Este capítulo ofrece una evaluación de Perú. Comienza con una visión general del contexto peruano y, a continuación, analiza los progresos de Perú en ocho dimensiones mensurables. El capítulo concluye con recomendaciones de políticas específicas.
Índice de Políticas para PyMEs: América Latina y el Caribe 2024
19. Perú
Resumen
Panorama
El desempeño de Perú en la segunda edición del Índice de Políticas para PyMEs (SME PI) demuestra los diversos esfuerzos y programas que el país tiene en marcha para el desarrollo de las PyMEs. En general, el desempeño de Perú destaca en las dimensiones de Innovación y tecnología (Dimensión 5) y Acceso al mercado e internacionalización de las PyMEs (Dimensión 7), donde ha mejorado con respecto a la evaluación de 2019 y ha obtenido una puntuación por encima de la media regional. Sin embargo, el país sigue enfrentándose a retos particulares en la dimensión de Entorno operativo y simplificación de procedimientos (Dimensión 2). Aunque ha mejorado su puntuación en comparación con su participación en 2019, debido principalmente al desarrollo de sus servicios de administración electrónica, sigue estando por debajo de la media regional.
Perú ha mantenido un marco bien establecido para la política de PyME y ha demostrado prácticas encomiables en la planificación de políticas a medio plazo. El país ofrece una amplia gama de programas e iniciativas para apoyar el desarrollo de las PyMEs, a menudo con objetivos claros y con plazos definidos. Sin embargo, sigue habiendo problemas en la aplicación y el seguimiento de estas políticas y programas, lo que dificulta la evaluación del impacto global de las medidas de apoyo a las PyMEs.
De cara al futuro, como se detalla en este capítulo, Perú podría construir sobre la base del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - Perú 2050 desarrollando una estrategia a medio plazo para el desarrollo de las PyMEs. Esta estrategia podría formularse en consulta con representantes del sector privado y organizaciones internacionales. El plan podría beneficiarse de la incorporación de medidas realistas y cuantificables, al tiempo que refuerza los mecanismos de aplicación de sus diversos programas de apoyo a las PyMEs, garantizando su alineación con las orientaciones estratégicas.
Contexto
La economía peruana afrontó una contracción del 10,8% debido a la pandemia en 2020, seguida de una recuperación del 13,3% en 2021, impulsada por la demanda interna, el crecimiento de los sectores productivos y el aumento de los ingresos corrientes. En 2022, la economía se desaceleró hasta el 2,7%, (OECD, 2024[1]). Factores como los conflictos sociales, la incertidumbre política y las condiciones climáticas adversas afectaron la confianza empresarial y frenaron la inversión privada en sectores no mineros, mientras que la inversión minera se contrajo debido a la ausencia de nuevos proyectos a gran escala (BCRP, 2022[2]).
Diversos factores, entre ellos las perturbaciones meteorológicas y los choques de oferta, llevaron a una tasa de inflación máxima del 8,8% en junio de 2022. En respuesta, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) aumentó la tasa de interés de referencia en 500 puntos básicos a lo largo de 2022, alcanzando el 7,5% (BCRP, 2022[2]). A fines de 2023, la tasa de inflación retornó a un nivel dentro de la meta de inflación, reportando 3,1%. Este descenso se vio impulsado por la rápida inversión del impacto de las perturbaciones de la oferta sobre los precios de los alimentos observada en el segundo semestre del año. El déficit fiscal, tras alcanzar el 1,7% del PIB en 2022, aumentó hasta el 2,7% en 2023 (BCRP, 2023[3]).
En términos de empleo, los puestos de trabajo formales nacionales y la participación de los salarios aumentaron en 2023 respecto a 2022 (INEI, 2023[4]). Sin embargo, se observa una marcada tendencia a la baja en las tasas de crecimiento del empleo debido a la caída del empleo en el sector agrícola afectado por El Niño (BCRP, 2023[3])).
Además, las PyMEs peruanas, que constituyen el 99,5% del total de empresas y generan el 90% de la población económicamente activa del sector privado, se vieron significativamente impactadas por la crisis del 2020. El número de empresas formales se contrajo un 25,1% en 2020. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno puso en marcha programas de financiación para ayudar a las PyMEs a hacer frente a la crisis de liquidez. En 2023, el tejido empresarial alcanzó los 3,2 millones; sin embargo, hubo más desinversiones que incorporaciones durante este año (INEI, 2023[5]). Las actividades de comercio y servicios concentran el 86,5% de las PyMEs, mientras que las actividades de manufactura, construcción, minería y agricultura representan el 13,5% restante (INEI, 2023[5]). Perú tiene 24 acuerdos comerciales vigentes con socios importantes como China, Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá y Japón (MINCETUR, n.d.[6]).
Dimensión 1. Marco institucional
Hasta hace poco, Perú ha mantenido un marco razonablemente bien establecido para la política de las PyMEs y ha exhibido prácticas encomiables en la planificación de políticas a medio plazo. Sin embargo, la persistente inestabilidad política ha perturbado la planificación y aplicación de las políticas, al tiempo que ha limitado la frecuencia de las consultas público-privadas (CPP). Además, la expansión del ya de por sí amplio sector informal ha planteado retos a la eficacia de las políticas de las PyMEs, lo que se traduce en una puntuación de 3,34 para la dimensión Marco institucional.
