Índice de Políticas para PyMEs: América Latina y el Caribe 2024

4. Dimensión 2: Entorno operativo y simplificación de procedimientos

Resumen

Las normativas desempeñan un papel fundamental a la hora de facilitar el funcionamiento eficaz de las economías y las sociedades, estableciendo las "reglas del juego" esenciales para las empresas, el gobierno y la sociedad civil. Una normativa bien elaborada contribuye significativamente al crecimiento económico al promover una competencia sana y la eficiencia del mercado.

A pesar de los retos, se observa una tendencia positiva en el entorno operativo y la simplificación de los procedimientos para las PyMEs en la mayoría de los países de AL9, lo que indica mejoras notables en comparación con la evaluación de 2019, impulsadas especialmente por los avances en la subdimensión de gobierno electrónico. Sin embargo, persisten regulaciones intrincadas y barreras administrativas sustanciales, que presentan desafíos que requieren atención para un progreso sostenido. Esta trayectoria ascendente sugiere el potencial de nuevos avances.

Marco de evaluación

Las normativas desempeñan un papel crucial a la hora de facilitar el correcto funcionamiento de las economías y las sociedades, estableciendo las "reglas del juego" para las empresas, el gobierno y la sociedad civil. Sirven de base a los mercados, salvaguardan los derechos y la seguridad de los ciudadanos y garantizan el suministro de bienes y servicios públicos. Una normativa bien elaborada contribuye significativamente al crecimiento económico al fomentar una competencia sana y la eficiencia del mercado. Sin embargo, las normativas, tanto directas como indirectas, suelen imponer costes desproporcionados a las pequeñas empresas. Las normativas mal diseñadas o aplicadas de forma inadecuada pueden sobrecargar a las empresas con complejidades administrativas, elevados costes de cumplimiento y distorsionar la dinámica del mercado. La complejidad y los gastos asociados a las normativas pueden empujar a segmentos de la población de PyME hacia la informalidad. El marco normativo de un país determina en gran medida el entorno operativo de las PyMEs, lo que subraya la necesidad de reformas normativas como componente integral de la política para PyMEs.

En esta dimensión se ha introducido un cambio metodológico sustancial desde la evaluación anterior. En primer lugar, el marco de evaluación de las cuatro subdimensiones se ha mejorado con preguntas adicionales, con el objetivo de proporcionar una evaluación más detallada. En segundo lugar, los indicadores del informe Doing Business del Banco Mundial, utilizados anteriormente para evaluar la eficacia de los procedimientos de registro de empresas y la facilidad para declarar impuestos, ya no se tienen en cuenta para la puntuación debido a la interrupción de ese ejercicio, aunque algunas de sus conclusiones se utilizan para el texto de análisis. Además, incorpora un análisis no puntuado del enfoque de género dentro de esta dimensión.

El marco de evaluación de esta dimensión comprende (véase Figura 4.1):

• Simplificación legislativa y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR): Esta subdimensión examina los procesos de simplificación legislativa y reforma normativa, incorporando el uso del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) como herramienta para mejorar la calidad de los nuevos actos legislativos y normativos.

• Las subdimensiones 2.2 (Registro de empresas) y 2.3 (Facilidad para declarar impuestos) profundizan en las aplicaciones normativas. La subdimensión 2.2 aborda los entresijos del registro de empresas y el inicio de las operaciones comerciales, mientras que la subdimensión 2.3 se centra en el sistema que rige la declaración y el pago de impuestos para las PyMEs.

• Administración electrónica: El indicador dentro de esta subdimensión analiza la prestación de servicios gubernamentales digitales, específicamente los relativos a las operaciones de las PyMEs. Las plataformas digitales de gobierno bien diseñadas tienen el potencial de reducir las cargas administrativas, mejorar las comunicaciones entre el gobierno y las empresas y reducir los costes operativos de las PyMEs.

