El entorno en que operan los gobiernos se encuentra en constante evolución, por lo que constantemente surgen desafíos que necesitan nuevas políticas públicas, las cuales requieren de una administración pública flexible y versátil. Por lo tanto, el sector público como empleador, y los directivos de cada institución, deberían poder realizar cambios en la composición y el tamaño de la fuerza laboral cuando sea necesario (a saber, debido al bajo desempeño, una crisis fiscal, etc.). Tener mecanismos que permitan dicha flexibilidad –basados en motivos razonables–, y usarlos de manera efectiva cuando sea necesario, es clave para garantizar la efectividad de las políticas y el uso eficiente de los recursos públicos. En el contexto de los países de ALC, dicha flexibilidad debe equilibrarse con salvaguardas contra las decisiones basadas en motivaciones políticas.
Los resultados de la encuesta para los países de ALC indican que la mayoría de los países tienen normativas para despedir empleados permanentes en ciertos casos. En el 83% de los países encuestados, el marco legal permite la extinción de la relación laboral debido a reestructuración y en el 100% debido al bajo desempeño (aunque rara vez se usa). En Brasil y Uruguay, la ley prohíbe el despido debido a reestructuraciones, y en Argentina, el despido de un empleado solo es factible si la función se elimina dentro de la estructura organizativa, junto con los puestos de trabajo asociados, y si él/ella elige no ser reubicado. Los marcos legales permiten que los empleados sean despedidos debido a la reestructuración en el 86% de los países de la OCDE y al mal desempeño en el 97% de ellos.
Pese a tener disposiciones legales para hacerlo, el despido de los empleados públicos no es una práctica común. Según los resultados de la encuesta, solo el 33% de los países que permiten despedir empleados debido a reestructuraciones, lo hacen regularmente (Chile, Guatemala, México y República Dominicana,). Otro 33% de los países rara vez lo hacen (Colombia, El Salvador, Jamaica y Perú) y el 9% lo hace de vez en cuando (Costa Rica). En la OCDE, solo el 19% de los países reportaron despidos muy infrecuentes debido a razones de gestión (el 36% lo hace de vez en cuando y el 22% restante, regularmente). En el caso de los despidos debido al bajo desempeño, el 15% de los países de la OCDE informaron que utilizan este mecanismo con frecuencia.
Probablemente debido a las rigideces explicadas anteriormente, los países de ALC han optado por mecanismos alternativos para reestructurar el personal del sector público. Uno de ellos es reclutar empleados con contratos a plazo fijo (en vez de personal permanente), para los cuales existen menos restricciones legales y procedimentales a la hora de rescindir un contrato. Estos constituyen actualmente el 24% de los empleados en los países de ALC. Existen grandes diferencias entre países; mientras que en El Salvador no hay empleados de plazo fijo, la proporción alcanza el 92% en República Dominicana (ver la sección de reclutamiento)
Otra estrategia ha sido ofrecer paquetes de desvinculación voluntaria, el 67% de los países informaron haber usado tales iniciativas en los últimos años (programas de jubilación anticipada en Argentina, Chile, Jamaica y El Salvador y programas de baja voluntaria en Colombia, Costa Rica, Guatemala y México). Solo Brasil, Perú y Uruguay no han aplicado estos esquemas.
En comparación, el 31% de los países de la OCDE informaron haber diseñado regularmente planes para alentar las bajas voluntarias. Sin embargo, durante la última crisis económica y financiera, los países de la OCDE implementaron una variedad de medidas (congelamiento de ingresos, recortes transversales de empleo, subcontratación, desvinculación voluntaria) que les permitieron gestionar los niveles de empleo con mayor velocidad e impacto.
