Este capítulo ofrece una evaluación de Argentina. Comienza con una visión general del contexto de Argentina y, a continuación, analiza los progresos del país en ocho dimensiones mensurables. El capítulo concluye con recomendaciones de políticas específicas.
Índice de Políticas para PyMEs: América Latina y el Caribe 2024
Hacia una recuperación inclusiva, resiliente y sostenible
SME Policy Index
12. Argentina
Resumen
Panorama
Figura 12.1. Puntuación de Argentina SME PI 2024
Nota: El promedio ALC en 2024 se refiere al promedio simple de los 9 países estudiados en este informe de 2024. No hay datos para la dimensión Digitalización en 2019, ya que el informe de 2019 no incluyó esta dimensión.
La segunda evaluación del Índice de Políticas para PyMEs de la OCDE en Argentina destaca la amplia gama de programas e iniciativas del país destinados a fomentar el desarrollo de las PyMEs. Estos esfuerzos abarcan varios esquemas de apoyo para PyMEs y emprendedores, al ofrecer una amplia gama de servicios de desarrollo empresarial y medidas para mejorar el acceso a las oportunidades de contratación pública. Además, Argentina ofrece un sólido conjunto de ayudas financieras diseñadas para permitir y fomentar la innovación de las PyMEs. Así como un plan que promueve la integración de las PyMEs en las cadenas de suministro, con el objetivo de transformar la estructura productiva y tecnológica del país.
Desde la evaluación de 2019, Argentina ha intensificado sus esfuerzos para facilitar los negocios internacionales mediante la creación del Consejo Público Privado para la Promoción de Exportaciones (CPPPE) en 2020. Este consejo ha sido fundamental en la promoción de rondas de negocios, misiones comerciales y talleres de oferta tecnológica. Se han puesto en marcha programas específicos como Desafío Exportar, Argentina para el Mundo, Proyectos Argentina, PyMEs para el Mundo y Formación para Invertir y Exportar, para apoyar a las PyMEs en sus esfuerzos de internacionalización.
Como se señaló en la edición de 2019, Argentina sigue obteniendo buenos resultados en el ámbito del acceso al financiamiento (Figura 12.1). El país ha avanzado notablemente en el desarrollo de procesos para el tratamiento de la bancarrota y la insolvencia de las PyMEs. También ha ampliado las opciones de financiación alternativa para las PyMEs, incluidos los sistemas de préstamos basados en activos (ABL) y los instrumentos de inversión de capital, respaldados por un marco normativo específico.
A pesar de estos avances, Argentina enfrenta continuos retos en su marco institucional para las PyMEs, principalmente debido a la falta de claridad de las orientaciones estratégicas y a la falta de continuidad de las políticas. Estos problemas se han visto exacerbados por la pandemia del COVID-19 y el progresivo deterioro del entorno macroeconómico. Para abordar estos retos, Argentina podría estructurar y revisar los esfuerzos actuales y nuevos a la luz de objetivos estratégicos transversales. Este enfoque permitirá optimizar las sinergias entre las acciones existentes e integrarlas en un plan estratégico cohesivo para las PyMEs.
De la misma manera, Argentina sigue lidiando con un sistema normativo complejo y unas cargas administrativas elevadas. Sin embargo, la nueva administración está trabajando activamente para racionalizar los procesos normativos. Estas iniciativas pretenden simplificar el entorno operativo, reduciendo así las cargas administrativas y fomentando un entorno más propicio para el crecimiento y el desarrollo de las PyMEs.
Contexto
Tras experimentar una tasa de crecimiento negativa del 9,9% en 2020 debido a la crisis del COVID-19, Argentina repuntó con fuerza con un crecimiento del 10,7% en 2021, atribuido al rápido progreso en la aplicación de dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 (BCRA, 2023[1]). En 2022, la economía se expandió un 5%, volviendo a los niveles de producción de 2017 (OECD, 2024[2]). Sin embargo, a partir de septiembre de ese año, muchos sectores productivos perdieron impulso, influidos por una menor cosecha de trigo en comparación con los excepcionales resultados de la campaña anterior y contracciones en sectores como la construcción, el comercio y algunas ramas industriales (BCRA, 2022[3]). Esto ocurrió en un contexto de alta inflación y mayor incertidumbre financiera, tanto a nivel local como internacional. Para el cuarto trimestre de 2023, la actividad se contrajo en 1,4%; para 2024, se espera que el PIB se contraiga en 3,3%, antes de crecer en 2,7% en 2025 (OECD, 2024[4]). Uno de los principales desequilibrios macroeconómicos de Argentina es la inflación. En marzo, la inflación anual alcanzó el 288%, pero las variaciones mensuales de los precios han empezado a moderarse (OECD, 2024[4]).
En el cuarto trimestre de 2022, la tasa de empleo alcanzó el 44,6%, lo que supuso un aumento de un punto porcentual en términos interanuales y dio lugar a un descenso en la tasa de desempleo abierto a 6,3% a finales de ese año. El crecimiento de la tasa de empleo fue impulsado principalmente por un aumento en el número de asalariados informales. Sin embargo, los salarios reales se mantuvieron por debajo de los niveles de 2019 (OECD, 2022[5]). En 2023, la tasa de desempleo siguió disminuyendo hasta alcanzar 5,7%, y el empleo formal continuó experimentando un crecimiento constante en los sectores no agrícolas (BCRA, 2023[6])
Además, Argentina se ha integrado al comercio internacional principalmente en la región latinoamericana; el proceso de registro de nuevas empresas y de declaración de impuestos es medio en comparación con los países de la región, y el país ofrece un buen acceso al mercado de financiación para las PyMEs. Más allá de América Latina, Argentina ha establecido acuerdos comerciales con la Unión Aduanera de África Meridional, Israel, India y Egipto (Government of Argentina, n.d.[7]). La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación destaca la importancia de las PyMEs en la economía argentina, ya que constituyen el 99,4% del total de empresas y emplean al 64% de los trabajadores registrados. Además, datos de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa revelan que las PyMEs generaron 140.000 puestos de trabajo en el primer trimestre de 2023 (Ministry of Economy Argentina, 2023[8]).
Dimensión 1. Marco institucional
Argentina tiene una puntuación global de 3,28 en la dimensión Marco institucional del Índice de Políticas para PyMEs (SME PI), ligeramente inferior a la de la evaluación de 2019 (3,47). Este descenso se atribuye a las persistentes inconsistencias en el marco político, a direcciones estratégicas poco claras y a la falta de continuidad de las políticas, influidas por la pandemia del COVID-19 y el progresivo deterioro del marco macroeconómico, junto con cambios metodológicos en la evaluación.