Figura 4.1. Marco de evaluación - Entorno operativo y simplificación de procedimientos

Al agregar las puntuaciones de evaluación de esta dimensión, se ha asignado una ponderación del 30% a la subdimensión 2.1, recibiendo las subdimensiones 2.2 y 2.3 una ponderación del 25% cada una. La última dimensión, centrada en los servicios de administración electrónica, tiene una ponderación del 20%.

Análisis

A pesar de los retos, existe una tendencia positiva en el entorno operativo para las PyMEs en la mayoría de los países de AL9 (véase Figura 4.2), lo que refleja mejoras notables en comparación con la evaluación de 2019, impulsadas principalmente por los avances en la subdimensión de gobierno electrónico. Sin embargo, la intrincada normativa y las importantes barreras administrativas siguen planteando desafíos que deben abordarse para lograr un progreso sostenido. Esta trayectoria positiva indica un potencial de nuevos avances.

La simplificación legislativa y las reformas reglamentarias no se llevan a cabo sistemáticamente en la mayoría de estos países, y sólo Chile, Colombia y México adoptan un enfoque más organizado. Sin embargo, incluso en estos países, el proceso de reforma ha encontrado obstáculos en los últimos cuatro años. La concentración en abordar los retos planteados por la pandemia de COVID-19, junto con episodios de inestabilidad política y económica en algunos países de AL9, ha contribuido al estancamiento actual. Dar prioridad a la mejora del marco normativo y a la reducción de las cargas administrativas es crucial para fomentar el crecimiento económico y frenar eficazmente la informalidad en el sector de las PyMEs.

Figura 4.2. Puntuaciones ponderadas para la dimensión 2: Entorno operativo y simplificación de procedimientos

Nota: Las puntuaciones están en una escala de 1 a 5, siendo 5 la más alta. La comparación con 2019 no es exacta debido a cambios en la metodología. Consulte el capítulo 2 para obtener más información sobre la metodología. Los datos de 2019 para Brasil y Paraguay no están disponibles, ya que no participaron en la evaluación de 2019.

Subdimensión 2.1: Simplificación legislativa y análisis de impacto regulatorio

Cuadro 4.1. Puntuaciones de la subdimensión 2.1: Simplificación legislativa y análisis de impacto regulatorio

	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	Chile	Colombia	México	Perú	Ecuador	AL9	Mercosur	AP
Puntajes	1.63	3.08	1.90	1.87	4	3.65	3.90	2.60	3.12	2.86	2.12	3.54

Nota: Las puntuaciones se expresan en una escala de 1 a 5, siendo 5 la más alta.

Los resultados del Índice de Políticas para PyMEs de ALC 2024 (SME PI) revelan que la simplificación legislativa y las reformas reglamentarias en la mayoría de los países de AL9 se encuentran todavía en una fase inicial, con una puntuación media regional de la dimensión de 2,86. En particular, Chile, México y Colombia destacan como los países en los que se han logrado avances significativos, respaldados por un marco institucional relativamente bien desarrollado para la reforma legislativa y reglamentaria. Sin embargo, en los últimos cuatro años, el ritmo de la reforma se ha ralentizado considerablemente en toda la región. Las medidas de emergencia para hacer frente al impacto de la pandemia del COVID-19, junto con la inestabilidad política que perturba las actividades parlamentarias, han obstaculizado la realización de reformas integrales.

La mayoría de los países de AL9 carecen de una estrategia o plan a medio plazo para la simplificación legislativa y las reformas reglamentarias. Es notable la ausencia de revisiones sistemáticas de los actos legislativos y reglamentarios que afectan a las operaciones de las empresas privadas, la eliminación de actos redundantes y la actualización de leyes y reglamentos. Cuando se adoptan medidas, tienden a abordar cuestiones específicas y a menudo responden a la presión de la comunidad empresarial, careciendo de integración en un proceso de reforma más amplio y sistémico.