La definición de PyME de Perú (puntuación: 3) se basa en un criterio singular: las ventas totales. Estos valores se convierten en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y se ajustan para tener en cuenta la inflación. Esta definición es adoptada universalmente por todas las entidades públicas y se ha mantenido sin cambios desde 2013. Durante este período, se dejó de incluir un segundo parámetro - empleo total- debido a las dificultades para recopilar datos fiables sobre el empleo. Las micro y pequeñas empresas están obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Micro y Pequeñas Empresas para acceder a los programas y beneficios de apoyo del sector público.
Puntuación de Perú en la subdimensión de Planificación estratégica, diseño de políticas y coordinación, que puntúa 3.01 está por debajo de la media de AL9. El mandato de la política de PYME en Perú está encomendado al Ministerio de la Producción (PRODUCE), específicamente a cargo de la Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE). El marco institucional para la política de PyMEs está definido por el DS 013-2013 de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo Crecimiento Empresarial.
Hasta el momento, Perú carece de una Estrategia de Desarrollo de la PYME a medio plazo. Los lineamientos y objetivos estratégicos para la política de PyMEs hasta el 2021 fueron delineados en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), que implícitamente abordó aspectos relevantes para las PyMEs. Adicionalmente, el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) fue formulado y supervisado por PRODUCE. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) se encargó de supervisar la ejecución del plan.
En 2022, el Gobierno aprobó un plan de desarrollo a largo plazo, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional-Perú 2050, creado por CEPLAN. Este plan traza direcciones estratégicas para la transformación social y productiva del país, incluyendo aspectos relacionados con la competitividad, la innovación y la transformación digital que impactan indirectamente en la política de las PyMEs. La ausencia de un plan a medio plazo, junto con la persistente inestabilidad política, ha llevado a la introducción de medidas ad hoc por parte de la DGDE en respuesta a cuestiones políticas específicas.
El Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (CODEMYPE) se encarga de la coordinación y consulta de las políticas relativas a las PyMEs en Perú. Este consejo está integrado por representantes de diferentes ministerios (Economía, Agricultura, Producción, Comercio Exterior, Turismo, entre otros), gobiernos locales y asociaciones del sector privado. Sin embargo, su influencia y capacidad de coordinación han sido relativamente débiles.
Otras instituciones implicadas en la aplicación de las políticas relativas a las PyMEs son el Instituto Tecnológico de la Producción, concretamente a través del CITES. Programas clave, como el Programa Nacional Tu Empresa, Proinnóvate, y el Programa Nacional de Diversificación Productiva, están diseñados con un enfoque en las micro y pequeñas empresas. Sin embargo, los actuales recursos financieros y humanos asignados a estos programas se consideran insuficientes para satisfacer las necesidades del sector de las PyMEs.
Perú recibe una puntuación de 3,82 en la subdimensión de Consultas público-privadas (CPP). Aunque el país cuenta con un programa de consulta ciudadana general desde 2009, centrado en el desarrollo de nuevos actos legislativos y reglamentarios como parte de la política de transparencia del gobierno, el período de consulta estándar dura 30 días y no existe un portal centralizado para recoger las opiniones de los ciudadanos. Las microempresas y las pequeñas empresas participan en las consultas durante las distintas fases de elaboración de los actos legislativos y reglamentarios, y PRODUCE les invita a dar su opinión. El principal canal de consulta, CODEMYPE, organizaba anteriormente reuniones periódicas apoyadas por una secretaría dentro de la DGDE, pero la inestabilidad política ha interrumpido este proceso.
Además, Perú se enfrenta a un reto importante con un gran sector informal, como refleja su puntuación de 3,86 en la subdimensión Medidas para abordar la informalidad. Datos recientes de PRODUCE indican que la informalidad empresarial alcanza el 86,5%. A pesar de los datos positivos sobre el empleo, el sector informal ha aumentado, especialmente durante la pandemia de COVID-19. El gobierno se centra en reducir la informalidad laboral, con programas específicos implementados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), apoyado por organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El principal instrumento para abordar la informalidad empresarial es el Programa Nacional Tu Empresa de PRODUCE. Sin embargo, la limitada financiación y la coordinación con otras instituciones plantean dificultades.
El camino a seguir
Mejorar la definición de PYME incorporando parámetros adicionales, como el empleo y los activos totales. Mejorar el intercambio de datos entre la administración tributaria, el MTPE y PRODUCE para obtener información fiable sobre el tamaño de las empresas.
Elaborar una estrategia a medio plazo para el desarrollo de las PyMEs en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - Perú 2050, en consulta con representantes del sector privado y organizaciones internacionales. El plan debe incorporar objetivos realistas y cuantificables, incluir una sección sobre seguimiento y evaluación, y abordar la reducción de la informalidad empresarial.
Reanudar e institucionalizar las CPP a través del sistema CODEMYPE. Garantizar que las consultas estén abiertas a todas las categorías de PYME.
Evaluar las medidas implementadas hasta el momento para reducir la informalidad y elaborar un plan integral de mediano plazo para la reducción de la informalidad laboral y empresarial, considerando los resultados del ejercicio de evaluación.
Dimensión 2. Entorno operativo y simplificación de procedimientos
Las PyMEs que operan en Perú se encuentran con un entorno operativo difícil, como indica la puntuación global de la dimensión de 2,86. La complejidad de los procedimientos, especialmente a la hora de crear una empresa (Registro de empresa 2,89) y de liquidar y pagar impuestos (Facilidad para declarar impuestos 2,33), contribuye a las dificultades a las que se enfrentan las empresas. El proceso de reforma reglamentaria se ha enfrentado a retos en los últimos años, experimentando una ralentización. Sin embargo, se ha avanzado en la prestación de servicios de administración electrónica, lo que se refleja en la puntuación de 3,88 obtenida por la administración electrónica.
