Una regulación bien diseñada e implementada proporciona estándares y pautas para los negocios, promueve la igualdad de condiciones y fomenta la competencia, la innovación y la eficiencia. La política regulatoria establece los arreglos prácticos e institucionales para diseñar, aplicar, hacer cumplir y revisar las regulaciones. Los arreglos prácticos son las herramientas que necesitan los creadores de políticas para desarrollar regulaciones que funcionen bien en la práctica y ofrezcan los resultados esperados. Los institucionales se refieren a la supervisión del uso de estas herramientas y a la coordinación en todos los niveles de gobierno que garantice su implementación.
En 10 de 11 de los países de América Latina y el Caribe (ALC) encuestados (91%) se han publicado documentos que promueven reformas regulatorias en todo el gobierno o la mejora regulatoria, y que abarcan distintas áreas de política regulatoria. En los 10 países incluyen la participación de partes interesadas, análisis del impacto regulatorio (AIR), evaluación ex post, simplificación administrativa y coordinación intergubernamental. En los últimos tres años, la mayoría de los países de ALC publicaron al menos un documento de política regulatoria nuevo, ya sea para ampliar el alcance de los existentes o para adoptar nuevos instrumentos. Por ejemplo, en 2020, Brasil promulgó un decreto para adoptar el AIR, y en 2022 Chile promulgó un Instructivo Presidencial para mejorar el proceso de AIR y facilitar la participación de las partes interesadas. Asimismo, República Dominicana promulgó la Ley de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en 2021, que establece la participación de las partes interesadas, el AIR y la evaluación ex post para el desarrollo y la revisión de regulaciones, mientras que Perú promulgó un decreto en 2021 para mejorar su marco institucional sobre calidad regulatoria (Gráfico 5.1).
En los últimos años ha aumentado el número de países de ALC con organismos de supervisión regulatoria (OSR) o que han agregado a los OSR existentes nuevas áreas de supervisión. Para 2022, 10 de los 11 países de ALC contaban con un OSR, a excepción de Paraguay, que está en las primeras fases de adopción de una política regulatoria. Brasil, Chile y República Dominicana han creado nuevos OSR responsables de supervisar la participación de las partes interesadas, el AIR y la simplificación administrativa. En Brasil y República Dominicana, los OSR también supervisan las evaluaciones ex post. Las funciones de supervisión del OSR de Perú incluyen tanto la participación de las partes interesadas como el AIR. Algunos países de ALC cuentan con instituciones dedicadas exclusivamente a funciones de supervisión regulatoria, como el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) de El Salvador y la Comisión Nacional para la Mejora Regulatoria (CONAMER) de México. En otros países, estas y otras funciones son desempeñadas por una unidad dentro de un ministerio. Cuatro de los países de ALC encuestados tienen más de un OSR con diferentes funciones de supervisión, lo que obliga a los encargados de políticas a informar y coordinar con distintos OSR. Para mejor coordinación, muchos países de la OCDE sitúan sus OSR cerca del centro de gobierno (CdG) (OCDE, 2021). Igualmente, en la región de ALC el 70% de los países tienen un OSR en el CdG, mientras que el resto lo tiene en un ministerio (Tabla 5.1).
Los gobiernos subnacionales son clave para garantizar que las regulaciones se cumplan eficazmente en sus propias áreas de responsabilidad. Una coordinación eficaz es esencial para que la política regulatoria se aplique de forma coherente en los distintos niveles de gobierno. Solo Brasil, Costa Rica, México y Perú cuentan con mecanismos para garantizar la coherencia entre el gobierno central y otros niveles de gobierno en el desarrollo, la implementación y la revisión de la política regulatoria, un país más que en 2019. De 11 países, 7 (64%) aún no disponen de mecanismos de coordinación a nivel subnacional, a pesar de tener políticas que lo requieren (Gráfico 5.2).
