Este capítulo ofrece una evaluación de México. Comienza con una visión general del contexto de México y, a continuación, analiza los avances del país en ocho dimensiones cuantificables. El capítulo concluye con recomendaciones de políticas específicas.
Índice de Políticas para PyMEs: América Latina y el Caribe 2024
Hacia una recuperación inclusiva, resiliente y sostenible
SME Policy Index
18. México
Resumen
Panorama
Figura 18.1. Puntuación de México SME PI 2024
Nota: El promedio ALC en 2024 se refiere al promedio simple de los 9 países estudiados en este informe de 2024. No hay datos para la dimensión Digitalización en 2019, ya que el informe de 2019 no incluyó esta dimensión.
México sigue destacando como uno de los países con mejor desempeño en la evaluación del Índice de Políticas para PyMEs (SME PI), superando al promedio de AL9 en siete de las ocho dimensiones. Sin embargo, han ocurrido cambios significativos desde el SME PI 2019 debido a un cambio en la dirección de las políticas bajo la administración de 2018-2024.
El mandato de la política para PyMEs aún recae en la Secretaría de Economía (SE), pero la agencia para PyMEs previamente establecida; Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), creada en 2013, ha sido disuelta. En su lugar, la Unidad de Desarrollo Productivo, creada en octubre de 2019, ahora asume su papel con un mandato diferente.
En general, la nueva administración, que iniciará su mandato en Octubre de 2024 después del lanzamiento de esta evaluación, puede contar con un marco institucional sólido. Esto ofrece una oportunidad importante para revisar el impacto de los cambios en la política para PyMEs introducidos desde 2019 en términos de eficacia de las políticas y la capacidad de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) y el Programa Sectorial de Economía (PROSECO). De esta manera, la administración puede continuar fortaleciendo la estrategia del país sobre esta base, aprovechando las experiencias y buenas prácticas de los demás países de AL9.
Contexto
La economía mexicana ha exhibido una tasa media de crecimiento anual del PIB real del 2% en los últimos 30 años. Es la segunda economía más grande de América Latina, y se encuentra entre las 15 primeras a nivel mundial (World Bank, 2022[1]). A pesar de un crecimiento del 5,8% en 2021 tras una contracción del 8,7% en 2020, la economía se ralentizó hasta el 3,9% en 2022, con el consumo de servicios y la inversión rezagados a pesar del crecimiento del consumo de bienes no duraderos (OECD, 2024[2]). Un consumo resistente, impulsado por el aumento de los salarios reales, el empleo y la reducción de las tasas de ahorro de los hogares, respaldó un crecimiento del 3,2% en 2023, ayudado por un comportamiento positivo de la inversión, sobre todo en inversión pública y maquinaria y equipos importados. Se prevé que la economía crezca un 2,2% en 2024 y un 2,0% en 2025 (OECD, 2024[3]).
La inflación general se ha suavizado, y la inflación subyacente, aunque muestra una mayor persistencia, también ha disminuido gradualmente, aunque la inflación de los servicios sigue siendo elevada. La fuerte apreciación del peso ha contribuido a contener la inflación (OECD, 2024[4]).
Según la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación (ENOE), la tasa de desempleo disminuyó hasta el 3,3% en 2022, tras alcanzar el 4,1% en 2021. En 2023, el desempleo bajó ligeramente a 2.8% (OECD, 2023[5]), mientras que la informalidad aumentó a 54.7% de la población ocupada, un aumento de 0.2% respecto a 2022 (INEGI, 2023[6]). Las PyMES, que constituyen el 52% del PIB, se vieron afectadas, con 400.000 PyMES que cerraron definitivamente tras la pandemia (INEGI, 2021[7]). El apoyo gubernamental fue limitado, ya que sólo el 7% de las PyMEs accedieron a ayudas gubernamentales, lo que contrasta con la media de los países de la OCDE, que fue del 33,6% (OECD, 2021[8]).
Las PyMES desempeñan un papel vital en la economía mexicana, ya que representan el 99,7% de las empresas y el 35,6% de la producción nacional total (INEGI, 2019[9]). Sin embargo, persisten los problemas de productividad, ya que el sector es responsable del 71% del empleo y del 37% del valor añadido, por detrás de la media de la OCDE (OECD, 2021[8]). Menos del 10% de las PyMEs exportan, y sólo el 2% invierten en innovación (OECD, 2022[10]).
Dimensión 1. Marco institucional
México ha establecido un marco institucional bien estructurado para la política de PyMEs, obteniendo una puntuación de dimensión de 4,19. Sin embargo, los cambios implementados después de 2019 han limitado la capacidad del país para la implementación de estas políticas, lo que ha llevado a una reducción relativa de los recursos disponibles para el apoyo a las PyMEs. Los altos niveles de informalidad laboral y empresarial siguen siendo desafíos significativos para lograr una política para PyMEs inclusiva y equilibrada.
La definición de PyME en México, con una puntuación de 4,33, se encuentra en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, aprobada en 2009, y en el Reglamento Operativo del Fondo Nacional Emprendedor introducido en 2013. Esta definición se basa en dos parámetros, el empleo y la facturación anual, diferenciados por el tipo de actividad (comercio, servicios e industria). Se adopta sistemáticamente en toda la administración pública.
Han ocurrido cambios significativos desde el SME PI 2019 debido a un cambio en la dirección política de la administración 2018-2024. El mandato de la política PyME aún recae en la Secretaría de Economía (SE), pero la agencia anteriormente PyME, INADEM, establecida en 2013, ha sido disuelta. La Unidad de Desarrollo Productivo, establecida en octubre de 2019, ahora asume su papel con un mandato diferente.
