Este capítulo ofrece una evaluación de Chile. Comienza con una visión general del contexto chileno y, a continuación, analiza los progresos de Chile en ocho dimensiones mensurables. El capítulo concluye con recomendaciones de políticas específicas.
Índice de Políticas para PyMEs: América Latina y el Caribe 2024
Hacia una recuperación inclusiva, resiliente y sostenible
SME Policy Index
16. Chile
Resumen
Panorama
Figura 16.1. Puntuación de Chile SME PI 2024
Nota: El promedio ALC en 2024 se refiere al promedio simple de los 9 países estudiados en este informe de 2024. No hay datos para la dimensión Digitalización en 2019, ya que el informe de 2019 no incluyó esta dimensión.
Chile ha obtenido algunos de los resultados más altos en esta segunda evaluación del Índice de Política para PyMEs (SME PI) (véase Figura 16.1), situándose a la cabeza de AL9 en todas las dimensiones excepto en Acceso al financiamiento (Dimensión 3). Este éxito se atribuye a un marco avanzado para la política de PyME, que incluye mandatos claros para la formulación y supervisión de políticas, un entorno operativo relativamente sólido y una amplia gama de servicios de apoyo a las PyMEs disponibles en todas las dimensiones.
Sin embargo, Chile podría beneficiarse de la elaboración y aprobación del nuevo plan de desarrollo estratégico de las PyMEs, que incorpora mecanismos avanzados de seguimiento y evaluación. Dar prioridad a la integración de acciones políticas para apoyar la transformación digital de las PyMEs dentro de este marco podría ser un enfoque clave de cara al futuro. Además, como se detallará a lo largo de este capítulo, Chile podría desarrollar una estrategia de innovación más completa que incluya acciones políticas propuestas detalladas, entidades responsables de la implementación, plazos, objetivos, indicadores clave de rendimiento y metas.
Contexto
Chile experimentó una recuperación sostenida en 2021, registrando una tasa de crecimiento del PIB del 11,9% (OECD, 2024[1]) a medida que se recuperaba de los efectos de la pandemia de COVID-19. Los principales impulsores de este crecimiento fueron el aumento del consumo alimentado por las retiradas de fondos de pensiones, el apoyo fiscal directo y la rápida vacunación del país. Entre los principales motores de este crecimiento se encuentran el aumento del consumo impulsado por las retiradas de fondos de pensiones, el apoyo fiscal directo y la rápida vacunación del país. (World Bank, 2022[2]). Sin embargo, en 2022, la economía se desaceleró hasta el 2,5%. Se prevé que la producción crezca un 2,3% en 2024 y un 2,5% en 2025 (OECD, 2024[3]).
La inflación ha retrocedido desde que alcanzó su máximo en 2022, impulsada por una resolución gradual de los desequilibrios macroeconómicos. Durante 2021-2022, el Banco Central aumentó considerablemente su tipo de interés oficial (del 0,5% al 11,25%). Esto desempeñó un papel fundamental en la moderación del consumo y la reducción de la brecha de producción, lo que condujo a una disminución de la inflación. La recuperación de la renta disponible de los hogares, impulsada en gran medida por el proceso de convergencia de la inflación, seguirá apoyando estos resultados (CBC, 2023[4]). La inflación convergerá hacia el objetivo del 3% a mediados de 2025 (OECD, 2024[3]).
La recuperación del mercado laboral ha sido gradual, recuperándose en 2021 el 60% de los empleos perdidos en 2020 (World Bank, 2022[2]). Para 2023 los ocupados logran superar los niveles prepandémicos manteniendo una brecha significativa (500.000 personas) respecto a la tendencia. La tasa de desempleo se mantiene en niveles más altos que antes del inicio de la COVID-19. Sin embargo, en este caso, la desaceleración económica tiene una influencia importante (Bastidas and Vergara, 2023[5]).
El sector de las PyMEs en Chile, que comprende el 98,6% de todas las empresas, se ha visto particularmente afectado por la pandemia y las consiguientes perturbaciones macroeconómicas. Entre estas empresas, el 75,5% son microempresas, el 20,2% pequeñas empresas y el 2,9% medianas empresas (OECD, 2022[6]). A pesar de su predominio numérico, las grandes empresas (1,5% del total de empresas) contribuyen significativamente a las ventas totales, comprendiendo el 86,9%, mientras que las PyMEs representan sólo el 13,1% (OECD, 2022[7]) El sólido marco institucional de Chile, junto con los recientes esfuerzos del gobierno, ha permitido un enfoque más integrado de la recuperación de las PyMEs. El gobierno ha puesto en marcha varias medidas para apoyar al sector, incluidas iniciativas para impulsar la inversión, desarrollar infraestructuras, agilizar los procedimientos burocráticos y promover la innovación (Ministry of Economy, Development and Tourism Chile, 2023[8]).
El entorno empresarial de Chile presenta importantes oportunidades, impulsadas por su integración en el comercio exterior, las favorables condiciones regulatorias y las condiciones del mercado crediticio. El país ha establecido 31 acuerdos económico-comerciales que abarcan 65 economías a nivel global, representando el 88% del PIB mundial y dando acceso a un mercado potencial de más de 5 mil millones de personas en todo el mundo (SUBREI, n.d.[9])
Dimensión 1. Marco institucional
Chile ha establecido un marco institucional avanzado para la política de PyME, con mandatos claros para la elaboración y supervisión de políticas asignados al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. La ejecución de las políticas se delega en dos organismos especializados, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), que gozan de una gran autonomía operativa.
La misión de CORFO es promover la inversión, el espíritu empresarial, la innovación y la competitividad. Creada en 1939 con el mandato de aplicar la política industrial del país, la agencia gestiona una serie de incentivos a la inversión y a la I+D, así como un fondo de garantía de créditos abierto a toda clase de empresas. CORFO está dirigida por un órgano colegiado presidido por el ministro de Economía, Fomento y Turismo, e integrado por representantes de otros ministerios y dos miembros independientes nombrados por el Presidente de la República. La agencia cuenta con una plantilla total de más de 1.000 personas y oficinas en todo el país.