La reducción de la puntuación global en comparación con la evaluación de 2019 también se ve influida por una disminución de la puntuación en la subdimensión de Definición de PyME. Argentina adopta una definición de PyME basada principalmente en la facturación anual total, con umbrales actualizados una vez al año. La población de PyMEs se segmenta en cuatro categorías: microempresas, pequeñas empresas y dos subcategorías de medianas empresas (medianas tramo 1 y medianas tramo 2), variando los umbrales de facturación y empleo por sectores. Las PyMEs deben registrarse en el Registro de PyMEs gestionado por el Ministerio de Economía para beneficiarse de los incentivos. El proceso de inscripción es un requisito único, con renovaciones posteriores que se producen automáticamente. Esto supone un cambio notable con respecto a la evaluación de 2019, cuando las renovaciones se gestionaban manualmente. Argentina obtuvo una puntuación de 4,00 en esta subdimensión, atribuida principalmente a ajustes metodológicos en los valores de ponderación individuales asignados a los elementos evaluados.
En 2022, el Ministerio de Economía absorbió al Ministerio de Desarrollo Productivo, transformándolo en la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo dentro del Ministerio. Además, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca también se incorporó como Secretaría dependiente del Ministerio de Economía.
Argentina aún no ha formulado una estrategia específica para el desarrollo del sector de las PyMEs. Sin embargo, en 2023, el Gobierno aprobó un plan a mediano plazo denominado Argentina Productiva 2030. Plan de desarrollo productivo, industrial y tecnológico. Este plan esboza orientaciones y objetivos estratégicos en once áreas de política, que abarcan el desarrollo de las exportaciones, la economía verde, la transformación digital, la modernización industrial, el sector turístico y el desarrollo de la cadena de suministro. En particular, el plan da prioridad al desarrollo de sectores predominantemente liderados por grandes empresas, como el petrolero y el minero. A pesar de este enfoque general, una sección del plan está dedicada a la integración de las PyMEs en las cadenas de suministro, fomentando los vínculos con las grandes empresas e introduciendo la Factura de Crédito Electrónica MiPyME como una herramienta similar al factoring. Esta herramienta tiene como objetivo proporcionar apoyo financiero a las PyMEs que buscan integrarse en las cadenas de valor. La ejecución del plan está supervisada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, y el monitoreo está a cargo del Consejo de Seguimiento y Competitividad.
Las medidas de políticas para PyMEs se introducen en respuesta a las solicitudes del sector o a emergencias económicas. La elección de un nuevo presidente en noviembre de 2023 que apoya un enfoque de laissez-faire económico puede llevar a una revisión significativa del enfoque intervencionista, lo que repercutirá en la política para PyMEs del país. La puntuación de la subdimensión de Planificación estratégica, diseño de políticas y coordinación es 2,89.
Además, en 2021, un total de ciento cuarenta y cinco cámaras y federaciones locales unieron sus fuerzas para crear la Confederación Nacional de PyMEs, con el objetivo de mejorar la participación de las PyMEs en las Asociaciones Público-Privadas (APP). Esta iniciativa de colaboración se refleja en la puntuación de 2,77 obtenida por Argentina en la subdimensión de Consultas público-privadas (CPP). No obstante, las CPP se producen con relativa frecuencia, aunque no son sistemáticamente regulares. El gobierno participa en consultas con el sector privado cuando se introduce una nueva legislación que afecta a las empresas privadas o en respuesta a los esfuerzos de cabildeo de las organizaciones del sector privado, en particular los organismos de la industria. Por otro lado, en la subdimensión de Medidas para abordar la informalidad, Argentina demuestra un aumento marginal en la puntuación, alcanzando 3,82 en comparación con 3,76 en 2019. El gobierno ha concentrado sus esfuerzos en reducir el trabajo informal, principalmente a través de la creación del Registro Público de Empleadores sancionados por incumplir la normativa laboral. Además, ha habido una reducción de las cotizaciones sociales para los emprendedores individuales y las microempresas.
El camino a seguir
Revisar y simplificar la definición actual de PyME incorporando parámetros adicionales, como el empleo y los activos totales, junto al criterio existente de volumen de negocios total anual. Garantizar la aplicación uniforme de la definición en todos los niveles de la administración pública, incluidas las autoridades locales y la oficina nacional de estadísticas. Incluir una cláusula de independencia para garantizar que las PyMEs no estén controladas por grandes empresas. Eliminar el requisito de registro anual de las PyMEs en el Ministerio de Economía. Otorgar al Ministerio la autoridad para confirmar la condición de PyME accediendo a los datos del registro público de empresas, la administración tributaria y el registro de mano de obra.
Definir objetivos a mediano plazo para el sector de las PyMEs en el contexto de las recientes medidas de recuperación económica del país. Crear un grupo ejecutivo encargado de desarrollar un plan de acción a mediano plazo para el sector de las PyMEs. Definir objetivos a mediano plazo para el sector de las PyMEs en el contexto de las recientes medidas de recuperación económica del país. Crear un grupo ejecutivo encargado de elaborar una estrategia de desarrollo de PyMEs/empresas a largo plazo para alcanzar los objetivos definidos. Incluir en este grupo de trabajo a instituciones públicas clave, representantes del sector privado, autoridades locales, instituciones internacionales y expertos en PyMEs. Evaluar el impacto de las medidas de recuperación económica del país en el sector de las PyMEs y revisar el marco institucional y los incentivos existentes a la luz de la nueva estrategia.
Formalizar y ampliar las CPP, garantizando una representación significativa de los jóvenes emprendedores, las mujeres emprendedoras, las empresas de nueva creación y las empresas de sectores emergentes. Realizar encuestas empresariales periódicas, con la colaboración de las asociaciones empresariales y las autoridades locales, que abarquen diversos tipos de empresas. Identificar y abordar los obstáculos significativos al desarrollo empresarial basándose en los resultados de las encuestas.
Abordar el alto nivel de informalidad evaluando sus consecuencias tanto en las condiciones laborales como en el desarrollo empresarial. Esto incluye examinar el impacto de la informalidad en la competencia desleal, las posibles distorsiones en el crecimiento empresarial causadas por las normativas fiscales y laborales, y las barreras para acceder a la financiación externa formal. Al identificar estos retos, podemos desarrollar medidas para mitigar los efectos negativos de la informalidad y promover un entorno justo y propicio tanto para las empresas ya establecidas como para las nuevas.
