El acceso de las PyMEs al financiamiento implica abordar las barreras y los retos a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas a la hora de obtener los recursos necesarios para su crecimiento y desarrollo. A pesar de los progresos realizados, todavía existe un margen considerable de mejora tanto en los marcos normativos e institucionales como en las fuentes de financiación existentes, los programas de educación financiera y las políticas de apoyo a las PyMEs que se enfrentan a la bancarrota en cada uno de los países de AL9. Este capítulo presenta los resultados de la dimensión 3: Acceso al Financiamiento y destaca recomendaciones a nivel regional.
Índice de Políticas para PyMEs: América Latina y el Caribe 2024
5. Dimensión 3: Acceso al Financiamiento
Resumen
Marco de evaluación
El acceso de las PyMEs a la financiación engloba los obstáculos y retos a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas a la hora de obtener recursos que faciliten su crecimiento y desarrollo. Estos problemas pueden deberse a factores relacionados con la oferta, como los costes de transacción y las asimetrías de información, o a restricciones relacionadas con la demanda, como las limitaciones de conocimientos y competencias de los empresarios para desenvolverse con eficacia en las instituciones financieras.
Dentro del índice, esta dimensión analiza el marco institucional que apoya el acceso de las PyMEs a servicios financieros esenciales, vitales para amplificar sus actividades productivas y fomentar el crecimiento. Esto implica evaluar la eficacia de las políticas y los programas públicos para mitigar las barreras y los retos, así como los esfuerzos institucionales de colaboración entre gobiernos, organismos reguladores y entidades públicas y privadas para abordar los aspectos de la oferta y la demanda de acceso al financiamiento.
La importancia de esta dimensión radica en reconocer que las restricciones en el acceso a productos y servicios financieros especializados adaptados a las PyMEs, junto con un apoyo institucional inadecuado, impiden el crecimiento de este sector empresarial, que contribuye significativamente a las economías de todo el mundo. El desarrollo de estas dimensiones tiene profundas implicaciones para la productividad, la expansión económica y sus efectos derivados en la mitigación de la pobreza y el bienestar de la sociedad.
Para hacer frente a los obstáculos que impiden el acceso de las PyMEs a la financiación se consideran diversos elementos, como el diseño y la aplicación de políticas, los marcos reguladores y la eficacia de los intermediarios financieros a la hora de atender las diversas necesidades de las PyMEs en las distintas jurisdicciones.
En esta dimensión se ha introducido un cambio metodológico sustancial desde la evaluación anterior. En primer lugar, el marco de evaluación para las cuatro subdimensiones se ha mejorado con preguntas adicionales, con el objetivo de proporcionar una evaluación más detallada. En segundo lugar, los indicadores del informe Doing Business del Banco Mundial, utilizados anteriormente para evaluar los derechos de los acreedores y la oficina de información crediticia, ya no se tienen en cuenta para la puntuación debido a la interrupción de ese ejercicio. Por lo tanto, la subdimensión Marco jurídico, normativo e institucional sobre el acceso a la financiación ha ajustado las puntuaciones del Índice de Políticas para PyMEs (SME PI) 2019 para mantener la comparabilidad entre las evaluaciones.
El marco de evaluación de esta dimensión comprende:
Marco legal, regulatorio e institucional sobre el acceso al financiamiento: Esta subdimensión consta de tres sub-subdimensiones igualmente ponderadas, cada una de las cuales representa el 33,3%. La primera explora la normativa bancaria destinada a facilitar el acceso de las PyMEs al crédito. La segunda, estrechamente relacionada, examina otras áreas del marco regulador de los préstamos comerciales, incluida la accesibilidad de los registros de activos tangibles e intangibles utilizables como garantía. El tercero se centra en la existencia de un mercado de valores formal y en los mecanismos que facilitan el acceso de las PyMEs a estos canales de financiación.