SERCOTEC, creada en 1952, tiene por misión ofrecer programas de formación y asistencia técnica a las microempresas y pequeñas empresas y a los nuevos empresarios. Al igual que CORFO, cuenta con una red de oficinas regionales y su plantilla total se compone de 240 unidades. Ambos organismos gozan de una importante autonomía operativa y reciben una financiación adecuada. Además, CORFO tiene su propio departamento de seguimiento y evaluación.
Además de mandatos bien definidos para la formulación y supervisión de políticas, el país ha demostrado prácticas eficaces en las consultas público-privadas y ha aplicado medidas para reducir la informalidad laboral y empresarial. Este compromiso se refleja en su puntuación global para la dimensión Marco institucional de las PyMEs, que se sitúa en 4,38.
La definición de PyME de Chile, que obtiene una puntuación de 4,5, fue establecida por la Ley 20.416 y adoptada en 2010. Esta definición engloba a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas y se basa en dos parámetros: las ventas anuales y el empleo. Los valores de las ventas se expresan en unidades de fomento, una unidad contable ajustada en función de la inflación. La definición de PyME se utiliza ampliamente en toda la administración pública.
En la subdimensión de Planificación estratégica, diseño de políticas y coordinación, el desempeño de Chile sigue siendo sólido, con una puntuación de 4,56. El mandato para la política de PyME se asigna al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, concretamente a la Dirección de la Pequeña Empresa dentro de la Subsecretaría de Economía, tal y como se señala en la Ley de PyME de 2010. La misma ley también estableció el Consejo Nacional Consultivo de la Empresa de Menor Tamaño, compuesto por las siete asociaciones comerciales más representativas del país, junto con representantes de los gobiernos locales (municipios), instituciones de educación superior y entidades no gubernamentales (ONG) con la misión de promover el espíritu empresarial.
Las orientaciones estratégicas de la política de PyME están incorporadas en el Plan Chile Apoya 2022- 2023, que abarca la fase de recuperación de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. El plan, elaborado en colaboración con el sector privado, se encuentra en su fase final de aplicación. Simultáneamente, desde 2023 se está elaborando un Plan Estratégico de Desarrollo para las PyMEs. Desarrollado en colaboración con las asociaciones comerciales que integran el Consejo Asesor de la Pequeña Empresa, esta iniciativa pretende establecer un consenso sobre objetivos estratégicos que guíen el diseño y la ejecución de las políticas públicas, fomentando el crecimiento sostenido de las PyMEs a medio y largo plazo.
El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo ha identificado la digitalización como una prioridad clave, junto con la mejora de los servicios para emprendedores e inversores prestados por los dos principales organismos de ejecución, CORFO y SERCOTEC, y el registro de empresas informales. El Ministerio, en colaboración con CORFO y SERCOTEC, ha lanzado recientemente un programa llamado Digitaliza tu PyME que busca promover la transformación digital en las PyMEs y reducir la brecha de digitalización entre las grandes y las pequeñas empresas.
Además, Chile tiene una práctica bien establecida de consultas público-privadas (CPP), como refleja su puntuación de 4,33 en esta subdimensión. La ley recomienda que las deliberaciones públicas relacionadas con la introducción de nuevos actos legislativos, planes políticos y programas se sometan a consultas públicas. Normalmente, se asigna un período de 15 días para las consultas públicas, y cada ministerio tiene su propia plataforma digital de consulta.
El Consejo Nacional Consultivo de la Empresa de Menor Tamaño es el principal canal de consulta para las PyMEs. Presidido por el ministro de Economía, Fomento y Turismo, el consejo se reúne varias veces al año, y los representantes del sector privado tienen autoridad para proponer actos jurídicos y medidas políticas para su debate.
Por último, en la subdimensión de Medidas para reducir la informalidad, Chile recibe una puntuación de 3,94. A pesar de un crecimiento significativo del empleo y de las oportunidades empresariales en la última década, la informalidad laboral y empresarial sigue siendo elevada. En 2021, se estimaba que uno de cada cuatro empleos era informal. El Gobierno ha dado prioridad a la reducción de la informalidad laboral y empresarial y ha aplicado varias medidas. Entre ellas, el fortalecimiento de la plataforma Registro de Empresas y Sociedades, destinada a simplificar el registro de empresas, PyME Ágil para reducir las cargas administrativas de las pequeñas empresas y agilizar la emisión de licencias comerciales locales, y el programa Formalízate implementado por SERCOTEC, que es un fondo que apoya la formalización y puesta en marcha de nuevas empresas con la oportunidad de participar en el mercado, financiando un plan de trabajo destinado a implementar un proyecto empresarial. Esto se complementa con talleres sobre formalización impartidos por los Centros de Desarrollo de Negocios para fomentar el registro de empresas informales.
El camino a seguir
Finalizar la elaboración y aprobación del nuevo plan de desarrollo estratégico de las PyMEs, incorporando mecanismos avanzados de seguimiento y evaluación. Además, integrar acciones políticas para apoyar la transformación digital de las PyMEs en el marco del nuevo plan de desarrollo estratégico.
Garantizar consultas permanentes con representantes de jóvenes empresarios y empresas incipientes, y diseñar medidas de apoyo implementadas por SERCOTEC y CORFO para abarcar todos los tipos de empresas con potencial de crecimiento.
Evaluar las medidas introducidas para reducir la informalidad, valorar su impacto a lo largo del tiempo y extraer lecciones para la siguiente fase política.
Dimensión 2. Entorno operativo y simplificación de procedimientos
El entorno operativo para las PyMEs en Chile es considerablemente funcional, obteniendo el país una puntuación de 3,89, la más alta entre los países de AL9 evaluados. Los procedimientos son relativamente sencillos y la carga administrativa es menor que en otros países latinoamericanos. Chile avanza en la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) y en la prestación de servicios gubernamentales. Aunque los procedimientos de declaración y pago de impuestos siguen siendo relativamente complejos, se está aplicando una amplia reforma fiscal. En la actualidad, Chile no dispone de un plan de simplificación legislativa y reforma normativa a medio plazo, sino que ha adoptado un enfoque caso por caso.
El país comenzó a tomar medidas para introducir el uso del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) en 2017, con la publicación de la Instrucción Presidencial n.º 2. Esta directiva ordenaba a los ministerios de economía realizar AIR centradas en el impacto de los nuevos actos legislativos o reglamentarios sobre la productividad durante el proceso de aprobación. La metodología, denominada Evaluación del Impacto sobre la Productividad, se ajustaba a las metodologías estándar del AIR.