Dimensión 2. Entorno operativo y simplificación de procedimientos
Argentina tiene un sistema normativo complejo y unas cargas administrativas elevadas. El anterior SME PI destacaba que los procedimientos de registro de empresas y de declaración de impuestos eran complejos y lentos. Esto también se reflejó en un bajo rendimiento general en el informe de Indicadores de Regulación de Mercados de Productos de la OCDE de 2017. En aquel momento, el gobierno reconoció la necesidad de proceder a reformas normativas y a la simplificación legislativa, y creó una Secretaría de Simplificación Productiva en el entonces Ministerio de Producción y Trabajo. Promulgó varias reformas legislativas, incluidas modificaciones de la Ley de Sociedades, y tomó medidas para aplicar de forma más sistemática el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) durante el proceso de elaboración de nuevos actos legislativos y reglamentarios.
Durante la administración 2019-2023, la simplificación legislativa y la reforma regulatoria se estancaron. Esto se debe en parte al impacto de la pandemia del COVID-19 en la actividad legislativa y en parte al deterioro del marco macroeconómico, que obligó al gobierno a reaccionar ante emergencias económicas y limitar su compromiso en la búsqueda de reformas regulatorias. Sin embargo, hubo avances en la prestación de servicios de administración electrónica, como refleja la puntuación global de 2,57 para el Entorno Operativo y la Simplificación de Procedimientos.
Hasta octubre de 2023, el gobierno no disponía de un plan estratégico para llevar a cabo programas de simplificación legislativa y reforma normativa. El AIR siguió siendo opcional y sólo se realiza para los actos legislativos más importantes, y los informes no se hicieron públicos. La puntuación de Argentina para la subdimensión de Simplificación legislativa y análisis de impacto Regulatorio se mantiene en el mismo nivel que en 2019, en 1,63. Sin embargo, la nueva administración está participando activamente en los esfuerzos para agilizar los procesos regulatorios. Recientemente ha declarado su intención de presentar al Congreso un proyecto de ley destinado a suprimir 160 reglamentos. El 15 de diciembre se creó, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de ministros, la Secretaría de Simplificación del Estado que, entre sus funciones, incluye colaborar en el diseño de la política de simplificación y agilización de trámites y procesos en el Sector Público Nacional, provincial, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y municipal, coordinando acciones con las áreas con competencia específica.
Para la subdimensión de Registro de empresas, la puntuación de Argentina es de 2,54. Esto se atribuye a su naturaleza relativamente compleja, que implica un elevado número de procedimientos. Completar el proceso de registro formalmente lleva 15 días, ya que requiere la realización secuencial de cada paso. Aunque sólo algunos trámites pueden realizarse en línea, el costo global del proceso de registro es relativamente bajo. No existe una ventanilla única, sino un sistema de ventanillas múltiples. Las empresas reciben dos números de registro, uno del Registro de Comercio, que es el Número de Inscripción en el Registro Público y es propio de cada registro provincial, y uno de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que es la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y se utiliza a nivel nacional
Desde 2019, el gobierno implementó dos medidas impositivas relevantes para las PyMEs: una extensión del monotributo aplicado a microempresas y emprendedores individuales, y la introducción de un "puente" para promover la transición del monotributo a un régimen impositivo corporativo completo. Como paso positivo, en respuesta a las necesidades generadas por la pandemia del COVID-19, la administración tributaria ha ampliado la gama de servicios prestados en línea. Este cambio se refleja en el aumento de su puntuación con respecto a 2019, de 2,33 a 2,50. Sin embargo, los procedimientos administrativos para la declaración de impuestos por parte de las empresas privadas son complejos y lentos. Los principales puntos débiles del sistema de administración tributaria están relacionados con el número de horas necesarias para la declaración de impuestos y la tasa total de impuestos y aportes (% de los beneficios). El sistema fiscal se complica aún más por la autonomía fiscal concedida a los gobiernos provinciales.
La mayor fortaleza de Argentina en esta dimensión reside en sus servicios de gobierno electrónico, demostrada por una puntuación de 4,08 en esta subdimensión, siguiendo la tendencia de otros países latinoamericanos evaluados. En 2015 se desarrolló el primer programa que promueve la digitalización de la administración pública y la prestación de servicios de gobierno electrónico. El programa fue reforzado con el lanzamiento de la Agenda Digital Argentina en 2018 mediante el Decreto 996/2018, que establece los lineamientos estratégicos para la digitalización de la administración pública. A nivel nacional, el principal servicio de gobierno electrónico es la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), que actualmente brinda 2456 enlaces con entidades de la administración pública. El alcance y la difusión de los servicios de administración electrónica se han ampliado considerablemente, también en respuesta al aumento de la demanda de servicios en línea durante la pandemia del COVID-19. Una de las aplicaciones más importantes para las PyMEs es el Legajo Único Financiero y Económico (LUFE), que permite centralizar todos los datos financieros y personales. Su objetivo es facilitar y agilizar los trámites de las PyMEs con los distintos agentes del sistema financiero y la administración pública en general.
El camino a seguir:
Argentina debería emprender una revisión exhaustiva de sus leyes y normativas para mejorar el entorno operativo de las empresas privadas, liberar el potencial emprendedor del país y fomentar la contestabilidad del mercado al:
Crear un grupo de trabajo interministerial que opere bajo la alta autoridad gubernamental, encargado de identificar los principales obstáculos al crecimiento de la empresa privada y de proponer un programa de reformas. Para garantizar la inclusión y unas perspectivas equilibradas, el grupo de trabajo debería complementarse con un comité consultivo, que incluya a representantes del sector privado, en particular los defensores de las nuevas empresas y los que operan en sectores de alto crecimiento. Este enfoque pretende contrarrestar la influencia de las empresas bien establecidas y conectadas.
Evitar la introducción de leyes y reglamentos ineficaces, implantando una aplicación sistemática del AIR para todas las nuevas medidas legislativas que afecten a la actividad empresarial. Esto implica aprobar oficialmente la metodología más avanzada del AIR, designar a un órgano rector que supervise la aplicación del AIR y garantice la calidad del análisis, designar a la autoridad responsable de llevar a cabo los ejercicios de AIR y ordenar la publicación de todos los informes de AIR, facilitando así las consultas públicas. Este enfoque aumenta la transparencia y la eficacia en la toma de decisiones reguladoras.