Diversificación de fuentes de financiamiento a empresas: Esta subdimensión investiga diversas fuentes de financiación empresarial. Comprende tres sub-subdimensiones.
El primero se refiere a los préstamos bancarios y a la banca tradicional, con una ponderación del 65%, y verifica (i) si la banca tradicional ofrece a las PyMEs sistemas de financiación de las exportaciones (70%). (ii) la existencia y las características de los sistemas de garantía de crédito que mitigan las deficiencias del mercado que afectan a las PyMEs, en particular la escasez de garantías (30%).
El segundo aborda temas de microfinanciación, con una ponderación menor del 10% e incluye, (i) información sobre el alcance de los organismos de microfinanciación.
El tercero trata de las fuentes alternativas de financiación empresarial, con un peso del 25% e incluye (i) la disponibilidad de mecanismos de financiación basados en activos como el factoring o la compra de pedidos para PyME (40%), (ii) mecanismos de microfinanciación (30%), (iii) otros instrumentos para inversiones de capital a través de inversores ángeles y fondos de capital riesgo (30%).
Educación financiera: Esta subdimensión subraya la importancia de las iniciativas de educación financiera que dotan a los empresarios de herramientas y conocimientos básicos para tomar decisiones financieras acertadas.
Procedimientos eficaces para el tratamiento de la bancarrota: Esta subdimensión proporciona información sobre el diseño y la aplicación de procedimientos para gestionar la insolvencia y la bancarrota.
Análisis
En la dimensión Acceso a la Financiación, los 9 países latinoamericanos participantes en este estudio (AL9) alcanzan una puntuación media global de 3,25 puntos (véase Figura 5.2), lo que indica que aún existe un importante margen de mejora tanto en el marco normativo e institucional, como en las fuentes de financiación existentes en cada país, sus programas de educación financiera, y los programas y políticas dirigidos a las PyMEs que se enfrentan a la quiebra. Estas dos últimas subdimensiones obtienen los promedios más bajos entre los países de AL9, en 2,93 y 2,27 puntos, respectivamente.
Entre los países de AL9, Argentina obtiene la puntuación más alta, de 4,00. Entre los demás países participantes, Colombia y Chile destacan con las puntuaciones más altas en esta dimensión después de Argentina (3,40 y 3,34, respectivamente).
Comparando los promedios de los 7 países participantes en 2019 (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay) con el promedio de estos mismos 7 países en 2024, se observa un descenso generalizado en esta dimensión, pasando de 3,77 en 2019 a un promedio de 3,26 puntos en 2024.
Subdimensión 3.1: • Marco legal, regulatorio e institucional sobre el acceso al financiamiento
El desarrollo del Marco Legal, Regulatorio e Institucional es la subdimensión que alcanza la segunda puntuación media más alta de las cuatro subdimensiones evaluadas en Acceso al financiamiento, con 3,46 puntos.
Cuadro 5.1. Puntuaciones subdimensión 1: Marco legal, regulatorio e institucional sobre el acceso al financiamiento
Argentina |
Brasil |
Paraguay |
Uruguay |
Chile |
Colombia |
México |
Perú |
Ecuador |
AL9 |
Mercosur |
AP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntajes |
3.87 |
3.08 |
4.03 |
3.45 |
3.28 |
3.44 |
2.95 |
4.13 |
2.94 |
3.46 |
3.61 |
3.45 |
Puntaje Ajustado 2019 |
4.93 |
- |
- |
4.64 |
4.71 |
4.90 |
4.71 |
3.67 |
4.27 |
- |
- |
4.50 |
Nota: Las puntuaciones están en una escala de 1 a 5, siendo 5 la más alta. Los datos de 2019 de Brasil y Paraguay no están disponibles, ya que no participaron en la evaluación de 2019.
