La Regulación del Lobby y de la Influencia en Chile

Resumen

Desde las primeras elecciones parlamentarias y presidenciales libres de Chile en 1989, las instituciones democráticas del país han destacado por su estabilidad y buen funcionamiento. En particular, la introducción en 2014 de una ley que regula el lobby (en adelante, la «Ley del Lobby»), tras once años de debate y tramitación parlamentaria, supuso un avance significativo en el fortalecimiento de la transparencia y la integridad de los procesos de toma de decisiones públicas en Chile. Entre otras medidas, la Ley del Lobby y sus reglamentos asociados imponen a las autoridades y funcionarios públicos la obligación de registrar y dar publicidad a sus reuniones y audiencias con lobbistas que pretendan influir en una decisión pública. Como resultado, Chile dispone de un marco normativo sólido para la transparencia en las actividades de lobby, en comparación con otros países de la OCDE.

Una década después de la implementación de la Ley y como parte de los esfuerzos más amplios de Chile para avanzar en la implementación de la recién adoptada Estrategia Nacional de Integridad Pública, el gobierno chileno está llevando a cabo esfuerzos para modernizar la Ley del Lobby para asegurar que sigue siendo adecuada para su propósito y cubre todo el espectro de prácticas y riesgos de lobby de hoy en día.

Fortalecer el marco legal para la transparencia en el lobby

La Ley del Lobby vigente proporciona definiciones amplias de “lobby”, en línea con las buenas prácticas. Sin embargo, aún persisten varias potenciales lagunas, que debilitan la legislación y crean confusión sobre el alcance de la ley.

• Chile podría aclarar y ampliar la actual lista de «sujetos pasivos» (las autoridades y funcionarios frente a los cuales se realiza lobby) especificada en los Artículos 3 y 4 de la Ley. En los últimos diez años de aplicación, ciertas autoridades públicas han añadido mediante resolución categorías específicas de funcionarios públicos a esta lista, lo que ha creado regímenes de transparencia y requisitos de registro diferenciados entre las autoridades públicas. Para garantizar la claridad y la coherencia, podrían incluirse directamente en el ámbito de aplicación de la Ley las categorías de funcionarios públicos que se hayan establecido sistemáticamente por resolución como sujetos pasivos. Del mismo modo, la lista de decisiones públicas a las que se dirigen las actividades de lobby podría ampliarse para incluir nombramientos de puestos gubernamentales clave. Además, la Ley del Lobby podría adaptar la divulgación de las actividades de lobby dirigidas a determinadas decisiones públicas según el nivel institucional al que se refieran.

• Chile podría utilizar una definición más amplia de actores y actividades destinadas a influir en los procesos de toma de decisiones del gobierno mediante el uso de un concepto único de «representante de intereses» en la Ley del Lobby. Este concepto podría abarcar formas indirectas de influencia. Además, la Ley del Lobby podría aclarar las exenciones de los requisitos de divulgación de información sobre el lobby e incluir disposiciones sobre la participación de lobbistas en determinados grupos asesores o de expertos gubernamentales.

Habilitar la transparencia efectiva en el lobby mediante sistemas eficientes de divulgación y portales de transparencia en línea

El sistema de divulgación actual para las actividades de lobby en Chile es bastante completo y proporciona un alto nivel de transparencia. De hecho, asigna la responsabilidad principal de la divulgación a los funcionarios públicos, incluso si los lobbistas aún están obligados a registrarse a través de varias plataformas para solicitar reuniones con funcionarios públicos. Sin embargo, este enfoque no cubre todas las actividades de lobby y de influencia. Más bien, crea un desequilibrio en las obligaciones de transparencia y aumenta la carga de cumplimiento por parte de los lobbistas, puesto que no existe una plataforma centralizada de registro y transparencia.