En 2019, la Instrucción Presidencial Nº 3 promovió aún más la aplicación del AIR, y la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), organismo responsable de supervisar la aplicación del AIR, elaboró un manual. Aunque el AIR todavía no se aplica sistemáticamente, existe la obligación legal de realizarlo para todos los actos jurídicos y reglamentarios importantes, y todos los informes de AIR se hacen públicos. Sin embargo, no existe un requisito específico de evaluación de las PyMEs.
La Ley nº 20.416, aprobada en 2010, establece que todas las leyes y reglamentos que afecten a las PyMEs deben someterse a una evaluación de impacto simple. Estos cambios se reflejan en la puntuación de 4,00 obtenida por Chile en la subdimensión de Simplificación legislativa y análisis del impacto regulatorio, que es superior a su rendimiento en la evaluación de 2019.
Además, el proceso de registro de empresas en Chile está relativamente bien estructurado, con una puntuación de 4,20. La nueva empresa recibe un único número de identificación emitido por la administración tributaria, el Rol Único Tributario (RUT), válido para todas las interacciones con la administración pública. Existen ventanillas únicas y es posible realizar los trámites de registro de empresas en línea a través de la plataforma Registro de Empresas y Sociedades. Tras una reciente evaluación, los procedimientos de registro de empresas se han simplificado aún más.
En la subdimensión de Facilidad para declarar impuestos, Chile obtiene una puntuación de 3,22. Las PyMES chilenas tienen que hacer frente a un régimen fiscal relativamente complejo. Mientras que el número de pagos de impuestos al año y la contribución fiscal y social sobre los beneficios totales están por debajo de la media de la OCDE, el número de horas para la declaración de impuestos y el pago de impuestos en un año (256) es significativamente superior a la media de la OCDE (158,8).
No obstante, se está aplicando una amplia reforma fiscal. Entre otras medidas, incluye la introducción de un régimen de IVA sobre la venta de servicios. La reforma mantiene un régimen fiscal especial para las PyMEs y establece un nuevo régimen fiscal para las empresas de nueva creación y para las empresas que pasan por el proceso de formalización, con incentivos para facilitar la transición del régimen fiscal especial de las PyMEs al régimen normal del impuesto de sociedades.
Chile ha empezado a desarrollar servicios de gobierno electrónico (puntuación: 4,20) con el lanzamiento de la Agenda Digital 2020 en 2015. La dirección política para la digitalización de los servicios gubernamentales ha sido establecida por la Ley N°21.180 de Transformación Digital del Estado. Se ha prestado especial atención a la promoción de la interoperabilidad entre los bancos de datos gestionados por las distintas administraciones públicas. La función de coordinación de políticas la realiza la División de Gobierno Digital de la SEGPRES.
La gama de servicios de administración electrónica está evolucionando y actualmente abarca la declaración de impuestos, la notificación de datos y los procedimientos de registro de empresas. La plataforma Digitaliza tu PyME presta asistencia a las PyMEs en el uso de la administración electrónica y el fomento de la transformación digital.
El camino a seguir
Emprender una reforma reglamentaria en los ámbitos en los que presenta debilidades relativas. Para desarrollar un programa específico de reforma y simplificación legislativa, debe llevarse a cabo una evaluación en profundidad del entorno empresarial, utilizando metodologías como las herramientas de reforma regulatoria de la OCDE.
Considerar la posibilidad de aplicar formalmente una prueba de AIR para las PyMEs evaluando mejor el impacto de la nueva legislación y reglamentación en las distintas categorías de PyME.
Completar la aplicación de la reforma fiscal y supervisar el tipo impositivo efectivo impuesto a los distintos tipos de PyME como resultado de la reforma.
Dimensión 3. Acceso al financiamiento
Chile obtiene una puntuación de 3,34 en la dimensión Acceso al financiamiento, ligeramente por encima de la media regional. En la subdimensión Marco legal, Chile alcanza una puntuación de 3,28, destacando por su sólido desarrollo en registro de activos y regulación del mercado de valores. Sin embargo, muestra un menor desempeño en el área de garantías para PyMES. El país cuenta con una normativa e institucionalización avanzadas en materia de registro de activos tangibles e intangibles, con un sistema de registro en línea accesible al público y un registro en línea de derechos de propiedad mobiliaria. Sin embargo, los bienes muebles como garantía sólo son aceptados por algunos bancos o grandes prestatarios.
En cuanto al mercado de valores, existen normas para las PyMEs y disposiciones gubernamentales para facilitar el cumplimiento de los requisitos de cotización. Sin embargo, determinados tipos de ofertas de valores no se consideran públicas y, por lo tanto, están exentas de ciertas obligaciones de información y supervisión. No obstante, la ausencia de un mercado de valores específico para las PyMEs de baja capitalización incide negativamente en este aspecto. Por otra parte, uno de los retos a los que se enfrenta Chile en este ámbito está relacionado con las condiciones de las garantías exigidas para los préstamos a medio plazo destinados a las PyMEs. El alto porcentaje de garantías exigidas representa un obstáculo importante para estas empresas.
Chile ocupa el quinto lugar en el indicador de Diversificación de fuentes de financiamiento a empresas, con una puntuación de 4,49, distinguiéndose por su sólido marco que abarca todos los elementos recomendados. El país ofrece una amplia gama de productos financieros competitivos y diversificados, con programas de apoyo específicos para las PyMEs que buscan una expansión internacional.
Entre estos programas se encuentran los de cobertura de préstamos bancarios a exportadores, como el COBEX de CORFO, gestionado tanto por instituciones bancarias como no bancarias. También son relevantes los programas de refinanciación, gestionados por instituciones financieras no bancarias, que establecen límites a los tipos de interés para el factoring.
Destaca el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), que proporciona avales bancarios para facilitar el acceso al crédito a pequeñas empresas con limitaciones en sus líneas de crédito o que carecen de las garantías exigidas por la banca comercial. Además, se promueve la concesión de financiación digital con garantías digitales.