Uno de los mayores obstáculos que impiden a las PyMES obtener préstamos de la banca comercial suele ser la exigencia de estrictos requisitos en materia de garantías que imponen los bancos a los pequeños y medianos empresarios (OECD/CAF, 2019[1]). Respecto a las tres sub-subdimensiones analizadas en esta categoría, en cuanto a los aspectos relacionados con la existencia de regulaciones bancarias para facilitar el acceso al crédito de las PyMES, AL9 obtiene 3,56 puntos, representando el promedio más alto de las tres sub-subdimensiones evaluadas.
Por otra parte, uno de los obstáculos más importantes para la obtención de préstamos comerciales es la insuficiencia de activos disponibles para servir de garantía en caso de impago. Los prestatarios necesitan tener acceso a información detallada sobre la naturaleza y el valor de sus activos de garantía. Además, es necesario un marco normativo eficaz para facilitar la resolución de litigios y la recuperación de las garantías en situaciones de impago (OECD/CAF, 2019[1]). El Marco Legal Regulador de los Préstamos Comerciales, especialmente la existencia y accesibilidad de registros de activos tangibles e intangibles que puedan utilizarse como garantía para estos préstamos, obtiene 3,50 puntos, con grandes disparidades entre países.
Además, la sub-subdimensión referida a la presencia o condiciones para el desarrollo de un mercado de valores formal, en términos de ayuda a las PyMEs para cumplir los requisitos de cotización o de disponer de una sección o mercado separado para PyME de baja capitalización, obtiene 3,33 puntos. En AL9 todos los países cuentan con un mercado bursátil formal, pero sólo algunos disponen de una plataforma especializada para PyMEs.
Subdimensión 3.2: Diversificación de fuentes de financiamiento a empresas
La subdimensión de Diversificación de fuentes de financiamiento a empresas evalúa la disponibilidad de productos financieros, incluidos créditos de la banca tradicional, ofertas de microfinanciación adaptadas a las PyMEs y fuentes alternativas como fondos de capital riesgo o instrumentos de capital. Esta subdimensión alcanzó la puntuación media más alta, con 4,32 puntos, entre los países de AL9, de las cuatro subdimensiones consideradas en la dimensión Acceso a la financiación. Esto sugiere la existencia de un marco sólido que abarca la mayoría de las mejores prácticas recomendadas para acceder a la financiación procedente de diversas fuentes.
Brasil obtuvo la puntuación más alta en esta subdimensión con 4,62 puntos. Argentina y Colombia les siguieron con las puntuaciones más altas después de Brasil, alcanzando 4,57 y 4,56 puntos respectivamente. Por el contrario, Perú y Paraguay se enfrentan a mayores retos a la hora de mejorar la disponibilidad de fuentes de financiación para las PyMEs, con una puntuación por debajo de la media de AL9, con 3,24 y 4,15 puntos respectivamente.
Cuadro 5.2. Puntuación subdimensión 3.2: Diversificación de las fuentes de financiación empresarial
Argentina |
Brasil |
Paraguay |
Uruguay |
Chile |
Colombia |
México |
Perú |
Ecuador |
AL9 |
Mercosur |
AP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntajes |
4.57 |
4.62 |
4.15 |
4.40 |
4.49 |
4.56 |
4.51 |
3.24 |
4.33 |
4.32 |
4.44 |
4.20 |
Nota: Los puntajes se expresan en una escala de 1 a 5, siendo 5 la más alta.
Todos los países de la región ofrecen créditos bancarios o productos financieros específicamente adaptados para apoyar a las PyMEs
Los países de AL9 ofrecen una gama de créditos bancarios y productos financieros adaptados específicamente para apoyar a las PyMEs, que presentan diversas características como el acceso a tipos subvencionados, asistencia técnica y programas de formación. Algunos ejemplos destacados son el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de Brasil, el Banco de la Nación (BNA) de Argentina, Bancóldex de Colombia y el Banco de Chile y la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) de Chile, que ofrecen múltiples opciones de financiación para las PyMEs y líneas de crédito específicas para microempresas.
