Perspectivas de anticorrupción e integridad 2024

6. Financiamiento político

Introducción

Garantizar la transparencia y la integridad en la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales es crucial para la elaboración de políticas eficaces y democracias fuertes. Las contribuciones financieras permiten a las personas y entidades canalizar su apoyo a los candidatos, los partidos políticos y las cuestiones particulares que les interesan. Son un recurso necesario para que los candidatos y los partidos se presenten a elecciones y difundan ideas y manifiestos, facilitando la competencia y la toma de decisiones en las elecciones y campañas electorales (OCDE, 2020[12]).

Sin embargo, la financiación de los partidos políticos también puede plantear riesgos significativos para la integridad de la toma de decisiones. Si no hay una regulación adecuada de la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales, el dinero puede convertirse en un instrumento de influencia indebida y de captura de políticas. Estos riesgos han salido a la luz recientemente en el contexto de la oposición a las iniciativas verdes y la garantía de los derechos mineros, y en los estudios de los intentos de los Estados extranjeros de manipular los procesos democráticos en los países de la OCDE (Resimić, 2022[34]; Graham, Daub and Carroll, 2017[35]; Vandewalker and Norden, 2021[36]; Intelligence and Security Committee of Parliament, 2023[37]).

Este capítulo analiza cómo funcionan algunos de los mecanismos clave de los países de la OCDE para gestionar la transparencia y la integridad en el financiamiento; y muestra que:

• Las donaciones anónimas siguen siendo una grave preocupación en muchos países de la OCDE.

• Muchos partidos políticos no cumplen con las normas de transparencia.

En resumen, es necesario actualizar las normas e instituciones de financiamiento político existentes, ya que fueron diseñadas para proteger a las democracias en un contexto nacional décadas atrás, y no han evolucionado para protegerse de la influencia extranjera y los riesgos de corrupción transnacional.

Las donaciones anónimas siguen siendo una grave preocupación en muchos países de la OCDE

La falta de cobertura normativa en algunos países los está exponiendo a una influencia indebida a través del financiamiento político. Las contribuciones anónimas, especialmente cuando las donaciones privadas desempeñan un papel importante en la financiación política de un país, aumentan el riesgo de captura de políticas e influencia indebida, ya que no permiten el escrutinio de las fuentes de financiación ni una evaluación de la legalidad de las donaciones. También impiden el escrutinio y el análisis general de las donaciones y la influencia, como las tendencias en el volumen de donaciones por sector, o la proporción que ciertos donantes tienen en la financiación general de los partidos políticos (OCDE, 2016[38]). Sin embargo, menos de la mitad de los países de la OCDE prohíben las donaciones anónimas, dejándolos expuestos a una influencia indebida y a riesgos de captura de políticas (Figura ‎6.1). Esto también permite que otros factores de alto riesgo, como las donaciones extranjeras y las donaciones de empresas estatales, contribuyan de forma anónima y eludan las prohibiciones actuales.

Las donaciones extranjeras pueden influir indebidamente en los candidatos y partidos políticos y dar lugar a una representación excesiva de los intereses de los agentes extranjeros en las instituciones públicas en lugar del interés público nacional. Las restricciones a las donaciones extranjeras y la transparencia y trazabilidad de los fondos son, por lo tanto, elementos clave para mejorar la rendición de cuentas democrática e impedir que los agentes extranjeros influyan indebidamente en la política nacional (OCDE, 2016[38])). Las donaciones de empresas de propiedad pública, o empresas de propiedad estatal (SOE, por sus siglas en inglés), pueden difuminar la línea entre lo público y lo privado y distorsionar los acuerdos marco de gobernanza entre las SOE y el Estado. Tal distorsión puede conducir al desvío inapropiado de fondos públicos para ejercer influencia indebida. También pueden aumentar el riesgo de que las donaciones se den a cambio de filiación política, o que las empresas de propiedad estatal se sientan capaces de buscar o aceptar exenciones no contempladas previamente en el marco legal o normativo (OCDE, 2019[39]). Las relaciones políticas inapropiadas entre las empresas de propiedad estatal y los titulares de cargos públicos también pueden afectar al desempeño de las empresas públicas, lo que podría empeorar la prestación de servicios y los resultados para el interés público (Baum et al., 2019[40]). Por lo tanto, normativas estrictas que regulen este tipo de donaciones son medidas importantes para unas democracias justas y representativas y una elaboración de políticas eficaz.

Las prohibiciones de contribuciones a partidos políticos de Estados o empresas extranjeras o empresas estatales son normativas relativamente estándar entre los países de la OCDE: un promedio del 74% de los países han prohibido estas fuentes de financiación (Figura ‎6.1). Y tres países de la OCDE no prohíben ninguno de estos tipos de contribuciones a los partidos políticos (Figura ‎6.1).