Además de estas iniciativas para mejorar el acceso a la banca tradicional, Chile cuenta con un sistema microfinanciero que incluye instituciones de ámbito nacional y una variedad de fuentes alternativas de financiación basadas en activos, crowdfunding y herramientas de inversión de capital privado. La Ley Fintech (Ley n.º 21.521, de 2022) es un ejemplo destacado en este ámbito, ya que promueve la competencia y la inclusión financiera a través de la innovación y la tecnología en la prestación de servicios financieros.
Chile es líder en educación financiera para PyME con una puntuación de 3,75 puntos. El país ha realizado encuestas de capacidad financiera en colaboración con CAF y la OCDE, así como evaluaciones de conocimientos financieros entre jóvenes de 15 años como parte de las evaluaciones PISA de la OCDE.
El país cuenta además con una Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) aprobada a fines de 2016. La ENEF incluye planes de acción para programas de educación financiera para pymes y emprendedores, con instituciones como CORFO, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y BancoEstado, que ofrecen programas completos que abarcan módulos de contabilidad, planificación empresarial y acceso a información sobre financiación. La educación financiera está incluida en el plan de estudios de secundaria como asignatura obligatoria para todos los alumnos, y se imparten cursos de formación para profesores. La Comisión del Mercado Financiero (CMF) ha establecido directrices sobre educación financiera para las entidades supervisadas, alineadas con las mejores prácticas internacionales.
Chile muestra un importante rezago en políticas públicas relacionadas con la bancarrota e insolvencia de empresas en comparación con otros países del bloque regional de la Alianza del Pacífico, con una puntuación de 1,83 en AL9. Aunque cuenta con un marco normativo y procedimientos para las empresas insolventes, éstos necesitan un mayor desarrollo para alinearse con los estándares internacionales. Entre las principales áreas de mejora se encuentran la implementación de sistemas de alerta temprana y la facilitación de acuerdos extrajudiciales menos onerosos. Además, la legislación vigente no se aplica a las empresas estatales.
Por último, aunque el marco jurídico de las operaciones garantizadas existe, tiene oportunidades de mejora. Por ejemplo, permitir a los acreedores garantizados la capacidad de embargar sus garantías tras una reorganización y garantizar que se obtiene el consentimiento de los acreedores para los procesos de reorganización son pasos cruciales. Estas mejoras podrían reforzar el entorno empresarial y mejorar la posición de Chile en este ámbito.
El camino a seguir
Promover que los activos mobiliarios sean aceptados y utilizados como garantía por todo el sistema financiero. Revisar a la baja la ponderación de las garantías para los préstamos a medio plazo a las PyMEs.
Promover una sección o mercado de valores separado para las PyMEs de baja capitalización.
Diseñar e implementar una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) y establecer mecanismos de gobernanza y coordinación entre la ENIF y la ENEF.
Realizar periódicamente una encuesta para medir las capacidades financieras de las PyMEs con el fin de disponer de información oportuna sobre sus necesidades para un diseño eficaz de los programas.
Reforzar el marco normativo existente relativo a las políticas de quiebra e insolvencia, incluido el desarrollo de mecanismos de alerta rápida.
Promover otros mecanismos extrajudiciales para los casos de quiebra que puedan ser más eficientes en cuanto a costes y tiempo para las partes.
Establecer un mecanismo automático que elimine a las empresas y personas físicas de los registros oficiales de quiebra e insolvencia cuando se resuelva la situación, en línea con las mejores prácticas internacionales.
Dimensión 4. Servicios de desarrollo de las PyMEs y compras públicas
Chile es el país con mejores resultados en esta dimensión, con una puntuación de 4,75. El rendimiento más alto se registra en la subdimensión de Servicios de desarrollo empresarial (4,80), seguida de servicios de compras públicas (4,80) y servicios de desarrollo de emprendedores (4,67). Ya en la evaluación de 2019, Chile también registró el rendimiento más alto en esta dimensión, lo que apunta a una fuerte consistencia de la política de PyMEs a lo largo de los años.
La prestación de servicios de desarrollo empresarial para las PyMEs está contemplada en el Programa Nacional de Gobierno 2022-2026, que da prioridad a la recuperación económica de la pandemia y al desarrollo de las capacidades y la competitividad de las PyMEs y las cooperativas. Entre las principales áreas de actuación identificadas se encuentran el acceso a la financiación, los mercados y la innovación, la mejora de las capacidades empresariales, el apoyo a las cooperativas y el apoyo a los trabajadores. El programa, sin embargo, no proporciona detalles sobre medidas específicas, objetivos y responsabilidades para la prestación de SDE para abordar esas áreas, al menos en su versión disponible al público. La publicación de tales detalles es necesaria para comprender las prioridades, acciones y objetivos de la política de PyME en general y de los SDE en particular, así como la forma en que los objetivos de la política de PyME se vinculan a las ambiciones nacionales más amplias de desarrollo y transformación.
Al igual que en 2019, varios organismos se dedican al apoyo de distintos tipos de PyME, entre ellos CORFO para empresas innovadoras y de alto potencial, SERCOTEC para la provisión de formación y financiación de empresas más tradicionales, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) para empresas agrícolas, y Pro-Chile para empresas con orientación internacional. Estos organismos también prestan servicios específicos a los empresarios y a las nuevas empresas. Por ejemplo, CORFO patrocina incubadoras, aceleradoras y centros tecnológicos en colaboración con agentes del sector privado, mientras que SERCOTEC trabaja a través de consultores privados (Agentes operadores) en la prestación de sus programas. Esto contribuye al desarrollo de un mercado de SDE en el sector privado y a la sostenibilidad a largo plazo del apoyo, a diferencia de los modelos puramente dependientes de las instituciones estatales y financiados con recursos públicos, deuda o ayuda internacional. Además, Chile cuenta con un sistema funcional para hacer un seguimiento de la participación o el alcance de los beneficiarios de sus programas y proporciona información general a los empresarios sobre cómo crear una empresa, qué procedimientos y autoridades deben conceder las autorizaciones y qué organizaciones privadas prestan apoyo a los empresarios. Otras medidas destinadas a facilitar la participación de las PyMEs en la contratación pública incluyen un mecanismo que permite la simplificación de las licitaciones de bajo valor (Compra Ágil) y un mandato para cumplir plazos de pago estrictos de no más de 30 días, reflejado en la Ley 21.131, que ayuda a evitar la financiación ilegal de actividades gubernamentales a través de las PyMEs.