Las directrices estratégicas para las PyMEs se incluyen en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en el PROSECO coordinado por la Secretaría de Economía (2020-2024). Estos planes reflejan un cambio en el fomento del emprendimiento y las microempresas hacia el apoyo a empresas de alto impacto, crecimiento e innovación. Paralelamente, bajo el paraguas de esta política, la SE, facilitada por la Dirección General de Desarrollo Productivo (DGDP), funciona como entidad coordinadora con entidades tanto públicas como privadas para poner en marcha acciones dirigidas a beneficiar a las PyMEs. Estas acciones se estructuran en torno a cuatro ejes clave: inclusión institucional, digital, financiera y comercial.
La Unidad de Desarrollo Productivo es responsable de la aplicación de las políticas, y los fondos se canalizan a través del Fondo de Emprendimiento gestionado por la SE. Los esfuerzos de descentralización implican a la administración local, las cámaras de comercio, las organizaciones sectoriales y las ONG, el cambio de los servicios presenciales a plataformas en línea como la Plataforma MIPYMES.MX, que ofrece gratuitamente cursos de formación, información en vídeo y servicios de consultoría en línea, ha provocado una reducción del gasto destinado al desarrollo de las PyMEs. México obtiene una puntuación de 4,09 en la dimensión de Planificación Estratégica, Diseño de Políticas y Coordinación, lo que refleja los continuos cambios en el panorama político.
Además, México cuenta con un avanzado sistema de consultas público-privadas (CPP), como se refleja en su puntuación de 4,60, la más alta de la región, opera a varios niveles. Se realizan CPP antes de promulgar reglamentos que afecten a la actividad económica o social. El Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CNCMIPyME) y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) sirven como canales principales para las CPP, asegurando la participación de diversas partes interesadas. Las convocatorias suelen publicarse en portales como el de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), que también informa de los resultados de las consultas.
Por otra parte, en la subdimensión Medidas para abordar la informalidad, México obtiene una puntuación de 3,86. El país se enfrenta a un amplio sector informal, estimado en el 55% de los trabajadores. Los esfuerzos para combatir la informalidad laboral y empresarial incluyen programas como Crezcamos Juntos y las Jornadas De la mano con tu negocio, incentivos fiscales como el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Sin embargo, actualmente no existe una estrategia o coordinación general para abordar la informalidad.
El camino a seguir
Realizar una revisión del impacto de los cambios en el marco institucional de la política de PyMEs introducidos desde 2019 en términos de efectividad de la política y la capacidad de alcanzar las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) y el PROSECO.
Garantizar que la contribución del sector de las PyMEs al logro de los objetivos nacionales de desarrollo se considere adecuadamente e involucrar a los representantes de las PyMEs en el proceso de consulta para la elaboración del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, asignando un papel consultivo específico a la CNCMIPyME.
Realizar una evaluación de las medidas introducidas hasta el momento para reducir la informalidad laboral y empresarial. Considerar la elaboración de una estrategia integral para la reducción de la informalidad en el marco del nuevo Plan Nacional de Desarrollo.
Dimensión 2. Entorno operativo y simplificación de procedimientos
México tiene una larga práctica de llevar a cabo revisiones legislativas y reformas regulatorias, estableciendo la CONAMER en 2018 para coordinar y supervisar los esfuerzos de reforma regulatoria. Aunque el progreso ha sido desigual, México sigue siendo uno de los países mejor clasificados en la dimensión general con una puntuación de 3,83, destacando en Simplificación Legislativa y Análisis del Impacto Regulatorio (AIR) (3,90), Gobierno Electrónico (4,77), Registro de Empresas (3,90) y Facilidad para Declarar Impuestos (2,90). México inició su proceso de reforma regulatoria a finales de los 90, intensificándose tras su ingreso en la OCDE. La CONAMER, inicialmente Comisión Federal de Mejora Regulatoria, desempeñó un papel crucial tras la Ley General sobre Mejora Regulatoria en 2000. En 2019 se lanzó un nuevo plan de reforma regulatoria, Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria (ENMR), que hace referencia a la Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR). Se ha aplicado sistemáticamente el AIR, aunque aún no se ha implementado una prueba AIR PyME, supervisada por la CONAMER.
El proceso de iniciar una empresa es relativamente complejo y costoso. México ha establecido una red de Ventanilla Única (VU), que facilita la inscripción simultánea en el registro mercantil y en la administración tributaria. A pesar de la generación de varios números a partir de los procedimientos de registro de empresas, como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el Registro Público de Comercio (RPC) y el Número de Registro Patronal, el número de registro fiscal se emplea para la identificación de empresas en todas las entidades de la administración pública. El RPC está gestionado por la SE, concretamente por la Dirección General de Normativa Comercial, con recientes mejoras en las funciones del registro. La inscripción en línea está disponible a través de la plataforma TuEmpresa.
Sin embargo, el régimen fiscal para las PyMEs en México es relativamente complejo, ya que implica numerosos impuestos y procedimientos de presentación y pago que requieren mucho tiempo. Entre los retos significativos se incluye el tiempo requerido para los procedimientos de declaración y pago de impuestos, que asciende a 241 horas al año, superando la media de la OCDE de 158,8 horas. Además, el tipo del impuesto de sociedades, otros impuestos y las contribuciones sociales sobre los beneficios totales son elevados en México, alcanzando el 51,1%, frente a la media de la OCDE del 39,9%.