Entre los países de AL9, Chile, México, Colombia y Perú han adoptado un enfoque más sistemático de las reformas normativas.

México ha implementado una estrategia integral para la reforma regulatoria desde 2019, con el proceso coordinado y supervisado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER). En Colombia, la adhesión del país a la OCDE ha dado un nuevo impulso a la reforma regulatoria, lo que ha llevado a la aprobación de una nueva Ley de Reforma Legislativa y Regulatoria en 2020. Perú cuenta con un plan de reforma regulatoria, pero la falta de plazos de implementación claramente definidos ha provocado interrupciones en su ejecución.

Uruguay, en el pasado, tuvo un plan de reforma regulatoria como parte de la estrategia más amplia Trasforma Uruguay, completada en 2021. Sin embargo, no se ha adoptado ningún nuevo plan desde entonces. Argentina, a pesar de tener un marco normativo complejo y un entorno operativo difícil para las PyMEs, ha mostrado indicios de dar prioridad a la reforma legislativa y normativa bajo el nuevo gobierno elegido en noviembre de 2023. La administración está trabajando activamente para racionalizar la burocracia, anunciando planes para presentar un proyecto de ley al Congreso con el fin de eliminar 160 reglamentos y estableciendo una Secretaría para la Simplificación del Estado.

Brasil lleva varios años inmerso en un proceso de reforma de la regulación, principalmente mediante la creación de la Red Nacional para la Simplificación del Registro y la Legalización de Empresas y Negocios (REDESIM) en 2007. Sin embargo, el proceso de reforma se enfrenta a retos debido al complejo entorno normativo y al solapamiento de competencias entre las administraciones federal y estatales.

La aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio avanza en la región

La aplicación del AIR varía en la región. Chile, México, Colombia y Perú han establecido la obligación legal de aplicar sistemáticamente el AIR, y Colombia incorpora además una prueba de AIR PyME para los principales actos legislativos o reglamentarios. En Brasil, el AIR se aplica selectivamente a actos legislativos importantes, y las directrices se aprobaron en junio de 2020. Ecuador, Paraguay y Uruguay están en proceso de adoptar la metodología de AIR, con planes para establecer unidades de AIR dentro de la administración estatal.

Debido a la ausencia de un plan a medio plazo, los mecanismos de seguimiento y evaluación en este ámbito son relativamente limitados. Sin embargo, México constituye un ejemplo de buenas prácticas, ya que la CONAMER supervisa periódicamente la aplicación de los planes de reforma reglamentaria.

Subdimensión 2.2: Registro de empresas

Esta dimensión gira en torno al proceso de registro de una nueva empresa y, más en general, a la puesta en marcha de un nuevo negocio. Este proceso incluye no sólo la inscripción en el registro público de empresas, sino también la notificación y, en caso necesario, el registro en otras ramas de la administración pública, como la oficina tributaria, la oficina de trabajo, la administración local y la expedición de licencias comerciales.

Como se señala en la sección Marco de evaluación de este capítulo, los indicadores para esta subdimensión en el SME PI de ALC de 2019 se derivaron del Informe Doing Business del Banco Mundial bajo la dimensión "Iniciar un negocio". Dado que la encuesta Doing Business se interrumpió en septiembre de 2022, la metodología para esta subdimensión se ha modificado parcialmente. A falta de informes Doing Business recientes, la atención se ha centrado en los cambios introducidos a nivel nacional desde el último informe publicado (2020) y en la disponibilidad del registro en línea. En consecuencia, las puntuaciones de 2024 no son totalmente comparables con las del SME PI de ALC de 2019.

Cuadro 4.2. Puntuaciones de la subdimensión 2.2: Registro de empresas

	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	Chile	Colombia	México	Perú	Ecuador	AL9	Mercosur	AP
Puntajes	2.54	3.06	2.54	3.48	4.20	3.82	3.90	2.89	2.70	3.24	2.90	3.70

Nota: Las puntuaciones se expresan en una escala de 1 a 5, siendo 5 la más alta.