Como se ha señalado anteriormente, Chile sigue contando con un sistema de contratación pública eficaz que facilita la participación de las PyMEs en este importante mercado. Al igual que en la edición de 2019 del SME PI, el marco jurídico de la contratación pública lo proporciona la Ley de Compras Públicas 19.886 de 2003, que establece las normas y procedimientos para la adquisición de bienes, servicios y obras por parte de las entidades públicas. La ley es administrada por la Dirección de Compras y Contratación Pública (Chile Compra) y prevé la posibilidad, pero no la obligación, de dividir las licitaciones que superen un valor determinado en lotes más pequeños y facilitar así la participación de las PyMEs en los procesos de licitación. La ley también permite la formación de consorcios de PyMEs para participar en licitaciones conjuntas, pero no permite ni obliga a establecer reservas o cuotas para las PyMEs en la contratación pública. A mediados de 2023, se promulgó la Ley nº 21.634, que moderniza la Ley nº 19.886 y otros marcos jurídicos con el objetivo de mejorar la calidad del gasto público, elevar los estándares de integridad y transparencia e introducir principios de la economía circular. Esta modernización también pretendía promover la participación de las PyMEs en la contratación pública facilitando acuerdos con organizaciones regionales para mejorar el acceso de las PyMEs a los procesos de contratación pública, así como de los proveedores locales y las empresas dirigidas por mujeres. Se buscaba potenciar la diferenciación de precios para la inscripción de las PyMEs en el Registro de Proveedores en Compra Ágil y fortalecer y formalizar el concepto de Unión Temporal de Proveedores (UTP) como mecanismo de participación conjunta en licitaciones.
Además, Chile no impone requisitos de precalificación para que las empresas participen en la contratación pública (por ejemplo, niveles mínimos de ingresos, garantías y depósitos para participar en licitaciones, cualificaciones, etc.). Según las respuestas del gobierno para esta evaluación, el enfoque en Chile es favorecer activamente la participación de las PyMEs en la contratación pública, y eliminar cualquier barrera que pueda impedir su participación debido a su tamaño. Chile llevó a cabo una evaluación de las principales barreras a las que se enfrentan las pequeñas empresas en la contratación pública y diseñó medidas para abordar dichas barreras, entre las que se incluyen el gran tamaño de los contratos, un conocimiento limitado de los procedimientos, la falta de capacidad y tiempo para preparar las ofertas, la excesiva burocracia, los retrasos en los pagos, los elevados requisitos de cualificación, etc.
Chile cuenta con un completo sistema de contratación electrónica a través de chilecompra.cl, que comprende la publicación de toda la información relevante y la gestión de las distintas etapas del proceso de contratación. También incluye información sobre cómo utilizar el sistema y cuenta con un registro de proveedores que facilita la participación de los oferentes en los distintos procesos. El uso de la plataforma electrónica es obligatorio para todos los organismos y procesos.
En general, Chile muestra un sólido desempeño en esta dimensión, con una diversidad de servicios e iniciativas para el desarrollo de las PyMEs, los emprendedores, las empresas de nueva creación y su participación en las oportunidades de contratación pública. Sin embargo, no está muy claro cómo se relacionan las diferentes medidas de esta dimensión con el Programa Nacional de Desarrollo 2022-2026 y sus objetivos generales, incluida la recuperación de la pandemia y la consecución de un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo.
El camino a seguir
Identificar explícitamente cómo los SDE y los servicios para emprendedores se vinculan con el Programa Nacional de Gobierno 2022-26 y cómo las acciones específicas y los actores responsables operan para avanzar en los objetivos establecidos en el Programa.
Lo anterior incluye especificar cómo las agencias e iniciativas clave como CORFO, SERCOTEC, Start-Up Chile, Pro-Chile y otras, avanzan en los objetivos estratégicos nacionales sobre PyME y emprendimiento.
Dimensión 5. Innovación y tecnología
Chile obtiene una puntuación global de 4,47 en la dimensión de Innovación y Tecnología. Los buenos resultados de Chile se deben principalmente a las excelentes ayudas financieras a la innovación, así como a su amplia red de servicios de apoyo e infraestructuras de innovación.
Existe un gran número de entidades implicadas en la prestación de ayudas a la innovación en Chile, entre ellas CORFO, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), dependiente del Ministerio de Agricultura. Esto amplifica la importancia de contar con un marco institucional con estructuras que faciliten la coordinación intergubernamental. Esto se consigue en Chile a través del comité interministerial del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo (CTCI). La Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo 2022 del CTCI identifica la necesidad de modernización tecnológica y digitalización en las PyMEs, y presenta una serie de iniciativas para promover la innovación en las PyMEs. Es importante señalar que el sector privado fue consultado durante la elaboración de la estrategia, tal y como estipula la Ley nº 20.500, y que existen registros formales de las aportaciones recibidas durante estas consultas. Sin embargo, la estrategia no incluye objetivos mensurables, lo que dificulta los futuros esfuerzos de seguimiento y evaluación para determinar su eficacia. También carece de plazos de ejecución para acciones específicas. Estos factores contribuyen a una puntuación de 4,34 en la subdimensión Marco institucional.
Además, Chile destaca en la prestación de apoyo a la innovación de las PyMEs, con una puntuación de 4,35 en la subdimensión Servicios de apoyo. CORFO participa activamente en este ámbito, entre otras cosas mediante la promoción del Parque Tecnológico CTeC y el funcionamiento de la aceleradora pública de empresas Start-Up Chile. CORFO también alberga en su sitio web un registro de incubadoras para nuevas empresas innovadoras. Una vez más, la consulta a las partes interesadas es un punto fuerte de Chile, con la participación formal de las PyMEs a través de consultas y encuestas para identificar sus necesidades en materia de política de innovación.