Mejorar el entorno empresarial, llevando a cabo una profunda revisión y simplificación de los procedimientos de registro para todos los tipos de empresas. Implantar un OSS para el registro físico e introducir procedimientos de registro en línea. Este planteamiento agilizaría considerablemente el proceso, fomentando un entorno más eficiente y favorable a las empresas.
Realizar una evaluación exhaustiva del tipo impositivo efectivo total aplicado a las distintas categorías de PyME. Identificar las posibles distorsiones del sistema fiscal que obstaculizan o distorsionan el crecimiento de las empresas. Además, simplificar y revisar los procedimientos de administración fiscal puede contribuir a crear un entorno fiscal más transparente y favorable para las PyMEs.
Dimensión 3. Acceso al financiamiento
Argentina obtiene una puntuación global de 4,00 en la dimensión Acceso al financiamiento, la más alta de la región. El país ha avanzado notablemente en el desarrollo de procesos para gestionar la quiebra y la insolvencia de las PyMEs. También ha ampliado las opciones de financiación alternativa para las PyMEs, incluidos los planes de préstamos basados en activos (ABL) y los instrumentos de inversión de capital, respaldados por un marco normativo específico.
Además, el país obtiene una puntuación de 3,87 en la subdimensión del Marco legal, regulatorio e institucional, por encima de la media regional de AL9, debido principalmente al sólido desarrollo en la regulación del mercado de valores y el registro de activos, y a una ponderación relativamente menor en las garantías para las PyMEs.
El desarrollo del marco jurídico para el acceso a la financiación está impulsado principalmente por las disposiciones del gobierno en el mercado de valores para ayudar a las PyMEs a cumplir los requisitos de cotización y disponer de una sección o mercado separado para las PyMEs de baja capitalización. Las PyMEss pueden abrir su capital cotizando en bolsa, con un régimen de información simplificado, sin obligación de establecer comités de auditoría ni de aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), sin tasas de supervisión o control, ni tasas de emisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y sólo pueden ser adquiridas por inversores cualificados.
La puntuación global del país en esta subdimensión se ve ligeramente afectada por un menor desarrollo en la regulación e institucionalización del registro de bienes tangibles e intangibles. Aunque los bienes muebles están ampliamente aceptados como garantía en el país y el catastro es accesible en línea para el público, el registro de garantías reales sobre bienes muebles no tiene la misma accesibilidad.
Por otro lado, Argentina alcanza la segunda mejor puntuación en AL9 en el indicador de diversificación de las fuentes de financiación para las empresas, con una puntuación de 4,57, gracias a su amplia gama de productos financieros a disposición de las PyMEs. Entre esta gama se encuentran productos diseñados para apoyar las iniciativas de internacionalización de las PyMEs, como los créditos a la exportación del Banco de la Nación (BNA) y del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), las garantías otorgadas por fondos públicos (FOGABA y FOGAR), y otros esquemas que incluyen servicios de asesoramiento comercial y técnico específicos para PyMEs. Además, en abril de 2024 entró en vigor el Cupo MiPyME Mínimo, un esquema simplificado de incentivos para fomentar la asistencia crediticia basado en la reducción de encajes, a cargo del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Además, Argentina ha consolidado varias opciones de financiación alternativa para las PyMEs, incluidos los sistemas de préstamos basados en activos (ABL), así como instrumentos de inversión de capital, para los que existe un marco normativo específico. Asimismo, el país ha realizado esfuerzos para modernizar su marco regulatorio en materia de esquemas de microfinanciación para deuda o préstamos entre pares (P2P), bajo la Comunicación "A" 7406 del BCRA, que entró en vigor el 3 de enero de 2022.
En la subdimensión Educación financiera, Argentina obtiene una puntuación de 3,15. La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera incluye un Plan Nacional de Educación Financiera (PNEF) destinado a mejorar las capacidades financieras de los usuarios de productos y servicios financieros, promoviendo el acceso y el uso de calidad en toda la población, con especial atención a los sectores más vulnerables. Reconociendo la necesidad de un enfoque personalizado y adaptado a las diversas realidades, el PNEF se dirige a segmentos específicos de la población con una perspectiva social y federal, teniendo en cuenta el género y la diversidad. Estos segmentos incluyen a los adultos mayores, los beneficiarios de programas sociales, los migrantes, los jóvenes y el sector de las PyMEs. Para las PyMEs, el PNEF esboza una acción estratégica para desarrollar campañas que difundan instrumentos financieros adecuados y diseñados específicamente para ellas.
Como en todos los países del AL9, los programas de educación financiera y emprendimiento están integrados en el currículo escolar y son obligatorios en Argentina. Además, el BCRA realiza evaluaciones de conocimientos financieros como parte de sus programas. Entre los participantes en estos programas figuran personas que dirigen PyME, tanto en calidad de instructores como de beneficiarios. Además, Argentina destaca en sus esfuerzos de monitoreo y evaluación. Con el apoyo de organizaciones internacionales como CAF, Argentina ha desarrollado esquemas de monitoreo y evaluación, incluyendo la encuesta de medición de la capacidad financiera, y ha implementado iniciativas de evaluación utilizando grupos de control aleatorios. Estas acciones ponen de manifiesto la importancia que el país concede a la educación financiera de las PyMEs.
Además, Argentina se destaca entre los países participantes del estudio al obtener el puntaje más alto en el desarrollo de procesos para gestionar la quiebra e insolvencia de las PyMEs, alcanzando 4,42 puntos. Este puntaje representa una mejora significativa en comparación con la medición de 2019, donde obtuvo 3,05 puntos. El país cuenta con un marco regulatorio y otros procedimientos establecidos para empresas en condiciones de insolvencia, los cuales son ampliamente aplicados y basados en principios internacionalmente aceptados, aplicables también a empresas estatales.
Por último, Argentina cuenta con sistemas de alerta temprana ante situaciones de insolvencia, la opción de recurrir a acuerdos extrajudiciales menos gravosos que la declaración de quiebra y el cramdown regulado en el artículo 48 de la ley de concursos y quiebras. El país también informa de la existencia de registros especiales para almacenar los datos de las empresas y de procedimientos para levantar las restricciones impuestas tras la declaración de quiebra de una empresa. Estos registros están a disposición del público, y las empresas declaradas en quiebra se eliminan del registro tras obtener la liberación total.