Perú obtiene una puntuación de 2,60 en la subdimensión Simplificación legislativa y análisis de impacto regulatorio. Las PyMEs que operan en Perú se encuentran con un entorno relativamente complejo y restrictivo, con una elevada carga administrativa.
Aunque el Gobierno afirma la existencia de un plan de reforma reglamentaria, éste podría beneficiarse de una definición más clara de los objetivos, las prioridades y un calendario de aplicación bien estructurado. Además, hasta la fecha se ha revisado menos del 25% de la legislación relacionada con las actividades empresariales del sector privado. El Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) se ha adoptado desde 2017, y cada ministerio sectorial es responsable de llevar a cabo el AIR durante la fase de elaboración legislativa y regulatoria. La Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR) supervisa la aplicación del AIR, y todos los análisis de AIR se ponen a disposición del público.
El proceso de registro implica la intervención de un notario, ya que el fundador de la empresa debe firmar la escritura de constitución ante un notario público. Este paso incrementa significativamente el coste total del proceso. Además, la obtención de un Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y la obtención de la licencia de funcionamiento de las autoridades locales lleva un tiempo considerable (14 días).
Una empresa en Perú tiene asignados dos números de identificación para interactuar con la administración pública. El primero es el número de registro emitido por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), y el segundo es emitido por la administración tributaria tras la inscripción de la empresa en el Registro Único del Contribuyente (RUC). Si bien no existe una Ventanilla Única (VU), el Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) ofrece servicios de orientación y asistencia a los nuevos empresarios. Para mejorar sus servicios, la SUNARP ha introducido el Registro Centralizado de Reclamos para abordar las disfunciones en los procedimientos de registro y mejorar la supervisión del proceso de registro de empresas.
En cuanto a los impuestos, como se destaca en el SME PI 2019, el principal problema es el tiempo necesario para cumplimentar los impuestos, que es de 260 horas al año, muy por encima de la media de la OCDE de 158,8 horas. Desde 2019 no se ha introducido ninguna nueva reforma fiscal. En su lugar, la administración tributaria ha incrementado las acciones dirigidas a proporcionar asistencia a los contribuyentes y aplicar técnicas de gestión de riesgos.
Perú ha avanzado considerablemente en el desarrollo de servicios de administración electrónica. El país puso en marcha su primera iniciativa para promover el gobierno digital en 2014 con la Iniciativa Cero Papel y creó la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.
La digitalización de los servicios públicos sigue siendo uno de los principales objetivos del Gobierno. Durante el periodo 2021- 2026, el gobierno pretende acelerar la transformación digital del sector público actualizando la tecnología y mejorando el sistema de gobernanza. En 2022, Perú pasó de la posición alta a la muy alta en el Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico de la ONU. El país ocupó el puesto 59 de 193 países encuestados.
El camino a seguir
Aclarar los objetivos de su actual plan de reforma normativa y centrarse en las áreas de relativa debilidad. Simultáneamente, debería tomar medidas para introducir una prueba de AIR de las PyMEs con el fin de evaluar el impacto de las nuevas leyes y reglamentos en las distintas clases y tipologías de PyME.
Adoptar medidas para simplificar aún más el proceso de registro de empresas y reducir los costes asociados, eliminando la necesidad de servicios notariales siempre que sea posible.
Aplicar medidas para simplificar los procedimientos de declaración y pago de impuestos y ampliar sus servicios en línea.
Dimensión 3. Acceso al financiamiento
Perú obtiene una puntuación global de 2,98 en la dimensión Acceso a la financiación. En la subdimensión Marco legal, regulatorio e institucional, obtiene una puntuación de 4,13, superando la media regional. Este éxito se atribuye principalmente a los avances en la regulación del mercado de valores, el desarrollo del registro de activos y un fuerte enfoque en las garantías. En particular, Perú tiene una regulación mínima sobre el porcentaje de garantía exigido para los préstamos a medio plazo a las PyMEs.
Si bien Perú muestra avances en la regulación e institucionalización del registro de activos, existen áreas de mejora. El catastro y el registro de derechos de garantía sobre bienes muebles están disponibles en línea, pero su funcionalidad general es limitada. Además, la propiedad de las prendas no está adecuadamente documentada, y la aceptación de bienes muebles como garantía es selectiva, limitada a grandes prestatarios y algunos bancos.
El desarrollo del marco jurídico en materia de acceso a la financiación se beneficia de las disposiciones gubernamentales sobre el mercado de valores. Aunque no existe una regulación específica para las PyMEs en el mercado de capitales, existe un segmento separado para las empresas de pequeña capitalización con estrategias diseñadas para facilitarles el cumplimiento de los requisitos de cotización. Perú obtiene una puntuación de 3,24 en la subdimensión de Fuentes diversificadas de financiación empresarial. Sin embargo, se enfrenta a importantes retos en la subdimensión de crédito bancario y productos de deuda tradicionales, lo que afecta a su calificación global. La ausencia de sistemas de financiación de las exportaciones a disposición de las PyMEs es un factor crítico, a pesar de los planes para implantar este tipo de facilidades en el futuro.