Los procedimientos complejos, largos y costosos para el registro de empresas y la creación de negocios son factores que contribuyen a empujar a las nuevas empresas hacia la informalidad. La evaluación de 2024 revela que los procedimientos de registro de empresas y creación de empresas en la región AL9 siguen siendo complejos, largos y, con frecuencia, costosos. La media regional para esta subdimensión se sitúa en 3,24. Aproximadamente la mitad de los países incluidos en el informe (Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú) han recibido una puntuación inferior a 3, lo que subraya la importante brecha existente con respecto a la adopción de buenas prácticas.

A pesar de los esfuerzos, los trámites para registrar una empresa en los países de AL9 siguen siendo costosos y lentos

La complejidad de los trámites de registro de empresas y puesta en marcha de un negocio se ve a menudo agravada por la naturaleza secuencial de los pasos necesarios para los nuevos empresarios. Las ventanillas únicas, que ofrecen un lugar centralizado para que los empresarios completen todos los procedimientos de registro, sólo están disponibles en Chile, Colombia y México. Uruguay ha implantado un sistema de ventanillas múltiples en un único lugar para todas las administraciones implicadas. En cambio, en todos los demás países de la AL9, los empresarios deben dirigirse personalmente a cada una de las administraciones.

La necesidad de someterse a procesos de registro separados en el registro mercantil y en la administración fiscal contribuye a la lentitud del proceso, una situación común en la mayoría de los países de AL9. Las empresas suelen recibir dos o más números de registro, y el número de registro fiscal suele ser el principal identificador para las interacciones con la administración pública. Este es el caso de Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay. La duración del proceso suele prolongarse debido a la necesidad de registrarse ante las autoridades locales y obtener una licencia comercial local.

En Brasil, a pesar de las reformas introducidas por REDESIM y las instrucciones normativas del Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (Departamento Nacional de Registro e Integración Empresarial, DREI), los procedimientos de registro de empresas siguen siendo relativamente largos y lentos. Esto se debe en parte a la necesidad de que las nuevas empresas de varios estados se registren ante las autoridades fiscales locales y obtengan una licencia comercial local, además de los registros federales. Los costes del registro de empresas se ven a menudo incrementados por los servicios jurídicos y notariales obligatorios.

La adopción de sistemas de registro en línea y sus mecanismos de supervisión están ganando impulso en los países de AL9, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la calidad del proceso de registro de empresas.

La adopción del registro en línea está todavía en sus primeras etapas en la mayoría de los países de AL9. En la actualidad, existen plataformas electrónicas específicas para el registro de empresas en línea en Chile, Colombia y México, mientras que determinados procedimientos de registro pueden realizarse en línea en Argentina, Ecuador, Paraguay y Uruguay. En Brasil, el registro de empresas en línea está limitado a los empresarios individuales.

El seguimiento del registro de empresas y del procedimiento de creación de empresas también se encuentra en sus primeras fases de desarrollo, con algunas excepciones. El gobierno federal de Brasil ha introducido la herramienta Company Map para realizar un seguimiento de los procesos de registro y cierre de empresas en todo el país, proporcionando datos mensuales sobre la finalización de procedimientos, nuevos registros y cierres por ubicación y tipo de actividad. La CONAMER de México supervisa periódicamente la aplicación de las reformas relacionadas con el registro de empresas y el procedimiento de apertura de negocios.

Subdimensión 2.3: Facilidad para declarar impuestos

De manera similar a la subdimensión Registro de empresas, algunos indicadores utilizados en el SME PI ALC 2019 se basaron en datos e información del Doing Business del Banco Mundial. La edición de 2024 considera los cambios introducidos a nivel de país desde 2020, incorporando elementos como la presencia de regímenes fiscales simplificados para las PyMEs y procedimientos de administración tributaria para las PyMEs. En consecuencia, las puntuaciones de esta subdimensión en 2019 y 2024 no son directamente comparables.