El camino a seguir
Si bien Argentina destaca con un buen rendimiento general en esta dimensión, es importante seguir profundizando en las mejoras del marco jurídico de las operaciones garantizadas, especialmente en lo que respecta a la capacidad de los acreedores garantizados para ejecutar su garantía tras la reorganización, así como desarrollar mecanismos de apoyo para que los empresarios aprovechen las segundas oportunidades o recuperen los negocios perdidos. Algunas medidas que podría adoptar Argentina son:
Establecer una definición estándar de garantía y revisar el porcentaje de garantías exigido para los préstamos a mediano plazo a las PyMEs.
Liberar la concesión de créditos a las PyMEs y crear mecanismos para la utilización activa de los certificados de garantía de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y los fondos de garantía, de modo que no sólo se beneficien las PyMEs con vínculos internacionales.
Realizar encuestas específicas para medir las capacidades financieras de las PyMEs con el fin de diseñar programas de educación financiera más acordes con su contexto y necesidades.
Diseñar y aplicar programas de formación para segundas oportunidades, dirigidos a personas que han visto sus empresas caer en bancarrota.
Implantar procesos que permitan la eliminación automática de la lista negra de crédito nacional tras la liquidación total.
Dimensión 4. Servicios de desarrollo de las PyMEs y compras públicas
En Argentina existen varios programas y medidas de apoyo al desarrollo de las PyMEs y el emprendimiento, incluida una serie de servicios de desarrollo empresarial (SDE) y medidas para acceder a las oportunidades de contratación pública. Como reflejo de ello, Argentina registra una puntuación de 4,26 en la dimensión global. Los mejores resultados en este ámbito se registran en la subdimensión de Servicios de desarrollo de emprendedores (4,34), seguida de compras públicas (4,20) y servicios de desarrollo empresarial (4,23). Principales puntos fuertes en la dimensión global se encuentran en el ámbito de la ejecución, con puntos más débiles en lo que respecta a la planificación y el diseño, y al monitoreo y la evaluación.
Las iniciativas emblemáticas de Argentina en materia de SDE se engloban en el Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC), financiado mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y administrado por el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo y su Subsecretaría de Desarrollo Empresarial. El PAC otorga Aportes No Reembolsables (ANR) para financiar proyectos como la digitalización de las funciones de las empresas, certificaciones (ambientales, de calidad, etc.) y el acceso a mercados nacionales y extranjeros. Las modalidades incluyen asistencia técnica, adquisición de equipos, estudios, etc. El apoyo se presta a través de convocatorias de proyectos.
Los servicios de desarrollo a emprendedores se prestan a través del programa Escalar, que proporciona ayuda financiera, incluidos préstamos sin intereses, y el programa Emprendimientos Dinámicos, que consiste en subvenciones (ANR) para proyectos con potencial para convertirse en PyMEs competitivas y que estén patrocinados por Entidades Especializadas de Apoyo al Emprendedor (EEAE) certificadas, como viveros de empresas, aceleradoras y redes de emprendedores.
Argentina obtuvo el segundo mejor desempeño en materia de contratación pública en la edición 2019 del SME PI. Dicho desempeño se vio impulsado principalmente por una planificación y un diseño eficaces en este ámbito, en particular la existencia de leyes y reglamentos que permiten la división de las licitaciones en lotes más pequeños, la formación de consorcios de PyMEs y la obligatoriedad de pagos puntuales por bienes y servicios, entre otros. En esta edición, Argentina sigue mostrando un buen rendimiento de sus políticas, con una puntuación de 4,20, impulsada también por una sólida planificación y diseño e implementación, aunque con un monitoreo y evaluación relativamente débiles. Las leyes clave que regulan y fomentan la participación de las PyMEs y las cooperativas en la contratación pública incluyen la Ley 25.300 y la Ley 27.437, que proporcionan un marco legal para el desarrollo de la industria nacional y la compra por parte del Estado de bienes y servicios nacionales. Permiten, entre otros:
Una opción de licitación parcial para las PyMEs que oscila entre el 20 y el 35% del valor total de la categoría.
La posibilidad de dividir las licitaciones en lotes más pequeños para que las PyMEs puedan participar en las ofertas.
Acuerdos marco que ofrecen a las PyMEs la posibilidad de participar en licitaciones para las que cumplen las condiciones de participación.
Una preferencia para los bienes nacionales sobre los importados si el precio de los bienes nacionales no supera en un 15% el precio de oferta de los bienes importados, y una preferencia del 5% para los bienes producidos por las PyMEs sobre los bienes importados o los bienes de las grandes empresas.
Además, la Ley 13.064 relativa al Nuevo Régimen de Obras Públicas incluye normas para el pago puntual de las PyMEs proveedoras al Estado, en particular un plazo de 30 días para el pago tras la recepción de una factura. Sin embargo, se dan casos de retrasos en los pagos por parte del Estado de hasta dos años.
En materia de contratación electrónica, Argentina cuenta con dos plataformas: compra.gob.ar, para la compra de bienes y servicios por parte del Estado, y contrat.gob.ar, para obras públicas. La primera plataforma, también conocida como compr.ar, permite a los organismos públicos publicar oportunidades de contratación y gestionar todo el proceso de contratación para todos los niveles de la Administración, desde el Gobierno nacional hasta los municipios. contrat.ar se utiliza para la compra de servicios de construcción como carreteras, puentes y edificios a nivel nacional. Los sistemas de contratación electrónica argentinos permiten a las instituciones públicas publicar oportunidades de contratación, a los proveedores presentar ofertas y a las autoridades contratantes evaluar dichas ofertas y adjudicar contratos. Está diseñado para promover la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en la contratación pública.
Argentina también implementa un registro de proveedores, conocido como Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), que es una base de datos que registra la información de contacto de los proveedores, cualificaciones financieras y técnicas, historial de cumplimiento de contratos y leyes, y cualquier sanción o penalización impuesta a los proveedores. El SIPRO no es un requisito obligatorio para que los proveedores participen en procedimientos de contratación pública, pero puede ser una herramienta útil para que participen en contratos públicos.
El camino a seguir
En general, Argentina tiene unos resultados sólidos en la Dimensión 4, con una variedad de servicios de desarrollo empresarial y apoyo a la participación de las PyMEs en la contratación pública. No obstante, Argentina podría:
Adoptar una estrategia específica y plurianual para el desarrollo de las PyMEs, con objetivos y responsabilidades concretas.
Reforzar el diálogo público-privado para el diseño, la aplicación, el monitoreo y la evaluación de dicha estrategia para las PyMEs. De hecho, la información recopilada para esta evaluación muestra que hay pocas pruebas ampliamente disponibles sobre la eficacia del apoyo a las PyMEs a través de los SDE y el acceso a la contratación pública.
