La internacionalización suele percibirse únicamente como un proceso vinculado a las exportaciones; sin embargo, desde un punto de vista más amplio, engloba la decisión de una empresa de dirigirse a uno o varios mercados más allá de su ubicación original. Se trata de un proceso dinámico que se ajusta a los cambios de diversos factores (Peralta-Jiménez and Tonon-Ordóñez, 2022[1]). Mientras que aproximadamente el 10 por ciento de las PyMEs latinoamericanas exportan parte de su producción, en Europa esta cifra asciende al menos al 40 por ciento. Las PYME latinoamericanas representan un espectro diverso, que va desde microempresas dedicadas al autoempleo informal hasta empresas innovadoras con sólidas capacidades de exportación. Con políticas coherentes y coordinadas, las PyMEs podrían servir como agentes de transformación estructural al aumentar la productividad (ECLAC, s.f.[2]).
A pesar de sus ventajas, las PyMEs son menos proclives a la internacionalización que sus homólogas de mayor tamaño. Las vías de internacionalización de las PyMEs dependen de sus competencias, recursos y capacidad para colaborar con socios nacionales e internacionales, facilitando su participación directa o indirecta en importaciones y exportaciones. La internacionalización de las PyMEs aporta varios beneficios, como el acceso a nuevos mercados y la optimización de la utilización de los recursos. Al acceder a un mercado mundial de más de 8.000 millones de personas, las PyMEs pueden aumentar sus ventas y diversificar sus fuentes de ingresos. Además, la internacionalización fomenta la eficiencia en la gestión de recursos, como la mano de obra, el capital y la tecnología, ya que las PyMEs se adaptan para ser más competitivas y mejorar los procesos de producción. Además, las PyMEs pueden obtener información valiosa de las mejores prácticas de empresas de todo el mundo, lo que conduce a una mejor gestión, una mayor productividad y la innovación en productos y servicios (OECD/CAF, 2019[3]).
En cuanto al marco de evaluación para el desarrollo de políticas que promuevan la internacionalización de las PyMEs, se estructura en torno a políticas y programas que apoyen a las PyMEs en la internacionalización de sus operaciones, los esfuerzos de facilitación del comercio, la participación en el comercio electrónico, la consecución de estándares de calidad y el aprovechamiento de los esfuerzos de integración de América Latina y el Caribe (ALC). Un marco institucional sólido y estable es crucial para diseñar e implementar programas que aborden las necesidades de las PyMEs para superar los obstáculos a la internacionalización. Además, deben establecerse programas que faciliten y agilicen los procesos de exportación y mejoren los productos y procesos bajo esquemas internacionales de calidad. Por otra parte, tras la pandemia de COVID-19, se ha puesto de manifiesto la necesidad de aplicar políticas que potencien el uso del comercio electrónico para aumentar la competitividad regional. Por último, uno de los objetivos de las agrupaciones regionales o de los mecanismos de integración, ya sea por motivos políticos o económicos, es facilitar la interacción comercial entre las empresas. En otras palabras, los procesos de integración establecen marcos normativos e institucionales que fomentan la competencia y mejoran la competitividad de las PyMEs.
El marco de evaluación de esta dimensión comprende (véase Figura 9.1):
Programas de apoyo a la internacionalización: Esta subdimensión engloba una amplia gama posible de apoyos prestados por las agencias de promoción de las exportaciones (APE) a las PyMEs.
Facilitación del comercio: Esta subdimensión evalúa las iniciativas públicas destinadas a ayudar a las PyMEs a cumplir los procedimientos aduaneros. En concreto, evalúan la disponibilidad de recursos para colmar las lagunas informativas, como manuales, directrices, centros de apoyo o portales comerciales en línea. Además, evalúan los avances en la racionalización de los procesos aduaneros, como la implantación de plataformas de aduanas electrónicas, programas de Operador Económico Autorizado (OEA) o Ventanillas Únicas Nacionales para los procedimientos comerciales. Además, estos indicadores tienen en cuenta si estas iniciativas responden a las necesidades específicas de las PyMEs y si los programas de apoyo se aplican eficazmente. Por último, esta subdimensión incorpora los Indicadores de Facilitación del Comercio (IFC) de la OCDE de 2022
Uso del comercio electrónico: Esta subdimensión examina las iniciativas dirigidas a promover una adopción más amplia del comercio electrónico entre las PyMEs, abarcando consideraciones normativas y políticas gubernamentales dirigidas a facilitar el acceso de las PyMEs a las plataformas digitales. Además, evalúa la prestación de servicios de apoyo para superar los obstáculos que impiden a las PyMEs aprovechar las oportunidades que ofrece el aumento del comercio digital.
Normas de calidad: Los indicadores de esta subdimensión evalúan los programas de apoyo público destinados a obtener una certificación de calidad. Estos indicadores tienen en cuenta factores como la consulta al sector privado, la disponibilidad de financiación suficiente, el alcance de la cobertura de la certificación de la calidad de los servicios y la presencia de mecanismos de supervisión exhaustivos.
Aprovechar las ventajas de la integración de ALC: Los indicadores de esta subdimensión evalúan si los países de AL9 están utilizando sus agendas de integración regional para potenciar el desarrollo de las PyMEs. Esto incluye actividades como el fomento de las cadenas de valor regionales, la aplicación de medidas conjuntas de facilitación del comercio, el establecimiento de programas de desarrollo empresarial en colaboración y la aplicación de mecanismos conjuntos de promoción de las exportaciones.