En materia de garantías, Perú cuenta con la presencia del FOGAPI, cuyo objetivo es facilitar el acceso al crédito proporcionando garantías a los intermediarios financieros cuando los empresarios carecen de activos suficientes como garantía. El país también cuenta con varias instituciones microfinancieras de ahorro y crédito que operan a nivel nacional. Además, el gobierno peruano promueve otros mecanismos de financiación para las PyMEs, tales como crowdfunding, regulado a través del "Reglamento de la actividad de Financiamiento Participativo Financiero y sus sociedades administradoras". Sin embargo, la regulación actual presenta barreras que desincentivan la creación de nuevas empresas y plataformas de microfinanciación, incluyendo un largo proceso de registro, elevados requisitos de capital mínimo y umbrales de financiación que podrían ser más flexibles. Mejorar la regulación para permitir la entrada en el mercado de nuevas entidades y ampliar la gama de servicios ofrecidos beneficiaría especialmente al sector de las PyMEs.
En la subdimensión de Educación financiera, Perú obtiene una puntuación de 2,40. Si bien el país ha realizado mediciones de las capacidades financieras de la población en general, la mayoría de las evaluaciones no se han enfocado específicamente en los conocimientos de los microempresarios. Perú ha realizado encuestas de capacidad financiera en 2012, 2019 y 2023, con el apoyo de CAF y en colaboración con la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, utilizando la metodología establecida por la OCDE. Adicionalmente, se ha medido la educación financiera de jóvenes en edad escolar (15 años) como parte de las evaluaciones PISA de la OCDE.
Perú ha integrado los programas de educación financiera y emprendimiento como asignaturas obligatorias en el plan de estudios de secundaria. El país ha definido indicadores para el seguimiento, la supervisión y la evaluación de los programas de educación financiera para PyME, junto con una estrategia de supervisión detallada que da a conocer los resultados de las líneas de base disponibles. Se han realizado evaluaciones de impacto de los programas de educación financiera, lideradas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Bancos de Perú (SBS), cuyos resultados han ayudado a ajustar los programas en curso.
En la subdimensión de Procedimientos eficientes para hacer frente a la quiebra o insolvencia y mecanismos para facilitar la reinserción productiva de los empresarios afectados, Perú obtiene una puntuación de 2,15. El país cuenta con un marco normativo con leyes de aplicación universal, basadas en principios reconocidos internacionalmente, que se extienden incluso a las empresas estatales. Además, existe un registro público de empresas insolventes y en bancarrota, un sistema de alerta temprana de situaciones de insolvencia y la posibilidad de recurrir a acuerdos extrajudiciales menos gravosos que la declaración de quiebra.
Perú también cuenta con una normativa para las operaciones garantizadas, que da prioridad a los pagos cuando se liquidan los activos de la empresa en quiebra. Sin embargo, se necesitan mejoras para permitir a los acreedores garantizados embargar sus garantías tras la reorganización e imponer restricciones, como exigir el consentimiento de los acreedores al solicitar la reorganización. Tras la bancarrota, no existe un plazo máximo para la insolvencia, ni un sistema automático para eliminar esta información de los registros de insolvencia y de antecedentes crediticios una vez transcurrido el plazo. Además, no existe un programa de capacitación para los empresarios cuyas empresas han fracasado, aunque existe un régimen correctivo conocido como régimen de vigilancia en colaboración con la SBS.
El camino a seguir
Reforzar el catastro para que sea funcional, accesible al público y en línea, hacer que el registro de derechos de garantía sobre bienes muebles sea accesible y en línea, y garantizar que la propiedad de las prendas esté documentada.
Desarrollar una regulación especial del mercado de capitales para las PyMEs y reforzar la estrategia para ayudar a las PyMEs a cumplir los requisitos de cotización.
Desarrollar sistemas de financiación de las exportaciones centrados específicamente en las PyMEs.
Promover la implantación y puesta en marcha de mecanismos alternativos de financiación para las PYME; por ejemplo, la microfinanciación, aunque está regulado, es difícil de aplicar en la práctica debido a la lentitud del proceso, los elevados requisitos de fondos propios mínimos y los límites de financiación, que podrían ser más flexibles.
Realizar encuestas periódicas sobre la capacidad financiera de las PyMEs con el fin de disponer de información actualizada para el diseño de programas de educación financiera, así como diseñar y aplicar un sistema de seguimiento, control y evaluación tanto de las políticas como de los programas.
Reforzar el sistema de gestión de las quiebras mediante un mecanismo de capacitación para los empresarios cuyas empresas hayan fracasado y permitiendo a los acreedores garantizados embargar las garantías tras la reorganización.
Crear un mecanismo automático que elimine a las empresas y personas físicas de los registros oficiales de quiebra e insolvencia cuando se resuelva la situación, en línea con las mejores prácticas internacionales.
Establecer plazos máximos para la insolvencia (la experiencia internacional indica que hasta 3 años es un buen plazo para este tipo de procedimientos).
Dimensión 4. Servicios de desarrollo de las PyMEs y compras públicas
La puntuación total de Perú en esta dimensión es de 3,54, por debajo de la media regional de 4,18. El desempeño más alto se encuentra en la subdimensión de servicios de desarrollo empresarial (SDE), con 3,73, seguido de la contratación pública con, 3,60 y los servicios de desarrollo de emprendedores, con 3,29. Esto representa una caída en el desempeño con respecto al SME PI 2019, cuando Perú registró un puntaje total de 3,80.