Además de las medidas reglamentarias y de los productos bancarios especializados destinados a potenciar a las PyMEs, en particular a las que se dedican a la exportación, los sistemas de garantía de crédito desempeñan un papel fundamental a la hora de abordar uno de los principales obstáculos que dificultan el acceso de las PyMEs al crédito: la imposibilidad de aportar garantías en caso de impago. En este sentido, todos los países han establecido sistemas de garantía, destacando México, que ha puesto en marcha un programa de garantías a los Intermediarios Financieros en el Exterior (IFE) a través del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Cabe destacar el Programa de Cobertura de Préstamos a la Exportación (COBEX) de CORFO en Chile, que ofrece garantías contra posibles impagos a las PyMEs que buscan financiación específicamente para la exportación. Del mismo modo, el Fondo de Garantías de Argentina (FOGAR) ofrece garantías para promover y mejorar el acceso a la financiación de los empresarios y las PyMEs.
Los mecanismos de aplicación, la participación del sector privado, el alcance nacional y sectorial y la prestación de servicios complementarios de formación y apoyo varían según los países de la AL9
En Brasil y Colombia, los miembros del sector privado tienen poder de decisión como parte de la Junta Directiva; en Argentina, lo hacen a través de un consejo asesor. Además, en Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay no existen restricciones geográficas o sectoriales sobre qué empresas pueden beneficiarse de estos esquemas. Por último, en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, los sistemas públicos de garantía coexisten con otras iniciativas privadas que cumplen funciones similares.
La región dispone de un marco sólido para el desarrollo de instituciones de microfinanciación
Ecuador y Colombia han establecido marcos normativos e institucionales para fomentar las actividades microfinancieras. Diversas entidades financieras operan en este sector, incluidos bancos comerciales tradicionales que ofrecen productos adaptados a las PyMEs, instituciones microfinancieras especializadas que prestan servicios financieros a segmentos desatendidos y cooperativas locales de ahorro y crédito. Sin embargo, países como Paraguay y Uruguay han obtenido puntuaciones más bajas, debido principalmente a deficiencias en sus marcos reguladores de las operaciones de microfinanciación y a limitaciones en la capacidad de movilización de depósitos.
Los mecanismos alternativos de financiación de las PyMEs han cobrado cada vez más importancia junto a los productos ofrecidos por la banca tradicional y el segmento de la microfinanciación en los países de AL9
Entre las diversas fuentes de financiación, destacan las siguientes opciones:
ABL, o Asset-Based Lending, se refiere a cualquier forma de préstamo o solución de liquidez garantizada por los activos de una empresa. Esta categoría engloba soluciones como el factoring, un acuerdo habitual por el que una empresa vende sus facturas o cuentas por cobrar a un tercero. Otras soluciones destacables son la financiación de recibos de almacén, que permite el uso de mercancías como garantía; la financiación de órdenes de compra, utilizada para permitir a las empresas procesar pedidos que no podrían cumplir sin financiación; y el leasing, también conocido como arrendamiento financiero, que implica un contrato de arrendamiento que permite el uso de activos adquiridos por un tercero durante un periodo determinado. En los países de AL9, se observa un nivel de desarrollo similar en cinco de los diez países con las puntuaciones más altas. Aunque Chile, Colombia y Ecuador han utilizado y regulado este tipo de productos, se necesita un mayor desarrollo y profundidad.
La microfinanciación es una herramienta de financiación en línea que permite a diversos usuarios aportar fondos para apoyar empresas o proyectos específicos. En la actualidad, existen cuatro categorías principales de microfinanciación en todo el mundo: crowdfunding basado en donaciones, basado en recompensas, basado en préstamos y basado en acciones. Aunque estas vías de financiación son accesibles en todos los países de AL9 de la región, sus marcos normativos difieren, lo que influye en el grado en que pueden desarrollarse las distintas categorías de microfinanciación.