Para hacer frente a estos retos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) introdujo el RESICO para simplificar los procedimientos de declaración de impuestos para los empresarios individuales y las pequeñas empresas. El régimen simplificado se aplica a los empresarios individuales (personas físicas) con una facturación anual inferior a 3,5 millones de pesos, con variaciones en función de la actividad económica, hasta 35 millones de pesos. Las entidades acogidas a este régimen están sujetas a un impuesto que oscila entre el 1% y el 2,5% del volumen de negocios total anual, sin permitir deducciones de gastos. Se estima que este régimen reducirá significativamente la carga fiscal de los empresarios individuales y de las pequeñas empresas, contribuyendo potencialmente a la reducción de la informalidad.
En cuanto a la digitalización, se han logrado avances significativos en el desarrollo de servicios de gobierno electrónico, y una nueva Estrategia Digital Nacional de México para 2021-2024 tiene como objetivo ampliar aún más las herramientas de gobierno digital, mejorar la seguridad digital, reducir la brecha digital y lograr la conectividad de las pequeñas comunidades ubicadas en zonas remotas. La plataforma MIPYMES.MX, gestionada por la SE, está diseñada para apoyar la transformación digital de las PyMEs y mejorar su acceso a los servicios de gobierno electrónico.
El camino a seguir
Proseguir con la aplicación de la ENMR, con especial atención a las áreas que quedaron relativamente desatendidas en las fases anteriores de reforma de la normativa.
Considerar la posibilidad de aplicar una prueba PyME para complementar las aplicaciones AIR y evaluar el impacto de las nuevas leyes y normativas en los distintos tipos de PyME.
Los procedimientos de registro de empresas pueden simplificarse aún más. Promover el registro en línea a través del
Plataforma TuEmpresa, especialmente entre las microempresas informales.
Dimensión 3. Acceso al financiamiento
México obtiene una puntuación de 3,28 en la dimensión Acceso al financiamiento, ligeramente por encima de la media regional, y de 2.95 en la subdimensión Marco legal, regulatorio e institucional. Destaca el desarrollo normativo e institucional en el registro de activos tangibles e intangibles, con un catastro en línea accesible y un registro público de garantías reales sobre bienes muebles. Sin embargo, los bienes muebles sólo se aceptan como garantía por parte de algunos bancos o grandes prestatarios. En cuanto al acceso a la financiación, el país cuenta con disposiciones gubernamentales sobre el mercado de valores, una regulación específica para el mercado de capitales de las PyMEs y una estrategia que permite a las empresas adoptar una forma societaria menos exigente. A pesar de ello, no existe un mercado separado para las PyMEs de pequeña capitalización, y el elevado porcentaje de garantías exigido para los préstamos a medio plazo es el más alto de los países evaluados.
México obtiene una puntuación sobresaliente de 4,51 en la subdimensión de Diversificación de fuentes de financiamiento a empresas. En primer lugar, el Banco Nacional de Comercio Exterior ofrece diversos planes de crédito, garantías y asistencia técnica a las PyMEs que realizan actividades generadoras de divisas. Además, entidades gubernamentales como el Fondo Nacional de Garantías (FONAGA), los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y Nacional Financiera (NAFIN) ofrecen servicios de cobertura de garantías para facilitar el acceso al crédito a empresas con garantías limitadas. En segundo lugar, las instituciones microfinancieras, reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), están presentes en todos los mercados regionales de México. Por último, México destaca en fuentes alternativas de financiación, con un robusto mercado de herramientas de préstamos basados en activos (ABL), reconocido y regulado por la CNBV y la Condusef. La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, vigente desde 2018, ha fomentado un entorno propicio para la entrada de nuevos proveedores de productos financieros digitales, específicamente agregadores de pagos e instituciones de microfinanciación, con 7622 plataformas autorizadas por la CNBV, 5219 de las cuales están actualmente operativas.
México ha centrado su Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) en las PyMEs, obteniendo una puntuación de 3,15 en la subdimensión de Educación financiera en este ámbito. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) realiza la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que incluye preguntas sobre educación financiera. Esta encuesta identifica las prácticas de planeación financiera de las empresas, como la previsión de ventas, el establecimiento de metas a largo plazo y la administración de la deuda. Estos resultados forman parte del sistema de monitoreo de la Política Nacional de Inclusión Financiera . (PNIF) México también participó en una evaluación de las capacidades financieras de las PyMEs desarrollada por la OCDE en 2021.
La ENEF de México se centra en el fortalecimiento de las capacidades financieras de los empresarios y emprendedores, especialmente de las PyMEs. Los esfuerzos se dirigen a la promoción de mecanismos que permitan una mejor gestión empresarial, el uso de productos financieros para incrementar la productividad y la inclusión en el sistema de pagos digitales. Además, se diseñan programas de orientación específicos para las PyMEs, que proporcionan información sobre los riesgos y oportunidades de los productos financieros alternativos. La implementación de estas políticas requiere de una estrategia consensuada y articulada entre instituciones públicas y privadas. De acuerdo con las respuestas obtenidas para esta evaluación, la Secretaría de Estado se encuentra actualmente desarrollando lineamientos para conformar un grupo de trabajo que promueva la inclusión financiera de las PyMEs, del cual formarán parte reguladores financieros y representantes de instituciones financieras públicas y privadas.
Por último, México obtiene una puntuación de 2,52 en la subdimensión de Procedimientos eficientes para hacer frente a la quiebra. Esto se debe a un marco normativo con leyes de aplicación universal, basadas en principios internacionalmente aceptados, aplicables también a las empresas estatales. Además, existe un sistema de alerta temprana para situaciones de insolvencia y la opción de acuerdos extrajudiciales que son menos onerosos que la quiebra.
