La gestión de riesgos y la auditoría interna son funciones críticas para una mejor gobernanza y son la piedra angular de la defensa de una organización contra la corrupción y otras prácticas no éticas. Las políticas y procesos efectivos de gestión de riesgos y auditoría interna reducen la vulnerabilidad ante el fraude y la corrupción, al tiempo que garantizan que los gobiernos operen de manera óptima para ofrecer programas que beneficien a los ciudadanos y contribuyan así a incrementar la confianza en el gobierno. Además, tales actividades ayudan a asegurar que los fondos públicos sean utilizados diligentemente y facilitan la toma de decisiones. Un nivel maduro de las políticas y procedimientos de control interno y gestión ayuda a los gobiernos a equilibrar un modelo centrado en la detección y sanción del incumplimiento con enfoques preventivos basados en el riesgo.
La gestión de riesgos es el punto de partida para medidas proporcionales, eficientes y efectivas de control para mitigar los riesgos identificados. Durante la última década, los países han adoptado políticas, prácticas y herramientas para identificar y evaluar los riesgos con un mayor enfoque en los estándares internacionales de integridad y en la gestión y evaluación de los mismos. No obstante, se puede hacer más para integrar una perspectiva que considere el fraude y la corrupción. Según los resultados del Cuestionario sobre Integridad Pública de 2018 en América Latina, el 36% de los países habían esbozado explícitamente principios y prácticas específicos para gestionar los riesgos de fraude y corrupción. Otro 45% solo tenía referencias generales al fraude y/o corrupción en un contexto más amplio de actividades de gestión de riesgos. Ecuador y Perú informaron no tener principios ni prácticas para gestionar los riesgos de corrupción.
A su vez, los auditores internos en las organizaciones del sector público desempeñan un papel importante al proporcionar evaluaciones independientes y objetivas de si los recursos públicos se administran de manera efectiva para lograr los resultados previstos. Sus percepciones y pruebas objetivas y basadas en valores pueden apoyar a la alta gerencia de las organizaciones del sector público para gestionar y evaluar mejor los riesgos de integridad. Además de sus contribuciones a la evaluación de los factores de riesgo, los auditores internos pueden desempeñar un papel fundamental al evaluar si los controles internos operan de manera efectiva y eficiente y al resaltar las señales de alerta en áreas con gran potencial de violaciones de integridad, como relaciones con terceros, actividades subcontratadas o contrataciones públicas. A este respecto, los resultados de la encuesta muestran que el 73% de los países tiene una unidad de auditoría interna en cada ministerio, y el 27% solo la tiene en algunos. En Perú, con excepción de algunas entidades públicas, actualmente no existe una función de auditoría interna. Sin embargo, hay una Oficina de Control Institucional en cada entidad pública, que depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República, la entidad fiscalizadora superior del Perú. Esto podría generar que los servidores públicos confundan el control interno con el externo (OCDE, 2017).
De hecho, para la implementación efectiva de las políticas de gestión de riesgos y auditoría interna, es clave que todos los funcionarios públicos comprendan, a través de un control interno adecuado, su propio papel y responsabilidad en la identificación y gestión de riesgos de integridad. En los países donde la entidad fiscalizadora superior lidera el marco de la política de auditoría interna, como ocurre, por ejemplo, en Costa Rica, Ecuador, Honduras y Perú, es posible que los gerentes públicos confundan su propio papel y responsabilidad en la gestión de riesgos con el de los actores externos. A su vez, cuando la responsabilidad principal recae en el Ejecutivo, como en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, la relevancia de la gestión de riesgos y la auditoría interna puede integrarse en políticas de gestión pública más amplias, mejorando la apropiación de la administración pública.