Instrumentos para la financiación de capital, entre los que se incluyen i) los inversores ángeles, personas que invierten directamente en nuevas empresas a cambio de la propiedad de capital; ii) el capital riesgo, que suele adquirir participaciones minoritarias en empresas con alto potencial de crecimiento; y iii) el capital privado, centrado en empresas más consolidadas y caracterizado por la adquisición de la propiedad mayoritaria o incluso total de estas empresas. Según las conclusiones de esta área temática, estos tipos de actividades financieras están plenamente desarrolladas y reguladas en 6 de los 9 países. Sin embargo, países como Perú, Paraguay y Ecuador carecen de regulación para todos estos instrumentos de capital.
Subdimensión 3.3: Educación financiera
Esta subdimensión aborda las políticas diseñadas para dotar a los empresarios de las herramientas de planificación financiera y económica necesarias para tomar decisiones empresariales y financieras informadas que favorezcan el desarrollo y el crecimiento de sus empresas. A pesar de su relevancia, la puntuación media obtenida por los países de AL9 es de 2,93, lo que indica que aún queda mucho camino por recorrer para los países de la región en lo que se refiere a sus políticas de educación financiera, en particular las dirigidas a las PyMEs.
Cuadro 5.3. Puntuaciones de la subdimensión 3.3: Educación financiera
Argentina |
Brasil |
Paraguay |
Uruguay |
Chile |
Colombia |
México |
Perú |
Ecuador |
AL9 |
Mercosur |
AP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntajes |
3.15 |
3.3 |
2.45 |
2.55 |
3.75 |
3.2 |
3.15 |
2.4 |
2.4 |
2.93 |
2.86 |
3.13 |
Nota: Las puntuaciones se expresan en una escala de 1 a 5, siendo 5 la más alta.
Aunque todos los países de AL9 han recopilado datos sobre los conocimientos financieros de sus poblaciones, la mayoría de estas evaluaciones no se han centrado específicamente en los niveles de conocimiento de los microempresarios
Entre 2012 y 2023, todos los países de AL9 se beneficiaron del apoyo de la CAF en la realización de encuestas de capacidad financiera para individuos utilizando la metodología establecida por la OCDE. Las instituciones supervisoras locales, tales como bancos centrales y agencias reguladoras, colaboraron en este esfuerzo, con una excepción: México. En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) realiza cada tres años la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, incorporando preguntas de educación financiera en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Además, en el marco del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE, en Brasil, Chile y Perú se han llevado a cabo mediciones de la capacidad financiera entre jóvenes en edad escolar (15 años). Sin embargo, aunque las encuestas sobre capacidad financiera se centran en los conocimientos financieros individuales, no se ocupan específicamente de las PyMEs.
Todos los países de AL9 incorporan programas de educación financiera y emprendimiento en sus currículos escolares, mientras que sólo México, Argentina, Brasil y Perú tienen indicadores de seguimiento y evaluación claramente definidos para los programas de educación financiera
En Argentina y Perú, los programas de educación financiera y emprendimiento están integrados en el currículo escolar como asignaturas obligatorias, mientras que en otros países de AL9 se incluyen como parte de la formación basada en competencias. Además, las entidades gubernamentales de todos los países de AL9 ofrecen diversos programas de formación sobre la toma de decisiones financieras para las PyMEs. No obstante, existen variaciones en la disponibilidad y accesibilidad de estos recursos. Así como en las prácticas de seguimiento y evaluación.
Subdimensión 3.4: Procedimientos eficaces para el tratamiento de la bancarrota
Crear una empresa es un proceso polifacético en el que influyen numerosas variables, muchas de las cuales escapan al control de los empresarios. En consecuencia, numerosas iniciativas empresariales fracasan a la hora de establecer una sostenibilidad a largo plazo. A pesar de estos contratiempos, los emprendedores innovadores y responsables no deberían verse disuadidos de aprovechar nuevas oportunidades para introducir sus productos y servicios en el mercado (OECD/CAF, 2019[1]).