Como se señala en la Dimensión 1 Perú no cuenta con una estrategia de desarrollo de las PyMEs a mediano plazo, lo que dificulta las orientaciones estratégicas y los esfuerzos de coordinación para los SDE y el apoyo al emprendimiento. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - Perú 2050 contiene las prioridades generales de desarrollo económico y social, incluidas las de competitividad, innovación y digitalización, pero no incluye vínculos directos o explícitos con la política de PyME y, por lo tanto, con los servicios de desarrollo empresarial. Según la información proporcionada para esta evaluación, las orientaciones estratégicas para los SDE se enmarcan en el Plan Estratégico Institucional de PRODUCE, que es un documento institucional y no un plan o estrategia de desarrollo de las PyMEs. Además, no existen análisis actualizados de la demanda y oferta para la prestación de SDE en el país.
La información sobre los SDE disponibles es escasa. La única referencia proporcionada en el cuestionario para esta evaluación es el Programa PROINNOVATE, que proporciona cofinanciación para la innovación, el desarrollo productivo y el emprendimiento. En la página web de PRODUCE se puede encontrar información sobre otros proyectos y programas, como acceso a mercados (Articulando Mercados), innovación (ProInnóvate), digitalización (Kit Digital), planificación empresarial y transferencia tecnológica (Procompite), gestión (Tu Empresa), emprendimiento (Startup Perú), etc. Según las respuestas al cuestionario, los recursos financieros disponibles para dichos programas no son suficientes para las necesidades de las PyMEs del país.
Las contrataciones públicas se rigen por la Ley 30225, que incluye algunos puntos sobre la participación de las micro y pequeñas empresas (MyPEs), entre ellos la posibilidad de formar consorcios y el establecimiento de un plazo de hasta 15 días para el pago de bienes y servicios. La Ley 31535, modifica la Ley 30225 para incorporar la causal de "afectación a las actividades productivas o de abastecimiento por crisis de salud" como criterio para reducir las sanciones a las MyPEs que no hayan podido desarrollar sus actividades como consecuencia del COVID-19. No se dispone de más información ni programas sobre contratación pública y PyME.
La escasez de contenidos en las respuestas a esta evaluación y la limitada y dispersa disponibilidad de información pública relativa a esta dimensión indican que existe un amplio margen para que Perú aumente su desempeño en SDE, servicios para emprendedores y compras públicas.
El camino a seguir
Algunos puntos clave de cara al futuro son:
Considerar las orientaciones políticas estratégicas para la prestación de SDE y servicios para emprendedores y nuevas empresas, entre otras cosas vinculando el apoyo a las pequeñas empresas al plan nacional de desarrollo más amplio y diseñando medidas, objetivos y resultados previstos concretos. Tal enfoque estratégico va más allá de la práctica actual de vincular la estrategia de los SDE únicamente al plan institucional de PRODUCE.
Ampliar la oferta de SDE, en particular los dirigidos a emprendedores y empresas de nueva creación, que son mucho más limitados que el apoyo prestado a la población general de PyME. Perú también podría considerar la posibilidad de proporcionar información más estructurada y detallada sobre los servicios disponibles y emprender estudios actualizados sobre las necesidades de las pequeñas empresas y los emprendedores.
Introducir medidas de apoyo más explícitas para que las PyMEs participen en la contratación pública. El marco existente comprende muy pocos preceptos para facilitar y fomentar este aspecto.
Dimensión 5. Innovación y tecnología
Perú ha experimentado una notable mejora en la dimensión de Innovación y tecnología, con un aumento de su puntuación de 3,50 en 2019 a 4,07 en 2023. Esto marca el mayor aumento en la región de ALC. El principal impulsor de esta tendencia es la subdimensión Marco institucional, cuya puntuación aumentó de 2,98 en 2019 a 4,21 en 2024.
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) es el órgano rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT) de Perú. El SINAYCT también comprende una gama de otras entidades de los sectores público, privado y académico, incluido el Consejo Consultivo de Investigación y Desarrollo (CONID), los institutos públicos de investigación y las entidades públicas que brindan financiamiento o incentivos para la innovación. Perú ha mostrado avances desde 2019 en el marco institucional del Sistema de Innovación, con ProInnóvate y ProCiencia que representan una redefinición de las entidades que fomentan y apoyan la innovación. ProInnóvate tiene el mandato de implementar iniciativas de apoyo a la innovación, el desarrollo tecnológico, el desarrollo productivo y el emprendimiento innovador, con el objetivo de crear un marco más consolidado de apoyo a la innovación, mientras que ProCiencia es considerada la entidad vinculada a la promoción de la I+D.
Existe una serie de instrumentos de apoyo a disposición de las PyMEs innovadoras en Perú, lo que contribuye a una puntuación superior a la media de 3,94 en la subdimensión Servicios de apoyo a la innovación. Los parques científicos financiados con fondos públicos, los centros de innovación, las incubadoras y las aceleradoras forman parte de la estrategia, las leyes o las políticas de innovación de Perú. Las PyMEs innovadoras también pueden beneficiarse de una base de datos en línea de investigadores, que puede utilizarse como herramienta para formar iniciativas de investigación colaborativa. Además, ProInnóvate Programa de Apoyo a Clusters tiene como objetivo fortalecer las interrelaciones entre empresas de una misma zona geográfica o cadena de valor mediante la concesión de cofinanciación para iniciativas de cluster seleccionadas.
