Los partidos políticos y las campañas electorales son la base de las democracias modernas, reflejan los intereses de los ciudadanos y desempeñan un papel crucial en la elección de representantes. Las contribuciones financieras permiten que individuos y entidades respalden a candidatos y partidos políticos que se alinean con sus puntos de vista políticos. Sin embargo, las contribuciones no reguladas plantean riesgos de influencia indebida y captura de políticas públicas. Garantizar la transparencia mediante normas y supervisar las finanzas electorales es crucial para fortalecer la integridad del proceso democrático.
Tanto partidos políticos como campañas electorales pueden financiarse mediante la asignación de recursos por parte del Estado (financiamiento público directo e indirecto) o con recursos proporcionados por individuos y entidades jurídicas (financiamiento privado). Establecer criterios de asignación claros y equitativos para los fondos públicos y aumentar la transparencia sobre las fuentes son medidas clave para nivelar el campo de juego en la competencia política. Los niveles de financiamiento público de partidos políticos y campañas electorales varían considerablemente entre países. En los seis países de América Latina y el Caribe (ALC) encuestados, el 38% de los ingresos de los partidos políticos proviene de fuentes públicas. En Brasil (63%) y México (53%) el financiamiento público representa más de la mitad de los ingresos de los partidos, mientras que en Chile (24%) y Perú (20%) el porcentaje es considerablemente menor (Gráfico 3.13).
Los países deben contar con regulaciones para el uso de los fondos públicos y para mitigar el riesgo de influencia indebida en la política. Los seis países de ALC tienen regulaciones que prohíben las donaciones anónimas, y todas las contribuciones realizadas a partidos políticos y candidatos deben registrarse e informarse (55% de países de la OCDE). Además, los seis países de ALC prohíben que los partidos políticos reciban contribuciones financieras de empresas públicas (80% de países de la OCDE) y exigen que los partidos políticos y/o candidatos informen sobre sus finanzas, incluidos los gastos, durante las campañas electorales, lo que permite monitorear el uso de fondos públicos (93% de países de la OCDE) (Gráfico 3.14).
Sin embargo, las reglas y regulaciones tienen poco propósito si no se implementan o si su incumplimiento no conduce a sanciones adecuadas. Es esencial contar con mecanismos para supervisar el cumplimiento y sancionar las infracciones. Los seis países de ALC tienen un órgano independiente encargado de supervisar el financiamiento de partidos políticos y campañas electorales. Sin embargo, solo en Argentina, México y Perú estos órganos de control han publicado información sobre el número de casos relacionados con violaciones de las regulaciones de financiamiento político, el número de investigaciones realizadas y un desglose de los diferentes tipos de sanciones emitidas. Además, a pesar de ser obligatorio en todos los países, solo México informa que todos sus partidos políticos han presentado cuentas anuales dentro de los plazos establecidos por la legislación nacional durante los últimos cinco años, lo que indica falta de transparencia en la región. En contraste, en 54% de países de la OCDE los partidos políticos han presentado sus cuentas anuales a tiempo durante el mismo período (Gráfico 3.15). Estos datos indican una brecha entre la existencia de regulaciones sobre financiamiento político y su cumplimiento real, ya sea de manera voluntaria o mediante el uso de mecanismos de supervisión.
