En los países de América Latina y el Caribe (ALC), en promedio el 17.4% del gasto público total se ejecuta a través de sistemas de contratación pública (véase 7.1 Tamaño de la contratación pública), lo cual muestra el rol clave que la contratación pública desempeña en las economías de la región. Por ello, es de suma importancia que los sistemas de contratación estén alineados y creen sinergias con otras áreas de gobernanza pública. Por ejemplo, es buena práctica garantizar que la gestión de las finanzas públicas (como el diseño del presupuesto y la asignación de recursos humanos) se integre en los procesos de contratación. Igualmente, las políticas de contratación pública deben incluir estrategias de gestión de riesgos para identificar los riesgos en los procesos y proyectos. Identificar los riesgos en etapas tempranas permite a los gobiernos estar preparados para responder adecuadamente en caso de que se materialicen. La necesidad de una gestión de riesgos fue evidente durante la crisis de la COVID-19, donde la demanda de bienes y servicios se incrementó y las cadenas de suministro se vieron interrumpidas. Esto condujo a los sistemas de contratación pública a adoptar medidas de contratación de emergencia, como la adjudicación directa y procedimientos de licitación acelerados, entre otras. Estos procesos de contratación son también relevantes para la contratación en infraestructura, dado el tamaño del gasto en el sector. Disponer de marcos de contratación pública para los contratos de infraestructura y mantener procedimientos bien definidos puede contribuir a reducir los riesgos de corrupción y las ineficiencias.
Los 19 países de ALC encuestados disponen de mecanismos para garantizar que los procesos de contratación pública previstos están integrados con los sistemas de gestión de las finanzas públicas. En particular, 15 de los 19 países (79%) han establecido mecanismos para garantizar que ninguna solicitud de licitación se lleve a cabo sin una certificación de la disponibilidad de fondos; y el mismo número de países indicó que sus planes de contratación pública están alineados con la planeación presupuestal. Sin embargo, solo ocho países (42%) cuentan con planes de contratación pública con descripciones detalladas de los recursos humanos y/o financieros que son necesarios para una adecuada implementación. Costa Rica, Haití, Honduras, México, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago utilizan estos tres mecanismos para mejorar la coherencia de la gestión de adquisiciones y finanzas públicas (Gráfico 7.12).
Solo 8 de los 19 países de ALC (42%) tienen una o más herramientas para evaluar riesgos potenciales en el sistema de contratación pública. Seis de ellos (32%) utilizan bases de datos sobre riesgos, cinco (26%) tienen una metodología de evaluación de riesgos, tres (16%) usan los resultados de la evaluación de riesgos y dos (14%) tienen un registro de riesgos. Chile y Perú cuentan con estas cuatro herramientas de gestión de riesgos, pero más de la mitad de los países encuestados (11 de 19) no utiliza ninguna de ellas (Gráfico 7.13).
Por último, en todos los países encuestados menos en uno (95%), la contratación de proyectos de infraestructura está regulada por normas generales de compras públicas o específicas de infraestructura. Estas deben promover equidad y transparencia, y a la vez prevenir la corrupción y mejorar la calidad de los proyectos, a los que se exige que cumplan normas y especificaciones preestablecidas. En 10 de los 19 países de ALC encuestados (53%) todos los proyectos de infraestructura están sujetos a normas generales de contratación pública, mientras que en el 42% (8 de 19) existen normas específicas para algunos o todos los proyectos de infraestructura (Gráfico 7.14).