• Chile podría proporcionar información completa y pertinente sobre quién está realizando acciones de lobby, sobre qué temas y cómo. Esto podría garantizarse complementando los actuales Registros de agenda pública con un Registro de Lobbistas en el que la inscripción podría ser un requisito previo para llevar a cabo actividades de lobby y solicitar reuniones, y en el que los lobbistas se enfrentarían a requisitos adicionales de divulgación de todas las actividades de lobby que lleven a cabo.

• Sin dejar de estar separados, los dos registros propuestos, el de lobistas y el de funcionarios públicos, podrían alojarse en un único portal central de registro y divulgación para facilitar el registro y permitir un mayor escrutinio público mediante la comprobación cruzada de la información.

• Para mejorar la calidad de la información divulgada, el portal centralizado de registro y divulgación propuesto podría servir de ventanilla única para lobbistas y funcionarios públicos sobre cómo registrarse y divulgar información.

Fortalecer el marco de integridad adaptado a los riesgos de las actividades de lobby e influencia tanto para los funcionarios públicos como para los lobbistas

En Chile, tanto los funcionarios públicos como los lobbistas están sometidos a diversos estándares de integridad y requisitos de transparencia especificados en la Ley del Lobby y el Código de Buenas Prácticas para lobbistas. Sin embargo, los funcionarios públicos a menudo se enfrentan a dilemas éticos relacionados con el lobby, sobre todo, ahora, en la era de las redes sociales y la sobrecarga de información. Del mismo modo, los lobbistas se enfrentan a unas mayores expectativas con respecto a su demostración y compromiso con la integridad.

• Chile podría reforzar el marco de integridad del lobby y clarificar cuál es el comportamiento esperado de los funcionarios públicos en materia de lobby, gestionando adecuadamente el fenómeno de las puertas giratorias y desarrollando actividades adicionales de formación y concienciación para los funcionarios públicos.

• Asimismo, Chile también podría ayudar a las empresas y organizaciones de la sociedad civil a reforzar sus marcos de transparencia e integridad en la formulación de políticas públicas. Esto podría incluir un Código de Conducta centralizado y obligatorio para los lobbistas, con sanciones aplicables en caso de incumplimiento. Además, Chile podría añadir una disposición a la Ley del Lobby que obligue a las personas jurídicas a revelar sus fuentes de financiación, tanto públicas como privadas.

Establecer mecanismos para la implementación efectiva, el cumplimiento y la revisión del marco de lobby

El marco institucional para el lobby en Chile carece de un organismo centralizado e independiente para administrar registros, mejorar la transparencia y realizar investigaciones. Esto plantea un desafío significativo a la hora de la implementación del marco de lobby. Además, el régimen de sanciones actual es ineficaz y está principalmente dirigido a las autoridades públicas y los funcionarios públicos, sin ninguna disposición sancionadora efectiva para los lobbistas que infrinjan las normas sobre el lobby.

• Con el fin de asignar unas responsabilidades claras en materia de implementación y cumplimiento, Chile podría confiar a un organismo independiente responsabilidades más amplias para hacer cumplir la Ley del Lobby, verificar la información divulgada e investigar posibles infracciones. Además, el gobierno de Chile podría introducir un mecanismo de denuncia anónima para aquellos que sospechan violaciones de la Ley.

• Así, la Ley del Lobby podría incluir un sistema gradual de sanciones de carácter financiero y no financiero para los sujetos pasivos y activos. Dichas sanciones se aplicarían a nivel de entidad e incluirían disposiciones que permitan a los organismos de supervisión aplicar medidas para incentivar el cumplimiento.

• Chile también podría establecer una revisión efectiva del marco de lobby mediante la introducción de un mecanismo de revisión periódica en la Ley del Lobby, destinado a abordar los nuevos desarrollos en el lobby. Además, el gobierno de Chile podría promover la participación de las partes interesadas en la discusión, implementación y revisiones posteriores de las regulaciones y estándares de conducta relacionadas con el lobby.