Perú obtiene una puntuación de 4,06 en la subdimensión Financiación de la innovación. Existen numerosas fuentes de apoyo financiero para ayudar a las PyMEs a llevar a cabo la innovación. Entre ellas se encuentran los apoyos directos de cofinanciamiento de ProInnóvate -que tiene como algunas de sus líneas estratégicas de acción a las empresas de alto crecimiento y a las mujeres emprendedoras-, así como los incentivos tributarios contenidos en la Ley Nº 30 309. Además, existe actualmente una propuesta para la introducción de un sistema de contratación pública para la innovación, como apoyo a la demanda para la innovación de las PyMEs. Sin embargo, la puntuación de Perú en esta subdimensión se ve reducida por la relativamente baja utilización de los incentivos fiscales a la I+D por parte de las PyMEs, así como por las deficiencias o lagunas en el seguimiento y la evaluación de la financiación de los programas de innovación.
El camino a seguir
De cara al futuro, Perú podría plantearse:
Identificar y abordar los obstáculos que impiden a las PyMEs aprovechar los incentivos fiscales a la I+D.
Realización de evaluaciones de impacto fiables de los principales programas de ProInnóvate, incluida su prestación de apoyo financiero a la innovación de las PyMEs.
Dimensión 6. Transformación productiva
Perú continúa realizando esfuerzos evidentes para mejorar la productividad y competitividad de las PyMEs, lo que resulta en una puntuación ligeramente disminuida de 3,89 en la dimensión de Transformación productiva. Esta disminución se atribuye en gran medida a los cambios metodológicos en comparación con la evaluación realizada en 2019. Actualmente, las orientaciones estratégicas para la transformación productiva y social del país se encuentran delineadas en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - Perú 2050, tal como se detalla en la Dimensión 1. Simultáneamente, el Programa Presupuestal 00993 para el Desarrollo Productivo Empresarial destaca como un instrumento presupuestal que permite coordinar el gasto dentro del sector Producción para desplegar servicios en beneficio de las PyMEs. Adicionalmente, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030 tiene una influencia persistente que atraviesa diversos aspectos, entre ellos su impacto en las PyMEs. La combinación de todos estos esfuerzos, junto con sus planes de acción detallados que esbozan objetivos específicos y metas cuantificables con plazos determinados, se refleja en la puntuación de 4,00 para la subdimensión Estrategias para mejorar la productividad.
Perú sigue participando activamente en el Programa de Apoyo a Agrupaciones Productivas (PAC), una iniciativa gestionada por ProInnóvate. Este compromiso se refleja en una puntuación de 3,99 en la subdimensión de Políticas para mejorar las aglomeraciones productivas. Este programa funciona como una convocatoria de propuestas e implica la cofinanciación con recursos no reembolsables. Estructurado en dos componentes secuenciales, el primer componente, Dinamización de Iniciativas de Clústeres Seleccionados, se centra en actividades de mapeo, diagnóstico y planificación estratégica. El segundo componente, Implementación de Planes de Fortalecimiento de la Competitividad, se centra en el desarrollo e implementación de subproyectos priorizados. A pesar de que la evaluación de 2019 carecía de datos sobre los aspectos de seguimiento y evaluación del programa debido a su naturaleza reciente, sigue habiendo una ausencia notable de registros disponibles públicamente en relación con los mecanismos de seguimiento. Esto significa un área significativa de mejora en el seguimiento y la evaluación del impacto del programa. No obstante, los resultados de las convocatorias de propuestas están disponibles en el sitio web oficial del programa.
En materia de parques industriales, incluyendo el sistema nacional, PRODUCE es el ente rector en la materia, encargado de coordinar con las entidades competentes en todos los niveles de gobierno. Actualmente, los parques nacionales de Perú cuentan con una Ventanilla Única de servicios al usuario, así como servicios de innovación y transferencia tecnológica a cargo de ProInnóvate y el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP). Dentro del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, el Objetivo 6 de los nueve objetivos trazados incorpora catorce medidas, con la 6.3 titulada "Estrategia Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales". Esta medida pretende garantizar la implantación de una red de polígonos industriales a nivel nacional. Presentada en 2020, esta estrategia abarca una sección dedicada que delinea objetivos estratégicos, directrices, líneas de acción y una matriz de indicadores y metas, contribuyendo a la sección de seguimiento y evaluación. Este enfoque reflexivo pone de relieve una política caracterizada por elementos bien coordinados en este ámbito.
Los esfuerzos de Perú en el desempeño en la subdimensión Integración en cadenas globales de valor (CGV) (3.80) están actualmente guiados por el Plan Nacional de Exportaciones - PENX 2025. Entre sus pilares, prima la Internacionalización de las empresas, concretamente en la línea 1.3, abordando la Inserción en las CGV. Esto implica diversas actividades, incluyendo el mapeo, seguimiento y sistematización de las CGVs establecidas en los mercados internacionales. Adicionalmente, el plan enfatiza la formación de alianzas estratégicas con socios comerciales para el desarrollo de proyectos conjuntos de suministro para empresas multi-regionales y globales. Además, subraya la medición y seguimiento de indicadores de Comercio en Valor Añadido (TiVA), siguiendo la metodología de la OCDE. Un elemento a destacar en este plan es que se ha partido de las lecciones aprendidas en el plan anterior, incorporando nuevos mecanismos de seguimiento y evaluación, así como fomentando interacción con diversas partes interesadas a través de foros de diálogo. Simultáneamente, Perú contaba con un Programa de Desarrollo de Proveedores que seguía esquemas similares a los de otros países de la región. Sin embargo, al momento de esta evaluación no se cuenta con información sobre su continuidad, siendo la última convocatoria registrada en 2019.
El camino a seguir
Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del Programa de Apoyo a los Clusters para seguir y evaluar eficazmente su impacto.