Sin embargo, México no establece un plazo máximo para la insolvencia y carece de un sistema para la eliminación automática de la información sobre insolvencia de los registros públicos una vez transcurrido este periodo. Tampoco ofrece programas de capacitación para empresarios cuyos proyectos iniciales fracasaron. Sí cuenta, en cambio, con una regulación de las operaciones garantizadas, que permite la recuperación de activos tras una reorganización empresarial, la prelación de pagos en caso de liquidación y la opción de fraccionar las deudas tributarias.
El camino a seguir
Revisar a la baja la ponderación de las garantías para los préstamos a medio plazo a las PyMEs.
Promover la regulación y las instituciones para que los activos mobiliarios sean aceptados como garantía por todo el sistema financiero.
Promover una sección o mercado de valores independiente para las PyMEs de pequeña capitalización.
Mejorar la coordinación entre las distintas iniciativas de educación financiera de las instituciones privadas para evitar duplicidades, así como reforzar el actual sistema de monitoreo, control y evaluación de la ENEF.
Desarrollar mecanismos especializados de información y formación para los empresarios que han quebrado en sus proyectos.
Crear un mecanismo automático que elimine a las empresas y personas físicas de los registros oficiales de quiebra e insolvencia cuando se resuelva la situación, en línea con las mejores prácticas internacionales.
Establecer plazos máximos para la insolvencia (la experiencia internacional indica que hasta 3 años es un buen plazo para este tipo de procedimientos).
Dimensión 4. Servicios de desarrollo de las PyMEs y compras públicas
Con un puntaje de 4.16, México se desempeña ligeramente por debajo del promedio regional en esta dimensión. Además, México ha visto disminuir su desempeño en comparación con la edición 2019, donde el país obtuvo una puntuación total de 4.21 en la dimensión. El área con mejor desempeño en esta evaluación es contratación pública, con 4.20, seguida de servicios de desarrollo empresarial con 4.16 y servicios de desarrollo de emprendedores con 4.14.
Desde la última evaluación, México ha sido testigo de una importante reorientación de la política económica, y la política de PyME y los servicios de apoyo a PyME y emprendedores no son la excepción. Entre los principales acontecimientos cabe destacar la disolución del INADEM, que era un organismo autónomo encargado de la aplicación de las políticas relativas a las PyMEs y la iniciativa empresarial. En el contexto actual, el desarrollo de la política para las PyMEs sigue siendo responsabilidad de la SE, mientras que su aplicación es competencia de la Unidad de Desarrollo Productivo de la SE (véase Dimensión 1. Marco institucional).
La prestación de los SDE se enmarca en el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (RISE), que es la normatividad interna de la SE y establece la organización y funciones de la Secretaría, incluyendo su apoyo a las PyMEs. El RISE, como tal, no es la estrategia nacional de desarrollo económico o el plan de desarrollo del gobierno, sino un documento institucional estratégico para la SE. Esto contrasta con los hallazgos de la edición 2019 del SME PI, que mostró un vínculo claro (aunque amplio y carente de detalles) con el Plan Nacional de Desarrollo de México a través de un Programa de Innovación y Desarrollo de la SE. Según las respuestas a esta evaluación, el RISE no se basa en un análisis exhaustivo de las necesidades y demandas de SDE por parte de las PyMEs en el país y no identifica objetivos cuantitativos en este ámbito.
La política nacional del gobierno para las PyMEs para 2020-2022 establece perseguir un desarrollo más equitativo y el aprovechamiento de las oportunidades estratégicas del mercado, con el objetivo de revitalizar la economía desde la perspectiva de la inclusión social. La política pretende tomar en cuenta que la estructura empresarial mexicana se caracteriza por una alta concentración de pequeñas empresas que enfrentan una serie de retos que limitan su potencial de desarrollo y crecimiento, especialmente el acceso a cursos y talleres de capacitación. Con base en ese diagnóstico general, las iniciativas emblemáticas en materia de SDE incluyen una plataforma de autoformación virtual y gratuita (MIPYMES.MX) y la transmisión en vivo de talleres digitales para emprendedores y PyMEs sobre temas relacionados con el desarrollo empresarial y la digitalización. Los servicios también incluyen formación gratuita, presencial y virtual programas dirigidos a poblaciones específicas (mujeres, jóvenes, la comunidad artesanal y rural y el sector agroindustrial) o que se centran en temas prioritarios (competencias empresariales y financieras, formalización, digitalización, comercio electrónico, exportación y otros) para PyMEs y emprendedores. Sin embargo, no hay programas dirigidos específicamente a PyMEs y emprendedores de alto potencial y crecimiento e innovadores.
En cuanto a los servicios de desarrollo empresarial, el Gobierno ha creado un registro denominado Padrón de Desarrolladoras de Capacidades Empresariales (PADCE) para facilitar el acceso de emprendedores y PyMEs a servicios especializados de desarrollo empresarial. El PADCE está diseñado para ayudar a emprendedores y PyMEs a fortalecer sus habilidades y capacidades empresariales y digitales con el fin de aumentar su competitividad y perspectivas de crecimiento. El PADCE está abierto a diversas instituciones, incluidas aceleradoras, incubadoras, universidades, fundaciones y empresas de consultoría. Para ser incluidas en el PADCE, las instituciones deben cumplir una serie de requisitos, entre ellos tener un historial probado de prestación de servicios de desarrollo empresarial de calidad.
