Incluir una visión estratégica de largo plazo en proyectos de infraestructura da claridad a sus objetivos y facilita la sostenibilidad financiera de los planes de inversión. Los planes de infraestructura a largo plazo ayudan a los gobiernos a alinear los proyectos con objetivos de política pública como mitigación del cambio climático, igualdad de género, derechos humanos y desarrollo regional, aumentando su impacto conjunto y potenciando los beneficios de los proyectos. Sin embargo, para que esta planeación sea efectiva, debe definirse un marco institucional transparente, consistente y responsable que dote a instituciones y niveles de gobierno de obligaciones claras y coherentes, amplios poderes de decisión, y habilidades y competencias apropiadas (OCDE, 2020).
La planeación de infraestructura a largo plazo en América Latina y el Caribe (ALC) sucede más a nivel de sectores específicos que a nivel intersectorial. Solo 4 de los 15 países encuestados (27%) cuentan con un plan nacional de infraestructura intersectorial a largo plazo, mientras que 11 países (73%) tienen planes sectoriales (por ejemplo, de educación, energía o transporte). Para que las estrategias a largo plazo sean efectivas y sostenibles en el tiempo, se necesitan instituciones que supervisen y coordinen su implementación y garanticen su continuidad más allá de un período de mandato político. En la mayoría de los países, cada ministerio o agencia de línea evalúa las necesidades de infraestructura de su sector a largo plazo (10 de 15 países; 67%). Las excepciones son Bolivia, Colombia y Costa Rica, donde el Ministerio de Planeación/Infraestructura se encarga de estas evaluaciones; y Brasil, que creó un Comité Interministerial para el Plan de Infraestructura en 2020. Solo cuatro países tienen mecanismos de coordinación para la elaboración y revisión de los planes entre sectores, y cuatro entre distintos niveles de gobierno; Brasil y Costa Rica tienen ambos (Gráfico 8.1).
Aunque usualmente los planes de infraestructura a largo plazo son de sectores específicos, la mayoría de los países encuestados (8 de 15; 53%) alinean sus estrategias de infraestructura con objetivos clave de política pública. En 6 de 15 países (40%), dichos planes están alineados con visiones nacionales a largo plazo u otros documentos con prioridades estratégicas generales. Pocos países tienen planes que consideran cómo alinear la visión estratégica de infraestructura con áreas de política específicas, como los planes de acción medioambiental o climática (cuatro países); políticas de inclusión con una perspectiva de género (tres países); o el uso del suelo, desarrollo regional o compromisos en materia de derechos humanos (dos países) (Gráfico 8.2). El bajo número de países que considera la vinculación de sus planes de infraestructura con los de acción climática y las políticas de género representa un reto en la planeación de infraestructura a largo plazo.
Dar seguimiento a la implementación de los planes de infraestructura a largo plazo sirve para verificar el uso correcto de los recursos y para evaluar si se están alcanzando los objetivos. Cuatro de los seis países de ALC con planes que abarcan más de 10 años tienen puntos de referencia en sus documentos de planeación para monitorearlos. Uno de los puntos de referencia más comunes es una cronología del proyecto para seguir sus planes (tres países). Por ejemplo, los planes sectoriales de Brasil tienen puntos de referencia para monitorear costos, puntualidad, necesidad de reformas institucionales y desarrollo de capacidades. Brasil, Costa Rica y Chile utilizan estimaciones de costos como punto de referencia para monitorear la eficacia de sus planes a largo plazo (Gráfico 8.3).
