El presupuesto proporciona el marco financiero que dicta los límites a la gestión de las operaciones dentro de las instituciones públicas. Delegar autoridad a los gerentes para la adjudicación de fondos dentro de sus propios presupuestos podría conducir a un gasto más efectivo, ya que pueden estar en la mejor posición para elegir la combinación más importante de insumos para llevar a cabo los objetivos institucionales.
Por otro lado, una excesiva flexibilidad presupuestaria podría conducir a un mal uso de los recursos públicos e ir en contra de un enfoque de presupuesto por resultados. Especialmente en los países de ingresos bajos y medianos, los sublímites en las asignaciones de suma global sirven para alinear gastos e ingresos al tiempo que se asegura que los recursos no se destinen de manera desproporcionada a un tipo de gasto. En 2018, entre los países con datos disponibles, Brasil, República Dominicana, Panamá y Perú impusieron sublímites a las asignaciones de suma global. Tales sublímites pueden ser para salarios o gastos de capital, entre otros. En Brasil, el número de límites bajó de tres o más en 2013 a uno en 2018; de manera similar, en Panamá se redujeron de dos a uno y en Paraguay se eliminaron. Por el contrario, Perú aumentó los sublímites.
Un traslado de presupuesto es la capacidad de los ministerios de transferir fondos o apropiaciones no utilizados de un año fiscal al siguiente. Esta forma de gasto permite a los ministerios utilizar las asignaciones presupuestarias anteriores para sus iniciativas el siguiente año fiscal. Los traslados no son comunes en ALC. Solo cuatro de trece países (Bahamas, Brasil, Chile y Perú) los permitieron. Brasil permitió traspasos sin límites en 2013, pero en 2018 impuso un tope. Además, en México, en 2019 se sancionó una ley de austeridad por la cual todos los ahorros deben de canalizarse a los programas prioritarios del gobierno federal. Por el contrario, en 2018, aproximadamente la mitad de los países de la OCDE permitieron traslados sin límite para gastos operativos y/o gastos de inversión, y alrededor de otro tercio les permitió hacerlo hasta cierto tope.
En 2018 La mayoría de los países de ALC no permiten que los ministerios soliciten préstamos contra futuras asignaciones presupuestarias; con la excepción de Perú, para gastos de inversión hasta cierto límite. Del mismo modo, muy pocos países miembros de la OCDE permiten que los ministerios competentes lo hagan. En 2018, esta práctica tuvo lugar en tres países para gastos operativos y cuatro países para gastos de inversión, ambos hasta cierto límite.
Los países de ALC están permitiendo más flexibilidad que antes para que el Ejecutivo reduzca los gastos o redistribuya los recursos una vez que el presupuesto es aprobado por la legislatura. Para el gasto operativo, en 2018, todos los países de ALC, excepto México y Panamá, permitieron al Ejecutivo realizar tales recortes. Diez países permitieron al Ejecutivo redistribuir el gasto sin límites. La mayoría de ellos no permitían tal flexibilidad en 2013: Guatemala y Paraguay no permitieron ningún recorte por parte del Ejecutivo, Argentina los permitió solo hasta un cierto tope requiriendo aprobación, y República Dominicana y Costa Rica sin un límite pero requiriendo aprobación. Todos ellos ahora permiten recortes sin tope ni aprobación. Además, El Salvador no permitía ningún recorte en 2013 y ahora los permite hasta cierto límite con aprobación. Solo Chile y México se volvieron más estrictos, ya que permitían recortes sin tope ni aprobación en 2013. Entre los países de la OCDE, 18 de 34 permiten recortes sin límite ni aprobación y solo seis no permiten ningún recorte.
Para el gasto de inversión, se puede observar una situación similar tanto para la OCDE como para ALC: solo tres países de esta región (El Salvador, México y Panamá) no permiten recortes, mientras que en el resto existe la misma flexibilidad que para el gasto operativo. Solo en siete países de la OCDE los países no lo permiten, mientras que el resto garantiza la misma flexibilidad. En 2013, menos países de ALC permitieron recortes en el gasto de inversión que en el gasto operativo, probablemente debido al sesgo en contra del gasto de inversión en tiempos de ajuste fiscal.