El sistema de contratación pública en México se rige por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). La LAASSP establece los principios y procedimientos para la adquisición de bienes, servicios y obras por parte de las entidades del gobierno federal. Como se refleja en la IP PyME 2019, la LAASSP no obliga a dividir en lotes las licitaciones que superen un determinado valor monetario; la posibilidad de dividir las licitaciones en lotes; la posibilidad de formar consorcios o licitaciones conjuntas; y/o cuotas de participación de las PyMEs. Por otro lado, la Ley establece que los pagos de los contratos no excederán de 20 días desde el momento de la emisión de una factura, y la entrega efectiva de los bienes o servicios en los términos del contrato.
El sistema electrónico de compras en México para las Autoridades Federales se llama CompraNet, e incluye un registro de proveedores que están calificados para hacer negocios con las entidades del gobierno federal.
El camino a seguir
De cara al futuro, México podría aplicar una serie de recomendaciones para mejorar sus resultados en esta dimensión y, lo que es más importante, mejorar las políticas y los programas de apoyo a las PyMEs, entre otras cosas:
Restablecer un vínculo explícito entre la prestación de servicios de desarrollo empresarial y servicios para empresarios y los planes nacionales de desarrollo, más allá de las orientaciones estratégicas más estrechas de un órgano específico del gobierno.
En este sentido, México podría desarrollar una estrategia completa de desarrollo de las PyMEs basada en diagnósticos sólidos y que incluya planes de acción concretos, objetivos, resultados esperados e impacto. Esto también contribuiría a restablecer un perfil o posición más altos para la política de PyME en el país.
Un mayor énfasis en los programas e iniciativas de apoyo a las PyMEs y los emprendedores innovadores, de alto potencial y crecimiento. Este énfasis no entra en conflicto ni va en detrimento del objetivo del Gobierno de dar prioridad a los resultados sociales frente a los puramente económicos.
Un mayor uso de la contratación pública como herramienta para fomentar las PyMEs y el espíritu empresarial en todo el país, incluyendo la introducción de normativas para facilitar la participación de las pequeñas empresas en este importante mercado y aumentar el acceso a la información sobre oportunidades de contratación y formación sobre cómo participar en los procesos de contratación, incluso a través de CompraNet.
Dimensión 5. Innovación y tecnología
México obtiene una puntuación global de 4,14 en la dimensión Innovación y Tecnología, que se ve reforzada por el monitoreo y la evaluación periódicos de las actividades de apoyo a la innovación. La política de innovación de México está coordinada por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), que también gestiona una serie de programas de apoyo a la innovación. programas. El Plan Nacional de Innovación (PNI) de México hace hincapié en los sectores de la salud, la energía y la seguridad humana. También busca estimular la creación de spinouts universitarios a través de esfuerzos para agilizar los procedimientos regulatorios y legales, aunque el énfasis general en la innovación de las PyMEs a lo largo de la estrategia podría ser mayor. Estos factores dan una puntuación de 4,02 en la subdimensión Marco institucional.
México tiene la puntuación más alta (4,37) de la región de ALC dentro de la subdimensión Servicios de apoyo. En México existe un gran número de incubadoras, aceleradoras, oficinas de transferencia de tecnología, centros de innovación y parques científicos y tecnológicos. Algunos ejemplos destacados son el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) en el municipio de Apodaca y el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, que ofrecen una serie de ayudas a las empresas innovadoras. Además de albergar sus propios centros de investigación, el CONAHCYT apoya otras iniciativas que fomentan los vínculos entre las PyMEs y las instituciones de investigación, mediante la prestación de apoyo técnico, la formación, la coordinación con las cámaras empresariales y la difusión de información.
Las ayudas financieras a la innovación de las PyMEs son algo menos amplias en México. El principal apoyo financiero disponible es el Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología (EFIDT), coordinado por el CONAHCYT. Este régimen concede un crédito fiscal a determinados proyectos de I+D, que permite a la empresa deducir de su impuesto sobre la renta el 30% de los gastos de I+D. Los créditos fiscales están disponibles para empresas de todos los tamaños que lleven realizando I+D durante al menos 3 años y no sean beneficiarias de otro programa del CONACYT. La puntuación de 4,04 de México en la subdimensión Financiación de la innovación se ve limitada por la ausencia de un apoyo financiero más directo a la innovación de las PyMEs, que podría adoptar la forma de subvenciones o vales de innovación.
El camino a seguir
De cara al futuro, México podría plantearse:
Desarrollar más ayudas financieras para la innovación de las PyMEs, como bonos de innovación para inversiones tecnológicas seleccionadas o contratación pública para iniciativas de innovación.
Introducir un pilar o sección sobre innovación en las PyMEs dentro de su estrategia de innovación, para garantizar una oferta de apoyo cohesionada y completa a las PyMEs.
Dimensión 6. Transformación productiva
México obtiene una puntuación global de 4,19, superando la media regional, debido principalmente al carácter generalmente bien desarrollado de sus estrategias para mejorar la productividad. Sin embargo, su puntuación global se ve mermada por las bajas calificaciones obtenidas en la subdimensión de Políticas para mejorar las aglomeraciones productivas, lo que pone de manifiesto la existencia de una importante área de mejora. En el momento de esta evaluación, el PROSECO incluye, entre sus cuatro objetivos prioritarios, la promoción de la creación y consolidación de PyME productivas para una mayor inclusión productiva. Adicionalmente, el Programa Especial para la Productividad y Competitividad (PEPC) 2020-2024, derivado del Plan Nacional de Desarrollo y basado en el Artículo 5 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional (LIISPCEN), funciona como una herramienta para mejorar las capacidades de mediano y largo plazo de las personas y empresas en México. El programa comprende cinco objetivos prioritarios, acciones específicas que apoyan la implementación de las estrategias señaladas, indicando la dependencia o entidad responsable de su ejecución, y metas de bienestar para dar monitoreo a los objetivos del programa. Por otra parte, de conformidad con el Artículo 19 de la LIISPCEN, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (HACIENDA) presenta informes semestrales al Congreso de la Unión, en los que proporciona actualizaciones y resultados sobre esta política nacional, que están a disposición del público. Además, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa promueve la creación de PyMES y el apoyo a la viabilidad, productividad, competitividad y sostenibilidad. México obtiene una puntuación de 4,33 en la subdimensión Medidas para mejorar la productividad.
