prevenir la violencia mediante el intercambio de información de inteligencia, la cooperación jurídica y la acción conjunta sobre asuntos fronterizos.
