En muchos países de América Latina y el Caribe (ALC), el centro de gobierno (CdG) sirve como un mecanismo de apoyo para el jefe de gobierno (es decir, el presidente) y su respectivo gabinete de ministros. Tradicionalmente, uno de los roles principales de los CdG es asegurar que las políticas propuestas e implementadas por los ministerios concuerden con las prioridades estratégicas generales (por ejemplo, resultados de alto nivel que busca lograr un gobierno) y con las estrategias nacionales (por ejemplo, planes integrales formulados por un gobierno para alcanzar prioridades estratégicas), por lo general señalados en la agenda del gobierno. La planificación estratégica y la priorización suelen involucrar a actores de varias áreas de la administración, así como a partes interesadas externas, lo que requiere que el CdG adopte un enfoque coordinado en todo el gobierno. Para lograrlo, muchos CdG colaboran con los ministerios de línea para definir objetivos y planes de acción y alinearlos con el presupuesto. Durante la implementación de estrategias y políticas, algunos CdG también supervisan el progreso hacia los objetivos definidos, y prestan asistencia a los ministerios para mejorar su desempeño.
Uno de los papeles centrales de los CdG es definir y diseñar estrategias nacionales que abarquen todo el gobierno para asegurar que los recursos y acciones gubernamentales estén alineados con las prioridades estratégicas existentes. En 2022, los nueve CdG de ALC eran responsables de identificar y definir las prioridades estratégicas del gobierno en su conjunto, un aumento de seis en 2018. Sin embargo, es menos común que los CdG en la región lideren o coordinen con los ministerios de línea la definición de un enfoque que abarque todo el gobierno. Solo cuatro de nueve CdG en la región (44%) coordinan esfuerzos con los ministerios a fin de asegurar un enfoque coherente en el diseño de planes estratégicos a largo plazo o requieren que los ministerios desarrollen planes estratégicos a largo plazo en áreas transversales. Una vez diseñadas estas prioridades estratégicas para todo el gobierno, los CdG desempeñan un rol relevante en su implementación. Los nueve CdG de ALC supervisan la implementación de prioridades estratégicas, y siete (78%) recopilan informes sobre la implementación de esas prioridades estratégicas. De manera similar, seis de nueve CdG (67%) son responsables de asegurar que las propuestas de los ministros de línea estén alineadas con las prioridades del gobierno (Tabla 3.2).
Un aspecto clave de la estructura de los CdG es si cuentan con una unidad dedicada (por ejemplo, una unidad de entrega) responsable de monitorear la implementación de las prioridades de políticas públicas. Ocho de nueve CdG (89%) de ALC cuentan con una unidad dedicada. En seis de ellos, la unidad tiene reuniones periódicas de seguimiento basadas en datos. Además, cinco unidades utilizan paneles de control de seguimiento y cinco brindan apoyo a los ministerios de línea para mejorar la implementación de las estrategias nacionales. Las unidades de monitoreo de Chile, Colombia, Costa Rica y Perú se destacan por utilizar las tres herramientas para monitorear la implementación de las prioridades políticas (Gráfico 3.3).
La planificación estratégica requiere anticipar riesgos y definir cómo los gobiernos actuales o futuros deben gestionar cualquier crisis que pudieran enfrentar. Para mejorar su preparación, los nueve CdG encuestados en la región han establecido mecanismos de coordinación con los gobiernos locales durante las crisis, incluidas aquellas derivadas de desastres naturales. Más de la mitad de los CdG en la región (siete de nueve) tienen responsabilidades relacionadas con evaluaciones nacionales de riesgos o ejercicios de planificación de escenarios, o ambas cosas: cinco efectúan evaluaciones nacionales de riesgos y cinco, ejercicios de previsión estratégica (Gráfico 3.4). Aun cuando se realizan actividades de previsión, es crucial vincularlas a planes concretos de respuesta y brindar capacitación y concientización a los líderes y funcionarios responsables de su implementación, como lo demostró la experiencia de la pandemia de COVID-19 (Shostak et al., 2023).