Al momento de la evaluación de 2019, el INADEM gestionaba diversas convocatorias para la asociatividad de las PyMEs. Aunque el INADEM no estableció indicadores de resultados específicos para este conjunto de convocatorias, los indicadores disponibles públicamente relacionados con la productividad reflejaban resultados altamente positivos, particularmente en el incremento de la productividad total de los factores y el crecimiento del valor de los activos fijos. Sin embargo, con la disolución del INADEM, como se presentó en la Dimensión 1. Marco institucional la prioridad se ha desplazado hacia la empresa pública estratégica. Esto ha transferido la responsabilidad de las medidas para mejorar las asociaciones productivas a la SE, y las leyes estatales que promueven estos esfuerzos. Como resultado, recibe una puntuación de 4,08 en esta subdimensión, ligeramente por debajo de la media de AL9.
La puntuación global de México se ve reforzada significativamente por su rendimiento en la subdimensión de Integración en las cadenas de valor globales, en la que el país se distingue entre los países AL9 por sus iniciativas bien coordinadas concentradas en la plataforma MIPYMEs.MX. Esta plataforma cuenta con secciones específicas dedicadas al desarrollo de capacidades y a la exportación, incluida la plataforma ExportaMX, que orienta las decisiones de exportación de las PyMEs mexicanas que pretenden integrarse en las cadenas globales de valor. Cabe destacar en este ámbito el programa Impulso T-MEC, ejecutado en colaboración con el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT). Este programa brinda apoyo a PyMEs vinculadas a cadenas de valor en sectores estratégicos con potencial exportador, con el objetivo de potenciar sus capacidades productivas en el renovado Tratado de Comercio de América del Norte (T-MEC). Otro ejemplo son las Jornadas de la mano con tu negocio, talleres que ofrecen formación, asesoramiento sobre procedimientos y oportunidades de creación de redes para integrar a las PyMEs en las cadenas regionales de valor y suministro. Estos talleres facilitan las citas de negocios cara a cara con las empresas compradoras. Del mismo modo, el Programa de asociación empresarial con Alemania, anteriormente conocido como "Fit for Partnership with Germany", tiene como objetivo mejorar las oportunidades de exportación de las empresas mexicanas poniéndolas en contacto con empresas importadoras alemanas. Estas acciones estratégicas se alinean con el objetivo 3 de PROSECO, tendente a una mayor inclusión productiva, y dan como resultado una notable puntuación de 4,28 en esta subdimensión.
El camino a seguir
• Establecer iniciativas claras dirigidas a potenciar las asociaciones productivas, incorporando objetivos con plazos concretos e indicadores medibles para garantizar su eficacia.
• Aumentar la eficacia de la plataforma MIPYMEs.MX como fuente integral de información para las medidas de transformación productiva.
Dimensión 7. Acceso al mercado e internacionalización de las PyMEs
México obtiene una puntuación de 4,42 en la dimensión Acceso al mercado e internacionalización, destacando principalmente una mejora en la subdimensión de abordar los beneficios de la integración en ALC, respecto a la edición de 2019.
En cuanto a la subdimensión de políticas y programas de apoyo a la internacionalización, México mostró un buen desempeño, obteniendo una puntuación de 4,73. Tras la desaparición de ProMéxico y el INADEM, sus funciones y programas han sido asumidos directamente por la SE. La Subsecretaría de Comercio Exterior, en particular, es responsable de la negociación, administración y defensa de los tratados y acuerdos internacionales de comercio e inversión, así como del establecimiento de políticas y medidas para facilitar el comercio exterior. Estas acciones forman parte del PROSECO que, en materia de internacionalización, busca diversificar los mercados de destino de las exportaciones mexicanas para reducir la vulnerabilidad y aprovechar nuevas oportunidades comerciales.
Por otro lado, la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones (COMPEX) juega un papel crucial en el análisis, evaluación, propuesta y coordinación de acciones entre los sectores público y privado en materia de comercio exterior de bienes y servicios. Esta comisión está integrada por diversas entidades y dependencias gubernamentales como el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y NAFIN. La SE también ofrece el Servicio Nacional de Información sobre Comercio Exterior (SNICE), que proporciona herramientas, programas, normas y guías para apoyar el proceso de exportación e internacionalización de las PyMEs mexicanas.
A ello se suman programas como el de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), que permite a las empresas importar mercancías temporalmente y diferir el pago de impuestos, y "Haciendo Negocios con Alemania", el programa de cooperación bilateral entre la Secretaría de Economía y el Ministerio Federal de Economía y Protección Climática (BMWK), que se establece como un puente de oportunidades al fomentar alianzas comerciales sólidas y estratégicas. A lo largo de más de 10 años, se prepara a líderes de PyMEs mexicanas con potencial de comercio exterior para explorar nuevos mercados a través de contactos comerciales directos. A principios de 2024, el programa lanzó la edición "Mujeres Empresarias" para alinearse con los objetivos de la Política de Impulso a las PyMEs, que destaca el papel de la mujer en la economía y la contribución de las PyMEs lideradas por mujeres al empleo. Esta edición es la primera convocatoria exclusiva para mujeres y pretende crear un espacio en el que puedan compartir sus experiencias al tiempo que aprenden unas de otras.
