La contratación pública, que se refiere a la compra de bienes, servicios y obras por parte de gobiernos y empresas estatales, representa una importante actividad económica de los gobiernos. Estos gastan grandes sumas de dinero de los contribuyentes en adquisiciones públicas para realizar sus tareas y cumplir con sus mandatos. Se espera que ellos lleven a cabo esta importante actividad económica y gubernamental de acuerdo con los principios clave de gobernanza de integridad, transparencia, responsabilidad, eficiencia y efectividad.
En 2017, el gasto en contratación pública representó en promedio, el 17,4% del gasto total de los gobiernos en países ALC. Esta participación varió ampliamente entre países. Por ejemplo, alcanzó casi la mitad de los gastos del gobierno en Perú (46,4%) y algo más de un tercio (34,0%) en Colombia, debido a los esfuerzos para promover el crecimiento económico a través de la contratación pública (Perú, por ejemplo, dedica una gran parte participación del gasto público a la inversión). Por el contrario, en Brasil (13,5%) y en México (16,0%) fue menos de un quinto. En general, en la región, esta participación ha disminuido significativamente desde 2007 (21,5%), marcando una disminución de 4 p.p. en 2017. Los cambios más significativos se observaron en Brasil (-8,2 p.p.), Perú (+6,8 p.p.) y Chile (-3,7 p.p.).
La importancia económica de la contratación pública también puede percibirse cuando se observa su tamaño en términos del Producto Interno Bruto (PIB). En 2017, ella representó el 6% del PIB en la región de ALC, en comparación con el 6,7% en 2007. A nivel de los países, osciló entre el 3,6% en México y el 9,9% en Perú. Teniendo en cuenta su tamaño, los gobiernos llevan a cabo reformas en la contratación pública con el fin de lograr ganancias de eficiencia para responder a la presión fiscal, así como para utilizar esta importante función como una herramienta de gobernanza estratégica para lograr objetivos de políticas públicas. Al mismo tiempo, la gran suma de dinero y la estrecha interacción entre los sectores público y privado hacen que sea una de las actividades gubernamentales más propensas a riesgos de derroche, mal uso y corrupción.
Los gobiernos a nivel subcentral son actores clave en las reformas de contratación pública, considerando su porción del gasto. En la región de ALC, el nivel local representó el 38,2% del total de dichas contrataciones, seguido por el 37,1% a nivel central y el 24,8% a nivel estatal. Por otro lado, en 5 de los 8 países de los cuales se disponen datos, la proporción de contrataciones públicas efectuadas por el gobierno central fue de más de la mitad, como en Honduras (82,6%), Paraguay (82,1%), El Salvador (79,7%), Chile (77,5%) y Perú (51,0%). Esta variación refleja la configuración institucional de cada país y especialmente las diferentes organizaciones de prestación de servicios públicos.
