El gobierno abierto se define como una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, responsabilidad y participación de las partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo (OCDE, 2017). Mediante una mayor transparencia e inclusión en la formulación de políticas, el gobierno abierto busca fortalecer la confianza entre la sociedad civil y el gobierno. Además del objetivo central de lograr resultados fiscales sólidos, los arreglos institucionales del proceso presupuestario pueden fomentar la transparencia y promover una participación significativa de la sociedad, lo que conduce a una mejor alineación entre el presupuesto y las prioridades políticas y sociales.
La consulta pública puede llevarse a cabo en varias etapas del proceso presupuestario, tomar diferentes formas e involucrar a diversas instituciones dentro del gobierno y de los actores interesados. Nueve de los 13 países de ALC que respondieron a la encuesta informaron haber tenido consultas con las partes interesadas en alguna etapa del proceso presupuestario (excepto Argentina, Chile, México y Panamá). Todos ellos consultan en la fase de propuesta previa al presupuesto, y ocho lo hacen después de la propuesta de presupuesto (excepto Chile, Costa Rica y El Salvador).
Durante la fase previa al presupuesto, las consultas son dirigidas por la autoridad presupuestaria central en dos países (Bahamas y Brasil ) y exclusivamente por los ministerios competentes en Costa Rica. En El Salvador, las consultas son dirigidas por el Consejo de Ministros mientras que en Perú son los gobiernos locales quienes la hacen. Las consultas que tienen lugar durante la fase posterior a la presentación de la propuesta de presupuesto son dirigidas por el Centro de Gobierno en Bahamas, Paraguay y Uruguay; por la legislatura en la República Dominicana y por ministerios en Brasil y Guatemala. En la OCDE, la legislatura y el gobierno en su conjunto (a saber, el centro de gobierno) fueron los más mencionados durante todo el proceso presupuestario.
Con respecto a las formas de consulta, en la fase de propuesta previa al presupuesto, siete países (Bahamas, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Uruguay) mantienen consultas privadas con los principales actores interesados. Cuatro países (incluidos Bahamas, Brasil, Costa Rica y Uruguay) tienen audiencias formales con los principales interesados. Las consultas privadas también son la forma de consulta más utilizada en la fase posterior a la formulación de la propuesta de presupuesto: cinco países (Bahamas, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Uruguay) informaron haberlas celebrado. Las consultas privadas también son la forma más utilizada de consulta en los países de la OCDE, tanto en la fase previa a la propuesta de presupuesto como en la posterior.
Por lo general, el presupuesto participativo implica reservar una proporción limitada del presupuesto general e invitar al público a expresar su opinión sobre el mejor uso de tales recursos. Además de informar sobre la asignación presupuestaria, el proceso puede contribuir a promover la “alfabetización” y fomentar el involucramiento de la sociedad. El presupuesto participativo es más común a nivel local y actualmente se implementa en varias ciudades grandes de ALC (como Buenos Aires en Argentina, Sao Paulo y Río de Janeiro en Brasil, Santiago en Chile y Lima en Perú). Un estudio reciente de la práctica en ALC, ha demostrado que aumenta la participación pública en la toma de decisiones, aumenta la recaudación de ingresos fiscales locales, canaliza fracciones más grandes de los presupuestos públicos a los servicios declarados como prioridades principales por los ciudadanos y aumenta la satisfacción con los servicios públicos (Beuermann y Amelina , 2014).
La mayoría de los encuestados de ALC indicaron que actualmente no tienen iniciativas de presupuesto participativo a nivel central/federal. Brasil, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Perú informaron haber implementado tales iniciativas. Brasil tuvo el foro inter-consejos hasta 2018, que reunió a representantes de los consejos nacionales y representantes de la sociedad civil para discutir la elaboración de planes plurianuales. Entre los países de la OCDE, la práctica del presupuesto participativo a nivel central no está muy extendida.