Chile tiene una puntuación de 4,72 en Financiación de la Innovación, que es, con cierto margen, la más alta de la región de ALC. Las PyME disponen de un gran número de ayudas financieras para ayudarlas a innovar, incluidas subvenciones, vales e instrumentos de cofinanciación aplicados por CORFO a través de InnovaChile. También existen programas de financiación dirigidos a grupos específicos, como el programa Expande para empresas de alto crecimiento y el programa Capital Abeja Emprende, dirigido a las mujeres. También existen créditos fiscales a la I+D, con una elevada aceptación entre las PyMEs. Chile también lleva a cabo un seguimiento regular y evaluaciones de impacto independientes de sus ayudas financieras a la innovación, lo que lo diferencia de la mayoría de los demás países de la región de ALC. Una posible laguna en el marco de apoyo a las políticas es la ausencia de medidas del lado de la demanda para apoyar a las PyMEs innovadoras. En otros países, los programas de contratación pública para la innovación han sido una herramienta eficaz para estimular la demanda de productos o servicios de PyME innovadoras.
El camino a seguir
De cara al futuro, Chile podría plantearse:
Introducir un programa de contratación pública para la innovación, a fin de proporcionar otra fuente de financiación potencial para las empresas innovadoras.
Elaborar la estrategia de innovación para incluir más detalles sobre las acciones políticas propuestas, con entidades responsables de su aplicación, plazos, objetivos, indicadores clave de rendimiento y metas.
Garantizar que la CTCI esté representada por todas las entidades públicas con responsabilidad en el diseño o aplicación de políticas de innovación.
Dimensión 6. Transformación productiva
Chile obtiene la puntuación más alta entre los países AL9 en la dimensión de Transformación Productiva, alcanzando una puntuación de 4,52. Este notable rendimiento se ve impulsado por el eje centrado en las PyMEs de la Agenda de Productividad presentada en 2023. Chile registra una mejora en las puntuaciones de las dos primeras subdimensiones y un descenso en la subdimensión de integración en cadenas globales de valor en comparación con sus resultados de 2019. Este descenso se debe principalmente a los cambios metodológicos detallados en la sección de metodología de la evaluación, pero que también pone de manifiesto una gran oportunidad para mejorar los sistemas de monitoreo y evaluación.
La Agenda de Productividad de Chile es una iniciativa de colaboración bien coordinada en la que participan el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, junto con diversas asociaciones empresariales y la principal organización de trabajadores del país. Este esfuerzo conjunto se materializa en la puesta en marcha de 40 medidas englobadas en nueve ejes, uno de los cuales prioriza la productividad de las PyMEs. Esta priorización implica la promoción de medidas para agilizar los procesos administrativos, el rediseño del programa Digitaliza tu PyME y la ampliación de la Plataforma PyME Ágil. El compromiso de Chile con la creación de estrategias para mejorar la productividad se refleja en su 4,75 de puntuación en la primera subdimensión, superando la media regional y su rendimiento en la evaluación de 2019 (4,52).
Chile sobresale en la subdimensión de Políticas para mejorar las aglomeraciones productivas, con una puntuación de 4,84. Esto se atribuye a la implementación en curso de los Programas Estratégicos de Especialización Inteligente liderados por CORFO, que se encontraban en su fase inicial de implementación en el momento de la evaluación de 2019. Estos programas surgieron de un esfuerzo de colaboración entre los sectores público y privado y cuentan con un sistema de seguimiento y evaluación sofisticado y multifacético basado en las recomendaciones del BID. Aprovechan la oferta programática de CORFO para estimular la creación de redes, promover la innovación y mejorar la competitividad de las empresas. Además, desde 2015, SERCOTEC, inspirándose en experiencias internacionales y fomentando una fuerte coordinación público-privada adaptada al contexto chileno, ha liderado el Fortalecimiento del Programa de Barrios Comerciales. El objetivo principal es mejorar la oferta comercial y el entorno urbano de los barrios comerciales a través de esfuerzos colaborativos. Se trata de proporcionar apoyo técnico y financiación para inversiones destinadas a reforzar la asociatividad y mejorar la oferta comercial de las PyMEs. El programa pretende elevar la identidad y la comunicación del barrio, mejorando la seguridad, la sostenibilidad y las infraestructuras urbanas. Desde su creación, el programa ha realizado importantes avances, llegando a un tercio de los municipios del país.
Existe cierto margen de mejora con respecto a la subdimensión Integración en las cadenas globales de Valor, en la que Chile obtuvo una puntuación ligeramente inferior, de 4,12. Si bien Chile demuestra un rendimiento encomiable en los bloques temáticos de planificación y diseño, junto con la implementación de esta subdimensión, estos logros se ven algo ensombrecidos por los esfuerzos comparativamente limitados de su nuevo programa de monitoreo y evaluación. El Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) de Chile, bien establecido y con una larga trayectoria, sirve de modelo con sólidos marcos de monitoreo y evaluación. Mientras tanto, los recientes esfuerzos por promover programas de apoyo a la integración de las PyMEs en las cadenas de valor globales, incluido el programa piloto Pymes Globales, muestran el compromiso de Chile con la evolución de las estrategias. Iniciado por SERCOTEC y basado en la versión 2021 Orgullo Chileno, este programa pretende impulsar a las PyMEs a ampliar sus canales de venta y dar los primeros pasos hacia la internacionalización. Ofrece un programa de 10 meses de asesoramiento y asistencia técnica especializada para posicionar a la empresa en los mercados internacionales, acompañado de cofinanciación para material promocional. Aunque el programa se encuentra sólo en su segunda convocatoria, la puntuación de Chile podría mejorarse reforzando las prácticas de seguimiento y evaluación y realizando evaluaciones fiables de los impactos del programa Pymes Globales.
El camino a seguir
Chile ha mostrado notables avances desde 2019, pero hay margen para seguir mejorando sus mecanismos de seguimiento. Fortalecer los esfuerzos existentes podría implicar el establecimiento de ICRs con líneas de acción y objetivos bien definidos. Esta mejora es particularmente pertinente a la hora de evaluar los impactos de iniciativas como el programa Pymes Globales.
Dimensión 7. Acceso al mercado e internacionalización de las PyMEs
Chile ha obtenido una notable puntuación de 4,57 en la dimensión Acceso a los mercados e internacionalización, lo que refleja sus esfuerzos por impulsar el comercio exterior de las PyMEs chilenas a través de políticas bien formuladas y medidas específicas en cuestiones como la facilitación del comercio, el comercio electrónico y las normas de calidad.
