Un entorno normativo favorable a la competencia en los mercados de bienes y servicios puede ayudar a mejorar los niveles de vida. La competencia puede aumentar la producción per cápita al incentivar a las empresas a ser más innovadoras y eficientes, incrementando así la productividad, acrecentando la inversión y fomentando la entrada de nuevas compañías. En este sentido, las reformas regulatorias que favorecen la competencia también pueden ayudar a reducir la desigualdad de ingresos. Para lograr tales resultados, estas deben diseñarse de manera que incrementen la competencia y limiten las barreras a la entrada.
Para tener una medida cuantitativa del grado en que la configuración de políticas de jure de cada país promueve o inhibe la competencia, la OCDE desarrolló en 1998 un conjunto de Indicadores de Regulación del Mercado de Productos (PMR, por sus cifras en inglés). El mismo incluía un indicador de PMR para toda la economía y un grupo para ciertos sectores, que se centran en la naturaleza de la regulación en redes y servicios.
Esta sección se centrará en los resultados del Indicador de PMR para toda la economía en países de ALC, el cual evalúa las distorsiones a la competencia que pueden ser inducidas por la participación del estado en la economía y las barreras de entrada y expansión que enfrentan las empresas nacionales y extranjeras. Un puntaje alto indica que las condiciones regulatorias son menos favorables a la competencia.
La OCDE actualiza los indicadores de PMR cada cinco años. La última actualización se realizó en 2018 y se basa en una metodología revisada; por lo tanto, los valores no se pueden comparar con versiones anteriores.
Para 2018, los indicadores PMR están disponibles para seis economías en América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México. Sus valores muestran que la regulación del mercado de productos tiende a ser más restrictiva en América Latina que entre los países de la OCDE: en todos los aspectos regulatorios cubiertos en el Indicador de PMR, el promedio del primer grupo está por encima del segundo. No obstante, el desempeño varía en la región; los dos países miembros de la OCDE, Chile y México, tienen un marco regulatorio más propicio para la competencia y más alineado con las mejores prácticas regulatorias internacionales en las áreas examinadas. Colombia y Costa Rica, los dos países en acceso, están más distantes de las mejores prácticas internacionales, mientras que los no miembros, Argentina y Brasil, están muy rezagados.
Las barreras de entrada que enfrentan las empresas en muchos sectores y las distorsiones causadas por la presencia estatal en la economía, resaltadas por los indicadores de PMR de 2018, muestran que los gobiernos podrían hacer más esfuerzos para crear un ambiente favorable a la competencia en ALC. En particular, las economías de la región, con la excepción de México y Chile, se beneficiarían de la reducción de la carga administrativa a las nuevas empresas, al facilitar su entrada en los sectores de servicios y redes, y reducir las barreras al comercio exterior y a las inversiones. Además, con excepción de Chile, la participación estatal en empresas en la economía es bastante extensa en ALC, tanto en términos de la cantidad de sectores en los que los gobiernos controlan al menos una empresa, como de acciones que poseen en las más grandes en sectores clave. Si bien podría estar justificado que los gobiernos conserven un cierto nivel de participación en sectores específicos, puede haber espacio para reducir aún más su presencia en otros.