En términos de facilitación del comercio, México obtuvo una puntuación de 3,83. En enero de 2021, estableció el Comité Nacional de Facilitación del Comercio para cumplir con los requisitos del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la OMC, tras las negociaciones entre 2014 y 2017. Este Comité propone acciones para reducir trámites, procedimientos y requisitos, disminuyendo los costos comerciales.
La SE, en colaboración con ConnectAmericas y el BID, lanzó ComerciaMx, una plataforma digital que ayuda a las empresas, especialmente a las PyMEs, a expandirse internacionalmente. Facilita la interacción con clientes, proveedores, socios e inversionistas, abordando las barreras que enfrentan las empresas cuando buscan expandirse globalmente: acceso a contactos confiables, información sobre comercio internacional, financiamiento y capacitación. Ofrece acceso a la normativa sobre comercio exterior, programas de financiación, guías empresariales, cursos de formación y herramientas de autodiagnóstico.
La SE también implementa MujerExportaMx, un programa de capacitación para fortalecer y apoyar a todas las MIPyMEs lideradas por mujeres en su proceso de exportación, en colaboración con el BID, proporciona una plataforma para llevar a cabo una rueda de negocios virtual que permite a estas MIPyMEs acceder a mercados internacionales,
La Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM) es un sistema electrónico gubernamental para agilizar los trámites relacionados con el comercio exterior. Simplifica los procesos aduaneros, fomentando la competitividad. Para 2023, acumula más de 300 mil certificados de origen, más de 200 mil documentos digitalizados y más de 17 mil solicitudes registradas. Además, el SAT ofrece certificaciones como Operador Económico Autorizado (OEA), con más de mil empresas certificadas para 2023. Por otro lado, México supera la media de ALC en todas las variables de los Indicadores de Facilitación del Comercio (IFC) de la OCDE, destacando en disponibilidad de información y tasas y tarifas.
México obtiene un puntaje de 4.26 en la subdimensión de Comercio electrónico. Este resultado se debe a las estrategias y acuerdos implementados para impulsar el comercio electrónico, como la Norma Mexicana de Comercio Electrónico (NMX-COE-001-SCFI- 2018), que contiene disposiciones a las que deberán sujetarse las personas que ofrezcan, comercialicen o vendan bienes, productos o servicios utilizando medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Aunque no cuenta con una ley integral de ciberseguridad, el país cuenta con un Manual Básico de Ciberseguridad para Pymes emitido por CERT México, así como diversas leyes y organismos que abordan la ciberseguridad, entre ellos la Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y Seguridad de la Información.
Plataformas como MIPYMEs.MX ofrecen herramientas, contenidos y formación para el desarrollo de competencias empresariales digitales. BANCOMEXT ofrece financiación y formación para proyectos de digitalización y comercio electrónico. El programa e-mercado del comercio en México alcanzó los 26.200 millones de dólares en 2022, con un crecimiento del 23% respecto al año anterior. Además, hay 63 millones de usuarios de comercio electrónico en el país. Las redes sociales tienen una influencia significativa en las compras en línea. Iniciativas como el Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, el Tratado de Libre Comercio México-Panamá, la Alianza del Pacífico, el T-MEC y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TIPAT) buscan adaptar las regulaciones comerciales a la era digital y fomentar el comercio electrónico.
México obtuvo una puntuación sobresaliente de 4,61 en la subdimensión sobre Normas de calidad, lo que refleja un sólido marco institucional dedicado a mejorar las normas de calidad de la producción de bienes. El Programa Sectorial de Economía establece estrategias para fortalecer el Sistema Nacional de Normalización, Evaluación de la Conformidad y Metrología, garantizando la seguridad y calidad de los productos y servicios. Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y las Normas Mexicanas (NMX) son instrumentos clave en este proceso, apoyados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y el Centro Nacional de Metrología (CENAM). El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LNPC) realiza estudios de calidad y educa a los consumidores sobre sus derechos, contribuyendo al desarrollo económico y a la protección del consumidor.
Por último, en la subdimensión sobre los Beneficios de la integración de ALC, México obtuvo una puntuación de 4,17. La Secretaría de Relaciones Exteriores coordina la participación del país en la Alianza del Pacífico, donde la SE contribuye al "Grupo Técnico de PyMEs". Este grupo se centra en la facilitación del comercio, el desarrollo empresarial y los proyectos de contratación pública, la promoción de la microfinanciación, el comercio entre industrias creativas, la digitalización de las PyMEs y el comercio electrónico transfronterizo. Además, se creó el Comité de Cadenas de Valor Mundiales y Encadenamientos Productivos para fomentar la integración productiva entre los países miembros.
El camino a seguir
Se podrían considerar las siguientes acciones para mejorar el desempeño de México en esta dimensión:
Mejorar el monitoreo y la evaluación de las políticas y programas aplicados. Esto permitirá realizar mejores ajustes y diseñar mejor los nuevos programas.
Seguir facilitando el acceso de las PyMEs a la información sobre aspectos administrativos y comerciales en el país de destino, así como sobre los beneficios de los distintos programas disponibles, mejorando los canales de comunicación con el sector privado.