Continuar el Programa de Desarrollo de Proveedores, incorporando las lecciones aprendidas de la convocatoria anterior y haciendo pública la información.
Dimensión 7. Acceso al mercado e internacionalización de las PYME
En general, Perú registra un buen rendimiento en la dimensión Acceso al mercado e internacionalización, con una puntuación de 4,36. Destacan los resultados heterogéneos en las subdimensiones, especialmente en los programas de apoyo a la internacionalización y la facilitación del comercio.
En cuanto a los Programas de apoyo a la internacionalización, Perú alcanzó una puntuación de 4,91 gracias a la implementación de una sólida estrategia liderada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), entidad autónoma del MINCETUR. Las acciones de PromPerú están alineadas con el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX 2025) y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019- 2030, ambos desarrollados con amplia participación de actores públicos y privados.
PromPerú ofrece diversos programas de apoyo a las PyMEs exportadoras a través de herramientas en su página web, como inteligencia de mercados, asesoría especializada, capacitación y eventos comerciales. Destaca el programa "Ruta Exportadora", diseñado para fortalecer las capacidades exportadoras, con participación en 2022, beneficiando a 7.107 PyMEs.
Además, Perú cuenta con Zonas Económicas Especiales (ZEE) que ofrecen incentivos para la instalación de empresas nacionales, facilitando las actividades industriales, logísticas y de servicios. En materia de financiamiento, el país cuenta con un ecosistema diverso que incluye financiamiento tradicional, fondos del Estado a través de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) y programas como el "Fondo Crecer", que benefició a 7,107 PyMEs en 2022. También destaca el Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI), que cofinancia proyectos de empresas peruanas para fortalecer su proceso de internacionalización.
En la subdimensión de Facilitación del comercio, Perú obtuvo una puntuación sobresaliente de 4,72. El país ofrece una amplia gama de documentación y guías destinadas a facilitar el proceso de exportación a los empresarios, incluyendo información específica según el destino de los bienes o servicios, así como una guía financiera para exportadores, que aclara los instrumentos financieros asociados al comercio internacional. Además, Perú cuenta con herramientas y programas diseñados para simplificar el comercio, como PeruExpert, una plataforma avanzada para la internacionalización de las empresas peruanas que facilita la conexión comercial entre la oferta de servicios y nichos especializados del mercado de destino.
El MINCETUR administra las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE), que facilitan las operaciones comerciales. Al primer semestre de 2023, se han realizado 227,623 operaciones en el componente de Mercancías Restringidas de las VUCE, aproximadamente 48% de la meta anual. Asimismo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ofrece la certificación como Operador Económico Autorizado (OEA) a las empresas, habiéndose registrado a la fecha 376 empresas. Existe un sólido marco normativo que regula los OEA. En los Indicadores de Facilitación del Comercio (TIF) de la OCDE, Perú supera a la media latinoamericana en todas las categorías, con un índice general de 1,568. Esto refleja los esfuerzos del país por mejorar su competitividad. Esto refleja los esfuerzos del país por mejorar la disponibilidad de información, simplificar los aranceles y gravámenes, agilizar los documentos y procedimientos relacionados con el comercio internacional.
Por otro lado, en la subdimensión de Comercio electrónico, Perú obtuvo una puntuación de 3,57. Aunque existe una amplia regulación sobre comercio electrónico, ésta se encuentra dispersa en varias leyes, como la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, la Ley de Firmas y Certificados Digitales y el Código de Protección y Defensa del Consumidor. El INDECOPI es la agencia gubernamental encargada de proteger los derechos del consumidor y la competencia.
PromPerú implementa el programa de comercio electrónico, capacitando y asesorando a las PyMEs para reducir su brecha digital y competir en el mercado global. Ofrece beneficios como centros de distribución para el comercio electrónico a través de las Oficinas Comerciales de Perú en el exterior y tarifas preferenciales para envíos de courier. Además, PRODUCE y PromPerú han realizado esfuerzos para promover el comercio electrónico, participando en foros internacionales como el Foro de Cooperación Asia-Pacífico. Sin embargo, estas iniciativas carecen del respaldo de un plan estratégico nacional con objetivos e indicadores medibles.
En la subdimensión de Normas de calidad, Perú obtuvo un puntaje de 4,10. La calidad es un aspecto fundamental en diversos programas de promoción de exportaciones e internacionalización, como el PNCP 2019-2030 y el PENX-2025, que buscan desarrollar una oferta exportable de bienes y servicios de calidad. El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) juega un papel crucial en el otorgamiento de certificaciones, capacitación y orientación a los empresarios para el cumplimiento de estándares, incluyendo normas técnicas, gestión de calidad y metrología.
El programa Innóvate Perú, reestructurado como Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación (Proinnovate) en 2021, impulsa la innovación tecnológica, el desarrollo y el emprendimiento para generar nuevos productos, servicios y procesos sostenibles. En 2023, Proinnovate financió más de mil proyectos de innovación con un presupuesto de más de USD 40 millones, incluyendo el financiamiento de proyectos para mejorar la productividad y acceder a nuevos mercados mediante la obtención de certificaciones de sistemas de gestión, procesos o productos. Aunque PromPerú no ofrece programas de formación específicos para mejorar los estándares de calidad, los integra transversalmente en otros programas de formación como RutaExportadora. También participa y organiza ferias nacionales e internacionales donde se promueve la mejora de los estándares de calidad.