Cuadro 4.3. Puntuaciones de la subdimensión 2.3: Facilidad para cumplimentar los impuestos

	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	Chile	Colombia	México	Perú	Ecuador	AL9	Mercosur	AP
Puntajes	2.5	2.5	2.5	3.5	3.22	3.2	2.9	2.33	2.4	2.78	2.75	2.91

Nota: Las puntuaciones se expresan en una escala de 1 a 5, siendo 5 la más alta.

Los esfuerzos para agilizar y simplificar los procesos de pago de impuestos podrían conducir a un entorno más favorable para las PyMEs en los países de AL9

El régimen fiscal de las PyMEs en la mayoría de los países de ALC 9 se caracteriza por importantes cargas administrativas y prolongados procedimientos de declaración y pago. El número medio de pagos fiscales al año es elevado y el tiempo necesario para cumplir las obligaciones de la administración tributaria suele ser largo. En algunos casos, la presión fiscal es considerable.

En la evaluación de 2024, las puntuaciones de esta dimensión son notablemente bajas, y sólo Chile y Uruguay obtienen puntuaciones superiores al nivel 3. Curiosamente, estos dos países también presentan los niveles más bajos de informalidad laboral. Curiosamente, estos dos países también presentan los niveles más bajos de informalidad laboral. La media regional de AL9 se sitúa en 2,78.

Desde 2019, varios países de AL9 han emprendido reformas fiscales y han introducido regímenes fiscales simplificados para las PyMEs

Varios países de la región han emprendido reformas fiscales y han introducido regímenes fiscales simplificados para las PyMEs desde 2019. En Argentina, el rango del monotributo se ha ampliado a las microempresas y a los empresarios individuales, acompañado de un "régimen puente" que facilita la transición del monotributo a un régimen completo de impuesto de sociedades.

En Brasil, el gobierno puso en marcha medidas para simplificar la declaración y el pago de impuestos a través de los sistemas Simples Nacional y Microempreendedor Individual (MEI), con esfuerzos continuos a través de dos comités permanentes dedicados a la reforma fiscal.

Chile está llevando a cabo una amplia reforma fiscal, introduciendo un régimen IVA para las ventas de servicios, que afecta especialmente a las pequeñas empresas del sector servicios. Al tiempo que mantiene un régimen fiscal especial para las PyMEs, Chile ha introducido incentivos fiscales para las empresas de nueva creación y las que están en proceso de formalización, junto con un "puente" de transición para las PyMEs que pasen al régimen normal del impuesto de sociedades. Uruguay ha aplicado una medida de transición similar.

La reforma fiscal progresiva de Colombia desde 2018 tiene como objetivo mejorar el cumplimiento tributario de las pequeñas empresas, mientras que Ecuador introdujo un régimen fiscal simplificado para microempresas llamado Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE). Esta iniciativa impone un impuesto sobre el volumen de negocios del 1 al 2% a las empresas con un volumen de negocios anual de entre 20.000 y 300.000 USD.

En México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) introdujo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) para simplificar los trámites fiscales para empresarios individuales y pequeñas empresas. Esta iniciativa grava con un impuesto sobre el volumen de negocios que oscila entre el 1 y el 2,5% a las empresas y empresarios individuales que no alcanzan un determinado umbral de facturación anual, lo que contribuye a reducir las cargas fiscales y la informalidad empresarial.

Paraguay también ha estado aplicando activamente reformas fiscales desde 2019, que implican una reducción del número de impuestos sobre las empresas privadas, la simplificación de los procedimientos de declaración de impuestos y la introducción de un régimen fiscal simplificado para las PyMEs.