Evaluar la sostenibilidad del modelo de prestación de SDE, que actualmente depende de los préstamos del BID, en lugar de aspirar a crear un mercado autosuficiente de SDE, incluso mediante la prestación de esos servicios por parte de agentes del sector privado.
Dimensión 5. Innovación y tecnología
Argentina tiene una puntuación global de 3,58 en la dimensión de Innovación y tecnología, lo que supone una mejora considerable respecto a la puntuación de 3,21 registrada en 2019. Los resultados relativamente buenos de Argentina en esta dimensión se deben a su marco político cohesionado y bien coordinado y a una sólida oferta de ayudas financieras para permitir y fomentar la innovación de las PyMEs.
El sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación se estructura en torno al marco establecido por la Ley 25.467 de 2001, que creó el Gabinete Científico y Tecnológico (GACTEC) en el seno del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT). El MINCYT es la entidad responsable designada para desarrollar la Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación (Plan CTI 2030), que se puso en marcha en 2022. Mientras tanto, el Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (COFECyT) y el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT) trabajan para coordinar las políticas de innovación en todo el Gobierno. La política de innovación también está integrada en otras estrategias gubernamentales en los ámbitos de la política de PyME, la política industrial, la política de educación y cualificaciones y la política científica, lo que apunta a una integración de las políticas y consideraciones de innovación en todo el gobierno. Estos factores contribuyen a la puntuación de 4,01 de Argentina en la subdimensión Marco institucional. Sin embargo, la puntuación de Argentina en esta subdimensión se ve reducida por un rendimiento relativamente débil en el componente de monitoreo y evaluación, lo que refleja áreas de oportunidad en el monitoreo de la aplicación de la estrategia de innovación.
Argentina tiene una puntuación de 2,64 en la subdimensión Servicios de apoyo. Aunque existen iniciativas para vincular a las PyMEs innovadoras con las instituciones de investigación, así como una sólida red de incubadoras y aceleradoras, no se aplican sistemáticamente disposiciones adecuadas de monitoreo y evaluación. Un elemento más sólido de la política de innovación de Argentina es el apoyo financiero que se presta a las PyMEs. La puntuación de 4,08 obtenida por Argentina en la subdimensión Financiación de la innovación se sustenta en una sólida gama de ayudas políticas que incluyen subvenciones a través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), incentivos fiscales a la investigación y el desarrollo, y el innovador instrumento de contratación pública de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.
El camino a seguir
Definir indicadores clave de rendimiento y objetivos a nivel estratégico para supervisar el progreso de la aplicación y la eficacia general de la estrategia de innovación.
Desarrollar un marco de monitoreo y evaluación de las principales políticas y programas de innovación, que debería incluir metodologías de evaluación fiables con grupos de control de empresas que no hayan participado en los programas.
Dimensión 6. Transformación productiva
Argentina alcanza una puntuación global de 4,04 en la dimensión de Transformación productiva, lo que refleja un cambio positivo sustancial con respecto a la puntuación de 3,78 en 2019. Como se destaca en la dimensión Marco Institucional, la nación está mejorando activamente las medidas para aumentar la productividad a través de su plan a mediano plazo denominado Argentina Productiva 2030 Plan de Desarrollo productivo, industrial y tecnológico, aprobado en 2023. Este plan aboga por la integración de las PyMEs en las cadenas de suministro, con el objetivo de remodelar la estructura productiva y tecnológica del país. Constituye una hoja de ruta para mejorar de forma sostenible la calidad del trabajo, incorporar nuevas tecnologías a las actividades productivas, reforzar la competitividad, mejorar los sectores productivos y ampliar las exportaciones a través de 11 objetivos definidos (misiones) y 60 áreas temáticas (proyectos) que se reflejan en una sólida puntuación de 3,71 en la subdimensión Estrategias para mejorar la productividad. Sin embargo, si bien Argentina Productiva 2030 es un esfuerzo político clave para contribuir a la transformación productiva del país, la inclusión de medidas específicas centradas en las PyMEs sigue siendo el principal desafío.
La solidez de las medidas para mejorar las asociaciones productivas en Argentina persiste, alcanzando una puntuación de 4,57, igualando su desempeño de 2019. Esto se atribuye en gran medida a la eficacia del componente específico de clústeres dentro del programa PAC del BID, implementado a través de convocatorias de propuestas, que ofrecen cofinanciación para establecer nuevos clústeres o fortalecer los existentes. Además, Argentina realiza estudios en profundidad sobre redes empresariales y clústeres existentes, desarrollando estrategias para apoyarlos. Desde 2017, el Programa Nacional de Parques Industriales mantiene un Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI), que brinda apoyo financiero, incluyendo créditos y aportes no reembolsables, a los parques registrados para la realización de estudios y la instalación de infraestructura productiva. Este programa también cuenta con un Observatorio Nacional de Parques Industriales (ONPI) que ofrece un espacio de colaboración e intercambio de conocimientos para fortalecer las industrias regionales aprovechando las experiencias locales. Aunque el país ha establecido mecanismos para supervisar y evaluar estas políticas, y se han realizado ajustes en función de los resultados, Argentina podría beneficiarse del uso de indicadores clave y estadísticas de rendimiento para una toma de decisiones más informada.
Argentina tiene una puntuación de 3,96 en la subdimensión Integración en las cadenas de valor globales. En el marco de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, la Subsecretaría de PyMEs administra la Dirección de Desarrollo de Cadenas de Valor, implementando una estrategia focalizada para reforzarlas, mientras que el plan Argentina Productiva 2030 se incluye una sección específica centrada en la integración de las PyMEs en las cadenas de suministro.
El camino a seguir
Aunque Argentina ha mostrado mejoras en esta dimensión, existen oportunidades para mejorar su enfoque estratégico y programático. Entre las principales recomendaciones figuran:
Aplicar medidas de monitoreo y evaluación con indicadores claros y sujetos a plazos para mejorar la toma de decisiones y evaluar la eficacia de las políticas.
Redoblar los esfuerzos para promover la información sobre las medidas y programas existentes. Utilizar el sitio web de Argentina 2030 para proporcionar información exhaustiva, que sirva como mecanismo para supervisar el progreso del plan.