Esta subdimensión aborda el marco normativo e institucional que rige los procedimientos de insolvencia y quiebra, así como la prestación de apoyo a los empresarios que atraviesan estas situaciones, permitiéndoles desarrollar estrategias y habilidades para recuperarse o iniciar nuevas empresas. En 2019, este sigue siendo el aspecto más problemático dentro de la dimensión de Acceso al financiamiento para todos los países de AL9, con una puntuación media de 2,27 puntos. Argentina destaca con la puntuación más alta de 4,42, mientras que México (2,52) y Colombia (2,40) superan ligeramente la media.
Cuadro 5.4. Puntuación subdimensión 3.4: Procedimientos eficaces para el tratamiento de la bancarrota
Argentina |
Brasil |
Paraguay |
Uruguay |
Chile |
Colombia |
México |
Perú |
Ecuador |
AL9 |
Mercosur |
AP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntajes |
4.42 |
2.02 |
1.83 |
1.92 |
1.83 |
2.40 |
2.52 |
2.15 |
1.35 |
2.27 |
2.55 |
2.23 |
Nota: Las puntuaciones se expresan en una escala de 1 a 5, siendo 5 la más alta.
Los países de AL9 deben seguir desarrollando leyes de aplicación universal basadas en principios internacionalmente aceptados que sean aplicables a las empresas estatales
Aunque todos los países de AL9 cuentan con un marco normativo u otros procedimientos para las empresas en situación de insolvencia. Los países necesitan mejorar las leyes de aplicación universal basadas en principios aceptados internacionalmente, en particular para las empresas estatales. Esto incluye establecer sistemas de alerta temprana para situaciones de insolvencia y ofrecer alternativas a la quiebra, como los acuerdos extrajudiciales. Además, la aplicación de mecanismos de conciliación y resolución de conflictos y el establecimiento de registros especiales accesibles al público son pasos cruciales.
En cuanto al apoyo a los empresarios que se enfrentan a quiebras empresariales, este aspecto sigue estando poco desarrollado dentro de la subdimensión. Además, la ausencia de normativas para las transacciones garantizadas, que podrían permitir la recuperación de activos tras la reorganización de la empresa o dar prioridad al pago en caso de liquidación, es otra cuestión crítica. Por último, el marco normativo diferenciado entre microempresas y pequeñas empresas en lo que respecta a los procesos de insolvencia, que a menudo favorece a las empresas más pequeñas con plazos de pago más largos, sigue siendo una tarea pendiente en la mayoría de los países de AL9.
Acceso al financiamiento para el desarrollo de PyMEs dirigidas por mujeres
Persisten importantes disparidades de género en el acceso al mercado financiero en AL9
Los últimos datos de Global Findex del Banco Mundial en 2022 revelan que el 77% de los hombres tienen cuentas bancarias, frente a solo el 69% de las mujeres. Esto significa que aproximadamente 102 millones de mujeres de la región carecen de acceso a servicios financieros (World Bank, 2022[2]).
Además, la brecha de financiación para las PyMEs propiedad de mujeres en América Latina y el Caribe supera los 92.000 millones de USD (International Finance Corporation, n.d.[3]), lo que la convierte en la región con la mayor disparidad de género en financiación entre empresas dirigidas por hombres y mujeres a escala mundial.
Más allá de los retos a los que se enfrentan las mujeres para acceder a los servicios financieros, las encuestas de capacidad financiera de CAF (Auricchio et al., 2022[4]) en varios países de la región destacan las barreras de accesibilidad económica. Estas incluyen la limitada autonomía de las mujeres en las decisiones financieras del hogar y las reducidas oportunidades de empleo, en gran parte debido a su mayor participación en el sector informal y en el trabajo no remunerado. Además, las mujeres también se enfrentan a problemas de accesibilidad física, como la inseguridad y las restricciones a la movilidad, junto con importantes disparidades de género en la digitalización. Las mujeres presentan tasas más bajas de propiedad de teléfonos móviles y de acceso a Internet, junto con niveles más bajos de alfabetización digital.
