Con el objetivo de lograr un marco anticorrupción y de integridad exhaustivo compuesto por todos los elementos necesarios, los países de la OCDE continúan introduciendo mejoras. Estos marcos son cada vez más amplios y sofisticados, pero la implementación de algunos de sus elementos sigue siendo inadecuada. Si bien la mayoría de los países de la OCDE adoptan un enfoque estratégico de la integridad y la lucha contra la corrupción, la tasa media de implementación de las actividades previstas es del 67%, lo que indica que alrededor de un tercio de las acciones previstas no se han llevado a cabo. Del mismo modo, las normas sobre gestión de riesgos y control interno son en general sólidas, pero en la práctica solo unos pocos países de la OCDE realizan evaluaciones sistemáticas de los riesgos. Además, a pesar de tener fuertes normativas sobre conflictos de intereses, los países de la OCDE han implementado un promedio de tan solo el 40% de las prácticas estándar en esta área, y las sanciones por incumplimiento rara vez se aplican. Si bien algunos aspectos de los marcos anticorrupción y de integridad, como la divulgación proactiva de conjuntos de datos clave, tienen niveles de implementación relativamente altos, existe una brecha importante en varios ámbitos clave. En general, los países de la OCDE cumplen un promedio del 61% de los criterios estándar de las normativas, pero la tasa de implementación cae al 44%, lo que tiene como resultado una brecha de implementación de 17 puntos porcentuales. Esta brecha significa que los efectos previstos de los marcos legislativos y reglamentarios no se están haciendo realidad, lo que obstaculiza la capacidad de los países para mitigar eficazmente los riesgos de corrupción.
Además, muchos países de la OCDE no están recopilando adecuadamente datos e información sobre la implementación de sus marcos anticorrupción y de integridad. Por ejemplo, la mayoría de los países de la OCDE no recopilan datos sobre el alcance de las auditorías presupuestarias nacionales ni sobre si se siguen las recomendaciones de los auditores internos. Además, muchos países, incluidos los que tienen períodos de inhabilidad obligatorios, no hacen un seguimiento de las actividades posteriores al empleo de los titulares de cargos públicos, lo que dificulta el cumplimiento de las normas de “puerta giratoria”. Esta importante brecha en la recopilación de datos e información dificulta la capacidad de supervisar la eficacia de las políticas y los procesos y su impacto en los riesgos de corrupción e integridad. De hecho, 60% de los países de la OCDE no supervisan la aplicación de sus estrategias anticorrupción y de integridad, lo que pone de manifiesto una considerable brecha de supervisión. Mejorar la recopilación de datos es esencial para mejorar los sistemas de monitoreo y evaluación y lograr mejoras sostenibles. Aunque los Indicadores de Integridad Pública de la OCDE abordan esta brecha de datos, el fortalecimiento de los esfuerzos nacionales en la recopilación de datos es fundamental.
Por último, además de mejorar la implementación, la recopilación de datos y el monitoreo, es necesario ampliar el alcance de los esfuerzos de integridad y lucha contra la corrupción. Si bien muchos países de la OCDE se centran en áreas tradicionales como la gestión de los recursos humanos y la contratación pública en sus estrategias anticorrupción, es necesario abordar los riesgos emergentes de corrupción e integridad, como los relacionados con la transición verde. Una mayor interacción entre el gobierno y las empresas durante la transición verde aumenta la vulnerabilidad a los riesgos, lo que exige un enfoque más proactivo. Además, aprovechar la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta clave contra la corrupción y asignar a los agentes pertinentes la tarea de desarrollar esas herramientas puede mejorar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Adicionalmente, los países de la OCDE deben incorporar urgentemente consideraciones sobre injerencia extranjera y riesgos estratégicos de corrupción en sus enfoques estratégicos de integridad y lucha contra la corrupción. Ajustar las políticas y prácticas de cabildeo (lobbying), conflictos de intereses y las políticas y prácticas de financiamiento político es crucial para salvaguardar la prosperidad y los sistemas democráticos de los países de la OCDE.