Subdimensión 2.4: Administración electrónica

Cuadro 4.4. Puntuaciones de la subdimensión 2.4: Gobierno electrónico

	Argentina	Brazil	Paraguay	Uruguay	Chile	Colombia	Mexico	Peru	Ecuador	AL9	Mercosur	PA
Total score	4.08	3.60	2.83	4.70	4.20	4	4.77	3.88	3.40	3.94	3.80	4.21

Nota: Las puntuaciones se expresan en una escala de 1 a 5, siendo 5 la más alta.

A lo largo de los últimos cuatro años, la mayoría de los países de AL9 han dado pasos significativos en la mejora de la prestación de servicios de gobierno electrónico y digitalización (Dimensión 8) que benefician tanto al público como, en muchos casos, a las PyMEs. El imperativo de restringir el acceso físico a las oficinas públicas, medida aplicada para frenar la propagación del COVID-19, ha actuado como catalizador, acelerando el desarrollo y la implantación de servicios de administración electrónica.

Los países de AL9 avanzan en la prestación de servicios de administración electrónica

Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay han adoptado planes nacionales para la digitalización de la administración pública, ofreciendo una amplia gama de servicios de administración electrónica. Las administraciones tributarias de estos países han establecido plataformas electrónicas para procesar las declaraciones de impuestos. Brasil, Ecuador y Perú se encuentran en una fase intermedia, trabajando activamente para ampliar su oferta de servicios de administración electrónica. Paraguay se encuentra en las primeras fases de desarrollo, formulando planes nacionales para la digitalización de la administración pública. La media regional para esta subdimensión es de 3,94.

México, Chile y Uruguay están a la vanguardia en la prestación de servicios de administración electrónica

México, Chile y Uruguay son buenos casos de estudio en el ámbito de la transformación digital de la administración pública y la prestación de servicios de gobierno electrónico.

México lidera la región en este ámbito. En 2013 puso en marcha su primera estrategia nacional de digitalización, centrada en la prestación de servicios electrónicos tanto a los ciudadanos como a las empresas. Actualmente, el país está ejecutando su tercera Estrategia Nacional de Digitalización (2021-2024), cuyos objetivos se centran en ampliar las herramientas de gobierno digital, mejorar la seguridad digital y reducir la brecha digital. La Secretaría de Economía (SE) gestiona la plataforma MIPYMES.MX, dedicada a apoyar la transformación digital de las PyMEs y mejorar su acceso a los servicios de administración electrónica.

Chile también ha sido proactivo en la digitalización de los servicios públicos durante varios años. El país puso en marcha su primer plan nacional de transformación digital en 2015, haciendo hincapié en la promoción de la interoperabilidad entre los bancos de datos gestionados por diversas administraciones públicas. La gama de servicios de administración electrónica disponibles para las PyMEs abarca la presentación de impuestos, la notificación de datos y los procedimientos de registro de empresas. La plataforma Digitaliza tu PYME desempeña un papel fundamental para ayudar a las PyMEs a utilizar los servicios de administración electrónica y fomentar la transformación digital.

Uruguay lleva más de una década promoviendo la transformación digital de la administración del Estado y desarrollando servicios de gobierno electrónico, logrando avances sustanciales en este ámbito. La agencia especializada, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), que opera bajo la Presidencia de la República de Uruguay, es responsable de coordinar la implementación de la Estrategia Digital nacional. La estrategia más reciente abarca el periodo de 2021 a 2025.

El seguimiento del uso de los servicios de administración electrónica por parte de las PyMEs se encuentra aún en sus primeras fases en los países de AL9

Aunque se ha avanzado en este ámbito, el seguimiento del uso de los servicios de administración electrónica por parte de las PyMEs se encuentra aún en una fase inicial. Las agencias digitales públicas, las agencias de desarrollo de las PyMEs y las organizaciones deberían realizar encuestas periódicas para supervisar la utilización de las plataformas digitales por parte de las PyMEs e identificar sus necesidades de formación e información.