Figura ‎6.1. Restricciones a las contribuciones financieras a los partidos políticos

Nota: Los siguientes países de la OCDE imponen un umbral, pero no una prohibición total, a las donaciones anónimas: Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Grecia, Irlanda, Japón, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suecia. Australia impone un umbral a las contribuciones financieras de Estados extranjeros y empresas extranjeras. Irlanda impone un umbral a las contribuciones financieras de empresas de propiedad pública. Italia no proporcionó información sobre el criterio relativo a “empresas de propiedad pública”. Alemania, Bélgica, Colombia, Hungría y Nueva Zelanda no proporcionaron datos.

Cómo leer: Las normativas en Chile imponen una prohibición completa a los partidos políticos de recibir contribuciones financieras de donaciones anónimas, Estados extranjeros y empresas extranjeras, así como de empresas de propiedad pública.

Fuente: OCDE (2024[7]), Indicadores de Integridad Pública de la OCDE.

Statlink

Muchos partidos políticos no cumplen con las normas de transparencia

Un órgano de supervisión independiente del financiamiento político puede mejorar la coordinación, el intercambio de información y la capacidad de respuesta, y puede garantizar una mayor independencia de las personas e instituciones que se encarga de regular (OCDE, 2016[38]; IDEA, 2014[41]). Sin embargo, solo el 60% de los países de la OCDE tienen un órgano independiente con el mandato de supervisar el financiamiento político (Figura ‎6.2). Si bien muchos países pueden tener leyes y reglamentos sobre la financiación de partidos y elecciones, si no los apoyan con instituciones de supervisión eficaces con independencia y autoridad legal para regular significativamente a los posibles infractores, las normativas pueden ser mucho menos efectivas.

Figura ‎6.2. Alrededor de la mitad de los países de la OCDE tienen un órgano de supervisión independiente para supervisar la financiación de los partidos políticos

Nota: En Australia, la Comisión Electoral no cumple con todos los criterios de independencia, ya que sus miembros son nombrados por el Gobernador General y no por el Parlamento.

Fuente: OCDE (2024[7]), Indicadores de Integridad Pública de la OCDE.

Statlink

Además de establecer instituciones de supervisión independientes, la presentación de informes y la transparencia del financiamiento político permiten el funcionamiento adecuado de los mecanismos de supervisión y proporcionan salvaguardias más sólidas contra la influencia indebida. La presentación de informes eficaces sobre el financiamiento político es esencial para que las autoridades responsables evalúen el cumplimiento y actúen cuando sea necesario. El financiamiento político transparente genera confianza en los procesos democráticos, al permitir el escrutinio de las donaciones y las relaciones políticas, y ayuda a las autoridades responsables a respetar las normas. Este nivel de escrutinio es particularmente importante en el contexto de las donaciones políticas de Estados extranjeros, cuyas donaciones e intentos de influir en los procesos democráticos de los países de la OCDE podrían no ser controlados.

Sin embargo, no siempre se cumplen los requisitos sobre la presentación de informes financieros y la transparencia de los partidos políticos. Solo en 15 países de la OCDE todos los partidos políticos han rendido cuentas anuales dentro de los plazos definidos por la legislación nacional en los últimos cinco años. Y en tan solo 12 países todos los partidos políticos han rendido cuentas relacionadas con las elecciones dentro de los plazos definidos por la legislación nacional para los dos últimos ciclos electorales (Figura ‎6.3). En cuanto a los requisitos de transparencia, en 25 países los informes financieros de todos los partidos políticos están a disposición del público, y en 22 países todos los informes financieros están disponibles en una única plataforma en línea en un formato fácil de usar (Figura ‎6.3). Mayor cumplimiento de la normativa sobre financiamiento político y presentación de informes es imprescindible para los partidos políticos.

Figura ‎6.3. Transparencia de los partidos políticos – presentación oportuna de los informes financieros

Nota: Los países marcados con un asterisco (*) no disponen de datos centralizados sobre la práctica. En el caso de los informes financieros anuales, las normativas se refieren al criterio de que “los partidos políticos deben hacer públicos los informes financieros, incluidas todas las contribuciones que superen un límite máximo fijo” y la práctica se refiere al criterio de que “todos los partidos políticos han presentado cuentas anuales dentro de los plazos definidos por la legislación nacional durante los últimos cinco años”. Para los informes financieros de campañas electorales, la normativa se refiere al criterio “los partidos y/o candidatos deben notificar sus finanzas (financiación y gastos) durante las campañas electorales” y la práctica se refiere al criterio “todos los partidos políticos han presentado cuentas relacionadas con las elecciones dentro de los plazos definidos por la legislación nacional para los dos últimos ciclos electorales”.

Cómo leer: El 79 % de los países de la OCDE tienen normativas que exigen a los partidos políticos publicar informes financieros anuales; el 32% de los países de la OCDE tienen normativas que exigen a los partidos políticos publicar informes financieros anuales y todos los partidos políticos publicaron informes financieros anuales dentro de los plazos definidos por la legislación nacional en los últimos cinco años; el 42% de los países de la OCDE tienen normativas que exigen a los partidos políticos publicar informes financieros anuales, pero no todos los partidos políticos publicaron sus informes financieros anuales dentro de los plazos definidos por la legislación nacional en los últimos cinco años.

Fuente: OCDE (2024[7]), Indicadores de Integridad Pública de la OCDE.

Statlink