Dimensión 7. Acceso al mercado e internacionalización de las PyMEs
Argentina obtiene una puntuación de 4,50 en la dimensión Acceso al mercado e internacionalización, apoyada principalmente por los avances en los programas de apoyo a la internacionalización y los beneficios derivados de los procesos de integración regional. El país ha consolidado sus esfuerzos para facilitar los negocios internacionales a través del CPPPE, creado en 2020. Este consejo formula planes anuales de promoción comercial en colaboración con los sectores público y privado, promoviendo rondas de negocios, misiones comerciales y talleres de oferta tecnológica. Además, en colaboración con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), se han puesto en marcha programas específicos para PyMEs, como Desafío Exportar, Argentina al Mundo, Proyectos Argentina, PyMEs al Mundo y Capacitación para Invertir y Exportar.
La AAICI desempeña un papel crucial en la estrategia de exportación y atracción de inversiones, proporcionando asistencia técnica, formación, inteligencia de mercado y apoyo a las PyMEs. Programas como Export Challenge han proporcionado asistencia técnica con resultados tangibles en la promoción de las exportaciones. El programa consta de tres fases: diagnóstico, asistencia técnica en el plan de exportación, y asistencia en la promoción internacional. Como parte de las acciones llevadas a cabo para la promoción de las exportaciones y la internacionalización de las PyMEs, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Culto desarrolló el programa "PyME para el Mundo", que ofrece formación, asistencia técnica y líneas de financiación. En este contexto, se han realizado una serie de encuentros denominados "Ciclos PyMEs para el Mundo" (SIDP, 2023[9]). El gobierno también ha implementado iniciativas como Potencia PyMEX, que ofrece financiamiento a fondo perdido para proyectos de innovación en empresas manufactureras. Este programa ha beneficiado a un porcentaje importante de las exportaciones de las PyMEs.
Además, el Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP) ha implementado el Plan Federal de Desarrollo Exportador PyME para impulsar las exportaciones de las PyMEs. Este plan incluye acciones como el fortalecimiento de los organismos locales y centros de servicios, la participación de las universidades en el sistema productivo, la capacitación en habilidades para la exportación, la asistencia técnica integral y el financiamiento, la revisión del régimen arancelario y la promoción de productos en el mercado externo (AAICI, 2020[10]).. ., . . Estas medidas han llevado a Argentina a obtener una puntuación de 4,91 en esta área. Según el Monitor Pyme de Exportación de Productos Industriales, las PyMEs argentinas exportaron 1.714 millones de dólares en el primer semestre de 2023, representando el 6,8% del total nacional, siendo Brasil su principal destino (18,2%) (CAME, 2023[11]).
En la subdimensión de Facilitación del comercio, Argentina obtuvo una puntuación de 4,36. El MDP ha puesto en marcha varias iniciativas para simplificar las exportaciones, como el ABC para Exportar y la plataforma Exporta Simple 2.0, que facilita las operaciones de exportación a los pequeños productores a través de Operadores Logísticos Exporta Simple (OLES). Además, se ha creado ExportArgentina, un directorio federal de oferta exportable. El país también cuenta con Ventanillas Únicas de Comercio Exterior y Nodos VUCE en 11 provincias. Sin embargo, Argentina podría mejorar la interoperabilidad entre estas herramientas y la Aduana para maximizar sus beneficios mediante el desarrollo de servicios web que vinculen a ambas entidades (ALADI, 2023[12]).
En cuanto al programa de Operador Económico Autorizado (OEA), la normativa se actualizó en noviembre de 2021 para ajustarse a las normas de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Sin embargo, todavía no se ha visto que este programa conceda derechos específicos a las PyMEs argentinas. Argentina ha firmado tres Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) y está tramitando otros acuerdos significativos. Aunque Argentina supera la media de AL9 en tres de las cuatro categorías de Indicadores de Facilitación del Comercio (IFC), queda por debajo de la media en la categoría de documentos (ARG: 1,125; ALC: 1,591).
Argentina también obtiene una puntuación relativamente alta en la subdimensión de Comercio electrónico (3,66). Según el Global Payments Report 2023 (FIS, 2023[13]), Argentina es el tercer mayor mercado de comercio electrónico de América Latina, con una proyección de crecimiento anual del 21%. Se espera que el mercado argentino de comercio electrónico crezca de 19 mil millones de dólares en 2022 a 41 mil millones de dólares en 2026, impulsado principalmente por las transacciones móviles, que representaron el 60% del valor total en 2022. En materia de capacitación y financiamiento en transformación digital para PyMEs, en 2023 el MDP lanzó el concurso Transformación Digital PyMEX, con apoyo del BID ofreciendo aportes no reembolsables de hasta 25 millones de pesos por proyecto para cubrir el 70% del costo. Estos proyectos tienen como objetivo impulsar la transformación digital de las PyMEs exportadoras hacia la Industria 4.0, incluyendo mejoras en procesos, desarrollo de soluciones tecnológicas y estrategias digitales. Además, se han creado Unidades de Transformación Digital (UTD), financiadas por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, que brindan asistencia técnica y capacitación a las PyMEs en su proceso de digitalización.
Además, Argentina obtiene una puntuación de 4,32 en la subdimensión de Normas de calidad, lo que supone una mejora con respecto a su desempeño en 2019, influida principalmente por el papel fundamental de las normas IRAM e ISO como aliados estratégicos para las PyMEs. Estas normas han demostrado ser herramientas efectivas para la transferencia de conocimiento, al reunir resultados de investigación y desarrollo tecnológico. A través del programa Expertos PyME, se ofrece capacitación para mejorar la productividad y competitividad de las empresas, facilitando el acceso a asistencia técnica profesional en áreas específicas, incluyendo herramientas de calidad.
En la subdimensión de Integración, Argentina obtuvo una puntuación de 4,60. Dentro del Mercosur, se han establecido políticas de apoyo a las PyMEs, incluida la creación de un Fondo de Garantía para respaldar las operaciones de crédito en actividades de integración productiva. Sin embargo, aunque estas iniciativas se han puesto en práctica, no se dispone actualmente de registros públicos sobre la utilización de los fondos o el número de PyMEs beneficiarias.
El camino a seguir
Para mejorar los resultados de Argentina en esta dimensión, podrían considerarse las siguientes acciones:
Ampliar el alcance de la AAICI a nivel regional mediante la creación de oficinas regionales, con el objetivo de incrementar el acceso de las PyMEs a las oportunidades de formación y a otros beneficios derivados de los distintos programas.
Reforzar la integración de la formación OEA en los programas de la AAICI y explorar medidas de apoyo adicionales para facilitar la certificación OEA a las PyMEs. Así como mejorar la difusión de los beneficios de la certificación OEA.