En cuanto a las políticas y programas de internacionalización, Chile ha obtenido una puntuación de 5,0, lo que indica un cumplimiento satisfactorio en el diseño, la implementación y la evaluación de los programas. La agencia ProChile, responsable de promover las exportaciones y las inversiones, ha desempeñado un papel crucial en este aspecto desde su autonomía en 2019. A través de ProChile, se coordinan e implementan políticas destinadas a apoyar a las empresas chilenas en la promoción y diversificación de sus exportaciones, con especial atención a las PyMEs exportadoras y a sectores prioritarios como las artes audiovisuales, la eficiencia energética y los productos del mar.
Los programas de ProChile, como "ProChile a tu medida" y "Global X", están diseñados para mejorar la competitividad y acelerar la participación de las PyMEs en el mercado internacional. Adicionalmente, se ofrecen oportunidades de capacitación y financiamiento para potenciar los negocios internacionales, con fondos concursables y programas específicos según el sector y etapa de las empresas en su proceso exportador.
En términos de promoción y financiación para impulsar los negocios internacionales, tanto ProChile como CORFO ofrecen una amplia gama de programas y actividades para apoyar la internacionalización de las empresas chilenas. ProChile proporciona fondos para actividades como ferias internacionales, misiones comerciales y el establecimiento de oficinas en el extranjero. Por su parte, CORFO proporciona financiación a través de programas como COBEX, Red Asociativa y CORFO Crédito PyME, facilitando operaciones de crédito, leasing y factoring. Estas iniciativas pretenden impulsar el éxito de las empresas en los mercados internacionales.
En 2022, ProChile logró una importante cobertura de exportadores continuos e intermitentes, generando un impacto significativo en el empleo. Aunque se realiza un seguimiento de las actividades, aún falta información sobre el impacto de los programas implementados. ProChile también ha establecido mecanismos de retroalimentación del sector privado, incluyendo encuestas de satisfacción y consejos regionales de exportación, lo que demuestra un enfoque integral de las necesidades y preocupaciones de las empresas chilenas en el ámbito internacional.
En la subdimensión de Facilitación del comercio, Chile destaca con una puntuación de 4,73, superando la media de AL9. ProChile ofrece guías de exportación denominadas "Exporta paso a paso", mientras que la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) elabora manuales de exportación e importación actualizados de acuerdo con los Términos Comerciales Internacionales vigentes. Además, la Autoridad Nacional de Aduanas, junto con ProChile, ofrece talleres sobre los beneficios y procedimientos de la certificación de Operador Económico Autorizado (OEA). La ventanilla única "SICEX" garantiza la interoperabilidad de los organismos que intervienen en el proceso de importación y exportación, y Chile se beneficia de su pertenencia a la Red Interamericana de Ventanillas Únicas de Comercio Exterior del BID (REDVUCE). Aunque en general Chile supera o iguala el rendimiento medio de AL9 en Indicadores de Facilitación del Comercio (IFC), está por debajo del rendimiento medio general de la OCDE en todos los indicadores IFC (1,46 frente a 1,67, respectivamente), especialmente en procedimientos de apelación y cooperación entre agencias fronterizas.
En la subdimensión de Comercio electrónico, Chile obtuvo una puntuación de 4,17. En 2022 se lanzó la "Agenda Digital 2035", que aborda siete ejes fundamentales para el desarrollo digital a largo plazo. Aunque se implementaron agendas digitales anteriores, carecían de un marco estratégico sólido y continuo más allá de los ciclos presidenciales. Aunque no existe un sitio web para supervisar su aplicación, los datos de la Cámara de Comercio de Santiago indican que el 50% de las PyMEs utilizaron el comercio electrónico en 2023, lo que representa el 37% de sus ventas totales.
En enero de 2021 se aprobó el Reglamento de Comercio Electrónico para reforzar la transparencia y la calidad de la información en las plataformas de comercio electrónico. Además, la Ley de Derechos de los Consumidores establece un marco normativo para la protección de los consumidores en línea. Por otro lado, ProChile implementa el programa "E-commerce Export" para impulsar las ventas y exportaciones a través de canales digitales. Ofrece orientación, formación y consultoría a las empresas para entrar y posicionarse en los principales canales digitales internacionales. Este programa incluye estudios de mercado, capacitación en mercados, logística y marketing digital, y una etapa de implementación con el apoyo de una aceleradora de comercio electrónico.
En la subdimensión de Normas de calidad, Chile obtuvo una puntuación de 4,31. CORFO administra el Programa de Fomento de la Calidad (FOCAL), que apoya la incorporación de normas de gestión en las PyMEs. En 2022, este programa apoyó a 87 empresas con un desembolso superior a 300 mil USD. La Agencia Chilena de Calidad e Inocuidad Alimentaria también ayuda a las PyMEs en la creación y revisión de estándares de calidad, subvencionando la aplicación de estas normas.
Los programas de formación de ProChile también promueven la mejora de los productos y los protocolos de gestión. Sin embargo, los esfuerzos de seguimiento y evaluación en este ámbito se limitan a contabilizar el número de beneficiarios y el presupuesto invertido, sin que se disponga actualmente de indicadores de rendimiento o impacto. Las consultas al sector privado para la formulación de políticas se realizan a través de asociaciones empresariales específicas.
Por último, en la subdimensión sobre los beneficios de la integración de ALC, Chile obtuvo 3,91 puntos. La División de Integración Regional Multilateral del Ministerio de Asuntos Exteriores coordina la política exterior del país. Destaca su participación en la Alianza del Pacífico (AP), donde forma parte del "Grupo Técnico PyME", enfocado en proyectos de facilitación del comercio, desarrollo empresarial y compras públicas. Durante la XIII Cumbre de la AP, en 2018, se creó el Comité Global de Cadenas de Valor y Encadenamientos Productivos (CCGVyEP), cuyo objetivo es promover los encadenamientos productivos entre los países miembros. A través del comité, se promueven plataformas de encuentro empresarial, como CORFO Connect.
El camino a seguir
Para fortalecer el desempeño de Chile en la dimensión 7, Chile podría considerar:
Mejorar el seguimiento y la evaluación de las políticas aplicadas a medio y largo plazo. Esto permitirá ajustar mejor los programas, así como diseñar mejor los nuevos. Además, la publicación de estas evaluaciones podría servir de guía para cada programa.
