El gasto público puede clasificarse en función de transacciones económicas como la remuneración a empleados, consumo intermedio, subsidios, renta de la propiedad (incluyendo intereses), prestaciones sociales, subvenciones e inversiones. Este enfoque difiere de la clasificación del gasto por funciones que agrupa por temáticas (por ejemplo, salud, educación o defensa). En su lugar, se centra en las transacciones transversales a las actividades gubernamentales. Examinar el gasto por transacción económica permite profundizar en los patrones de gasto y su impacto en la economía.
En 2021, las prestaciones sociales y la remuneración a empleados representaron en conjunto 60.6% del gasto público general en la región de América Latina y el Caribe (ALC) y 61.4% en los países de la OCDE. La categoría más grande en la región son las prestaciones sociales (por ejemplo, pensiones o transferencias condicionadas de efectivo), que representan 34.8% del gasto, un aumento de 1.5 puntos porcentuales (p.p.) desde 2019. Los países de la OCDE gastaron una mayor proporción en prestaciones sociales en 2021 (41.4%, un incremento de 0.8 p.p. desde 2019). La remuneración a empleados es la segunda transacción económica más importante tanto para los países de ALC como para los de la OCDE, y representa una proporción mayor del gasto en ALC (25.8%) que en los países de la OCDE (20%). Esta proporción ha disminuido en 1.6 p.p. desde 2019 en los países de ALC y en 2.3 p.p. en los de la OCDE (Tabla 11.1).
Los patrones de gasto varían mucho entre los países de ALC. Por ejemplo, 43.5% del gasto total de Guatemala se destinó a la remuneración de los empleados en 2021, el porcentaje más alto en ALC, mientras que en Colombia fue solo del 17.9%. Chile gastó la mayor parte en prestaciones sociales (49%), frente a 7.1% de El Salvador. Estas disparidades muestran las diferentes estructuras del gasto de las administraciones públicas por transacción económica en ALC (Tabla 11.1).
En los países de ALC, la renta de la propiedad representó 12.9% del gasto en 2021, el doble de la proporción promedio en los países de la OCDE (5.1%). Por el contrario, los países de la OCDE gastaron más en inversión pública en 2021 (7.4% en promedio) que los países de ALC (4.8%). En 2021, los subsidios representaron 1.3% del gasto en ALC, un aumento con respecto a 0.9% de 2019, mientras que los países de la OCDE ampliaron considerablemente su gasto en subsidios de 2.2% en 2019 a 4.5% en 2022 (Tabla 11.1). Este aumento comparativamente fuerte del gasto en subsidios podría deberse a las diferencias en las políticas industriales, ya que los países de la OCDE hacen más énfasis en la intervención pública para fomentar la inversión en determinados sectores clave.
En cuanto al producto interno bruto (PIB), el gasto en prestaciones sociales ascendió en promedio a 13.3% del PIB en ALC en 2021, menos que en los países de la OCDE (19.1%). Guatemala (1.8%) y Perú (2%) gastaron la menor proporción del PIB en prestaciones sociales. La remuneración a empleados ascendió en promedio a 9.8% del PIB en ALC, porcentaje similar al de los países de la OCDE (9.3%). El gasto en inversiones es sustancialmente inferior en ALC (1.8% del PIB) que en el promedio de los países de la OCDE (3.4%). Sin embargo, Perú (4.2%), El Salvador (3.8%) y Paraguay (3.6%) gastan más en inversión en la región en relación con el PIB, por encima de la media de la OCDE (Gráfico 11.4).