Por último, en cuanto a los beneficios de los esfuerzos de integración regional, Perú obtuvo una puntuación de 3,58. Como miembro de la Alianza del Pacífico (AP), Perú participa activamente en el Grupo Técnico de PyMEs de la AP. En el marco de la II Reunión de PyMEs Exportadoras de la AP, se realizó un Diálogo Público-Privado para desarrollar una Hoja de Ruta Público-Privada, con el objetivo de promover el crecimiento, desarrollo y competitividad de las PyMEs en las economías de los países miembros de la Alianza del Pacífico.
Por su parte, en la Comunidad Andina, en 2021, se aprobó la creación del Observatorio Andino para la Transformación Empresarial de las MIPyMEs, con el objetivo de socializar las políticas de fortalecimiento empresarial, aprovechar el mercado andino, fomentar el uso de las tecnologías de información y comunicación, y monitorear los indicadores de desempeño económico. Además, en el mismo año, CAMIPYME coordinó la elaboración del Estudio para el Diagnóstico de las Cadenas Regionales de Valor en la Comunidad Andina con la colaboración del IABD/INTAL, para seleccionar y priorizar las cadenas con potencial para fortalecer su integración productiva.
El camino a seguir
Mejorar y consolidar los programas de apoyo al comercio electrónico y la recopilación de datos, mediante una estrategia global e interministerial de transformación digital con un sistema específico que facilite el seguimiento y la evaluación.
Llevar a cabo una evaluación de impacto de los diversos mecanismos de apoyo existentes para las PyMEs, haciendo hincapié en los relacionados con los certificados de calidad, para informar mejor el diseño de nuevas políticas; así como para comprender la combinación de programas a los que tiene acceso una PyME determinada.
Mejorar la información y los programas en torno a los Operadores Económicos Autorizados, proporcionando beneficios específicos a las PyMEs que obtengan esta certificación.
Reforzar la integración subregional y la capacitación de las PyMEs mediante programas normalizados y de colaboración para la promoción del comercio y la internacionalización. Se destaca la importancia de estandarizar los programas entre las agencias de promoción de las exportaciones de la Alianza del Pacífico, garantizando la coherencia y facilitando la participación de las PyMEs.
Dimensión 8. Digitalización
Perú cuenta con una puntuación de 4,11 en la dimensión de Digitalización, respaldada por una puntuación superior a la media de 4,60 en su Estrategia Nacional de Digitalización. La Estrategia Digital Nacional del país es un componente integral del Sistema Nacional de Transformación Digital y se rige por la Ley de Gobierno Digital. Sin embargo, el Plan de Gobierno Digital 2023-2025 (Agenda Digital Peruana), destinado a mejorar la adopción de las TIC para impulsar la competitividad de las PyMEs, carece de una estrategia independiente. La coordinación del Sistema Nacional de Transformación Digital involucra a actores clave, con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM (Consejo de Ministros) a la cabeza, asegurando la colaboración con entidades estatales y otros actores. Cada entidad tiene roles designados, y el seguimiento se realiza a través de documentos de gestión institucional y, a nivel macro, a través de la plataforma de indicadores digitales.
En la subdimensión de Conectividad de banda ancha, Perú recibe una puntuación menos sólida de 3,44. Esto se atribuye a la Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (2012-2032). La Agenda Digital peruana esboza dos acciones clave: en primer lugar, impulsar la adopción generalizada de la banda ancha a través de una red troncal de fibra óptica y, en segundo lugar, promover la conectividad empresarial, en particular para las PyMEs, facilitando el acceso a Internet de alta velocidad.
La disponibilidad de varias iniciativas de apoyo a las competencias digitales para las PyMEs contribuye a la puntuación superior a la media de Perú de 4,27 en la subdimensión de Habilidades digitales. La Estrategia Nacional de Talento Digital (2021-2026) y la Plataforma Nacional de Talento Digital abordan los desafíos priorizados, incluida la capacitación de las micro, pequeñas y medianas empresas de todos los sectores productivos para garantizar que posean las habilidades digitales esenciales para sus procesos de transformación digital. En este marco, el Programa Nacional Tu Empresa forja alianzas estratégicas para cultivar y potenciar las habilidades digitales de emprendedores y microempresarios.
El camino a seguir
De cara al futuro, Perú podría plantearse:
Promover el acceso inclusivo de las PyMEs a la banda ancha, garantizando que se beneficien de los esfuerzos en curso para impulsar la adopción generalizada de la banda ancha.
Facilitar las asociaciones público-privadas para mejorar la infraestructura digital, fomentando la colaboración en beneficio de las PyMEs y promoviendo la transparencia de los datos con indicadores normalizados para evaluar los avances con mayor precisión.
Desarrollar e integrar una Estrategia de Digitalización de las PyMEs específica dentro del actual Sistema Nacional de Transformación Digital.
Referencias
[3] BCRP (2023), Reporte de Inflación. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2023-2025, Banco Central de Reserva del Perú, https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2023/diciembre/reporte-de-inflacion-diciembre-2023.pdf.
[2] BCRP (2022), Memoria, Banco Central de Reserva del Perú, https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual.html.
[5] INEI (2023), Demografía Empresarial del Perú, Instituto Nacional de Estadística e Informática, https://m.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/demografia-empresarial-8237/1/#lista.
[4] INEI (2023), Situación del mercado laboral en Lima Metropolitana, INEI.
[6] MINCETUR (n.d.), Acuerdos Comerciales del Perú, https://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/ (accessed on 12 March 2024).
[1] OECD (2024), Real GDP forecast (indicator), https://doi.org/10.1787/1f84150b-en (accessed on 26 June 2024).