Ampliar los programas y actividades centrados en la ampliación de las operaciones de las PyMEs a través de canales digitales. Esto favorecerá el crecimiento y la consolidación del comercio electrónico local y transfronterizo.
Generar una mayor difusión de los beneficios disponibles para las PyMEs en los distintos programas y políticas de apoyo a la internacionalización. Esto incluye plataformas digitales, inteligencia de negocios, logística, comercio electrónico transfronterizo, ferias comerciales, entre otros.
Avanzar en la puesta en marcha de programas para la certificación de un mayor número de PyME como OEA.
Potenciar los beneficios de la integración subregional a través de programas de promoción del comercio y de internacionalización de las PyMEs, normalizados y con interoperabilidad de las distintas agencias de promoción de las exportaciones de la Alianza del Pacífico.
Dimensión 8. Digitalización
Chile obtiene una puntuación global de 4,62 en la dimensión Digitalización. La fuerza motriz de los buenos resultados de Chile reside principalmente en su destacada Estrategia Nacional de Digitalización, junto con su infraestructura de conectividad de banda ancha y sus iniciativas de habilidades digitales.
Chile está avanzando rápidamente en su panorama digital a través de una amplia Estrategia Nacional de Digitalización (END), que sirve como plan para aprovechar la tecnología para mejorar la vida de los ciudadanos. La END hace hincapié en el apoyo a las pequeñas empresas, la racionalización de los servicios públicos y la alfabetización digital. Subraya el compromiso de Chile para fomentar una sociedad digital inclusiva, destacando la importancia de la gobernanza digital para garantizar la accesibilidad a los servicios gubernamentales, independientemente de la ubicación o el origen. Mediante la implementación de soluciones digitales eficientes, Chile mejora la calidad general de los servicios públicos, impulsa el crecimiento económico y empodera a su población. Estos factores contribuyen a una puntuación de 4,80 en la subdimensión Estrategia nacional de digitalización, superando la media regional.
Chile destaca en la provisión de infraestructuras digitales, obteniendo una puntuación de 4,33 en la subdimensión Conexión de banda ancha. A través de su Plan Brecha Digital Cero, Chile está trabajando ambiciosamente para reducir la brecha digital, garantizando que incluso las zonas más remotas tengan acceso a Internet para promover la inclusión social y el desarrollo económico. El gobierno invierte en la construcción de una sólida infraestructura digital, facilitando la conectividad sin fisuras a través del país. Además, reconociendo la importancia de un acceso fiable y asequible a Internet en la educación, Chile proporciona a las escuelas e instituciones educativas Internet de alta velocidad. Esta iniciativa enriquece la experiencia de aprendizaje y prepara a los estudiantes para el futuro digital.
En la subdimensión de Habilidades digitales, Chile ostenta una puntuación de 4,73. Capacitar a los ciudadanos con habilidades digitales es una piedra angular de los esfuerzos de transformación digital de Chile. Las escuelas de todo el país integran la tecnología en sus planes de estudio, dotando a los estudiantes de habilidades digitales esenciales desde una edad temprana. Los programas de educación de adultos ayudan a las generaciones mayores a adaptarse al mundo digital, garantizando una amplia participación en la economía digital. La atención de Chile a la educación digital se extiende más allá de los entornos formales, y el Gobierno colabora con organizaciones sin ánimo de lucro para organizar talleres y sesiones de formación en las comunidades locales. El objetivo de estas iniciativas es mejorar la alfabetización digital de los adultos, permitiéndoles acceder a servicios en línea, solicitar empleo y conectarse con otras personas en la esfera digital.
Al mismo tiempo, el programa Digitaliza tu Pyme es un ejemplo notable de los esfuerzos de Chile por mejorar y evaluar la madurez digital de las PyMEs del país. El programa ofrece una amplia gama de eventos, talleres, sesiones de formación y herramientas. También establece una red de socios destinada a fomentar la adopción de tecnologías digitales, centrándose especialmente en las PyMEs.
El camino a seguir
De cara al futuro, Chile podría plantearse:
Establecer un marco para la retroalimentación y mejora continuas de las políticas de habilidades digitales, garantizando que se ajustan a las necesidades cambiantes de las PyMEs.
Fomentar las asociaciones público-privadas para mejorar la infraestructura digital, centrándose en el apoyo a las PyMEs tanto en zonas urbanas como rurales.
Referencias
[5] Bastidas, F. and R. Vergara (2023), “Tendencias en el Mercado Laboral postpandemia en Chile”, Punto de Referencias. Economía y Políticas Públicas. No. 674, septiembre, pp. 1-21, https://www.cepchile.cl/investigacion/tendencias-en-el-mercado-laboral-postpandemia-en-chile/ (accessed on 11 March 2024).
[4] CBC (2023), Informe de Política Monteria: diciembre 2023, Management of Institutional Affairs Division of the Central Bank of Chile, https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/informe-de-politica-monetaria-diciembre-2023.
[8] Ministry of Economy, Development and Tourism Chile (2023), Pacto Fiscal incluye nuevas medidas para Pymes: ruta del emprendimiento y monotributo, https://www.economia.gob.cl/2023/08/07/pacto-fiscal-incluye-nuevas-medidas-para-pymes-ruta-del-emprendimiento-y-monotributo.htm#:~:text=La%20llamada%20%22Ruta%20del%20Emprendimiento,Pymes%20hacia%20el%20r%C3%A9gimen%20general. (accessed on 11 March 2024).
[3] OECD (2024), OECD Economic Outlook, Volume 2024 Issue 1: An unfolding recovery, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/69a0c310-en.
[1] OECD (2024), Real GDP forecast (indicator), https://doi.org/10.1787/1f84150b-en (accessed on 26 June 2024).
[6] OECD (2022), Financing SMEs and Entrepreneurs 2022: An OECD Scoreboard, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e9073a0f-en.
[7] OECD (2022), Financing SMEs and Entrepreneurs 2022: An OECD Scoreboard, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e9073a0f-en.
[9] SUBREI (n.d.), Chile y comercio exterior, https://www.subrei.gob.cl/.
[2] World Bank (2022), Chile Overview, https://www.worldbank.org/en/country/chile/overview.