Fomentar la integración subregional y la capacitación de las PyMEs mediante programas de promoción comercial e internacionalización normalizados, colaborativos e interoperables.
Reforzar el conocimiento del sector privado sobre el apoyo a las certificaciones de calidad existentes. Esto puede hacerse mediante encuestas de satisfacción y rendimiento dirigidas a las empresas ya incluidas en estos procesos, así como encuestas de conocimiento e interés para la población en general, con el fin de acercar la información a los empresarios más pequeños.
Dimensión 8. Digitalización
México alcanza una puntuación global de 4,28 en la dimensión Digitalización. La Estrategia Digital Nacional (EDN), liderada por la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, sirve como guía integral para la transformación digital de México. A partir de enero de 2023, el mecanismo formal de coordinación en esta materia es la Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación, y de la Seguridad de la Información (CITICSI). La CITICSI sustituyó a la Comisión Interministerial para el Desarrollo de la Administración Electrónica. Integrada por jefes de Unidades de Tecnologías de la Información y la Comunicación de diversos organismos gubernamentales, este consejo se reúne al menos tres veces al año, velando por que esfuerzos cohesivos en el desarrollo de la estrategia. La EDN se centra en aspectos clave como el aprovechamiento de las TIC para mejorar y aportar transparencia a los servicios públicos para los ciudadanos. Además, pretende ampliar la cobertura de Internet en todo el país. El Consejo Ejecutivo evalúa meticulosamente los logros en materia de TIC, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas. Estos factores contribuyen a una encomiable puntuación de 4,53 en la subdimensión Estrategia nacional de digitalización.
En la subdimensión Conectividad de banda ancha, México obtiene una puntuación de 4,11. El compromiso del país para reducir la brecha digital es evidente a través de su Programa Prioritario Internet para todos, puesto en marcha en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2024. Este programa abarca la implementación de tecnología celular, incluyendo torres, antenas y equipos 4G, junto con el establecimiento de puntos de acceso gratuito a Internet en espacios públicos de todo México. Además, implica la construcción de una Red Nacional de Fibra Óptica y el despliegue de tecnologías satelitales y de microondas. Además, las asociaciones con el sector privado facilitan la conectividad de última milla, garantizando que ninguna zona quede desatendida. Las consultas periódicas con los operadores de redes, los consumidores y las autoridades reguladoras garantizan la inclusión y la capacidad de respuesta a las necesidades cambiantes. Un hito importante es la promoción de la conectividad gratuita a Internet en plazas públicas, centros de salud, hospitales y escuelas. Con el despliegue de Internet en zonas sin cobertura, México aspira a la accesibilidad universal a Internet. Para evaluar exhaustivamente la brecha digital, el gobierno se centra en segmentos de la población situados en lugares geográficamente remotos.
México, al integrar las ciber capacidades en la estrategia educativa nacional, y la Agenda de Educación Digital garantiza que la competencia digital sea una parte fundamental del plan de estudios. Iniciativas como el Sistema de Capacitación Virtual para Servidores Públicos ofrecen formación continua, mejorando las capacidades de los empleados públicos. Además, el gobierno promueve activamente las competencias digitales a través de iniciativas de aprendizaje no formal, ofreciendo cursos de formación para mejorar la alfabetización digital. México fomenta activamente la participación de las mujeres en la economía digital a través de programas como el Programa de Habilidades Digitales para las Mexicanas del Siglo XXI, que ofrece cursos especializados, promoviendo la alfabetización tecnológica entre las mujeres emprendedoras. Además, iniciativas como la campaña Get into STEM Mode se centran en animar a más mujeres a seguir carreras en campos STEM, fomentando la diversidad y la innovación La puntuación de México de 4,21 en la subdimensión de Habilidades digitales es una de las más altas de la región de ALC.
El camino a seguir
De cara al futuro, México podría plantearse:
Enriquecer la Estrategia Nacional de Digitalización de México incorporando una Estrategia de Digitalización para las PyMEs. Esta estrategia debería definir objetivos cuantificables, planes de acción, entidades responsables, presupuestos y plazos, garantizando un enfoque integral de la transformación digital de las PyMEs. Las consultas con los representantes de las PyMEs deben ser parte integral del desarrollo de la estrategia, garantizando intervenciones personalizadas que aborden las necesidades únicas de las pequeñas empresas.
Referencias
[6] INEGI (2023), Indicadores de Ocupación y Empleo, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/enoen/enoen2023_12.pdf.
[7] INEGI (2021), El INEGI presenta los resultados del estudio sobre la demografía de los negocios 2021, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EDN/EDN_2021.pdf.
[9] INEGI (2019), INEGI Presenta resultados de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2018, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/especiales/ENAPROCE2018.pdf.
[3] OECD (2024), OECD Economic Outlook, Volume 2024 Issue 1: An unfolding recovery, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/69a0c310-en.
[4] OECD (2024), OECD Economic Surveys: Mexico 2024, OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/b8d974db-en.
[2] OECD (2024), Real GDP forecast (indicator), https://doi.org/10.1787/1f84150b-en (accessed on 13 March 2024).
[5] OECD (2023), OECD Economic Outlook, Volume 2023 Issue 2, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook-volume-2023-issue-2_7a420292-en.
[10] OECD (2022), Financing SMEs and Entrepreneurs 2022: An OECD Scoreboard, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e9073a0f-en.
[8] OECD (2021), OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2021, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/97a5bbfe-en.
[1] World Bank (2022), México overview, https://www.worldbank.org/en/country/mexico/overview (accessed on 12 March 2024).