Entorno operativo para el desarrollo de PyMEs dirigidas por mujeres

Entre los AL9, ninguno cuenta con una agencia nacional de información descentralizada o centros de ayuda que presten exclusiva o específicamente servicios de asesoramiento a las mujeres para la creación de empresas. En su lugar, disponen de centros y/o portales de servicios para emprendedores independientemente del género. Destacan las prácticas del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) de México, que promueve el desarrollo de estrategias para la creación de empresas, facilitando el empoderamiento económico de las mujeres. Por ejemplo, operan la tienda online "Hecho en México x Mujeres" dentro de la plataforma de venta digital de Mercado Libre. Además, el Viceministerio de PyMEs de Paraguay implementa el proyecto REEMUJERPY, dirigido específicamente a las mujeres.

Además, sólo Ecuador, Chile y Uruguay cuentan con mecanismos de monitoreo y evaluación del proceso de registro de empresas que registran información desagregada por género. Además, destaca la presencia de varios comités o consejos nacionales de coordinación interinstitucional, liderados predominantemente por los Mecanismos Nacionales de Igualdad de Género, que participan activamente en la ejecución de acciones de apoyo al espíritu emprendedor de las mujeres. Algunos ejemplos son el Comité para el Emprendimiento Femenino de Brasil y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género de Ecuador. Cabe destacar el Ministerio de la Mujer de Paraguay, donde existe una Comisión Interinstitucional para la implementación del programa "Ciudad Mujer". Esta comisión está integrada por diversas instituciones públicas del módulo de empoderamiento económico de las mujeres. Su objetivo es promover la generación de ingresos, mejorar las capacidades de empleabilidad y apoyar la creación de iniciativas de emprendimiento productivo.

El camino a seguir

Cuadro 4.5. Recomendaciones para la dimensión 2. Entorno operativo y simplificación de procedimientos

Ámbito	Retos y oportunidades	Recomendaciones
Simplificación legislative y análisis de impacto regulatorio (AIR)	En la mayoría de los países de AL9 sigue faltando un enfoque sistémico de la reforma regulatoria. El AIR sólo se aplica sistemáticamente en tres de los países de AL9.	Desarrollar planes nacionales de simplificación legislativa y reforma regulatoria, centrándose en las áreas que generan mayores barreras al desarrollo empresarial. Adoptar directrices del AIR e introducir el AIR obligatorio, si aún no se ha hecho, en la aprobación de los nuevos actos legislativos y regulatorios que tengan un impacto significativo en las operaciones de la empresa privada.
Registro de empresas	Los procedimientos complejos, largos y costosos actúan como barrera de entrada para los nuevos empresarios y contribuyen a empujarlos hacia la informalidad.	Revisar el proceso de registro y creación de empresas, teniendo en cuenta las medidas del Reglamento de la OCDE sobre el mercado de productos relativas a la creación de empresas, y fijar objetivos para reducir las cargas administrativas asociadas al proceso.
Facilidad para declarar impuestos	Los procedimientos de declaración y pago de impuestos en la mayoría de los países de AL9 siguen siendo complejos y lentos.	Revisar los procedimientos de declaración y pago de impuestos para simplificarlos. Desarrollar plataformas fiscales en línea. Calcular las tasas impositivas efectivas aplicadas a las distintas tipologías de PyMEs Facilitar la transición hacia el cumplimiento de las obligaciones fiscales y del régimen simplificado al régimen estándar del impuesto de sociedades.
Gobierno electrónico	El desarrollo de servicios de gobierno electrónico podría mejorar significativamente las comunicaciones entre las empresas y la administración pública y reducir los costos operativos de las PyMEs.	Desarrollar plataformas de gobierno electrónico, ampliar la gama de servicios de gobierno electrónico para las PyMEs. Recopilar datos sobre la utilización de plataformas por parte de las PyMEs y llevar a cabo programas de información y formación para ayudar a las PyMEs a acceder a las plataformas digitales.