A medida que los procesos de contratación pública se vuelven más estratégicos para lograr los objetivos sociales y económicos de los gobiernos, se hace necesario que los profesionales del sector tengan aptitudes y competencias específicas. Por tanto, es conveniente que los gobiernos ofrezcan programas de capacitación y desarrollo a los funcionarios encargados de la contratación pública. De hecho, la mayoría de las ineficiencias en la contratación pública, tales como los retrasos y sobreprecios, están relacionados con las capacidades de los funcionarios de contratación. Estas ineficiencias causan pérdidas de alrededor de un promedio de 1.4% del PIB anual en la región de América Latina y el Caribe (ALC) (Muñoz Miranda et al., 2022). La profesionalización de los funcionarios de contratación pública se ha convertido en una de las principales prioridades de las reformas del sector. En su aspecto más básico, crear un entorno que permita dicha profesionalización significa cultivar valores y principios de un sistema de contratación pública justo y transparente (OCDE, 2023). Por consiguiente, el punto de partida de cualquier sistema de contratación pública debe ser tener un equipo de profesionales que valoren el bien público, el Estado de Derecho y la transparencia (Cruz y De Michele, 2022).
En 2022, 17 de los 19 países de ALC encuestados (89%) no reconocían la contratación pública como una profesión particular en la administración pública, con la excepción de Paraguay y Trinidad y Tobago, que son los únicos países que sí la reconocen. Por el contrario, el 39% de los países de la OCDE sí la reconocen. Esta falta de reconocimiento de la profesión en ALC dificulta identificar las capacidades y competencias necesarias durante el proceso de contratación, así como atraer y retener personal calificado. Su reconocimiento puede ayudar a los profesionales de la contratación a identificar posibles trayectorias profesionales y comprender las capacidades que deben desarrollar para satisfacer sus aspiraciones (OCDE, 2023). Paraguay ofrece un programa de acreditación de las competencias técnicas del personal que trabaja en las distintas unidades operativas de contratación, mientras que Trinidad y Tobago tiene estándares de formación, niveles de competencia y requisitos de certificación para promover las mejores prácticas en contratación (Gráfico 7.7).
De los 19 países de ALC encuestados, 11 (58%) han aplicado al menos una de las medidas listadas para profesionalizar a su personal de contratación pública. Por ejemplo, 6 de 19 (32%) disponen de modelos de competencias que definen las aptitudes críticas necesarias para acceder a una función determinada de contratación pública. El mismo número de países aplica procesos de certificación para los funcionarios de contratación. Perú, por ejemplo, llevó a cabo una evaluación de impacto de sus procesos de certificación, contribuyendo a mejorarlos y a potenciar la profesionalización de sus funcionarios (Gráfico 7.8).
Por último, el conflicto de intereses es uno de los riesgos más críticos para los funcionarios de contratación pública. Para identificar, prevenir y gestionar este problema, en 14 de 19 países (74%) los funcionarios deben declarar que no tienen conflicto de interés o notificar cualquier eventual conflicto para cada proceso de contratación pública. La misma proporción de países limita la participación de determinados funcionarios en las oportunidades de contratación pública. Por el contrario, solo 3 de los 19 países de ALC (16%) prohíben a los funcionarios ocupar determinados puestos después de dejar el cargo. Costa Rica es el país con más medidas en vigor (seis), seguido de Colombia, Panamá y Trinidad y Tobago, los cuales declararon el uso de cinco medidas (Gráfico 7.9).
