Los fondos preasignado reservan un porcentaje de los fondos del gobierno para sectores específicos, que pueden estimarse como una parte del PIB. Están establecidos por la constitución, o por legislación primaria o secundaria.
Las preasignaciones causan rigideces presupuestarias debido a la imposibilidad de financiar programas que estén en línea con las nuevas prioridades políticas, en oposición a las preexistentes. A su vez, pueden contribuir a la falta de responsabilidad y al uso ineficiente de recursos, al perpetuar los programas o iniciativas que ya no son necesarios o que no funcionan como se esperaba, pero que pueden ser capturados por grupos de interés y obstaculizar el desarrollo de iniciativas nuevas y estratégicas. En caso de shocks macroeconómicos repentinos, un nivel alto de preasignaciones compromete la estabilidad macroeconómica al reducir el margen de maniobra para ajustar los agregados fiscales a las perspectivas cambiantes, lo que puede llevar a un mayor endeudamiento. Finalmente, calculadas como porcentaje del PIB, las preasignaciones contribuyen al gasto pro-cíclico aumentando los gastos cuando la economía general está creciendo y disminuyéndolos en tiempos de crisis.
Desde el punto de vista de los ministerios, las preasignaciones presupuestarias aumentan la previsibilidad de los recursos a mediano y largo plazo, dándoles una mayor flexibilidad para planificar operaciones anuales y plurianuales. Las preasignaciones también protegen importantes programas sociales de las fluctuaciones a corto plazo en la financiación que pueden obstaculizar los objetivos nacionales a largo plazo.
En 2018, todos los países encuestados de América Latina y el Caribe habían preasignado fondos. En Brasil y República Dominicana representan entre el 61-80% de todos los gastos; en Argentina, Costa Rica, Guatemala y Uruguay representan entre el 41 y el 60%; en El Salvador y Paraguay se destinan entre el 21 y el 40%; y en Bahamas solo entre el 0 y el 20%.
En términos de sectores, en 2018, siete países (Argentina, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Paraguay y Perú) han preasignados fondos para educación. En la República Dominicana, varias leyes asignan recursos a sectores específicos. Por ejemplo, la Ley de Educación indica que el gasto del sector debería ser el monto mayor entre el 16% del gasto total y el 4% del PIB. Otra ley asigna el 5% del gasto total a la educación superior. En Perú, el Acuerdo Nacional establece que la inversión en educación debe alcanzar el 6% del PIB; sin embargo, en la práctica y, a pesar de los recientes aumentos, todavía está por debajo de este nivel y la financiación varía según las condiciones macroeconómicas y los recursos disponibles. Cinco países (Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador y Uruguay) tenían asignaciones para la salud. En El Salvador, el “Fondo Solidario para la Salud”, establecido en 2004 y modificado en 2019, destina todos los recursos recaudados de los impuestos sobre productos nocivos (por ejemplo, tabaco) para financiar el sistema de salud.
Seis países también han preasignado transferencias a gobiernos subnacionales, incluidos Argentina, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador y Perú. En Costa Rica, la ley sobre transferencia de competencias preasigna recursos a las regiones desde 2016. Por ejemplo, los gobiernos subnacionales tienen derecho al menos al 1,5% del presupuesto gubernamental para construir y mantener la red vial que conecta los cantones.
En 2018, siete países (Brasil, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) informaron haber preasignado fondos establecidos en la constitución. Por ejemplo, en Costa Rica, la constitución exige que el presupuesto para la educación debe ser de al menos el 8% del PIB y que al menos el 10% de los ingresos fiscales deben transferirse a los gobiernos subnacionales. La legislación primaria fue la base legal en siete países, incluidos Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Perú y Uruguay. La legislación secundaria proporciona la base para las asignaciones en República Dominicana y Panamá.
