El “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021” se centra con fuerza en los derechos humanos y su validez universal. El plan se basa en seis objetivos: derechos fundamentales y dignidad de las personas; oportunidades y acceso a los servicios; Estado y gobernabilidad; economía, competitividad y empleo; desarrollo regional e infraestructura; y recursos naturales y ambiente. Se presta particular atención al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y al ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) (ECLAC, 2018).
El plan sustenta una política macroeconómica que favorezca las inversiones públicas y privadas en actividades generadoras de empleo de calidad, y plantea como objetivos complementarios la descentralización y el respeto al medioambiente. Propone impulsar la inversión en infraestructura logística local y regional, incluida la infraestructura hidráulica y los sistemas de riego y drenaje; establecer mecanismos de coordinación entre los sectores público y privado para definir temas estratégicos de desarrollo e instrumentos que permitan mejorar la competitividad del sector productivo; reducir la informalidad urbana y explotar los recursos naturales del país de manera sostenible.
El objetivo central del plan es garantizar los derechos fundamentales y consolidar la institucionalidad democrática. Esto incluye políticas como la reforma del sistema judicial para asegurar la transparencia en todos sus procesos, así como la mejora y el fortalecimiento de programas sociales para reducir la pobreza. Junto con el objetivo de “Estado y gobernabilidad”, promueve la eficiencia de la administración pública con miras a restituir la credibilidad de las instituciones públicas.
El segundo objetivo del plan se centra en los logros en cuanto al acceso universal a servicios públicos de calidad que Perú pretende garantizar para 2021. Entre ellos, alcanzar la cobertura total de educación primaria, descentralizar los servicios de salud, garantizar el acceso universal a los servicios de agua potable y saneamiento, fortalecer la seguridad ciudadana y reducir la tasa de mortalidad infantil y materna.
En términos de capacidades de financiación pública, los ingresos fiscales totales de Perú equivalieron a 16.1% del PIB en 2016 (en comparación con 22.7% de ALC y 34.3% de la OCDE). El país puso en práctica la facturación electrónica obligatoria para algunos contribuyentes desde 2014. En 2017, Perú ratificó también la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal.
En las últimas décadas, Perú ha adoptado la doble función de receptor y donador de cooperación internacional, al compartir sus conocimientos expertos con países de igual o menor nivel de desarrollo a través de modalidades como la Cooperación Sur-Sur y Triangular. La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) está a cargo de implementar, programar y organizar la Cooperación Técnica Internacional proveniente de fuentes públicas o privadas externas, con base en las políticas nacionales de desarrollo. En 2016, los principales socios de cooperación bilateral de Perú, en términos de volumen financiero, fueron Alemania, Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza y España. En el mismo año, los principales socios de Cooperación Triangular del país en términos del número de proyectos fueron Alemania, España y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). Los principales socios de Perú en Cooperación Sur-Sur en términos del número de proyectos fueron México, Brasil y Argentina.
Entre los proyectos de cooperación internacional recientes destaca el Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales (PRODERN) en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín y Pasco. Un proyecto de cooperación bilateral apoyado por Bélgica apunta a reducir la pobreza y a la vez utilizar de manera sostenible los recursos naturales y la diversidad biológica de la región. En lo que respecta a la Cooperación Sur-Sur y Triangular, destaca el proyecto entre Guatemala, Perú y Alemania para mejorar la gestión tributaria local en Guatemala, realizado entre 2012 y 2013.