Reforzar la visibilidad del apoyo del sector público a las certificaciones de calidad, aprovechando los esfuerzos y programas existentes.
Generar e integrar la estrategia de promoción del comercio electrónico en los planes de desarrollo del sector PyME, con objetivos medibles, para lograr una mejor coordinación y monitoreo de las políticas implementadas.
Promover la integración subregional y los beneficios para las PyMEs a través de la normalización y la colaboración en programas de promoción comercial e internacionalización. Así como fortalecer el marco institucional establecido en Mercosur para el diseño, ejecución y monitoreo de los programas de PyME.
Dimensión 8. Digitalización
Argentina obtiene una puntuación global de 3,76 en la dimensión de Digitalización, su rendimiento relativamente sólido se sustenta en una Estrategia Nacional de Digitalización cohesiva y bien coordinada, junto con una sólida infraestructura de conectividad de banda ancha.
La transformación digital del país está impulsada por la Estrategia Nacional de Digitalización (END), concretamente por el Programa Federal de Transformación Pública Digital. Se apoya en diversas normativas e iniciativas, como el Plan de Modernización del Estado, el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y la Agenda Digital Argentina. Esta iniciativa prioriza la digitalización de las pequeñas empresas, la agilización de los servicios públicos y la alfabetización digital. Más que una visión, la NDS es una fuerza tangible que da forma a la sociedad digital inclusiva de Argentina, implementada a través de la Secretaría de Innovación Pública y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Los mecanismos de coordinación incluyen el Consejo Federal de la Función Pública (CoFeFuP) y sus grupos de trabajo. El compromiso con la gobernanza digital garantiza el acceso universal a los servicios gubernamentales, promoviendo la inclusión. Argentina aprovecha las soluciones digitales eficientes para mejorar los servicios públicos, estimular el crecimiento económico y empoderar a sus ciudadanos, lo que culmina en una puntuación de 4,13 en la subdimensión Estrategia nacional de digitalización. Sin embargo, esta puntuación se ve atenuada por un débil rendimiento en el monitoreo y la evaluación, lo que refleja una supervisión inadecuada de la aplicación de la estrategia.
Argentina destaca en la subdimensión Conectividad de banda ancha con una puntuación de 4,11. El Plan de Conectividad, diseñado para proporcionar acceso a Internet incluso en zonas remotas, fomenta la inclusión social y el desarrollo económico. Las considerables inversiones del Gobierno en la construcción de una sólida infraestructura digital garantizan una conectividad sin fisuras en todo el país. El reconocimiento del papel fundamental del acceso fiable y asequible a Internet en la educación se pone de manifiesto en las iniciativas que equipan a las escuelas con Internet de alta velocidad, enriqueciendo la experiencia de aprendizaje y preparando a los jóvenes para un futuro digital.
Sin embargo, la política de digitalización de Argentina encuentra un obstáculo en la subdimensión de Competencias digitales, donde obtiene una puntuación de 3,03. Los esfuerzos para dotar a los ciudadanos de competencias digitales incluyen la integración de la tecnología en los planes de estudio escolares, programas de educación de adultos que ayudan a las generaciones mayores a adaptarse al mundo digital, y talleres y sesiones de formación en las comunidades locales para mejorar la alfabetización digital entre los adultos. Estas iniciativas tienen como objetivo permitir a las personas acceder a servicios en línea, solicitar empleo y conectarse digitalmente, fomentando una sociedad más inclusiva y digitalmente competente en Argentina.
El camino a seguir
Reforzar sus mecanismos de monitoreo y evaluación de las iniciativas de digitalización de las PyMEs. Mediante la aplicación de un marco sólido, el gobierno puede evaluar sistemáticamente el impacto de las políticas en curso, identificar áreas de mejora y garantizar la utilización eficaz de los recursos.
Adoptar un enfoque global del desarrollo de las habilidades
Referencias
[10] AAICI (2020), Plan integral para el Desarrollo Federal Exportador PyME, https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/11_nov_plan_de_desarrollo_federal_exportador_pyme_-vf.pptx_.pdf.
[12] ALADI (2023), Relevamiento del estado de situación de las VUCE en los países miembros de ALADI, https://www2.aladi.org/SitioAladi/documentos/facilitacionComercio/Relevamiento%20Estado%20de%20Situaci%C3%B3n%20de%20las%20VUCE%20en%20los%20pa%C3%ADses%20miembros%20de%20la%20ALADI.pdf.
[6] BCRA (2023), Informe de política monetaria, https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PoliticaMonetaria/IPOM0423.pdf (accessed on 11 March 2024).
[1] BCRA (2023), Informe de política monetaria, https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PoliticaMonetaria/informe-politica-monetaria-03-trim-2023.pdf (accessed on 11 March 2024).
[3] BCRA (2022), Informe de política monetaria, https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PoliticaMonetaria/IPOM0322.pdf (accessed on 11 March 2024).
[11] CAME (2023), Monitor de Exportaciones Pymes de Productos Industriales, https://www.redcame.org.ar/advf/documentos/2023/07/64b98987aeb70.pdf.
[13] FIS (2023), The Global Payment Report 2023, https://www.fisglobal.com/-/media/fisglobal/files/campaigns/global-payments%20report/FIS_TheGlobalPaymentsReport_2023.pdf.
[7] Government of Argentina (n.d.), Acuerdos internacionales concluidos, https://www.argentina.gob.ar/produccion/acuerdos-internacionales/conoce/tlc/vigentes (accessed on 11 March 2024).
[8] Ministry of Economy Argentina (2023), Las PyMEs argentinas generaron 140.000 puestos de trabajo en el primer trimestre, https://www.argentina.gob.ar/noticias/las-pymes-argentinas-generaron-140000-puestos-de-trabajo-en-el-primer-trimestre (accessed on 11 March 2024).
[4] OECD (2024), OECD Economic Outlook, Volume 2024 Issue 1, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/69a0c310-en.
[2] OECD (2024), Real GDP forecast (indicator), https://doi.org/10.1787/1f84150b-en (accessed on 26 June 2024).
[5] OECD (2022), Argentina Economic Snapshot, https://www.oecd.org/economy/argentina-economic-snapshot (accessed on March 2024).
[9] SIDP (2023), Ciclos Pymes para el Mundo, https://www.youtube.com/playlist?list=PLyy3c-xBFUSbaB19PEjcAjDpCP_jMDuBM.