La regulación es indispensable para el funcionamiento adecuado de la economía y de la sociedad; son las “reglas del juego” para los ciudadanos, las empresas, el gobierno y la sociedad civil. Fortalecen el mercado, protegen los derechos, brindan seguridad a los ciudadanos, y aseguran la prestación de bienes y servicios públicos. El objetivo de la política regulatoria es asegurar que el marco legal funcione de manera efectiva en pro del interés público.
La forma en que se diseñan las normas constituye un factor primordial tanto para las empresas y ciudadanos, como para los resultados que se obtengan producto de su aplicación. Sin embargo, la manera en que las regulaciones se implementan y cumplen, y la forma como se promueve el cumplimiento del marco regulatorio resulta un determinante crítico para que el sistema normativo funcione de la manera deseada.
Las inspecciones constituyen una de las maneras más importantes de hacer cumplir las normas y de asegurar el respeto a las leyes. Como se mostró en los Principios de la OCDE sobre las Mejores Prácticas para el Cumplimiento de las Normas e Inspecciones (OECD, 2014[1]), existen muchas actividades que las inspecciones tienen en común y que son relevantes para todos o para la mayoría de los sectores en los que se llevan a cabo inspecciones. Estos temas incluyen el planeamiento y un mejor enfoque de las inspecciones, la comunicación con los sujetos regulados, prevención de la corrupción y la promoción de un comportamiento ético, así como la organización de las inspecciones y la gobernanza de las autoridades encargadas de ellas.
La Guía de la OCDE para el Cumplimiento Regulatorio y las Inspecciones presenta una lista de 12 criterios para ayudar a los funcionarios, reguladores, grupos de interés y expertos a evaluar el grado de desarrollo del sistema de inspecciones y promoción del cumplimiento de las normas en una jurisdicción o de una institución o estructura específica, para identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.
Este documento se basa en trabajos anteriores de la OCDE para la promoción de la reforma regulatoria y para la implementación de prácticas regulatorias sólidas en todos los niveles de gobierno. El conjunto de la información y las experiencias reunidas se encuentra resumido en la Recomendación del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria (OECD, 2012[2]).