Además, estudios apoyados por CAF en Chile y Colombia subrayan la presencia de discriminación directa o indirecta dentro de las instituciones financieras, lo que resulta en un acceso limitado de las mujeres a los mercados de crédito. Incluso cuando las mujeres acceden al crédito, a menudo lo hacen en condiciones menos favorables que los hombres, recibiendo montos más pequeños y enfrentando tasas de interés más altas, a pesar de exhibir en promedio tasas de morosidad más bajas (Banca de las Oportunidades, & CAF -development bank of Latin America and the Caribbean, 2024[5]).
Dados estos retos, es crucial integrar una perspectiva de género en la formulación de políticas públicas, marcos reguladores y productos financieros. Este enfoque es importante para atender adecuadamente las necesidades de las mujeres empresarias que dirigen PyME en la región.
El análisis de los resultados de la dimensión de acceso a la financiación revela que, a excepción de Colombia y Ecuador, todos los países de AL9 han implementado políticas públicas de educación financiera dirigidas específicamente a las mujeres que lideran PyMES. Destaca en este aspecto Chile, que ofrece una amplia gama de programas de educación financiera a través de diversas instituciones públicas. Del mismo modo, todos los países de AL9 expresan ofrecer servicios o programas de apoyo empresarial especializados para mujeres, incluyendo vías de acceso a la financiación y oportunidades de internacionalización.
El camino a seguir
Cuadro 5.5. Recomendaciones para la dimensión 3. Acceso al financiamiento
Ámbito |
Retos y oportunidades |
Recomendaciones |
---|---|---|
Marco legal, regulatorio e institucional del acceso a la financiación |
El marco regulatorio de las operaciones garantizadas debe adecuarse a las normas internacionales. La modernización y actualización de los registros de la propiedad, junto con los registros de bienes muebles e inmuebles, sigue siendo un obstáculo considerable. |
|
Diversificación de las fuentes de financiación de las empresas |
Los países de AL9 deben mejorar la oferta de productos y servicios financieros adaptados a las PYMEs |
|
Educación financiera |
Situar a las PyMEs en el centro de las Estrategias Nacionales de Educación Financiera (ENEF). Aumentar la precisión de los indicadores para reflejar mejor la realidad de las PyMEs en los programas de educación financiera. Subsanar las deficiencias de coordinación entre los agentes públicos y privados que participan en iniciativas de educación financiera. |
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Procedimientos eficientes en caso de quiebra |
Avances limitados en el establecimiento de leyes sobre quiebra de aplicación universal alineadas con las normas internacionales. Disparidades en el marco regulatorio relativo a los procedimientos de quiebra para las PYMEs, junto con la necesidad de mejorar los procedimientos de operaciones garantizadas. Falta de un registro público de libre acceso en el que se detallen las empresas en quiebra, con datos sobre los costos y la duración de los procedimientos resueltos. |
|
Referencias
[4] Auricchio, B. et al. (2022), Capacidades financieras de las mujeres. Brechas de género en las encuestas de capacidades financieras de CAF: Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1875.
[5] Banca de las Oportunidades, & CAF -development bank of Latin America and the Caribbean (2024), Estudio experimental de género, https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2212.
[3] International Finance Corporation (n.d.), Gender Latin America and the Caribbean, https://www.ifc.org/en/where-we-work/latin-america-and-the-caribbean/gender-lac (accessed on 3 June 2024).
[1] OECD/CAF (2019), América Latina y el Caribe 2019: Políticas para PYMEs competitivas en la Alianza del Pacífico y países participantes de América del Sur, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/60745031-es.
[2] World Bank (2022), The Global Findex Database, https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex#sec3 (accessed on 3 June 2024).