Los países promulgan regulaciones para alcanzar objetivos específicos, pero incluso un análisis minucioso no siempre predice con exactitud el impacto que tendrán en la sociedad. Se necesitan evaluaciones periódicas para determinar si los efectos previstos se han logrado o para establecer cómo están funcionando las regulaciones si no se realizaron análisis de impacto durante su preparación. La Recomendación de la OCDE de 2012 sobre Política y Gobernanza Regulatoria destaca que la evaluación de las regulaciones con respecto a objetivos de política definidos no solo puede garantizar que se cumplan los objetivos previstos, sino también que se mantengan actualizadas, justificadas en cuanto a sus costos, eficientes y consistentes (OCDE, 2012). Las evaluaciones también ayudan a identificar las consecuencias no deseadas de las regulaciones o trámites administrativos existentes y, si se detectan cargas innecesarias, pueden conducir a ejercicios de simplificación administrativa. Las evaluaciones de las regulaciones también tienen beneficios más amplios, como la mejora del aprendizaje de las políticas y de la coherencia regulatoria.
Los países de América Latina y el Caribe (ALC) tienen diferentes enfoques para iniciar y llevar a cabo revisiones de las regulaciones existentes. Algunas regulaciones incluyen cláusulas que prescriben su cese automático en una fecha futura (cláusulas de extinción) o que deben revisarse en un plazo determinado. Por ejemplo, Brasil y México incluyen cláusulas de revisión o de extinción en algunas de sus regulaciones. En 8 de los 11 países de ALC encuestados (72%) se realizan periódicamente evaluaciones ex post de las regulaciones subordinadas. Por ejemplo, El Salvador y República Dominicana realizan evaluaciones ex post cinco años después de promulgadas las regulaciones para determinar si han cumplido sus objetivos. México exige la evaluación de las regulaciones cada cinco años si conllevan costos de cumplimiento, mientras que Chile exige evaluaciones de cualquier regulación considerada de alto impacto durante su desarrollo cuatro años después de su promulgación. Los requisitos de evaluación ex post son recientes en la mayoría de los países encuestados, por lo que su aplicación aún está prevista o iniciando (Gráfico 5.9).
Los países de ALC centran sus esfuerzos en la simplificación administrativa como parte de la mejora del ambiente regulatorio. Los 11 países de ALC encuestados han realizado procesos de simplificación administrativa en los últimos cuatro años a nivel nacional, pero solo 6 de ellos lo han hecho a nivel regional o municipal. En 2021, la administración federal de México realizó alrededor de 300 acciones de simplificación administrativa a nivel nacional, incluidas la reducción de los tiempos de respuesta, la mejora de los medios digitales con los que los ciudadanos pueden interactuar con la administración y la eliminación o fusión de procesos. Asimismo, Perú emprendió una revisión nacional de la calidad de los trámites administrativos que dio lugar a la simplificación o eliminación de más de 2,000 trámites (Gráfico 5.10).
Un mayor número de países de ALC han publicado guías metodológicas para ayudar a los formuladores de políticas a mantener la coherencia de los procesos de simplificación administrativa. Para 2022, 8 de los 11 países de ALC (73%) contaban con guías, 3 más que en 2019. En 2020, el Ministerio de Economía de Brasil publicó la Guía de Desregulación, que recopila prácticas internacionales para asistir a los formuladores de políticas a implementar estrategias que reduzcan cargas regulatorias. Asimismo, las nuevas guías de El Salvador enumeran qué tipo de trámites deben eliminarse y los motivos para hacerlo (Gráfico 5.11).
